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Sentencia CA-184-09 — Registro 1424

Resumen

En primera instancia se declarara improcedente la acción incoada por la parte demandante por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que de conformidad con la Doctrina, la falta de aplicación de una norma a un hecho que el juzgador considera existente o la aplicación de la norma a un hecho que el sentenciador considera inexistente, constituyen infracción directa porque envuelven ignorancia de la ley o rebeldía contra ella; sin embargo, no se convierte en infracción directa la falta de aplicación de la norma al hecho que el fallador consideró inexistente, porque el recurrente pretenda demostrar la existencia de él, por lo que en este caso no se dan los presupuestos señalados para su estimación, siendo que la controversia del juicio tiene vinculación con el tema de la legalidad de los actos administrativos señalados. También se aprecia que se realizan alegatos propios de instancia, defectos técnicos que vuelven inadmisible el mismo.- CONSIDERANDO (10): Que por las razones expuestas anteriormente, el recurso de mérito debe ser desestimado en sus cinco motivos.- "

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 916 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., once de agosto del dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintinueve de abril de dos mil nueve, por la Abogada VANESSA JAZMÍN ZAMORA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, actuando en su condición de apoderada legal de la Sociedad COMPAÑÍA DE VEHICULOS S.A. (COVESA); en relación a la demanda para la nulidad de un acto administrativo consistente en la resolución numero A.L. 374-2007 de fecha 27 de noviembre de 2007,reconocimiento de una situación jurídica individualizada, medidas para su pleno restablecimiento; interpuesta en fecha catorce de enero de dos mil ocho, ante el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo con Sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por la Abogada VANESSA JAZMÍN ZAMORA, de generales ya establecidas, actuando en su condición de apoderada legal de la Sociedad COMPAÑÍA DE VEHICULOS S.A. (COVESA), en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS, a través de la Procuradora General de la República, Abogada ROSA AMÉRICA MIRANDA RIVERA DE GALO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinticinco de febrero de dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que falló confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo con Sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil ocho, misma que fue proferida de la siguiente manera: “FALLA: Declarar improcedente la acción incoada por la Compañía de Vehículos, S.A., (COVESA), por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la Resolución Número A.L. 374-2007 de fecha 27 de noviembre de 2007, emitida por la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, mediante el cual se declara sin lugar el recurso de Apelación interpuesto contra la Resolución No. DEI-DL-ARCS-4911-2007, emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos en fecha 16 de julio del 2007, la cual a su vez declara sin lugar el Recurso de Reposición interpuesto contra la resolución No. DEI-RACS-4313-DA-L-2006 del 29 de diciembre del 2006.” En ambas instancias SIN COSTAS.- RESULTA: Que en fecha veintinueve de abril de dos mil nueve, compareció ante este Tribunal de Justicia, la Abogada VANESSA JAZMÍN ZAMORA, de generales ya establecidas, actuando en su condición de apoderada legal de la Sociedad COMPAÑÍA DE VEHICULOS S.A. (COVESA), formalizando su demanda de la siguiente manera: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: INCONGRUENCIA CON LAS PRETENSIONES DEDUCIDAS POR LA PARTE DEMANDANTE, respecto al literal E, del artículo 5-A de la Ley del Impuesto sobre Ventas contenida en el Decreto No.24, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.18,161 del 27 de diciembre de 1963; adicionado al articulo 5-A el literal E) mediante el Decreto No.194-2002 del 15 de mayo de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.29,799 del 5 de junio del 2002; contentivo de la Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social, el que literalmente dice: “El hecho generador del impuesto se produce: a)..., b)..., e)...., d)..., e) Los bienes y mercaderías usados causan el impuesto sobre ventas cuando sean importados, en cuyo caso este impuesto constituirá un costo de los mismos, cuando estos bienes y mercaderías sean objeto de su comercialización en el mercado interno, no se gravarán con el Impuesto sobre Ventas”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral 2 del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles. EXPLICACION DEL MOTIVO. La sentencia definitiva recurrida dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el veinticinco de febrero del dos mil nueve, al confirmar el acto administrativo impugnado y denegar el crédito fiscal a mi representada no esgrimió argumento legales sólidos y contundentes; únicamente dejó entrever que la negativa obedece a que el crédito solicitado se origina del Impuesto sobre Ventas pagado en la adquisición de bienes y servicios necesarios para la prestación de servicios de arrendamientos y por el pago de impuestos en la introducción de vehículos adquiridos con dispensas y que se destinan a la venta de personas particulares, por lo que esta considera que no procede el crédito fiscal; porque dicha actividad no esta relacionada con el ejercicio económico normal de la empresa y como tal ese pago de impuesto debe recuperarse a través del precio de venta de los vehículos que por ser vendidos usados no genera impuesto sobre ventas al momento de efectuarse esta; la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo fundamenta su decisión en el articulo 12 de la Ley del impuesto sobre ventas; sin embargo dicha fundamentación es incongruente con lo planteado inicialmente por mi representada puesto que fundamentamos nuestra petición en el hecho de que la norma señalada en el inciso e) del articulo 5-A de La Ley del Impuesto sobre Ventas, se aplica única y exclusivamente a los bienes que siendo usados se introducen con esta condición al territorio nacional; pero la misma norma es omisa cuando los bienes que se importan al país son totalmente nuevos como lo eran los vehículos que importó COVESA, y que posteriormente los nacionalizó y pagó el Impuesto sobre Ventas; por lo que al no aplicar dicho articulo en la sentencia recurrida y no fundamentarla en el mismo produce incongruencia en la sentencia recurrida en relación a las pretensiones deducidas por el demandante SEGUNDO MOTIVO: APLICACIÓN INDEBIDA del literal E, del artículo 5-A de la Ley del Impuesto sobre Ventas contenida en el Decreto No.24, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 18,161 del 27 de diciembre de 1963; adicionado al articulo 5-A el literal E) mediante el Decreto No. 194-2002 del 15 de mayo de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.29,799 del 5 de junio del 2002; contentivo de la Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social, el que literalmente dice: “El hecho generador del impuesto se produce: a)..., b)..., c)...., d)..., e) Los bienes y mercaderías usados causan el impuesto sobre ventas cuando sean importados, en cuyo caso este impuesto constituirá un costo de los mismos, cuando estos bienes y mercaderías sean objeto de su comercialización en el mercado interno, no se gravarán con el Impuesto sobre Ventas”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles. EXPLICACION DEL MOTIVO La sentencia definitiva recurrida dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el veinticinco de febrero del dos mil nueve, aplica indebidamente el literal e) del articulo 5-A de La Ley del Impuesto sobre Ventas, por lo siguiente: el articulo 5-A y como ya lo mencionados anteriormente se refiere única y exclusivamente a bienes usados que se importan al país y que se paga Impuesto sobre Ventas al momento de ser nacionalizados. Esta misma disposición indica que el Impuesto sobre Ventas pagado constituirá un costo de los mismos, o sea, que no da derecho a crédito fiscal al importador de bienes usados, el que no podrá cobrar el impuesto cuando los comercializa en el mercado interno. Esta disposición jurídica no aplica en el caso de las importaciones de vehículos que efectuó COVESA , por lo siguiente: Los vehículos que se importaron al país fueron totalmente nuevos, y no usados y esto se demostró en juicio a través de documentos como ser: Copia de permiso especial de importación temporal de fecha 31 de octubre del 2001; copia de Resolución para venta de vehículo adquirido con dispensa del 11 de febrero del 2005; pólizas de nacionalización de vehículos y otros documentos; Ante dicha disposición la compañía COVESA, enmarco sus actuaciones en base a ley en virtud de que al momento de la importación de los vehículos mi representada se encontraba acogida al Régimen Especial de Zona Libre Turística (ZOLT), gozando de la suspensión de gravámenes e impuestos al momento de la importación de sus vehículos; y que posteriormente los nacionalizó y pagó el Impuesto sobre Ventas. Lo anterior fue lo que realmente ocurrió en el caso de COVESA; la compañía nacionalizó los vehículos automotores; los registró como activos porque se daban en arrendamiento a los clientes, quienes pagaban una renta por su uso; y cuando se consideró que por su edad, estado físico y mecánico era conveniente sustituirlos por otros nuevos, se vendieron, y no se cobró el Impuesto sobre Ventas, porque al tratarse de bienes usados, la Ley los exonera del pago del impuesto. pero la misma norma es omisa cuando los bienes que se importan al país son totalmente nuevos como lo eran los vehículos que importó COVESA. TERCER MOTIVO: Aplicación indebida Articulo 12 de la Ley del Impuesto sobre Ventas contenida en el Decreto No.24, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 18,161 del 27 de diciembre de 1963; que literalmente dice: ARTICULO 12: Los responsables actuaran de conformidad con las siguientes reglas para la liquidación de dicho impuesto: En el caso de las ventas o prestación de servicios, la liquidación se hará tomando como base la diferencia que resulte entre el debito fiscal y el crédito fiscal: A) El debito se determinará aplicando la tarifa del impuesto al valor de las ventas de los respectivos bienes y servicios, menos, en su caso; a) El valor de los impuestos que el responsable haya devuelto por ventas anuladas o rescindidas, en el periodo fiscal; y, b) El valor de los impuestos que el responsable haya devuelto por rebajas de precios y descuentos u otras reducciones de precios normales del comercio, en el período fiscal. B) El crédito esta constituido por el monto del impuesto sobre ventas pagado con motivo de la importación y el pagado por las compras internas de bienes o servicios que haya hecho el responsable, menos, en su caso; a) El valor de los impuestos que hayan sido devueltos al responsable por compras anuladas o rescindidas, en el periodo fiscal; y, b) El valor de los impuestos que hayan sido devueltos al responsable por reducciones de precios, descuentos u otras deducciones que impliquen una disminución del precio de compra de los bienes o servicios, en el período fiscal. En caso de importación de bienes o servicios, la liquidación se hará aplicando en cada operación la tasa del impuesto sobre la base imponible a que se refiere el artículo 3 precedente. Gozan del derecho a crédito fiscal los contribuyentes o responsables, incluidos los importadores, exportadores y los productores de bienes exentos cuyos insumos están vinculados directamente con la producción de los mismos, así como el originado por la compra de bienes destinados al activo fijo utilizados por el contribuyente o responsable para producir bienes de consumo exentos y/o gravados con el Impuesto sobre ventas. Para tener derecho al crédito fiscal se debe haber pagado el impuesto sobre ventas al momento de la compra o de la importación. Asimismo, procede el derecho al crédito fiscal para los contribuyentes o responsables por los desembolsos efectuados por la utilización de servicios destinados a la reparación o subsanar los deteriores que corresponde al uso o goce normal de los bienes el activo fijo, siempre que no aumenten el valor de los mismos; y en general el crédito fiscal originado por desembolsos efectuados por la utilización de servicios indispensables para la producción, elaboración o venta de bienes o servicios gravados con el impuesto sobre ventas, relacionados con su actividad económica. No procede el derecho al crédito fiscal por el uso o consumo de bienes o mercaderías para beneficio propio, auto prestación de servicios y obsequios, ni por la importación o adquisición de bienes o la utilización de servicios, cuando las compras no este debidamente documentada; que el respectivo documento no cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley. En ningún caso en que el impuesto sobre ventas deba ser tratado como crédito fiscal podrá ser tomado como costo o gasto del impuesto sobre la Renta, salvo cuando el impuesto sobre ventas pagado este relacionado con operaciones exentas de este impuestos. Los créditos y deudas incobrables no darán derecho a deducir el respectivo debito fiscal. Cuando se trate de responsables obligados a declarar mensualmente, el crédito fiscal solo podrá contabilizarse en el periodo fiscal correspondiente a la fecha en que dicho crédito se causó o en uno de los tres períodos mensuales inmediatamente siguientes a dicho período. Las personas naturales o jurídicas que vendan bienes o presten servicios gravados y exentos, determinarán el crédito fiscal por utilizar contra el debito fiscal de acuerdo a las reglas siguientes: a) El crédito vinculado con la actividad gravada se utilizará en un ciento por ciento (100%) contra el debito fiscal del período b) En aquellos casos que no pueda identificarse el crédito fiscal vinculado con las operaciones gravadas y el vinculado con las operaciones exentas, el contribuyente o responsable únicamente tendrá derecho al crédito fiscal en el porcentaje correspondiente a las ventas gravadas del período. El crédito relacionado con las operaciones exentas constituirá un costo o gasto. Cuando la diferencia entre el débito y el crédito fiscal sea favorable al contribuyente, el saldo se transferirá al mes siguiente y así sucesivamente hasta agotarlo. No procede la devolución del cerdito fiscal, salvo en los casos expresamente previstos en la Ley, para lo cual el Poder Ejecutivo consignará anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, una partida que que sirva para cubrir las devoluciones correspondientes. La Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, establecerá un sistema en el Despacho de Finanzas, establecerá un sistema expedito para la devolución. La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), previa solicitud del interesado tramitará la devolución en efectivo en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles. El derecho a deducir el crédito fiscal del débito fiscal es propio de cada contribuyente o responsable y no podrá ser transferido en ningún caso, salvo cuando se trate de la fusión y absorción de sociedades y que la sociedad nueva o subsistente continúe el giro o actividad de las originales, en cuyo caso la nueva sociedad gozará del derecho al crédito fiscal que le correspondía a las sociedades fusionadas o absorbidas. El contribuyente o responsable que cese el objeto o giro de sus actividades, no tendrá derecho a devolución ni reintegro el crédito fiscal que quedare con motivo de dicho termino de actividades. Dicho crédito fiscal tampoco será transferible, salvo en el caso señalado en el párrafo anterior. En el caso de venta de bienes o prestación de servicios gravados a exportadores o productores de bienes y servicios exentos, se podrá utilizar el mecanismo de la orden de compra exenta para la adquisición de materias primas e insumos gravados, concedida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles. EXPLICACION DEL MOTIVO. La sentencia definitiva recurrida dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el veinticinco de febrero del dos mil nueve, en su segundo y tercer considerando determinan que la Ley del Impuesto sobre Ventas, es clara al decir en uno de los párrafos que componen el artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre Ventas sobre quienes gozan del derecho al crédito fiscal, y del cual el juzgador colige que el impuesto pagado en la nacionalización de vehículos para venderlos a terceras personas no se puede ni debe considerar como crédito contra el impuesto recaudado porque no esta relacionado con la actividad económica normal que desarrolla la empresa y como tal ese pago de impuesto debe recuperarse a través del precio de venta de los vehículos que por ser vendidos usados no generen impuesto sobre ventas al momento efectuarse esta; en el presente caso COMPAÑÍA DE VEHICULOS S. A. solicitó ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), que se compensara el saldo del Impuesto Sobre Ventas pagados en la nacionalización de vehículos Automotores que habían sido ingresados al país mediante un permiso de Importación Temporal mediante la aplicación del Decreto 18-90 del 12 de marzo de 1990 que contiene la Ley de Incentivos al Turismo. Estos permisos de Importación Temporal fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas en diferentes años 2001, 2002. La autorización de este mecanismo legal tuvo lugar porque COVESA tiene como Actividad económica principal ser una arrendadora de vehículos que opera dentro de una zona Libre Turística, por lo que legalmente está facultada para importar bienes (Vehículos Automotores) utilizando el mecanismo del Permiso Especial de Importación Temporal mediante el cual se le dispensa del pago de los Impuestos de Importación de los Vehículos que se destinen al cumplimiento de sus funciones de arrendadora; pero una vez que estos vehículos cumplen su vida útil, deben ser descartados por la empresa y sustituidos por otros nuevos, COVESA en estos casos nacionaliza los vehículos nuevos que fueron ingresados al país y procede al pago de los Derechos Arancelarios, Impuesto Sobre Ventas, y demás cargas fiscales que causa la Importación de los mismos; seguidamente se procede a la venta de los vehículos, y en este proceso, por tratarse de vehículos usados no se cobra el Impuesto Sobre Ventas, porque la Ley exonera los bienes usados del pago de este tributo, tal y como lo señala el artículo 5-A literal e, de la Ley del Impuesto sobre Ventas. Al ocurrir lo anterior, esos bienes nacionalizados pasaron a ser parte del activo fijo de COVESA, y se destinaron a la producción de la renta generando ingresos para la compañía, y como consecuencia ingresos para el fisco. Esta operación se encuadra dentro de lo que dispone el numeral B) inciso b, párrafo tercero del articulo 12 de la Ley del Impuesto sobre Ventas, que determina “Que gozan al derecho de crédito fiscal los contribuyentes por el impuesto sobre ventas pagado en la compra de bienes que pasan a formar parte su activo, y que se destinan a la producción de la renta”. CUARTO MOTIVO Violación al Articulo 12 de la Ley del Impuesto sobre Ventas contenida en el Decreto No.24, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 18,161 del 27 de diciembre de 1963; que literalmente dice: ARTICULO 12: Los responsables actuaran de conformidad con las siguientes reglas para la liquidación de dicho impuesto: En el caso de las ventas o prestación de servicios, la liquidación se hará tomando como base la diferencia que resulte entre el debito fiscal y el crédito fiscal: C) El debito se determinará aplicando la tarifa del impuesto al valor de las ventas de los respectivos bienes y servicios, menos, en su caso; a) El valor de los impuestos que el responsable haya devuelto por ventas anuladas o rescindidas, en el periodo fiscal; y, b) El valor de los impuestos que el responsable haya devuelto por rebajas de precios y descuentos u otras reducciones de precios normales del comercio, en el período fiscal. D) El crédito esta constituido por el monto del impuesto sobre ventas pagado con motivo de la importación y el pagado por las compras internas de bienes o servicios que haya hecho el responsable, menos, en su caso; a) El valor de los impuestos que hayan sido devueltos al responsable por compras anuladas o rescindidas, en el periodo fiscal; y, b) El valor de los impuestos que hayan sido devueltos al responsable por reducciones de precios, descuentos u otras deducciones que impliquen una disminución del precio de compra de los bienes o servicios, en el periodo fiscal. En caso de importación de bienes o servicios, la liquidación se hará aplicando en cada operación la tasa del impuesto sobre la base imponible a que se refiere el articulo 3 precedente. Gozan del derecho a crédito fiscal los contribuyentes o responsables, incluidos los importadores, exportadores y los productores de bienes exentos cuyos insumos están vinculados directamente con la producción de los mismos, así como el originado por la compra de bienes destinados al activo fijo utilizados por el contribuyente o responsable para producir bienes de consumo exentos y/o gravados con el Impuesto sobre ventas. Para tener derecho al crédito fiscal se debe haber pagado el impuesto sobre ventas al momento de la compra o de la importación. Asimismo, procede el derecho al crédito fiscal para los contribuyentes o responsables por los desembolsos efectuados por la utilización de servicios destinados a la reparación o subsanar los deteriores que corresponde al uso o goce normal de los bienes el activo fijo, siempre que no aumenten el valor de los mismos; y en general el crédito fiscal originado por desembolsos efectuados por la utilización de servicios indispensables para la producción, elaboración o venta de bienes o servicios gravados con el impuesto sobre ventas, relacionados con su actividad económica. No procede el derecho al crédito fiscal por el uso o consumo de bienes o mercaderías para beneficio propio, auto prestación de servicios y obsequios, ni por la importación o adquisición de bienes o la utilización de servicios, cuando las compras no este debidamente documentada; que el respectivo documento no cumpla los requisitos establecidos en el Reglamento de esta Ley. En ningún caso en que el impuesto sobre ventas deba ser tratado como crédito fiscal podrá ser tomado como costo o gasto del impuesto sobre la Renta, salvo cuando el impuesto sobre ventas pagado este relacionado con operaciones exentas de este impuestos. Los créditos y deudas incobrables no darán derecho a deducir el respectivo debito fiscal. Cuando se trate de responsables obligados a declarar mensualmente, el crédito fiscal solo podrá contabilizarse en el periodo fiscal correspondiente a la fecha en que dicho crédito se causó o en uno de los tres períodos mensuales inmediatamente siguientes a dicho período. Las personas naturales o jurídicas que vendan bienes o presten servicios gravados y exentos, determinarán el crédito fiscal por utilizar contra el debito fiscal de acuerdo a las reglas siguientes: c) El crédito vinculado con la actividad gravada se utilizará en un ciento por ciento (100%) contra el debito fiscal del período d) En aquellos casos que no pueda identificarse el crédito fiscal vinculado con las operaciones gravadas y el vinculado con las operaciones exentas, el contribuyente o responsable únicamente tendrá derecho al crédito fiscal en el porcentaje correspondiente a las ventas gravadas del período. El crédito relacionado con las operaciones exentas constituirá un costo o gasto. Cuando la diferencia entre el débito y el crédito fiscal sea favorable al contribuyente, el saldo se transferirá al mes siguiente y así sucesivamente hasta agotarlo. No procede la devolución del cerdito fiscal, salvo en los casos expresamente previstos en la Ley, para lo cual el Poder Ejecutivo consignará anualmente en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica, una partida que sirva para cubrir las devoluciones correspondientes. La Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, establecerá un sistema expedito para la devolución. La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), previa solicitud del interesado tramitará la devolución en efectivo en un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles. El derecho a deducir el crédito fiscal del débito fiscal es propio de cada contribuyente o responsable y no podrá ser transferido en ningún caso, salvo cuando se trate de la fusión y absorción de sociedades y que la sociedad nueva o subsistente continúe el giro o actividad de las originales, en cuyo caso la nueva sociedad gozará del derecho al crédito fiscal que le correspondía a las sociedades fusionadas o absorbidas. El contribuyente o responsable que cese el objeto o giro de sus actividades, no tendrá derecho a devolución ni reintegro el crédito fiscal que quedare con motivo de dicho termino de actividades. Dicho crédito fiscal tampoco será transferible, salvo en el caso señalado en el párrafo anterior. En el caso de venta de bienes o prestación de servicios gravados a exportadores o productores de bienes y servicios exentos, se podrá utilizar el mecanismo de la orden de compra exenta para la adquisición de materias primas e insumos gravados, concedida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles. EXPLICACION DEL MOTIVO. La sentencia definitiva recurrida dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo el veinticinco de febrero del dos mil nueve, en su segundo y tercer considerando determinan que la Ley del Impuesto sobre Ventas, es clara al decir en uno de los párrafos que componen el artículo 12 de la Ley del Impuesto sobre Ventas sobre quienes gozan del derecho al crédito fiscal, sin embargo no aplican lo establecido en el párrafo trece del señalado articulo en cuanto a la disposición expresa del legislador af determinar los casos en que no procede la devolución del crédito fiscal, mismos que se encuentran expresamente previstos en la Ley y en el presente caso, mi representada no se encuentra bajo ninguno de los casos en que la Ley señala que no procede el crédito fiscal razón por la cual la sentencia recurrida viola el precepto legal. QUINTO MOTIVO Violación del Articulo 6 del Código Tributario contenido en el Decreto 22- 97, que literalmente dice: “En la interpretación de las disposiciones de este Código se estará a lo que sobre la materia prescribe el Titulo Preliminar del Código Civil en los articulo 17, 18, 19 y 20. Las Leyes fiscales se interpretarán siempre en forma estricta, por lo que para determinar su sentido y alcances no podrán utilizarse métodos de interpretación extensivos o analógicos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La sentencia de fecha veinticinco de febrero del dos mil nueve dictada por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso administrativo, al confirmar el fallo de primera instancia, declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto a favor de la demandante, y señalar improcedente la acción incoada por mi representada, motivando su decisión en interpretaciones en relación al artículo 12 de la ley de impuesto sobre ventas de manera tergiversada, analógicas y extensivas; ya que aplica de manera antojadiza el mismo y con interpretaciones extensivas y analógicas en donde el juzgador colige que el impuesto pagado en la nacionalización de vehículos para venderlos a terceras personas no se puede ni debe considerar como crédito contra el impuesto recaudado porque no esta relacionado con la actividad económica normal que desarrolla la empresa y como tal ese pago de impuesto debe recuperarse a través del precio de venta de los vehículos que por ser vendidos usados no generen impuesto sobre ventas al momento efectuarse esta; en el presente caso COMPAÑÍA DE VEHICULOS S. A. solicitó ante la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), que se compensara el saldo del Impuesto Sobre Ventas pagados en la nacionalización de vehículos Automotores que habían sido ingresados al país mediante un permiso de Importación Temporal mediante la aplicación del Decreto 18-90 del 12 de marzo de 1990 que contiene la Ley de Incentivos al Turismo. Estos permisos de Importación Temporal fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas en diferentes años 2001, 2002. La autorización de este mecanismo legal tuvo lugar porque COVESA tiene como Actividad económica principal ser un arrendadora de vehículos que opera dentro de una zona Libre Turística, por lo que legalmente está facultada para importar bienes (Vehículos Automotores) utilizando el mecanismo del Permiso Especial de Importación Temporal mediante el cual se le dispensa del pago de los Impuestos de Importación de los Vehículos que se destinen al cumplimiento de sus funciones de arrendadora; pero una vez que estos vehículos cumplen su vida útil, deben ser descartados por la empresa y sustituidos por otros nuevos, COVESA en estos casos nacionaliza los vehículos nuevos que fueron ingresados al país y procede al pago de los Derechos Arancelarios, Impuesto Sobre Ventas, y demás cargas fiscales que causa la Importación de los mismos; seguidamente se procede a la venta de los vehículos, y en este proceso, por tratarse de vehículos usados no se cobra el Impuesto Sobre Ventas, porque la Ley exonera los bienes usados del pago de este tributo, tal y como lo señala el artículo 5-A literal e, de la Ley del Impuesto sobre Ventas. Al ocurrir lo anterior, esos bienes nacionalizados pasaron a ser parte del activo fijo de COVESA, y se destinaron a la producción de la renta generando ingresos para la compañía, y como consecuencia ingresos para el fisco. Esta operación se encuadra dentro de lo que dispone el numeral B) inciso b, párrafo tercero del articulo 12 de la Ley del Impuesto sobre Ventas, que determina “Que gozan al derecho de crédito fiscal los contribuyentes por el impuesto sobre ventas pagado en la compra de bienes que pasan a formar parte su activo, y que se destinan a la producción de la renta”; y en virtud de que el procedimiento y aplicación de la Ley no puede ir más allá de su escritura; cualquier otra forma de la Ley provoca ilegalidad; debido a que otra interpretación que no sea la estricta se convierte en una infracción de la misma; ya que como lo señalamos anteriormente mi representada tiene derecho a gozar del crédito fiscal, pues este derecho tiene su origen en la ley, y el fallo lo que ha revisado es la procedencia de la acción y la nulidad del acto administrativo impugnado y con ello no cabía hacer interpretaciones restrictivas de tales derechos que emanan de la ley del Impuesto sobre Ventas. Lo que hace procedente el motivo y permite a este Honorable Tribunal enmendar la violación cometida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en el fallo impugnado”.- RESULTA: Que en fecha treinta de abril de dos mil nueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada VANESSA JAZMÍN ZAMORA, de generales ya establecidas, actuando en su condición de apoderada legal de la Sociedad COMPAÑÍA DE VEHICULOS S.A. (COVESA), y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado a la Fiscal del Despacho por el término de diez días para que emitiera su dictamen; haciéndolo dicha funcionaria, el veintinueve de julio de dos mil nueve, de la siguiente manera: “OPINION Por lo anteriormente expresado, el Ministerio Publico se manifiesta de manera desfavorable a la admisión del presente Recurso en sus cinco motivos.”.- RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- CONSIDERANDO (1): Que la demanda de casación, por tratarse de un recurso extraordinario que persigue como finalidades esenciales la defensa de la ley sustantiva y la unificación de la jurisprudencia nacional, debe sujetarse en su formulación a una técnica jurídica especial para que pueda considerarse como tal y ser atendida por la Corte, rigorismo que en el fondo tutela la presunción de legalidad del fallo recurrido.- CONSIDERANDO (2): Que la abogada VANESSA JAZMIN ZAMORA, en el primer motivo, alega: “INCONGRUENCIA CON LAS PRETENSIONES DEDUCIDAS POR LA PARTE DEMANDANTE, respecto al literal E, del artículo 5-A de la Ley del Impuesto sobre Ventas contenida en el Decreto No.24, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.18,161 del 27 de diciembre de 1963; adicionado al articulo 5-A el literal E) mediante el Decreto No.194-2002 del 15 de mayo de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.29,799 del 5 de junio del 2002; contentivo de la Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social, el que literalmente dice: “El hecho generador del impuesto se produce: a)..., b)..., c)...., d)..., e) Los bienes y mercaderías usados causan el impuesto sobre ventas cuando sean importados, en cuyo caso este impuesto constituirá un costo de los mismos, cuando estos bienes y mercaderías sean objeto de su comercialización en el mercado interno, no se gravarán con el Impuesto sobre Ventas”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral 2 del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles.”.- CONSIDERANDO (3): Que la sentencia recurrida resuelve todos los puntos y extremos del debate, confirmando la del A-quo que declaró la improcedencia de la acción por ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, observándose que las mismas se motivaron debidamente, todo ello conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 35 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por ello no existe ninguna incongruencia y no procede la admisión del cargo que antecede.- CONSIDERANDO (4): Que en el segundo y tercer motivo la Impetrante señala: “SEGUNDO MOTIVO: APLICACIÓN INDEBIDA del literal E, del artículo 5-A de la Ley del Impuesto sobre Ventas contenida en el Decreto No.24, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 18,161 del 27 de diciembre de 1963; adicionado al articulo 5-A el literal E) mediante el Decreto No. 194-2002 del 15 de mayo de 2002 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.29,799 del 5 de junio del 2002; contentivo de la Ley de Equilibrio Financiero y Protección Social, el que literalmente dice: “El hecho generador del impuesto se produce: a)..., b)..., c)...., d)..., e) Los bienes y mercaderías usados causan el impuesto sobre ventas cuando sean importados, en cuyo caso este impuesto constituirá un costo de los mismos, cuando estos bienes y mercaderías sean objeto de su comercialización en el mercado interno, no se gravarán con el Impuesto sobre Ventas”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles…TERCER MOTIVO: Aplicación indebida Articulo 12 de la Ley del Impuesto sobre Ventas contenida en el Decreto No.24, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 18,161 del 27 de diciembre de 1963; que literalmente dice: ARTICULO 12: Los responsables actuaran de conformidad con las siguientes reglas para la liquidación de dicho impuesto: En el caso de las ventas o prestación de servicios, la liquidación se hará tomando como base la diferencia que resulte entre el debito fiscal y el crédito fiscal: A) El debito se determinará aplicando la tarifa del impuesto al valor de las ventas de los respectivos bienes y servicios, menos, en su caso; a) El valor de los impuestos que el responsable haya devuelto por ventas anuladas o rescindidas, en el periodo fiscal; y, b) El valor de los impuestos que el responsable haya devuelto por rebajas de precios y descuentos u otras reducciones de precios normales del comercio, en el período fiscal. B) El crédito esta constituido por el monto del impuesto sobre ventas pagado con motivo de la importación y el pagado por las compras internas de bienes o servicios que haya hecho el responsable, menos, en su caso; a) El valor de los impuestos que hayan sido devueltos al responsable por compras anuladas o rescindidas, en el periodo fiscal; y, b) El valor de los impuestos que hayan sido devueltos al responsable por reducciones de precios, descuentos u otras deducciones que impliquen una disminución del precio de compra de los bienes o servicios, en el período fiscal. En caso de importación de bienes o servicios, la liquidación se hará aplicando en cada operación la tasa del impuesto sobre la base imponible a que se refiere el artículo 3 precedente. Gozan del derecho a crédito fiscal los contribuyentes o responsables, incluidos los importadores, exportadores y los productores de bienes exentos cuyos insumos están vinculados directamente con la producción de los mismos, así como el originado por la compra de bienes destinados al activo fijo utilizados por el contribuyente o responsable para producir bienes de consumo exentos y/o gravados con el Impuesto sobre ventas. Para tener derecho al crédito fiscal se debe haber pagado el impuesto sobre ventas al momento de la compra o de la importación. Asimismo … PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles.”.- CONSIDERANDO (5): Que alegándose la aplicación indebida de una norma, la Recurrente debió señalar cual era la disposición que debió ser aplicada en su sustitución, lo cual no hizo en ambos cargos que anteceden; igualmente, el artículo 12 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas contiene varios párrafos y literales con situaciones jurídicas diferentes, que era necesario precisar, todo lo cual vuelve inadmisible ambos motivos.- CONSIDERANDO (6): Que la Censora del fallo en el cuarto motivo de casación sostiene: “Violación al Articulo 12 de la Ley del Impuesto sobre Ventas contenida en el Decreto No.24, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 18,161 del 27 de diciembre de 1963; que literalmente dice: ARTICULO 12: Los responsables actuaran de conformidad con las siguientes reglas… PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles.”.- CONSIDERANDO (7): Que la Recurrente en la formulación de este cargo entra en contradicción con el tercer motivo, donde invocó la aplicación indebida de la misma disposición legal, porque no podría darse que una misma norma se haya aplicado en forma indebida y a la vez se haya dejado de aplicar; también no precisó el párrafo ó literal de tal precepto, cuando el mismo contiene varios relacionados con situaciones jurídicas diferentes, todo lo cual vuelve inadmisible el motivo.- CONSIDERANDO (8): Que en el quinto motivo de casación se arguye: “Violación del Articulo 6 del Código Tributario contenido en el Decreto 22-97, que literalmente dice: “En la interpretación de las disposiciones de este Código se estará a lo que sobre la materia prescribe el Titulo Preliminar del Código Civil en los articulo 17, 18, 19 y 20. Las Leyes fiscales se interpretarán siempre en forma estricta, por lo que para determinar su sentido y alcances no podrán utilizarse métodos de interpretación extensivos o analógicos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles.”.- CONSIDERANDO (9): Que de conformidad con la Doctrina, la falta de aplicación de una norma a un hecho que el juzgador considera existente o la aplicación de la norma a un hecho que el sentenciador considera inexistente, constituyen infracción directa porque envuelven ignorancia de la ley o rebeldía contra ella; sin embargo, no se convierte en infracción directa la falta de aplicación de la norma al hecho que el fallador consideró inexistente, porque el recurrente pretenda demostrar la existencia de él, por lo que en este caso no se dan los presupuestos señalados para su estimación, siendo que la controversia del juicio tiene vinculación con el tema de la legalidad de los actos administrativos señalados. También se aprecia que se realizan alegatos propios de instancia, defectos técnicos que vuelven inadmisible el mismo.- CONSIDERANDO (10): Que por las razones expuestas anteriormente, el recurso de mérito debe ser desestimado en sus cinco motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, vista la opinión del Fiscal y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 916 y 920 numeral 2) del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cinco motivos. 2) SIN COSTAS por haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de Agosto de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha once de agosto de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 184-09.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL