Sentencia CA-201-09 — Registro 1601
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante por no estar ajustado a derecho el acto impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, en segunda instancia se confirma la sentencia.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
" Que el motivo expuesto por la Recurrente adolece de defectos técnicos en su formulación ya que el artículo 320 numerales 1) y 3) del Código de Procedimientos Civiles es de naturaleza adjetiva por ende inviolable en el recurso de casación. Además, como concepto de la infracción se limita a señalar otras normas supuestamente violadas, mencionando, entre otras los artículos 278 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, 24 párrafo 2, 25 y 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que no ostentan el carácter de sustantivas. Por otra parte, menciona el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, mismo que si bien es de naturaleza sustancial, contiene varias situaciones jurídicas que la Impetrante omite precisar. Aunado a todo lo anterior, no se indicó la prueba o pruebas que dieron lugar al error de hecho, ni que las mismas tuviesen la calidad de ser acto o documentos auténticos. El motivo así formulado resulta incompleto e impreciso siendo inestimable.- "
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 903, Numeral 7 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M. D. C., dieciocho de febrero de dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha cinco de mayo de dos mil nueve, por la Licenciada en Ciencias Jurídicas NUVIA YADIRA CAMPOS MUÑOZ, mayor de edad, hondureña y de este domicilio, actuando en su condición de Apoderada Legal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; en relación a la demanda para que se declare nulo un acto particular de la administración pública por infracción del ordenamiento jurídico, quebrantamiento de formalidades esenciales, exceso y desviación de poder, reconocimiento de una situación jurídica individualizada por haber lesionado derechos del administrado y para su pleno restablecimiento se ordene el reintegro junto con el pago de los salarios dejados de percibir, promovida en fecha siete de abril de dos mil seis, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, por el señor ELMER ALEJANDRO RIVERA LICONA, mayor de edad, casado, hondureño, Perito Mercantil y Contador Publico y de este domicilio, en contra del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de la Procuradora General de la Republica Abogada Rosa América Miranda de Galo, mayor de edad, hondureña, casada y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintitrés de marzo del año dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiuno de noviembre del dos mil ocho, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, mismo que fue proferida de la siguiente manera:“FALLA.-PRIMERO: DECLARAR procedente la Acción promovida por el señor ELMER ALEJANDRO RIVERA LICONA, por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación Numero SED-0423-2006, de fecha 31 DE Marzo del 2006, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por medio del cual se canceló al demandante, en consecuencia lo anula totalmente.- SEGUNDO: Reconocer la situación Jurídica Individualizada del demandante y para su pleno restablecimiento se Resuelve: Condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, a pagarle al demandante todos sus derechos e indemnizaciones laborales, consistentes en la indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de quince años , en concepto de auxilio de cesantía, así como un mes de sueldos por cada año de servicio hasta un máximo de dos años en concepto de preaviso, en base a lo estipulado en el decreto 99-97, que interpreta el artículo 38 de la Ley de Servicio Civil más el pago a favor del demandante, en concepto de daños y perjuicios, de los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectividad del Acuerdo de cancelación del demandante, 31 de Marzo de 2006,hasta la fecha en que se ejecute el presente fallo y demás derechos que le pudieren corresponder. TERCERO: Declarar extinguida la relación laboral existente entre el demandante y el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.”.- RESULTA: Que en fecha cinco de mayo de dos mil nueve, compareció ante este Tribunal de Justicia la Abogada NUVIA YADIRA CAMPOS MUÑOZ, de generales ya señaladas, en su condición de apoderada legal de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, formalizando su demanda de la siguiente manera: “EXPRESION DE MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 903 numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles en cuanto AL ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS, que resultan de documentos auténticos que demuestran la equivocación evidente del juzgador, es decir de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al hacer suya la sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En el presente motivo se encuentran infringidos los artículos 320 numerales lº y 3º del Código de Procedimientos Civiles en relación con los artículos 1497 y 1499 párrafo primero del Código Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION 1.- Precepto Legal Infringido: ‘Los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicios son: “Instrumentos Públicos...”; artículo 320 numeral 1° del Código de Procedimientos Civiles. 2.- Precepto Legal Infringido: Bajo la denominación de instrumentos o documentos públicos se comprenden: “... Los documentos públicos expedidos por los funcionarios Públicos que estén autorizados para ello, a lo que se refiere al ejercicio de sus funciones”; artículo 321 numeral 3º del Código de Procedimientos Civiles. 3.- Precepto Legal Infringido: “Los documentos Públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de este” artículo 1499 párrafo primero del Código Civil. 4.- Precepto Legal infringido: “Error en la apreciación de los documentos públicos que se encuentran agregados en el expediente administrativo, como ser el acuerdo, en el cual se nombró al ciudadano Elmer Alejandra Rivera Licona, en el cargo de Supervisor de Servicios Generales I de la Penitenciaria Nacional, articulo 53 de la Ley de Servicio Civil y 278 del reglamento de la misma, artículo 24 párrafo 2°; 25 y 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo. EXPLICACION DEL MOTIVO La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante el fallo definitivo recurrido dictado el veintitrés de marzo del dos mil nueve y por el cual en primer lugar, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por nuestra parte y en segundo lugar confirma la sentencia definitiva de fecha veintiuno de noviembre del dos mil ocho emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial en la DEMANDA PARA QUE SE DECLARE NULO, UN ACTO ADMINISTRATIVO.- RECONOCIMIENTO DE UNA S1TUACION JURIDICA.-INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO.-- promovida por el señor ELMER ALEJANDRO RIVERA LICONA contra el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, se motiva esencialmente en los considerando tercero y cuarto de la sentencia recurrida y para efecto de explicación del presente motivo dice: “Que del estudio y análisis en su conjunto del expediente administrativo de las pruebas presentadas por las partes, así como de los fundamentos de derecho en que ambos apoyan sus pretensiones esta Corte observa que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación del demandante, violo el ordenamiento jurídico establecido, al no seguir el procedimiento legal que establece la Ley Servicio Civil para dictar esta clase de actos, por lo expuesto la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente y en consecuencia hay nulidad del acto impugnado” en el considerando cuarto la misma corte establece: “Que por lo expuesto en los considerándoos que anteceden esta Corte es del criterio de confirmar la sentencia apelada” evidenciándose con ello que la corte sentenciadora procedió en forma no usual en la formación del juicio probatorio, vulnerando evidentemente el resultado que arrojan los medios de pruebas de instrumentos públicos.- La sentencia de apelación hace suya y admite las consideraciones legales en que se fundamenta la sentencia definitiva de primera instancia de la que se ha hecho merito, la cual en forma toral en el considerando tres (3), cuatro(4) y cinco (5) como hecho probado siendo la base fáctica que del estudio del expediente administrativo contentivo de los actos administrativos impugnados, así como de las pruebas practicadas y de los alegatos y fundamentos jurídicos en que las partes apoyan sus pretensiones, se desprende que mediante acuerdo de cancelación de Nombramiento que el articulo de Servicio Civil claramente establece que podrá el nombramiento de uno o mas servidores públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General siempre que el Consejo del Servicio Civil , al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede la cesantía , por encontrarse comprendida en algunas de las excepciones calificadas que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente a).. . .b) Reducción de servicios o de personal para obtener una mas eficaz y económica organización administrativa; lo que hace que en el presente asunto el acto administrativo impugnado se encuentra viciado de nulidad absoluta, esto por estar el demandante acogido a la Ley de Servicio Civil, y al estar debidamente probado en autos y como así lo acepta la parte demandada con sus pruebas aportadas, que el acuerdo de cancelación del demandante se dicto prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido , que el acuerdo de cancelación del demandante se dicto amparándose total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido por la Ley de Servicio Civil.- Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ordena que la sentencia declarara procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, y en el presente caso de autos estamos ante una nulidad absoluta del acto impugnado, ya que consta en autos que el mismo se dicto prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en este caso el ordenado en la Ley de Servicio Civil, régimen este bajo el que se encuentra protegido el demandante, debiéndose en consecuencia decretar la procedencia de la acción y consecuente nulidad del acto impugnado.- En base al articulo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo que literalmente dice: “Los actos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico; el objeto de los actos debe ser licito, cierto y físicamente posible” en este caso que nos ocupa era físicamente cumplir con lo establecido en la Ley, como consecuencia la cancelación se ejecuto siguiendo los procedimientos respectivos, con lo cual dejamos reiteradamente de manifiesto que la cancelación suscitada queda sujeta al reconocimiento de los derechos e indemnizaciones laborales por no ser posible el reintegro, ya que el articulo 34 letra c) de la Ley de Procedimiento Administrativo dice: “..El acto administrativo es nulo en los siguientes casos a)... .b). . .c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido....” El Juez AD-QUEM al expresar en el considerando segundo de la forma en que se expone dicha consideración tercera y cuarta del fallo de primera instancia, incurre en error de hecho en la apreciación de los medios de prueba de instrumentos públicos, que corren agregados exclusivamente del expediente administrativo, observa el procedimiento de cancelación pero no se observa el de sus nombramientos que es la base que le sirve de fundamento al Juez A-QUO y por ende lo hace suyo el —AD-QUEM, tal considerando cuarto , quinto, sexto y séptimo de la sentencia de primera instancia, y tercero de la segunda instancia algo inusual en dicho procedimiento, ya que de oficio y de forma veraz el Juez AQUO considera en la observación de dicho expediente que no se siguió el procedimiento de cancelación quedando probado en juicio que se siguió el Procedimiento establecido por la Ley de Servicio Civil , quedando evidentemente sorprendidos Honorables Magistrados al observar que no se cumplió para cancelarlo no se observa el procedimiento para nombrarlo, ya que a todas luces en el expediente administrativo quedo plenamente demostrado que se VIOLENTARON LOS ARTICULOS Articulo 278, 279 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, artículo 24 párrafo 2°; 25 y 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, según el diccionario de Cabanellas en su pagina 146 del tomo 1 —AB, define “Acto Nulo: Podríamos denominarlo acto antijurídico ajurídico, por ser aquel que no surte efecto para el derecho.. .,el acto nulo esta prohibido directa o indirectamente por la ley de modo absoluto, y la sanción consiste en privarle de efectos jurídicos simplemente,…” la aplicación indebida del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil y por la no observancia en la apreciación de la prueba de los documentos públicos como ser el expediente administrativo limitándose la Honorable Corte de Apelaciones a confirmar y hacer suya la sentencia de primera instancia, creyendo que la Corte Sentenciadora al confirmar la sentencia de primera instancia venida en apelación aplico indebidamente el articulo 24 y 34 letra c) de la ley Procedimiento Administrativo siendo lo correcto y procedente declarar con lugar la apelación y declarar improcedente la demanda, en aplicación de los artículos 278, 279 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil artículo 24 párrafo 2°; 25 y 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo. NULIDAD SUBSIDIARIA 1. Debido a la importancia de los hechos que se estiman probados todas las sentencias dictadas en materia administrativa según el Código de Procedimientos Civiles, artículo 187 y 190, establecen que contendrán con claridad y concisión posible tanto en el preámbulo, en los considerándoos y la parte final y estas deben de ser claras, precisas y congruentes con la demanda expresando cuales son los hechos que se estimen probados ya que de lo contrario la sentencia es susceptible de Recurso de Casación por quebrantamiento de forma o puede ser invalidada de oficio por ese Tribunal Supremo conociendo de ella en casación por infracción de Ley artículo 956 del Código de Procedimientos Civiles. 2. Cualquier hecho que se considere probado o establecido en una parte de la sentencia distinta de la declaración de los hechos estimados probados, implica que la sentencia no expresa clara y terminantemente los hechos estimados probados y en el presente caso Honorables Magistrados, la sentencia de fecha 23 de marzo del 2009 venida en Casación no tomo en cuenta lo enunciado en el personamiento y Expresión de Agravios en el hecho sexto en el que se anuncia que se tome en cuenta que se siguió el procedimiento legalmente establecido para los efectos de cancelación por cesantía y que mandan los artículos 53 literal b y 278 y 279 de la Ley y Reglamento de servicio civil , es irrelevante que ahora pretenda probar que su despido tiene vicios de nulidad porque el mismo fue notificado con las formalidades que la Ley de Procedimiento Administrativo establece, no como lo quiere hacer ver el Juez A-QUO en la sentencia definitiva dictada el 21 de noviembre del 2008 en donde ordena declarar procedente la acción incoada por el Señor ELMER ALEJANDRO RIVERA LICONA, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación numero SEDS-0423-2006 de fecha 26 de febrero del 2007, emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, en consecuencia lo anula totalmente y el reconocimiento de la situación jurídica individualizada y para el pleno restablecimiento se resuelve: Reconocer el derecho al pago de las prestaciones laborales al demandante las cuales deberán ser calculadas desde la fecha de la notificación del servicios hasta la fecha en que se le presente la sentencia adquiera el carácter de firme.”.- RESULTA: Que en fecha seis de mayo del dos mil nueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada NUVIA YADIRA CAMPOS MUÑOZ, de generales conocidas, en su condición de apoderada legal del ESTADO DE HONDURAS, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado a la Fiscal del Despacho por el término de diez días para que emitiera su dictamen, haciéndolo dicha funcionaria el dos de julio de dos mil nueve, de la siguiente manera: “OPINION.- Por las razones expuestas, el Ministerio Publico se manifiesta de manera desfavorable a la admisión del presente Recurso en su único motivo; asimismo se pronuncia por la inadmisibilidad del planteamiento de nulidad.”.- RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- CONSIDERANDO (1): Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- CONSIDERANDO (2): Que la recurrente, Abogada NUBIA YADIRA CAMPOS MUÑOZ en el primer y único motivo, alega: “ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 903 numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles en cuanto AL ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS, que resultan de documentos auténticos que demuestran la equivocación evidente del juzgador, es decir de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al hacer suya la sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En el presente motivo se encuentran infringidos los artículos 320 numerales 1º y 3º del Código de Procedimientos Civiles en relación con los artículos 1497 y 1499 párrafo primero del Código Civil…”.- CONSIDERANDO (3): Que el motivo expuesto por la Recurrente adolece de defectos técnicos en su formulación ya que el artículo 320 numerales 1) y 3) del Código de Procedimientos Civiles es de naturaleza adjetiva por ende inviolable en el recurso de casación. Además, como concepto de la infracción se limita a señalar otras normas supuestamente violadas, mencionando, entre otras los artículos 278 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, 24 párrafo 2, 25 y 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que no ostentan el carácter de sustantivas. Por otra parte, menciona el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, mismo que si bien es de naturaleza sustancial, contiene varias situaciones jurídicas que la Impetrante omite precisar. Aunado a todo lo anterior, no se indicó la prueba o pruebas que dieron lugar al error de hecho, ni que las mismas tuviesen la calidad de ser acto o documentos auténticos. El motivo así formulado resulta incompleto e impreciso siendo inestimable.- CONSIDERANDO (4): Que la Recurrente alega Nulidad Subsidiaria y de su exposición se logra entender que funda su argumentación en dos puntos: 1) Que la sentencia carece de claridad, congruencia y precisión (Artículos 187 y 190 del Código de Procedimientos Civiles). 2) Que el fallo venido en casación no expresa en forma “clara y terminante” los hechos estimados probados, pues no tomó en cuenta lo enunciado en el personamiento y la expresión de agravios en cuanto al procedimiento legalmente establecido para los efectos de la cancelación por cesantía (Artículos 53 literal b), 278 y 279 de la Ley y Reglamento de la Ley de Servicio Civil). Sin embargo, revisada y analizada la primera y segunda pieza del expediente se determina que la nulidad esgrimida por la recurrente es inexistente y aún y cuando la misma tuviese algún asidero o fundamento, en todo caso debió haber sido planteada en el momento procesal oportuno; por otro lado, se desprende de autos que en caso sub-júdice se ha respetado la garantía del debido proceso y el derecho de defensa de las partes, por lo que la nulidad solicitada resulta inestimable.- CONSIDERANDO (5): Que en razón de lo anteriormente expuesto el recurso de mérito se vuelve inadmisible en su único motivo así como la nulidad subsidiaria planteada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, vista la opinión del Fiscal y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1) y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 89, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 192 párrafo primero y 920 No. 2 del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales;16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- 2) DECLARANDO SIN LUGAR la nulidad subsidiaria.- 3) SIN COSTAS por tener motivo bastante para litigar.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de Febrero de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de febrero de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 201-09.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL