Sentencia CA-126-09 — Registro 1417
Resumen
En primera instancia se declara improcedente la acción incoada por la parte demandante por considerarse ajustado a derecho el acto administrativo impugnado.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que en la formulación del cargo que antecede, el Censor del fallo expone dos modos distintos de violar la Ley, ya que señala por un lado el error de derecho y por el otro, la violación ó falta de aplicación, los cuales debieron ser expuestos en forma separada y numerada; también, en su explicación, más parece que su argumento es de cuestionar el fallo por un error de hecho, aduciendo que el Tribunal recurrido apreció incorrectamente los medios de prueba relacionados, todo lo cual hace que este motivo también resulte inadmisible.- XIV. Que en el fallo definitivo dictado en segunda instancia se sostiene el criterio de que el asunto sobre el cual se trata el presente proceso no puede ser conocido en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, sino en la laboral, lo cual resulta contradictorio porque al confirmar la sentencia del A-quo que declaró la improcedencia de la acción, decidió lo que correspondía conforme a la facultad conferida por el ordenamiento procesal vigente, realizando una discriminación que no atañía a la situación jurídica del presente caso y al momento procesal en que se dictó, lo cual si bien no afecta la decisión, puede producir confusión, lo cual se estima prudente señalar.- XV. Que por las razones anteriormente expuestas, no procede la admisión de los seis motivos de casación.- "
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 903, Numeral 6 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., dieciocho de octubre del dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintitrés de marzo de dos mil nueve, por el Abogado SANTIAGO MORALES BUSTAMANTE, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de apoderado de la señora BONIFACIA DEL CARMEN MARADIAGA, mayor de edad, soltera por viudez, ama de casa, hondureña y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés en carácter personal y como representante legal de sus menores hijos EMILY MISHE RIVERA MARADIAGA, ELVIN JOSUÉ RIVERA MARADIAGA y DIEGO FERNANDO RIVERA MARADIAGA; en relación a la demanda para que se declare la ilegalidad y anulación de resoluciones que declaran sin lugar el pago de daños e indemnización de perjuicios, y que se reconozca y declare que la demandante tiene el derecho al pago de daños y perjuicios; interpuesta en fecha veinte de junio de dos mil cinco, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede San Pedro Sula, Cortés, por la señora BONIFACIA DEL CARMEN MARADIAGA, de generales ya conocidas, actuando en la condición antes indicada, en contra de la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), por medio de su entonces representante legal, el señor ANGELO BOTAZZI SUAREZ, mayor de edad, casado, hondureño, Ejecutivo de Empresas y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha diecinueve de febrero de dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que falló confirmando la sentencia dictada en fecha veintinueve de septiembre de dos mil ocho, por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en San Pedro Sula, Cortés, proferida de la siguiente manera: “FALLA.- PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE LA ACCION EN VIRTUD DE AJUSTARSE A DERECHO EL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO.- SEGUNDO:. EN CONSECUENCIA CONFIRMAR EL AUTO RESOLUTVIO DE FECHA 29 DICIEMBRE DEL 2004 EMITIDA EN EL EXPEDIENTE 209/2004.- EMITIDO POR LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA GERENCIA GENERAL Y ASI MISMO LA RESOLUCION DE FECHA SIETE DE FEBRERO DE DOS MIL CINCO EMITIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA TERCERO EXIMIR DE LAS COSTAS DEL PRESENTE JUICIO A LA PARTE DEMANDANTE POR TENER MOTIVOS SUFICIENTES PARA LITIGAR”.- SIN COSTAS en ambas instancias.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante señora BONIFACIA DEL CARMEN MARADIAGA, en su condición personal y como representante legal de sus menores hijos EMILY MISHE RIVERA MARADIAGA, ELVIN JOSUÉ RIVERA MARADIAGA y DIEGO FERNANDO RIVERA MARADIAGA, manifiesta que el señor ELVIN PORFIRIO RIVERA trabajaba en la ENEE como Técnico Electricista.- Señala que el día dieciocho de septiembre de dos mil uno sufrió un accidente de trabajo por descargas eléctricas que le produjeron quemaduras graves de segundo y tercer grado, con setenta por ciento de la superficie corporal comprometida, habiendo sido hospitalizado en la Clínica Bendaña, en San Pedro Sula, y posteriormente en el Hospital Público María Magdalena de las Salinas, en México, D.F., donde falleció.- Alega que la muerte del señor ELVIN PORFIRIO RIVERA se debió a la culpa, negligencia e irresponsabilidad de la ENEE, ya que el accidente ocurrió porque no se tomaron todas las medidas de seguridad adecuadas para evitarlo por parte de sus superiores, pues los ingenieros supervisores no comprobaron que se había desconectado la electricidad en el lugar donde se realizaban las labores, y aún así le ordenaron al señor ELVIN PORFIRIO RIVERA efectuar su trabajo.- La parte actora indica que interpone la presente demanda por haber sido compañera de hogar del señor ELVIN PORFIRIO RIVERA, y representante legal de los tres hijos que procrearon.- Solicita la nulidad de un acto administrativo, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, y para su pleno restablecimiento la indemnización de daños y perjuicios por la muerte del señor ELVIN PORFIRIO RIVERA.- 2.- La parte demandada la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE), por medio de su entonces representante legal, el señor ANGELO BOTAZZI SUAREZ, manifiesta que dio estricto cumplimiento a lo establecido en los artículos 413, 414, 415, 418 y 420 del Código del Trabajo, y a las cláusulas pertinentes del contrato colectivo suscrito por la ENEE y los trabajadores de la misma.- Argumenta que en virtud del accidente de trabajo se pagó una suma que incluía honorarios médicos y gastos hospitalarios en Honduras, traslado, ida y regreso, a México, D.F., atención médica en esa ciudad, pago de seguro de vida, beneficios establecidos en la cláusula 56 del contrato colectivo y demás prestaciones.- 3.- El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, fecha 29 de septiembre del 2008, declara improcedente la acción bajo el criterio de que las indemnizaciones que correspondían a los herederos del señor ELVIN PORFIRIO RIVERA fueron reclamadas en su totalidad por ellos.- 4.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 19 de febrero del 2009, profirió en primera instancia, por considerar que el asunto sobre el cual se trata el presente proceso no puede ser conocido en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, sino en la laboral; y que la parte demandante cumplió con su obligación para con la parte actora, al pagarle las indemnizaciones que le correspondían al señor ELVIN PORFIRIO RIVERA.- 5.- Que en fecha veintitrés de marzo de dos mil nueve, compareció ante este Tribunal de Justicia el Abogado SANTIAGO MORALES BUSTAMANTE, de generales y condición ya señaladas, formalizando su demanda de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO Cuando por razón de la materia haya habido defecto en el ejercicio de la jurisdicción , dejando de conocer en asunto que es de competencia, judicial, cuando hubiere el deber de hacerlo.- Precepto autorizante: Este motivo se encuentra comprendido en el Artículo 903 preámbulo y número seis, del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente al defecto en el ejercicio de la jurisdicción dejando de conocer un asunto de competencia judicial, cuando hubiere el deber de hacerlo.-DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, en relación con los artículos 1350 parte primera, 1360, 1362 párrafo primero, parte primera y párrafo segundo, 2236 del Código Civil, y 414, párrafo primero del Código del Trabajo, en la parte que se refiere a que si es el riesgo profesional hubiere sido consecuencia de falta inexcusable del patrono, que dieren lugar a indemnización por los Tribunales Ordinarios. El concepto de la infracción lo explico de la siguiente manera: Que de acuerdo con el artículo 137 de la Ley de Organizaciones y Atribuciones de los Tribunales, en el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, es competente para conocer en primera instancia de los negocios contencioso administrativos por estar dentro de la esfera de sus atribuciones, en virtud de que la cuestión o negocio planteado en la demanda por la señora Bonifacia del Carmen Maradiaga es de carácter puramente contencioso-administrativo y no laboral, y su naturaleza contencioso-administrativa está perfectamente definida porque no se trata de una obligación de indemnización de daños y perjuicios ocasionados por la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA, por los actos imputables a la Empresa Demandada que responde de los actos de sus empleados, por culpa o negligencia, y que no forman parte de la relación laboral sino que está comprendida dentro del ámbito de la responsabilidad puramente contencioso-administrativa pues en el presente caso de los supervisores y empleados de la ENEE, al ejecutar los actos en que intervino, culpa o negligencia y que se le atribuyen, están ejecutando un acto perjudicial y que causa grave daño a la salud del compañero de hogar de la demandante y padre de sus menores hijos; la cuestión planteada en la demanda no es de carácter laboral, sino contenciosa-administrativa porque no se trata de pago de salarios, ni de indemnizaciones por accidente laboral o de violaciones de los de los contratos de trabajo ni de pago de vacaciones, preaviso y demás cuestiones contenidas en el Código del Trabajo, sino de la cuestión puramente contenciosa-administrativa de los daños ocasionados por la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA demandada, contemplados en los artículos 1350 parte primera, 1360 en la parte que se refiere a la negligencia, 1362 párrafo primero y parte primera y párrafo segundo, 2236 del Código Civil, cuestiones no contempladas en el Código del Trabajo, además de que el artículo 414 párrafo primero del Código del Trabajo admite expresamente la falta inexcusable de la demandada que da lugar a indemnización por los Tribunales Ordinarios, lo cual significa que la culpabilidad o negligencia del patrono no entra dentro de la esfera laboral, porque es evidente que únicamente aquellas cuestiones que atañen a la relación laboral son las que caen dentro de la esfera de la competencia de los Juzgados y Tribunales del Trabajo, pero no la culpa o negligencia o falta inexcusable que no tiene carácter laboral por ser una expresión o manifestación de la conducta humana y por ende también atañe a los patronos sin que ello signifique que tiene carácter laboral; de acuerdo con el criterio sustentado por el Tribunal Ad Quem, los delitos y cuasi delitos cometidos por el patrono dentro del ámbito de la relación laboral serían de exclusiva competencia de los Tribunales del Trabajo por tratarse de la protección del trabajador; es evidente que la protección de un trabajador está contemplada no sólo por las Leyes laborales sino penales y civiles, según el aspecto del carácter de la cuestión surgida y planteada ante los Tribunales pues en el presente caso no se trata de un accidente de trabajo en sí, sino de la culpa o negligencia del patrono que responden de los actos de sus empleados, al ejecutar un acto perjudicial y que causó grave daño a la salud del compañero de hogar de mi representada y padre de sus menores hijos, sin tomar las precauciones necesarias para no perjudicar al referido señor. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ha infringido el artículo 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales en relación con los artículos 1360 en lo que se refiere a la negligencia, 1362 párrafo primero, parte primera y párrafo segundo del Código Civil, y 414, párrafo primero del Código del Trabajo, en la parte que dice que si el riesgo profesional hubiere sido consecuencia de falta inexcusable del patrono, que dieren lugar a indemnización por los Tribunales Ordinarios, por falta de aplicación al resolver que el Juzgado A-Qúo no es competente para conocer de la demanda contencioso administrativa para el pago de daños y perjuicios causados por culpa o negligencia de la demandada al realizar actos que produjeron la muerte del señor Elvin Porfirio Rivera y sin tomar las medidas de seguridad correspondientes. SEGUNDO MOTIVO: Infracción por violación o falta de aplicación de los artículos 1350 parte primera, 1360 en la parte que se refiere a la negligencia, 1362 párrafo primero, parte primera y párrafo segundo y 2236 del Código Civil. Precepto Autorizante: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral uno del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, en la parte primera que dice: “cuando el fallo contenga violación de las Leyes aplicables al caso del pleito.” El concepto de la infracción lo explico en la forma siguiente: La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, por medio de sus empleados y funcionarios incurrió en culpa o negligencia al ejecutar actos que ocasionaron la muerte del señor Elvin Porfirio Rivera y esa culpa o negligencia es de carácter contencioso-administrativo y no laboral aunque el señor antes indicado desarrollara sus labores en la empresa y exista una relación de carácter laboral porque la culpa o negligencia en el presente caso no está contemplada en el Código del Trabajo sino en el Código Civil en sus artículos 1350 parte primera, 1360 en la parte que se refiere a la negligencia, 1362 párrafo primero, primera parte y párrafo segundo, y en consecuencia la responsabilidad que emana de esa culpa o negligencia, es decir, los daños y perjuicios que emanan de la misma, son competencia de los Tribunales Contencioso Administrativos por tratarse de una entidad Estatal y no de los Tribunales laborales y los Juzgados de carácter contencioso-administrativo no pueden eludir el conocimiento de los casos que se les somete a su conocimiento pretendiendo que son de carácter laboral y están obligados a impartir Justicia y a aplicar la Ley en los casos en que se solicita su intervención y al no reconocer la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, M.D.C., la competencia y Jurisdicción que los Juzgados y Tribunales de carácter contencioso-administrativo tienen para conocer de esos casos en que ha intervenido culpa o negligencia de parte del patrono al realizar actos que dañan la integridad física de sus empleados, está violando por falta de aplicación los artículos 1350 parte primera, 1360 en la parte que se refiere a la negligencia, 1362 párrafo primero, primera parte y párrafo segundo, y 2236 del Código Civil, que se refieren a la negligencia que es de carácter contencioso- administrativa y no laboral, denegando la acción y el Derecho que el demandante tiene para reclamar la indemnización por daños y perjuicios y el Derecho a ser indemnizado, pues en los Juzgados del Trabajo únicamente se puede reclamar la indemnización proveniente del accidente propiamente dicho, proveniente de un hecho ocasionado por mero accidente, pero no del daño y perjuicio proveniente de la culpa o negligencia que es de carácter más amplio pues esa culpa o negligencia trasciende o va más allá del mero accidente porque afecta la vida misma del señor Elvin Porfirio Rivera, perjudicando a sus menores hijos quienes han quedado desamparados y sin el sustento que les proporcionaba su padre como único proveedor de dicho sustento en el hogar, y en todos estos daños y perjuicios que no se limitan únicamente a la esfera de la empresa, sino que trascienden para toda la vida de los menores perjudicados y en todo el ámbito de la sociedad civil, no pueden limitarse o encerrarse dentro del campo del Derecho laboral, y en esa forma al denegar la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, M. D. C. la indemnización y los Derechos de mi representada al no aplicar los referidos artículos y al negar la acción y el Derecho que mi representada tiene para reclamar el pago de los daños y perjuicios emanados de la culpa o negligencia de la parte demandada está violando los artículos 1350 parte primera, 1360 en la parte que se refiere a la negligencia, 1362 párrafo primero, primera parte y párrafo segundo, y 2236 del Código Civil, por falta de aplicación, los cuales se refieren a la culpa o negligencia no de carácter laboral sino de carácter puramente civil. TERCER MOTIVO. Infracción por interpretación errónea del artículo 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, en relación con los artículos 1350 parte primera, 1360 en la parte que se refiere a la negligencia, 1362 párrafo primero, primera parte y párrafo segundo, y 2236 del Código Civil. Este motivo se encuentra comprendido en el numeral uno del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, en la parte que dice “ cuando el fallo contenga interpretación errónea de las Leyes aplicables al caso del pleito”. Este motivo lo explico así: El artículo 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, establece que “la competencia es la facultad que tiene cada Juez o Tribunal para conocer de los negocios que las Leyes han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones”; de acuerdo con este artículo tanto el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, como la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, M. D. C., tienen competencia para conocer de la demanda promovida por mi representada para la anulación de una resolución y para el pago de daños y perjuicios, por tratarse de un caso de carácter contencioso- administrativo que la Ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones, ya que en la referida demanda se está reclamando el pago de una indemnización en concepto de reparación de daños e indemnización de perjuicios provenientes de la culpa o negligencia de la parte demandada al realizar actos que provocaron la muerte del señor Elvin Porfirio Rivera, sin tomar las medidas adecuadas para proteger la integridad física del referido señor y porque es evidente que se trata de culpa o negligencia de carácter contencioso- administrativo expresamente contemplada en los artículos 1350 parte primera, 1360 en la parte que se refiere a la negligencia, 1362 párrafo primero, primera parte y párrafo segundo, y 2236 del Código Civil, y porque esa culpa o negligencia no tiene carácter laboral sino puramente civil, pues es una culpa que interviene en el incumplimiento de todas las obligaciones y actividades de la vida humana, incluyendo las de carácter laboral, y que no llevan un sello de carácter laboral; es evidente que existe una diferencia entre el mero accidente de trabajo, que es todo suceso imprevisto y repentino que sobreviene por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, sin que intervenga culpa o negligencia de parte de la demandada, pero cuando hay culpa o negligencia de parte de las entidades o empresas estatales, como en el presente caso, ésta culpa o negligencia ya no cabe dentro del campo laboral porque es independiente de la relación del trabajo y en la culpa o negligencia hay una actitud unilateral de la demandada pues no ha sido materia de contratación laboral. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de esta ciudad, ha interpretado erróneamente el artículo 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales en relación con los artículos 1350 parte primera, 1360 en la parte que se refiere a la negligencia, 1362 párrafo primero, primera parte y párrafo segundo, y 2236 del Código Civil, al rechazar la competencia que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo tiene para conocer de la demanda promovida por mi representada, que tiene por objeto el pago de daños y perjuicios derivados de la culpa o negligencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica demandada, confundiendo esa acción con la acción que compete a los trabajadores cuando ha ocurrido un accidente de trabajo en que no ha intervenido culpa o negligencia de la demandada. CUARTO MOTIVO: Infracción por falta de aplicación de los artículos 403 y 414 párrafo primero del Código del Trabajo en la parte que se refiere a que si el riesgo profesional hubiere sido consecuencia de falta inexcusable del patrono, que dieren lugar a indemnización por los Tribunales Ordinarios, en relación con los artículos 1350 parte primera, 1360 en la parte que se refiere a la negligencia, 1362 párrafo primero, primera parte y párrafo segundo, y 2236 del Código Civil. Este motivo se encuentra comprendido en el numeral uno del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, en la parte que dice: “cuando el fallo contenga violación de las Leyes aplicables al caso del pleito.” Este motivo lo explico así: El artículo 403 del Código del Trabajo define el accidente laboral como todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o perturbación funcional permanente o pasajera, pero no se refiere a la culpa o negligencia de parte del patrono, la cual queda comprendida dentro del Código Civil, criterio reforzado por el artículo 414 párrafo primero del Código del Trabajo que dice que si el riesgo profesional hubiere sido consecuencia de falta inexcusable del patrono, que dieren lugar a indemnización por los Tribunales ordinarios se entenderá que de estas deben rebajarse las prestaciones que el patrono haya satisfecho ante los Tribunales del Trabajo y conforme a esta norma jurídica que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de esta ciudad, violó por falta de aplicación, los Tribunales del Trabajo conocerán únicamente de los accidente en sí mismos que sobrevengan por causa o con ocasión del trabajo, pero no cuando el accidente tiene por causa o ha sido con ocasión de la culpa o negligencia del patrono; así como tampoco pueden conocer de la materia penal por accidentes que tienen por causa o sobrevienen por la culpa o negligencia del patrono; la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de esta ciudad, ha violado por falta de aplicación los artículos 403 y 414 párrafo primero del Código del Trabajo, en relación con los artículos 1350 parte primera, 1360 en la parte que se refiere a la negligencia, 1362 párrafo primero, primera parte y párrafo segundo, y 2236 del Código Civil, al no darles aplicación al presente caso y declarar que el presente caso no es materia contencioso administrativo sino laboral, no obstante de estar establecido en forma clara y precisa por la Ley que la culpa o negligencia en el cumplimiento de cualquier clase de obligaciones sean civiles o laborales es de carácter civil, pues en ningún artículo del Código del Trabajo está contemplada la culpa o negligencia como fuente de obligaciones laborales. QUINTO MOTIVO. Infracción por aplicación indebida de los artículos 1, 3 y 665 párrafo primero del Código del Trabajo, en relación con los artículos 1350 parte primera, 1360 en la parte que se refiere a la negligencia, 1362 párrafo primero, primera parte y párrafo segundo, y 2236 del Código Civil. Este motivo se encuentra comprendido en el numeral uno del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, en la parte que dice: “cuando el fallo contenga aplicación indebida de las Leyes aplicables al caso del pleito”. Este motivo lo explico así: El Código del Trabajo no regula en ninguno de sus artículos la culpa o negligencia que intervenga en toda clase de obligaciones y en consecuencia no tiene ninguna aplicación en el presente caso. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de esta ciudad, ha aplicado indebidamente los artículos 1, 3, 665 párrafo primero del Código del Trabajo en relación con los artículos 1350 parte primera, 1360 en la parte que se refiere a la negligencia, 1362 párrafo primero, primera parte y párrafo segundo, y 2236 del Código Civil, al declarar que la presente demanda es de carácter laboral y no contenciosa administrativo; no tienen aplicación en el presente caso los artículos, 1, 3 y 665 del Código del Trabajo pues la culpa o negligencia de parte del patrono no tiene carácter laboral ni está contemplada en ninguna de las disposiciones del Código del Trabajo, sino que es de materia exclusiva del Derecho civil, en virtud de que la culpa o negligencia no forman parte de la relación laboral en cuanto a que no son materia de trabajo, ni de salario ni constituyen subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, sino que la culpa o negligencia está contemplada expresamente en los artículos 1350 parte primera, 1360 en la parte que se refiere a la negligencia, 1362 párrafo primero, primera parte y párrafo segundo, y 2236 del Código Civil, como materia propia del Derecho Civil. SEXTO MOTIVO DE CASACION: ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS, por infracción de los artículos 1499 párrafo primero, 1507, 1524, 1525, del Código Civil; 320 numerales 19., 2do. y 5o.; 321 numerales 1. Y 39•, 336, 356, 370 y 408 del Código de Procedimientos Civiles; por violación o falta de aplicación. Precepto Autorizante: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral 7o. del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, en la parte que dice: ‘Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de Derecho...” El concepto de la infracción lo explico así: El Tribunal de Alzada incurrió en error de Derecho en la apreciación de las pruebas en virtud de que con la prueba aportada por la parte demandante se acreditaron plenamente los hechos de la demanda, habiéndose establecido plenamente que la muerte del señor Elvin Porfirio Rivera ocurrió por hechos en que intervino culpa o negligencia por parte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica a través de sus empleados y trabadores al no tomar todas las medidas de seguridad necesarias para proteger la vida y la integridad física del referido señor, y los ingenieros responsables de los trabajos que se estaban ejecutando no se cercioraron que las cuchillas que interrumpen la electricidad estuvieran abiertas y que el área de trabajo estaba despejada y que no había peligro alguno. Estos hechos quedaron plenamente acreditados con los siguientes medios de prueba: a) Con el medio de prueba pericial propuesto por la parte demandante que obra a folios 602 al 633 de la primera pieza de autos se acreditó plenamente que la ENEE pudo haber evitado el accidente tomando las medidas de seguridad necesarias; que la seccionadora 21U1 que permite o interrumpe el flujo de la energía eléctrica en el área de trabajo permaneció cerrada durante los trabajos, es decir, conectado el flujo de energía eléctrica (premisa b del dictamen) y que no hubo una adecuada coordinación entre la planificación, programación, supervisión y ejecución de las actividades programadas para el día 18 de septiembre de 2001 (premisa c del indicado dictamen) y que se pudo haber evitado el accidente del 18 de septiembre de 2001 que ocasionó la muerte del empleado Elvin Porfirio Rivera; b) La prueba documental que obra a folios 510 al 550 de la primera pieza de autos que contiene el Informe de la Investigación del Accidente realizado a solicitud de la misma ENEE en relación a los hechos que produjeron la muerte del señor Elvin Porfirio Rivera, y en el que se detallan las condiciones inseguras y las acciones inseguras existentes y realizadas por la ENEE, al no abrir las cuchillas seccionadoras 2101, al no solicitarse la apertura en el despeje, constando que el operador de las cuchillas, al momento de los hechos estaba en reunión, y que los ingenieros y técnicos encargados de los trabajos no solicitaron o realizaron la apertura de la referida cuchilla y el operador no sabía que tenía que despejar y que el accidentado montó solo las cámaras; c) la primera copia del instrumento número 86 autorizado en San Pedro Sula el 21 de noviembre de 2007 que obra a folio 587 y 588 de la primera pieza, que contiene la protocolización del informe referido en el literal anterior y d) dictamen y opinión profesional emitido por el ingeniero Juan José Flores Ventura de fecha 20 de noviembre de 2007 que obra a folio 584 y su autentica a folio 58 de la primera pieza de autos, y toda esta prueba acreditan que en forma fehaciente que la muerte del señor Elvin Porfirio Rivera se debió a la culpa y negligencia de la ENEE a través de sus empleados y trabajadores, al no tomar las medidas necesarias para asegurar su integridad, física y la parte demandada no propuso prueba para desvirtuar estos hechos, pero el Tribunal Ad-Qúem, aprecia incorrectamente incorrectamente dichos medios de prueba y no les da el valor que le corresponden, es decir, que dichos medios de prueba demuestran que en los hechos que produjeron la muerte del señor Elvin Porfirio Rivera intervino culpa o negligencia por parte de los empleados y trabajadores de la Enee, con lo cual se contrarían las disposiciones legales que dan específico valor a estos medios de prueba, violando el Ad Quem por falta de aplicación los preceptos jurídicos invocados, considerando dicho Tribunal que el caso se refiere a indemnizaciones laborales por accidente del trabajo, lo cual no es materia del debate, ya que la cuestión planteada en la demanda no es de carácter laboral, sino contenciosa-administrativa porque no se trata de pago de salarios, ni de indemnizaciones por accidente laboro/o de violaciones de los contratos de trabajo, sino de la cuestión puramente contenciosa-administrativa de los daños y perjuicios ocasionados por la EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA al realizar actos a través de sus empleados y trabajadores, en los que intervino culpa o negligencia de la misma, y que ocasionaron la muerte del señor Elvin Porfirio Rivera”.- 6.- Que en fecha veinticuatro de marzo de dos mil nueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado SANTIAGO MORALES BUSTAMANTE, apoderado de la señora BONIFACIA DEL CARMEN MARADIAGA, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado a la Fiscal del Despacho por el término de diez días para que emitiera su dictamen, haciéndolo dicha funcionaria el veintidós dos de mayo de dos mil nueve, de la siguiente manera: “OPINION Por las circunstancias antes señaladas, el Ministerio Pública, dictamina desfavorable a la admisión del recurso de casación”.- 7.- Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que toda demanda de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible por esta Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere.- II. Que el Abogado SANTIAGO MORALES BUSTAMANTE, alega en su primer motivo: “Cuando por razón de la materia haya habido defecto en el ejercicio de la jurisdicción, dejando de conocer en asunto que es de competencia judicial, cuando hubiere el deber de hacerlo.- Precepto autorizante: Este motivo se encuentra comprendido en el Artículo 903 preámbulo y número seis, del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente al defecto en el ejercicio de la jurisdicción dejando de conocer un asunto de competencia judicial, cuando hubiere el deber de hacerlo.-DISPOSICIONES INFRINGIDAS: Artículos 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, en relación con los artículos 1350 parte primera, 1360, 1362 párrafo primero, parte primera y párrafo segundo, 2236 del Código Civil, y 414, párrafo primero del Código del Trabajo, en la parte que se refiere a que si el riesgo profesional hubiere sido consecuencia de falta inexcusable del patrono, que dieren lugar a indemnización por los Tribunales Ordinarios.”.- III. Que el Recurrente sostiene en el cargo que antecede, que los Tribunales de primera y segunda instancia dejaron de resolver el asunto planteado por considerarlo dentro del ámbito laboral; sin embargo, dicho criterio emana de que la muerte del señor ELVIN PORFIRIO RIVERA se estableció que se originó de un accidente de trabajo, por lo cual la demandada indemnizó a sus beneficiarios/herederos conforme la normativa especial aplicable. Sin embargo, los Tribunales de primera y segunda instancia han resuelto la pretensión contenida en la acción de mérito, considerando ajustado a derecho el acto administrativo impugnado. Por otro lado, la norma que se cita como infringida contiene la definición de lo que es la competencia, misma que no ha tenido ninguna incidencia en el presente asunto. Razones que hacen que dicho motivo no sea admisible.- IV. Que el Impetrante en su segundo motivo de casación aduce: “Infracción por violación o falta de aplicación de los artículos 1350 parte primera, 1360 en la parte que se refiere a la negligencia, 1362 párrafo primero, parte primera y párrafo segundo y 2236 del Código Civil. Precepto Autorizante: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral uno del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, en la parte que dice: “cuando el fallo contenga violación de las Leyes aplicables al caso del pleito.”.- V. Que no procede la admisión del cargo que antecede, ya que de nuevo se formula el mismo argumento esbozado en el primer motivo, cuando lo reclamado por la responsabilidad indemnizatoria fue objeto del debate y del material probatorio aportado y evacuado por las partes, es decir, fue una situación controvertida, por ende no procedía su ataque por la vía de violación ó falta de aplicación.- VI. Que en el tercer motivo se señala: “Infracción por interpretación errónea del artículo 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, en relación con los artículos 1350 parte primera, 1360 en la parte que se refiere a la negligencia, 1362 párrafo primero, primera parte y párrafo segundo, y 2236 del Código Civil. Este motivo se encuentra comprendido en el numeral uno del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, en la parte que dice “cuando el fallo contenga interpretación errónea de las Leyes aplicables al caso del pleito”.- VII. Que en el cargo que antecede se indica como infringida una norma que no solo no ha tenido incidencia en el fallo recurrido, sino que la misma es de carácter procesal y establece un concepto, ya que como antes se señaló, define el término competencia; además, el Impetrante no ha señalado cual sería la interpretación correcta de dicha disposición, más bien, realiza alegatos propios de instancia, todo lo cual vuelve inadmisible el tercer motivo de casación.- VIII. Que el Impetrante arguye en el cuarto motivo: “Infracción por falta de aplicación de los artículos 403 y 414 párrafo primero del Código del Trabajo en la parte que se refiere a que si el riesgo profesional hubiere sido consecuencia de falta inexcusable del patrono, que dieren lugar a indemnización por los Tribunales Ordinarios, en relación con los artículos 1350 parte primera, 1360 en la parte que se refiere a la negligencia, 1362 párrafo primero, primera parte y párrafo segundo, y 2236 del Código Civil. Este motivo se encuentra comprendido en el numeral uno del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, en la parte que dice: “cuando el fallo contenga violación de las Leyes aplicables al caso del pleito.”.- IX. Que este cargo resulta inadmisible, ya que al igual que en el segundo motivo, por un lado, se señala como infringida, entre otras, una disposición que contiene un concepto, ya que el artículo 403 del Código del Trabajo define lo que se considera en dicho cuerpo normativo como accidente de trabajo y, por otro, el tema de la responsabilidad indemnizatoria fue objeto de la controversia y del material probatorio, por ende no resulta procedente el fallo por esa vía de la falta de aplicación.- X. Que el Censor del fallo en el quinto motivo de casación sostiene: “Infracción por aplicación indebida de los artículos 1, 3 y 665 párrafo primero del Código del Trabajo, en relación con los artículos 1350 parte primera, 1360 en la parte que se refiere a la negligencia, 1362 párrafo primero, primera parte y párrafo segundo, y 2236 del Código Civil. Este motivo se encuentra comprendido en el numeral uno del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, en la parte que dice: “cuando el fallo contenga aplicación indebida de las Leyes aplicables al caso del pleito.”.- XI. Que aparte de que las disposiciones contenidas en los artículos 1, 3 y 665 párrafo primero del Código del Trabajo son disposiciones generales, no resultando entonces pertinentes para la viabilidad del cargo, también el Impetrante estaba obligado a indicar las normas que el Tribunal recurrido debió aplicar en sustitución de las que en su concepto lo hizo de forma indebida, no habiéndolo hecho, el mismo debe ser desestimado.- XII. Que en el sexto y último motivo de casación se invoca: “ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS, por infracción de los artículos 1499 párrafo primero, 1507, 1524, 1525, del Código Civil; 320 numerales 1°., 2do. y 5o.; 321 numerales 1° Y 3°., 336, 356, 370 y 408 del Código de Procedimientos Civiles; por violación o falta de aplicación. Precepto Autorizante: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral 7o. del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles, en la parte que dice: “Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de Derecho...”.- XIII. Que en la formulación del cargo que antecede, el Censor del fallo expone dos modos distintos de violar la Ley, ya que señala por un lado el error de derecho y por el otro, la violación ó falta de aplicación, los cuales debieron ser expuestos en forma separada y numerada; también, en su explicación, más parece que su argumento es de cuestionar el fallo por un error de hecho, aduciendo que el Tribunal recurrido apreció incorrectamente los medios de prueba relacionados, todo lo cual hace que este motivo también resulte inadmisible.- XIV. Que en el fallo definitivo dictado en segunda instancia se sostiene el criterio de que el asunto sobre el cual se trata el presente proceso no puede ser conocido en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, sino en la laboral, lo cual resulta contradictorio porque al confirmar la sentencia del A-quo que declaró la improcedencia de la acción, decidió lo que correspondía conforme a la facultad conferida por el ordenamiento procesal vigente, realizando una discriminación que no atañía a la situación jurídica del presente caso y al momento procesal en que se dictó, lo cual si bien no afecta la decisión, puede producir confusión, lo cual se estima prudente señalar.- XV. Que por las razones anteriormente expuestas, no procede la admisión de los seis motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, vista la opinión del Fiscal, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 916 y 920 numeral 2) del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus seis motivos. 2) SIN COSTAS por haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de noviembre de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de octubre de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 126-09.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL