Sentencia CA-94-10 — Registro 7528
Resumen
En primera instancia se declara procedeente la acción que declara de nulidad incoada por la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA S.A. contra la resolución emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, por medio de la cual declara DESFAVORABLE
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que en la forma expuesta, los cargos no constituyen una proposición jurídica completa, ya que adolecen de los siguientes errores técnicos que los vuelven inadmisibles: a) Las normas citadas como violadas no revisten el carácter de ser sustantivas; b) no es preciso en cuanto al modo de infracción de las normas, ya que enuncia la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las normas, sin particularizar cual de ellas es la que se invoca en cada motivo; y, c) en sus explicaciones alude a cuestiones sobre la inadmisibilidad de la demanda de mérito, que debieron haber sido expuestas en el momento procesal oportuno, interponiendo en su caso las respectivas defensas previas.-"
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 920, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., catorce de diciembre del dos mil diez.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha cuatro de marzo de dos mil diez, por el Abogado JOSE ARMANDO SILVA CRUZ, mayor de edad, soltero, hondureño con domicilio en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, actuando en su condición de apoderado legal sustituto del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda para La Nulidad De Un Acto Administrativo, Reconocimiento De Una Situación Jurídica Individualizada, Pago De Obligación Vencida Y Pendiente De Pago, El Reconocimiento De Los Interesas Comerciales Que Esta Obligación Ha Generado, y se tomen Medidas necesarias para su pleno restablecimiento, Costas; interpuesta en fecha once de septiembre de dos mil ocho, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en Tegucigalpa, M.D.C., por la Licenciada HEIDI MICHELLE GONZALEZ MURILLO, hondureña, mayor de edad, casada, con domicilio en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en su condición de apoderada de la Sociedad Mercantil denominada INMOBILIARIA, S.A. DE C.V. en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), por medio de la entonces Procuradora General de la República, Abogada ROSA AMÉRICA MIRANDA RIVERA DE GALO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiuno de enero de dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha uno de septiembre de dos mil nueve, de dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en Tegucigalpa, M.D.C., misma que fue proferida de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE LA ACCION de nulidad incoada por la Abogada HEIDI MICHELLE GONZALES MURILLO, Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA S.A. contra la resolución de fecha 28 de febrero de 2008 emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, por medio de la cual declara DESFAVORABLE la petición de cumplimiento de una resolución de fecha 29 de noviembre de 2005, la que a su vez declara con lugar la solicitud de pago de indemnización por la cantidad de Lps.58,124.912.00 (CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS), a favor de la empresa INMOBILIARIA SA..- Procedencia de la acción judicial deducida por ser aquella decisión (resolución del 28 de febrero de 2008) contraria a derecho; consecuentemente se ANULA TOTALMENTE.- SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada del demandante, y para su pleno restablecimiento se declara: 1).- Dejar a salvo en su totalidad lo decidido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas Transporte y Vivienda en la resolución de fecha 29 de noviembre de 2005, que resuelve declarar con lugar a favor de la empresa INMOBILIARIA S.A. el reclamo administrativo concerniente al pago de indemnización por INCUMPLIMIENTO CONTRAACTUAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA POR LA CANTIDAD DE LPS. 58,124,912.00.- 2) Que de conformidad a lo establecido en el articulo 28 de la Ley de Contratación del Estado, a la cantidad contenida en el numeral anterior, se le debe aplicar, a partir de los 45 días calendario posteriores a la fecha del reconocimiento de dicha obligación (29 de noviembre de 2005) los intereses comerciales del sistema bancario nacional a la tasa correspondiente al mes en que deba efectuarse el pago. - 3) Que la Secretaria de Estado en los Despachos de Obras Públicas Transporte y Vivienda, a raíz de la presente declaratoria, continúe con la tramitación correspondiente al pago de la indemnización reconocida a favor de la sociedad mercantil INMOBILIARIA S.A. (derecho contenido en la resolución de fecha 29 de noviembre de 2008), junto con los intereses que dicha cantidad ha devengado a la fecha, y que continúe haciéndolo hasta la total satisfacción de la obligación respectiva; intereses que se encuentran detallados en el numeral 2) de la presente sentencia.”.- RESULTA: Que en fecha cuatro de marzo de dos mil diez, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado JOSE ARMANDO SILVA CRUZ, de generales ya señaladas y en su condición de apoderado sustituto del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda de la siguiente manera: “EXPRESIÓN DEL PRIMER MOTIVO Precepto Autorizante: Artículo 903 preámbulo y Numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente a que el fallo contiene violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales, aplicables al caso del pleito.- Disposición Infringida: Artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación al articulo 49 Párrafo Segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo. Concepto de la Infracción: La Normas Sustantivas han sido manifiestamente infringidas y violentadas por la Corte Sentenciadora al no haberse aplicado correctamente a este caso en concreto. Entre las Normas infringidas citamos literalmente las contempladas en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de la Ley de Procedimiento Administrativo: Artículo 28: La acción será admisible en relación a los actos definitivos de la Administración Pública que no sean susceptibles de ulterior Recurso en Vía Administrativa. En el caso de los actos de trámite, la acción será admisible cuando estos no sean susceptibles de ulterior Recurso Administrativo y decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, de tal modo que pongan fin a la Vía Administrativa o hagan imposible o suspendan su continuación. Artículo 49 Segundo Párrafo: Sin embargo se admitirá el escrito o Recurso que proceda y producirá efectos, cuando se presente antes o dentro del día en que se notifique el acto que se tenga por transcurrido el plazo. En uso de la Normativa citada y en virtud de constar en el Folio 30 del Expediente Administrativo, registrado bajo el Número 572-07, que en fecha 11 de marzo del 2008, la Apoderada Legal de la demandante se notificó en legal y debida forma del auto de fecha 28 de febrero del 2008, quedando desde ese momento la Apoderada Legal de la Empresa Mercantil demandante, HABILITADA para interponer los Recursos establecidos en la Ley de Procedimiento Administrativo. Así confirma y acepta la EXTEMPORANEIDAD de la interposición del Recurso de Reposición presentado en fecha 26 de junio del 2008, tomando como Fundamento Legal el Artículo 49 Párrafo Segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo, cuya Norma NO LA AMPARA en su pretensión deducida en dicho recurso. Por otro lado, la providencia de fecha veintiocho de febrero del año dos mil ocho, es un Acto de MERO TRÁMITE. EXPRESIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO Precepto Autorizante: Artículo 903 preámbulo y Numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente a que el fallo contiene violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales, aplicables al caso del pleito. Disposición Infringida: Artículo 31 Literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en relación al artículo 202 del Código de Procedimientos Civiles Concepto de la Infracción: Las Normas Sustantivas han sido manifiestamente infringidas y violentadas por la Corte Sentenciadora, al no haberse aplicado a este caso en concreto. Entre las Normas infringidas citamos literalmente las contempladas en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y las contenidas en el Código de Procedimientos Civiles: Artículo 31 Literal a): No se admitirá la acción contencioso administrativa respecto de: a) Los actos firmes, es decir, aquellos que no hubieran sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos, así como los que sean reproducción de otros anteriores ya definitivos o firmes. Artículo 202: Los autos o decretos no son apelables cuando ordenan trámites necesarios para la substanciación regular del juicio; pero son apelables cuando alteran dicha substanciación o recaen sobre trámites que no están expresamente ordenados por la ley. Como podrá ser comprobado de manera indubitada, la Corte Sentenciadora infringió las normas sustantivas precitadas, ya que nuestra Legislación establece que el Acto Administrativo para ser impugnado en la jurisdicción debe ser definitivo y firme. ES DEFINITIVO: El que pone fin a un Expediente Administrativo. Es ACTO DE MERO TRAMITE: Aquel que formando parte de ese Expediente, no pone fin al mismo, sino que constituye un paso necesario para poder impulsar el procedimiento, es por eso que queda al margen de la FINALIZACION JURISDICCIONAL, como es este caso en concreto, que mediante el auto emitido por el demandado en fecha veintiocho de febrero del año dos mil ocho, acordó remitir del asunto planteado, a otro Organo de la misma Administración, para continuar su desarrollo, sin embargo contra ese auto la Apoderada Legal de la parte demandante, interpuso el Recurso de Reposición, el cual se declaró Sin Lugar, por ser extemporáneo, por lo que ante tal caso, el Juez A-Quo debió dictar una Sentencia de INADMISION la cual debió a su vez, ser confirmada por el Juez A-Quem, fundamentándose en lo preceptuado en el artículo 31 Literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación al artículo 202 del Código de Procedimientos Civiles. EXPRESIÓN DEL TERCER MOTIVO Precepto Autorizante: Artículo 903 preámbulo y Numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente a que el fallo contiene violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales, aplicables al caso del pleito. Disposición Infringida: Artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Concepto de la Infracción: Entre la Norma infringida citamos literalmente la contemplada en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Artículo 48: La demanda deberá presentarse dentro de un plazo de treinta días hábiles, atendiendo las reglas siguientes: a) Si la acción se pretendiere en contra de una resolución expresa y está fuera de aquellas que deba notificarse personalmente, el plazo comenzará a contarse desde el dia hábil siguiente al de su notificación; b) En caso de que no proceda la notificación personal, el plazo empezara a correr a partir del día hábil siguiente al de la publicación oficial del acto o disposición; c) Si la acción debe incoarse sobre la base de una denegación presunta, el plazo se contara a partir del día hábil siguiente a aquel en que se entiende desestimada la petición, salvo si con posterioridad dentro de dicho plazo, recayere resolución expresa, en cuyo caso se comenzará a contar en la forma indicada en el inciso a) de este artículo. Se infringió la Norma Sustantiva por la Corte Sentenciadora, preceptuada en el artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en virtud de que la demanda NUNCA DEBIÓ SER ADMITIDA, en virtud que la misma fue interpuesta fuera del plazo establecido, ya que tratándose de una Demanda Ordinaria es de treinta días hábiles, a partir de la notificación y si la demandante impugna el auto de fecha veintiocho de febrero del año dos mil ocho y notificado el once de marzo del año dos mil ocho y presentó la demanda el once de septiembre del año dos mil ocho, lo hizo FUERA DEL TERMINO establecido por la Ley. El Tribunal A-Quem, en su sentencia de fecha veintiuno de enero del año dos mil diez, estimó que la sentencia definitiva que se conoció en apelación, se encuentra dictada conforma a Derecho, por lo que procede a ser confirmada, no considerando los Agravios Expresados por el Procurador Judicial del Estado. Con el presente Recurso de Casación se persigue: PRIMERO: Casar totalmente la sentencia recurrida en la parte resolutiva anteriormente transcrita anulándola totalmente. SEGUNDO: Que casada esta Honorable Corte Suprema de Justicia acto seguido, y actuando en sede de instancia la sustituya por lo que en derecho corresponde dictando el fallo en los términos siguientes: POR TANTO: La Honorable Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS de la Sala Laboral Contenciosa- Administrativa y en aplicación de los Artículos: 303 y 304 de la Constitución de la República; 11 y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 7, 13, 14, 24, 26, 28, 31 literal a), 48, 89, y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 49 Segundo Párrafo de la Ley de Procedimiento Administrativo; 202, 903 Numeral 1), 908, 909, 915, 916, 924 y 928 del Código de Procedimientos Civiles. En consecuencia FALLA: 1) CASAR TOTALMENTE la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de este Departamento de Francisco Morazán, con fecha veintiuno de enero del año dos mil diez. 2) Declarar IMPROCEDENTE E INADMISIBLE la acción incoada por la Sociedad Mercantil denominada LA INMOBILIARIA, S.A. de C.V., a través de su Apoderada Legal la Abogada Heidi Michelle González Murillo.3) ABSOLVER de toda responsabilidad al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (Soptravi), por declarar NO PROCEDENTE, la Acción de Nulidad incoada por la Abogada Heidi Michelle González Murillo, Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil INMOBILIARIA, S.A. contra la Resolución de fecha 28 de febrero de 2008 emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, por medio de la cual declara DESFAVORABLE la petición de cumplimiento de una Resolución de fecha 29 de noviembre de 2005, la cual a su vez declara con lugar la solicitud de pago de indemnización por la cantidad de Lps. 58,14,912.00 (CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS DOCE LEMPIRAS EXACTOS), a favor de la empresa INMOBILIARIA, S.A. SIN COSTAS. Y MANDA: Que firme que sea esta sentencia se devuelva con la Certificación de estilo y sus antecedentes al tribunal de su procedencia, para los efectos legales correspondientes. NOTIFIQUESE.”.- RESULTA: Que en fecha cinco de marzo de dos mil diez, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado JOSE ARMANDO SILVA CRUZ, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado a la Fiscal del Despacho por el término de diez días para que emitiera su dictamen; haciéndolo la Abogada LORENA MARÍA SOTO ANDINO Fiscal del Ministerio Público, el treinta y uno de mayo de dos mil diez, de la siguiente manera: “Con base en las razones expuestas, el Ministerio Público dictamina desfavorable a la admisión del primer motivo, no así del segundo y tercero del cual se pronuncia por su admisibilidad.”.- RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- CONSIDERANDO (1): Que la demanda de casación, por tratarse de un recurso extraordinario, persigue como finalidades esenciales la defensa de la ley sustantiva y la unificación de la jurisprudencia nacional, debe sujetarse en su formulación a una técnica jurídica especial para que pueda considerarse como tal y ser atendida por la Corte, rigorismo que en el fondo tutela la presunción de legalidad del fallo recurrido.- CONSIDERANDO (2): Que el Abogado JOSE ARMANDO SILVA CRUZ alega: “EXPRESIÓN DEL PRIMER MOTIVO. Precepto Autorizante: Artículo 903 preámbulo y Numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente a que el fallo contiene violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales, aplicables al caso del pleito. Disposición Infringida: Artículo 28 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación al articulo 49 Párrafo Segundo de la Ley de Procedimiento Administrativo…EXPRESIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO. Precepto Autorizante: Artículo 903 preámbulo y Numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente a que el fallo contiene violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales, aplicables al caso del pleito. Disposición Infringida: Artículo 31 Literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en relación al artículo 202 del Código de Procedimientos Civiles…EXPRESIÓN DEL TERCER MOTIVO. Precepto Autorizante: Artículo 903 preámbulo y Numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente a que el fallo contiene violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales, aplicables al caso del pleito. Disposición Infringida: Artículo 48 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.”.- CONSIDERANDO (3): Que en la forma expuesta, los cargos no constituyen una proposición jurídica completa, ya que adolecen de los siguientes errores técnicos que los vuelven inadmisibles: a) Las normas citadas como violadas no revisten el carácter de ser sustantivas; b) no es preciso en cuanto al modo de infracción de las normas, ya que enuncia la violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las normas, sin particularizar cual de ellas es la que se invoca en cada motivo; y, c) en sus explicaciones alude a cuestiones sobre la inadmisibilidad de la demanda de mérito, que debieron haber sido expuestas en el momento procesal oportuno, interponiendo en su caso las respectivas defensas previas.- CONSIDERANDO (4): Que en la formalización del recurso de casación, que no es más que una segunda frontera procesal que tiene que atravesar el recurso en su avance hacia el trámite de la admisión, al recurrente se le exige el cumplimiento de determinados requisitos, si quiere que el recurso siga siendo viable; siendo preciso poner el más exquisito cuidado, la más delicada atención, pues dado el rigor, cualquier olvido u omisión, produce su inadmisión, atenciones y cuidados procesales que no fueron observados en la preparación del presente recurso de mérito, produciendo con ello que no proceda la admisión del mismo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, vista la opinión del Fiscal y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1) y 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 89, 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 899, 919 numeral 1) y 920 numeral 2) del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: PRIMERO: DECLARANDO NO HABER LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. SEGUNDO: SIN COSTAS por haber tenido motivo bastante para litigar. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de Enero de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha catorce de Diciembre de Dos Mil Diez, recaída en el Recurso de Casación número 94-2010.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL