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Sentencia CA-117-10 — Registro 1416

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por la parte demandante para declarar la nulidad de un acto administrativo consistente en la cancelación de su puesto de trabajo, en segunda instancia se confirma la sentencia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el Impetrante en su segundo motivo de casación aduce: “Infracción por Violación o Falta de Aplicación de los Artículos 1421 en su preámbulo y primer presupuesto, 1422, 1427 y 1429 todos del Código Civil en relación con el artículo 38 en su preámbulo y literal k) de la Ley de Servicio Civil y al primer párrafo del artículo 113 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 903, preámbulo y ordinal 1° del Código de Procedimientos Civiles, en la parte que dice: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley...1°.- Cuando el fallo contenga violación,… de las leyes... aplicables al caso del pleito”.”.- CONSIDERANDO (5): Que en el cargo que antecede el Censor del fallo nuevamente incurre en el defecto de alegar la violación ó falta de aplicación de normas que no tienen vinculación al caso, ya que la revisión de la legalidad del acto administrativo impugnado y la procedencia de la acción es lo que ha determinado la condena de los salarios caídos, de otra forma se estaría limitando el derecho contenido en el artículo 38 en su preámbulo y literal k) de la Ley de Servicio Civil, que se invoca en relación y que no establece la condición que invoca el Recurrente, más aún cuando dicha situación no fue excepcionada oportunamente u objeto de las defensas previas; razones que hacen que no proceda la admisión de dicho motivo.- CONSIDERANDO (6): Que por las razones anteriormente expuestas, no procede la admisión de los dos motivos de casación."

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 903, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., trece de mayo del dos mil once.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha nueve de abril de dos mil diez, por el Abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de apoderado sustituto del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria para la anulación de un acto administrativo de carácter particular por no ser conforme a derecho; promovida en fecha diecinueve de julio de dos mil seis, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de ésta Sección Judicial, por la señora CLAUDIA JOHANA ANDURAY ZELAYA, mayor de edad, soltera, Ingeniera Civil, hondureña y de este domicilio, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA, a través de la entonces Procuradora General de la República, Abogada ROSA AMÉRICA MIRANDA RIVERA DE GALO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintinueve de enero de dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiséis de febrero de dos mil ocho, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en Tegucigalpa, M.D.C., misma que fue proferida de la siguiente manera: “ FALLA: PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Acción incoada por la señora CLAUDIA JOHANA ANDURAY ZELAYA contentiva a que se declare la ANULACION de un acto administrativo de cancelación de su persona como empleado de la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas Transporte y Vivienda, por no ajustarse a Derecho el acto impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación número-0000233 de fecha 05 de junio de 2006 emitido por el titular de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Publicas Transporte y Vivienda.- en consecuencia se anula totalmente.-SEGUNDO: Reconocer parcialmente la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento de adoptan las siguientes medidas: 1) PAGARLE UNICAMENTE A LA DEMANDANTE EN CONCEPTO DE INDEMNIZACIÓN los salarios dejados de percibir desde la fecha de su cancelación hasta la fecha en que la presente sentencia adquiera el carácter de firme.- 2) En consecuencia se condena al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despacho de Obras Públicas Transporte y Vivienda y Vivienda a pagar a la demandante el concepto señalado en el numeral anterior.- TERCERO: Se absuelve al Estado de Honduras al pago de las prestaciones laborales reclamadas por ya haber sido pagadas a la demandante.-”.- RESULTA: Que en fecha nueve de abril de dos mil diez, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, de generales ya señaladas y en su condición de apoderado sustituto del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Interpretación errónea del artículo 38 en su preámbulo y literal k) de la Ley de Servicio Civil en relación con el primer párrafo del artículo 113 del Código del Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 903, preámbulo y ordinal 1° del Código de Procedimientos Civiles, en la parte que establece: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley... 1°.- Cuando el fallo contenga.. .interpretación errónea.., de las leyes... aplicables al caso del pleito”.- EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LA EXPLICO ASI: El artículo 38 en su preámbulo y literal k) de la Ley de Servicio Civil establece: “Los servidores públicos protegidos por esta Ley y sus Reglamentos gozaran de los derechos siguientes:... k) Al pago de salarios caídos cuando el servidor fuere despedido o cancelado de su cargo sin causa justificada, conforme a lo establecido en las leyes del Estado.” El concepto jurídico de “salarios caídos” no lo encontramos definido en ninguna otra norma de la Ley de Servicio Civil; por ello, cuando dicho artículo se refiere a “conforme a lo establecido en las leyes del Estado”, indica o expresa que debemos buscar el significado y alcance del término o de la figura de “salarios caídos” en otras normas legales. En efecto, es en el primer párrafo del artículo 113 del Código de Trabajo donde se establece y explica el Régimen Jurídico de la figura de los “salarios caídos”, en estos términos: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el articulo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los tribunales del trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundo el despido.- Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las Indemnizaciones que según este Código pueden corresponder, y a titulo de daños y perjuicios, los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las Normas Procesales del presente Código debe quedar firme la Sentencia condenatoria respectiva”. Según la Norma Laboral arriba señalada, se interpreta correcta y adecuadamente la figura de los “salarios caídos” en el sentido que: Si por medio de la intervención de los Tribunales se decreta la condena del patrón al pago de las indemnizaciones que en derecho correspondan al trabajador; entonces, también existirá la condena a titulo de daños y perjuicios de los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación del contrato hasta la fecha que con sujeción a las normas procesales debe quedar firme la Sentencia condenatoria. El Fallo Recurrido, en cambio, efectúa una equivocada apreciación del contenido de la norma señalada en este motivo, por cuanto, por una parte exonera o libera del pago de las indemnizaciones del Servidor Publico en razón que aún antes de incoarse la demanda, ya se había efectuado el pago de las mismas y existía la aceptación del servidor público de dicho pago, pero sí establece la condena de los salarios caídos.- La interpretación adecuada, independientemente de toda cuestión de hecho, del articulo 38 en su preámbulo y literal k) de la Ley de Servicio Civil, sólo puede alcanzarse con el auxilio del primer párrafo del articulo 113 del Código del Trabajo; y en ésta última norma, es donde se dispone que una y otra condena están aparejadas o son concurrentes.- Por ello se sostiene, expresado en otros términos, que si el patrono ya ha efectuado el pago de las indemnizaciones que por disposición de la Ley le correspondan al trabajador o servidor que ha sido despedido o cancelado injustificadamente, no existe el asidero legal que permita la imposición de la condena al pago de los “salarios caídos”. En consecuencia, al haber una interpretación errónea de la disposición legal aplicable al caso del pleito, primero el Tribunal de Instancia y luego el Tribunal Ad-quem al confirmar la sentencia recurrida, se llego a una conclusión contraria a la que se hubiese alcanzado con la interpretación correcta y adecuada de la norma, por lo que procede que esta Honorable Corte CASE la sentencia impugnada en este motivo.- SEGUNDO MOTIVO: Infracción por Violación o Falta de Aplicación de los Artículos 1421 en su preámbulo y primer presupuesto, 1422, 1427 y 1429 todos del Código Civil en relación con el artículo 38 en su preámbulo y literal k) de la Ley de Servicio Civil y al primer párrafo del artículo 113 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 903, preámbulo y ordinal 1° del Código de Procedimientos Civiles, en la parte que dice: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley...1°.- Cuando el fallo contenga violación,.., de las leyes... aplicables al caso del pleito” EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LA EXPLICO ASÍ: Las normas del Código Civil, señaladas como violadas, establecen: “Artículo 1421.- Las obligaciones se extinguen: Por el pago o cumplimiento”. - “Artículo 1422.- Se entenderá pagada una deuda, cuando completamente se hubiese entregado la cosa o hecho la prestación en que la obligación consistía”.- “Artículo 1427.- El pago deberá hacerse a la persona en cuyo favor estuviese constituida la obligación, o a otra autorizada para recibirlo en su nombre”.- “Artículo 1429.- El pago hecho de buena fe al que estuviese en posesión del crédito, liberará al deudor”.- La demanda de mérito fue incoada el 19 de Julio del año 2006; sin embargo, ha reconocido la Sentencia Recurrida en su parte dispositiva, que mi representada queda absuelta “de las prestaciones laborales reclamadas por ya haber sido pagadas a la demandante”.- En efecto, es visible a folio 219 y 220 de la primera pieza de autos, el recibo firmado por la demandante con fecha 14 de julio del año 2006, aun antes de haberse promovido la acción y la respectiva transferencia bancaria hecha por la Secretaria de Finanzas a favor de la demandante a su cuenta bancaria en el Banco Financiera Comercial Hondureña S. A., específicamente a su cuenta de ahorro numero 20-203-864.- Es fácil y sencillo comprender que en el caso que ahora ocupa a este Tribunal, la obligación en cuanto a pago de los derechos e indemnizaciones de la demandante, se efectuó y por ello se extinguió la obligación principal en razón de su despido, calificado por la sentencia recurrida como no ajustado a derecho.- La suma adeudada por aquel concepto de prestaciones o indemnizaciones laborales se entregó a la demandante, aunque no de forma personal, si a su nombre y según su previa autorización de recibir los pagos de su patrono por medio del banco y cuenta bancaria señalada.- Por ello, el pago realizado de buena fe, por intermedio de la Secretaria de Finanzas y al banco y cuenta bancaria de la actora ha liberado al ESTADO DE HONDURAS de cualquier obligación derivada de la relación como servidora pública en la Secretaria de Obras Públicas Transporte y Vivienda (Soptravi).El pago de las prestaciones o indemnizaciones laborales reclamadas, hace imposible que se condenara al ESTADO DE HONDURAS por el concepto de los “salarios caídos” o salarios dejados de percibir, puesto que según lo dispone artículo 38 en su preámbulo y literal k) de la Ley de Servicio Civil y el primer párrafo del artículo 113 del Código del Trabajo, para exista condena por este concepto debía previamente condenarse a la parte demandada al pago de las prestaciones o indemnizaciones que correspondían a la parte actora.- En definitiva, al haberse extinguido la obligación principal en cuanto al concepto de las prestaciones o indemnizaciones laborales, también se ha extinguido la obligación concurrente del pago de “salarios caídos”.- Al no haberse aplicado las normas señaladas, es que la Sentencia recurrida contiene la Infracción de Ley expresada en este motivo, y por ello es que dicha Sentencia reconoce la existencia de una obligación que ya se había extinguido, por el pago y la aceptación del mismo por parte de la demandante.- Por lo antes expuesto, es procedente que se CASE la Sentencia en este Motivo. SEÑALO EL PRINCIPIO DE NO REFORMATIO IN PEJUS PARA QUE NO SE DECLARE DE OFICIO LA NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA. En sentencia de este Honorable Tribunal de fecha 30 de octubre del 2009 se decretó “DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN FECHA 30 DE MAYO DEL 2008”, ver folios 32 al 37 de la Segunda Pieza de Autos.- Una de las motivaciones de aquel fallo, establecía: “Que además de lo anterior, en ambos fallos de primera y segunda instancia no existe ningún pronunciamiento en sus partes dispositivas de la pretensión de la parte demandante del pago de reajuste de salarios dejados de percibir durante el desempeño del puesto de trabajo en aplicación del arancel del Colegio de Ingenieros Civiles vigente... Aunque parezca extraño, en esta segunda ocasión, la Corte recurrida vuelve a incurrir en el defecto procesal previamente señalado por Vos. Sin embargo, la parte actora en su oportunidad no promueve el recurso de casación en contra del fallo ahora impetrado, como tampoco recurrió en apelación al momento de haberse decretado el fallo de la primera instancia, por lo cual a nuestro criterio ha perdido la oportunidad procesal para impetrar o beneficiarse por el vicio que antes se señaló y por lo tanto no puede ser objeto de una nueva declaración de nulidad del fallo impugnado.- El Artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles dispone que: “Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate”.- De ahí se entiende, que el órgano judicial al conocer por vía de apelación o casación de un asunto determinado, queda sometido a las limitaciones derivadas de la prohibición de la Reformatio in pejus o sea al principio de que al Tribunal Superior le está prohibido volver más gravosa la situación de la parte recurrente, en el caso en que no ha mediado recurso de la contraparte.- Asimismo, la limitante fundada en el principio de la personalidad de la apelación o Casación, según el cual, el ejercicio de la potestad jurisdiccional que sometida al designado en el recurso de mérito, esto es que no tiene más poderes sino los asignados por el recurso sub judice.- Al declarar el aparente vicio de nulidad de la sentencia recurrida y pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, podría exceder los límites de su jurisdicción, puesto que su obligación sería resolver sobre los puntos de derecho concretamente establecidos en la Formalización de nuestro Recurso de Casación y si existiese un pronunciamiento de nulidad se tornaría más gravosa la situación jurídica de la parte recurrente.- Por ello y de la manera más respetuosa se os pide que no se declare ninguna nulidad oficiosa de la sentencia recurrida.- ”.- RESULTA: Que en fecha veinte de abril de dos mil diez, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado a la Fiscal del Despacho por el término de diez días para que emitiera su dictamen; haciéndolo dicha funcionaria, el veintinueve de julio de dos mil diez, de la siguiente manera: “OPINIÓN Por las razones antes referidas, el Ministerio Publico, dictamino desfavorable a la admisión del primer y segundo motivo del recurso de casación.”.- RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- CONSIDERANDO (1): Que toda demanda de casación debe sujetarse en su formulación a determinados requisitos para que pueda considerarse como tal y ser atendible por esta Corte, ya que dicho recurso es esencialmente formalista, en consecuencia debe ceñirse a una técnica rigurosa para que pueda ser analizado y prospere.- CONSIDERANDO (2): Que el Abogado JUAN CARLOS DOMINGUEZ MARTINEZ, en su primer motivo alega: “Interpretación errónea del artículo 38 en su preámbulo y literal k) de la Ley de Servicio Civil en relación con el primer párrafo del artículo 113 del Código del Trabajo.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el artículo 903, preámbulo y ordinal 1° del Código de Procedimientos Civiles, en la parte que establece: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley... 1°.- Cuando el fallo contenga...interpretación errónea..., de las leyes... aplicables al caso del pleito”.”.- CONSIDERANDO (3): Que el Recurrente relaciona la disposición que cita como violada por interpretación errónea con una norma del Código del Trabajo (artículo 113), sin embargo, en su explicación más bien centra su ataque en ese precepto legal, que no es propio de la revisión de la situación jurídica acorde a la normativa especial que regula las relaciones entre el Estado y sus servidores, por lo que no podría surtir el efecto y alcance que se pretende, salvo que la Ley referida tuviera como marco supletorio ese Código, todo lo cual hace que dicho motivo no sea admisible.- CONSIDERANDO (4): Que el Impetrante en su segundo motivo de casación aduce: “Infracción por Violación o Falta de Aplicación de los Artículos 1421 en su preámbulo y primer presupuesto, 1422, 1427 y 1429 todos del Código Civil en relación con el artículo 38 en su preámbulo y literal k) de la Ley de Servicio Civil y al primer párrafo del artículo 113 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 903, preámbulo y ordinal 1° del Código de Procedimientos Civiles, en la parte que dice: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley...1°.- Cuando el fallo contenga violación,… de las leyes... aplicables al caso del pleito”.”.- CONSIDERANDO (5): Que en el cargo que antecede el Censor del fallo nuevamente incurre en el defecto de alegar la violación ó falta de aplicación de normas que no tienen vinculación al caso, ya que la revisión de la legalidad del acto administrativo impugnado y la procedencia de la acción es lo que ha determinado la condena de los salarios caídos, de otra forma se estaría limitando el derecho contenido en el artículo 38 en su preámbulo y literal k) de la Ley de Servicio Civil, que se invoca en relación y que no establece la condición que invoca el Recurrente, más aún cuando dicha situación no fue excepcionada oportunamente u objeto de las defensas previas; razones que hacen que no proceda la admisión de dicho motivo.- CONSIDERANDO (6): Que por las razones anteriormente expuestas, no procede la admisión de los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, vista la opinión del Fiscal, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 89, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 916 y 920 numeral 2) del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS por haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. COORDINADORA. JOSE TOMAS ARITA VALLE. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de mayo de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha trece de mayo de Dos Mil Once, recaída en el Recurso de Casación número 117-2010.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL