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Sentencia CA-463-08 — Registro 7559

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia dictada pro el juzgado declarando improcedente la acción incoada por no haber operado la afirmativa ficta

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Sin embargo, el censor olvida que las normas invocadas como infringidas por su falta de aplicación, son de carácter estrictamente procesal, ya que se encuentra comprendidas en la Ley de Procedimiento Administrativo, inviolables para efectos del presente recurso extraordinario, lo cual vuelve inadmisible el mismo."

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 920 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés de marzo de dos mil diez.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha diecisiete de noviembre de dos mil ocho, por el Licenciado MILKO ELVIN GARCIA BORJAS, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, actuando en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada CORPORACION MUNGUIA S.A., en relación a la demanda para el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y su restablecimiento, a consecuencia de haber operado la afirmativa ficta, y el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios, interpuesta en fecha siete de febrero de dos mil siete, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Cortés, por el Licenciado MILKO ELVIN GARCIA BORJAS, de generales ya señaladas y actuando en el carácter ya indicado, en contra de la MUNICIPALIDAD DE TELA, ATLÁNTIDA, a través de su Alcalde y Representante Legal, el señor DAVID JOSEPH LETTEREL ZACCARO, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Finanzas y con domicilio en Tela, Atlántida.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha treinta de septiembre de dos mil ocho, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que falló revocando la sentencia dictada en fecha dieciséis de mayo de dos mil ocho, por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Cortés, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JULIO CESAR LAGOS REYES en su condición de apoderado legal La Municipalidad de Tela, Atlántida.- SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha dieciséis de mayo de dos mil ocho, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en San Pedro Sula Departamento de Cortes y que aparece del folio ciento noventa y seis (196) al folio número doscientos siete vuelto (207 v.) de la pieza principal de autos.- TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE la acción incoada por no haber operado la afirmativa ficta”.- RESULTA: Que en fecha diecisiete de noviembre de dos mil ocho, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Licenciado MILKO ELVIN GARCIA BORJAS, de generales ya establecidas y actuando en el carácter ya especificado, formalizando su demanda de la siguiente manera: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE LA CASACION POR INFRACCIÓN DE LEY. PRIMER MOTIVO: Violación por falta de aplicación de los artículos 29 párrafos primero y segundo y 29 A de la Ley de Procedimientos Administrativos reformado por adición según el artículo 14 de la Ley de Simplificación Administrativa en cuanto a que según el párrafo primero del artículo 29 la afirmativa ficta es la decisión normativa de carácter administrativo por la cual todas las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si no se contestan en el plazo que marca la Ley o las disposiciones administrativas se consideran aceptadas, en cuanto al párrafo segundo del mismo artículo en relación a que las Secretarías de Estado, organismos descentralizados y desconcentrados deberán emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos por los ordenamientos jurídicos y solo que estos no contemplen un término específico, deberán resolverse en cuarenta días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación; el 29 A en cuanto a que cuando por el silencio de la autoridad en los términos señalados en el artículo anterior, el interesado presuma que ha operado en su favor la afirmativa ficta, deberá solicitar para la plena eficacia del acto presunto, en un término de hasta ocho días hábiles, la certificación de que ha operado en su favor la afirmativa ficta; en relación con el artículo 69 párrafo primero de la Ley de Procedimiento Administrativo en cuanto dispone que cuando el órgano competente para resolver no tenga por cierto los hechos alegados por la parte interesada o esta lo solicitare, podrá acordar la apertura a pruebas por un término no inferior a diez días ni superior a veinte e incumbirá al interesado la de los hechos de que derive su derecho y no resulten del expediente; en relación con el artículo 62 del mismo cuerpo de Leyes en cuanto preceptúa que con el escrito de iniciación se acompañaran los documentos en que el interesado se funde y si no los tuviere a su disposición indicará con precisión el lugar donde se encuentren. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. La violación consiste en la omisión o falta de aplicación en su pertinencia antes señalada, de las disposiciones citadas, porque la sentencia censurada no cumple lo que dichas normas disponen, encontrándose obligado el Tribunal de Apelación a aplicarlas al caso concreto; lo anterior se explica de la siguiente manera: La sociedad Corporación Munguia S.A. presento el correspondiente reclamo para el pago de indemnización por daños y perjuicios en contra de la municipalidad de Tela tomando como fundamento las pruebas que fueron ofrecidas en primer lugar, en un juicio criminal por los delitos de usurpación y daños incoado por mi representada en contra de los miembros del patronato de la colonia 15 de septiembre, pruebas que dejaron plenamente establecido que el Alcalde Municipal de aquel entonces señor Milton Castillo y varios Regidores Municipales fueron los que ubicaron a estas personas en el predio propiedad de mi representada, aun a sabiendas que era un inmueble de carácter privado; en segundo lugar, en la solicitud para la expropiación de un inmueble por causa de utilidad pública presentada por el Patronato de la Colonia 15 de Septiembre ante la Dirección General de Regulación Predial; tal y como consta en el reclamo administrativo, se señalaron los archivos del Juzgado de Letras Seccional de Tela como los archivos de la Dirección de Regulación Predial con sede en Tegucigalpa como los lugares donde se encontraban las pruebas para acreditar los hechos alegados. Admitido el reclamo, la Municipalidad de Tela emitió resolución mandando a citar a las partes a efecto de iniciar un diálogo, actuación desde todo punto de vista ilegal ya que lo que se esta reclamando es la responsabilidad de la Municipalidad por haber patrocinado la invasión de un inmueble de carácter privado, por lo que la misma, en consonancia con lo establece el artículo 69 de la Ley de Procedimiento Administrativo, debió o aceptar el reclamo ó rechazar los hechos, no tenerlos por ciertos y ordenar la apertura a pruebas. El párrafo segundo del artículo 29 reformado por adición según el artículo 14 de la Ley de Simplificación Administrativa deroga el plazo establecido en el artículo 84 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en ese orden de cosas, en virtud de que la Ley de Municipalidades no contempla dentro de su estructura ningún plazo o término específico para resolver las solicitudes que se le presenten, esta en la obligación de resolverlas en el término de cuarenta días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación. De lo expuesto queda claro que los pronunciamientos primero, segundo y tercero de la sentencia recurrida al declarar con lugar el recurso de apelación, revocar la sentencia definitiva de fecha dieciséis de mayo del dos mil ocho dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Cortés y declarar improcedente la acción incoada por no haber operado la afirmativa ficta, solo puede ser producto de la inaplicación de las disposiciones sustantivas señaladas, en los pasajes que de sus textos se han enunciado, soslayando que estas disposiciones imponen a los funcionarios de la administración pública y mucho más a los operadores de justicia una conducta respetuosa de la Ley y consecuente con el responsable desempeño de sus funciones. En el presente caso es clara la negligencia por el silencio u omisión de parte de la administración municipal de Tela para resolver la solicitud planteada dentro del término de Ley, hecho que esta debidamente acreditado en el reclamo administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación por infracción de Ley lo autoriza el artículo 903 número uno del Código de Procedimientos Civiles. SEGUNDO MOTIVO: Error de Derecho en la apreciación de las pruebas, específicamente en cuanto al contenido del reclamo administrativo en relación a la fecha de presentación del escrito del reclamo y la fecha en que se solicito mediante escrito se extendiera certificación de haber operado la afirmativa ficta, lo cual ha llevado al tribunal sentenciador a infringir las normas establecidas en los artículos 1360, 1365 del Código Civil en relación con los artículos 1499 párrafo primero del Código Civil, 321 números 4 y 6 del Código de Procedimientos Civiles, 3 numeral b), 67 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 65 numerales 2 y 4 de la Ley de Municipalidades. CONCEPTO DEL ERROR: En el expediente administrativo que contiene todas las actuaciones que se realizaron ante la Municipalidad de Tela, se encuentran específicamente, la solicitud presentada exigiendo el pago de una indemnización por los daños y perjuicios que causo la referida municipalidad al haber patrocinado e inducido a un grupo de personas a invadir y ocupar ilegalmente u inmueble propiedad de Inversiones del Campo S.A. y el escrito mediante el cual se solicito se extendiera la certificación de estilo en donde se acredita que habia operado la afirmativa ficta, lo anterior para la plena eficacia del acto presunto. La Corte Sentenciadora ha incurrido en error de derecho al no atribuirle a dichas actuaciones el valor jurídico probatorio que conforme al artículo 65 de la Ley de Municipalidades tienen, es decir un instrumento jurídico municipal por lo que se enmarca dentro de lo estatuido en el artículo 321 número 6 que categoriza como documento público las ejecutorias y actuaciones judiciales de cualquier especie. Es importante hacer notar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 67 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no procede el recibimiento a prueba cuando la cuestión que se discute sea de puro Derecho como lo es el presente caso, ya que esta plenamente probado que la Municipalidad de Tela no resolvió el reclamo administrativo dentro del plazo de cuarenta días que establece la Ley y para la plena eficacia del acto presunto se solicito en tiempo y forma la certificación de estilo: operada la afirmativa ficta se entiende que la resolución es en sentido afirmativo y que la petición realizada se considera aceptada, estando eximida mi representada de acreditar mediante pruebas la veracidad de los hechos alegados. Si el Tribunal recurrido le hubiera concedido el valor jurídico probatorio que le concede el artículo 321 numero 6 complementado con el 1499 párrafo primero del Código Civil, conforme al cual los documentos públicos hacen prueba aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de este, no se habría declarado “improcedente la acción incoada por no haber operado la afirmativa ficta” ni se hubiera revocado la sentencia definitiva de fecha dieciséis de mayo del dos mil ocho dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en San Pedro Sula, Cortés. PRECEPTO AUTORIZANTE. Autoriza el anterior motivo de casación por infracción de Ley, el artículo 903 número 7 del Código de Procedimientos Civiles”.- RESULTA: Que en fecha dieciocho de noviembre de dos mil ocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Licenciado MILKO ELVIN GARCIA BORJAS, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado a la Fiscal del Despacho por el término de diez días para que emitiera su dictamen, haciéndolo dicha funcionaria el cinco de febrero de dos mil nueve, de la siguiente manera: “IV.- OPINIÓN Por las razones expresadas, el Ministerio Público dictamina desfavorable a la admisión del presente Recurso en sus dos motivos”.- RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.-CONSIDERANDO (1): Que en el primer motivo de casación el impetrante alega: “Violación por falta de aplicación de los artículos 29 párrafos primero y segundo y 29 A de la Ley de Procedimientos Administrativos reformado por adición según el artículo 14 de la Ley de Simplificación Administrativa en cuanto a que según el párrafo primero del artículo 29 la afirmativa ficta es la decisión normativa de carácter administrativo por la cual todas las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si no se contestan en el plazo que marca la Ley o las disposiciones administrativas se consideran aceptadas, en cuanto al párrafo segundo del mismo artículo en relación a que las Secretarías de Estado, organismos descentralizados y desconcentrados deberán emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos por los ordenamientos jurídicos y solo que estos no contemplen un término específico, deberán resolverse en cuarenta días hábiles, contados a partir de la fecha de presentación; el 29 A en cuanto a que cuando por el silencio de la autoridad en los términos señalados en el artículo anterior, el interesado presuma que ha operado en su favor la afirmativa ficta, deberá solicitar para la plena eficacia del acto presunto, en un término de hasta ocho días hábiles, la certificación de que ha operado en su favor la afirmativa ficta; en relación con el artículo 69 párrafo primero de la Ley de Procedimiento Administrativo en cuanto dispone que cuando el órgano competente para resolver no tenga por cierto los hechos alegados por la parte interesada o esta lo solicitare, podrá acordar la apertura a pruebas por un término no inferior a diez días ni superior a veinte e incumbirá al interesado la de los hechos de que derive su derecho y no resulten del expediente; en relación con el artículo 62 del mismo cuerpo de Leyes en cuanto preceptúa que con el escrito de iniciación se acompañaran los documentos en que el interesado se funde y si no los tuviere a su disposición indicará con precisión el lugar donde se encuentren… PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación por infracción de Ley lo autoriza el artículo 903 número uno del Código de Procedimientos Civiles.”.- Sin embargo, el censor olvida que las normas invocadas como infringidas por su falta de aplicación, son de carácter estrictamente procesal, ya que se encuentra comprendidas en la Ley de Procedimiento Administrativo, inviolables para efectos del presente recurso extraordinario, lo cual vuelve inadmisible el mismo.- CONSIDERANDO (2): Que en el segundo motivo de casación el recurrente expone: “Error de Derecho en la apreciación de las pruebas, específicamente en cuanto al contenido del reclamo administrativo en relación a la fecha de presentación del escrito del reclamo y la fecha en que se solicito mediante escrito se extendiera certificación de haber operado la afirmativa ficta, lo cual ha llevado al tribunal sentenciador a infringir las normas establecidas en los artículos 1360, 1365 del Código Civil en relación con los artículos 1499 párrafo primero del Código Civil, 321 números 4 y 6 del Código de Procedimientos Civiles, 3 numeral b), 67 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 65 numerales 2 y 4 de la Ley de Municipalidades… PRECEPTO AUTORIZANTE. Autoriza el anterior motivo de casación por infracción de Ley, el artículo 903 número 7 del Código de Procedimientos Civiles”.- El Censor alega un error de derecho, pero éste se produce en la inexacta apreciación jurídica de la eficacia o fuerza probatoria de un elemento de prueba y, en el caso subjudice, el Tribunal sentenciador no ha expresado un sentido contrario, ni le ha restado la fuerza probatoria que pueda tener cada uno de los documentos que se presumen apreciados erróneamente, lo cual vuelve también inadmisible este segundo motivo.- CONSIDERANDO (3): Que los actos de la Administración Pública impugnables ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo son los acuerdos, resoluciones, decretos, providencias, así como los actos tácitos y presuntos, no correspondiendo a esa jurisdicción las cuestiones de orden civil, mercantil, laboral, penal y aquellas relacionadas con la Administración Pública que la Ley les atribuya otra jurisdicción, por lo que, por la importancia del tema, se considera relevante para fines jurisprudenciales, realizar las siguientes valoraciones sobre la institución de la Afirmativa Ficta.- CONSIDERANDO (4): Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, expresamente en sus artículos 13 y 14, señala quienes están legitimados para poder demandar ante esta jurisdicción la declaración de ilegalidad y la anulación de los actos de carácter particular y general de la administración pública y en sus artículos 33 y 34 también prescribe que el actor podrá pretender la declaración de no ser conforme a derecho y en su caso, la anulación de los actos de carácter particular y general susceptibles de impugnación y, que el debidamente legitimado podrá pretender además de lo descrito anteriormente, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnización de los daños y perjuicios, cuando proceda.- CONSIDERANDO (5): Que la afirmativa ficta es una decisión normativa de carácter administrativo, establecida por el Legislador con base en los principios de economía, celeridad y eficacia que deben regir el procedimiento administrativo, como una declaración de voluntad presunta en sentido afirmativo en todo lo que le favorezca a los particulares, sobre las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública, si habiendo el peticionario cumplido con los requisitos que prescriben las normas aplicables, aquella no emite su resolución dentro de los plazos establecidos, decisión que debe ser reconocida por todas las personas y autoridades.- CONSIDERANDO (6): Que toda autoridad administrativa debe emitir las resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos en el ordenamiento jurídico y que en los casos que no exista término específico, la resolución deberá dictarse en el plazo de cuarenta (40) días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud respectiva y que de no resolverse, se entenderá que la resolución es en un sentido afirmativo y que ha operado en beneficio del solicitante la Afirmativa Ficta, en todo lo que le favorezca.- CONSIDERANDO (7): Que para que la Afirmativa Ficta sea eficaz, la petición o solicitud debe cumplir, no sólo con los requisitos formales, sino que también con los de fondo con respecto a la acreditación del derecho subjetivo ó interés legitimo de que se trate, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 60, 61, 62 y 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo, siempre y cuando la petición ó reclamo formulado esté regulado en el Derecho Administrativo y no se trate de una disputa ó conflicto entre partes interesadas que debe ser dirimida en la vía administrativa.- CONSIDERANDO (8): Que con base en lo dispuesto en los artículos 29-A y 29-B adicionados a la Ley de Procedimiento Administrativo por la Ley de Simplificación Administrativa, el interesado en los beneficios de la afirmativa ficta deberá obtener la certificación respectiva para que surta, erga omnes, todos los efectos jurídicos correspondientes y que, en caso de denegarse por la autoridad administrativa la certificación de estilo, el interesado lo hará constar en el Acta Notarial que al efecto se levante, siendo en ambos casos necesario que en dichos documentos se haga una relación sucinta de la solicitud presentada y del procedimiento seguido, de la fecha de la iniciación y del vencimiento del plazo con que contó la autoridad competente para dictar su resolución y la manifestación de que ha operado la afirmativa ficta, de manera que deberá entenderse que la petición ha sido resuelta en un sentido afirmativo al solicitante, sin que precise pronunciamiento de juez competente; lo anterior sin perjuicio de que, todos los actos que realice la citada autoridad con posterioridad al acaecimiento de la afirmativa ficta, desconociendo su eficacia, serán contrarios a derecho y recurribles ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para la declaratoria de nulidad de dichos actos, con las consiguientes responsabilidades para el infractor. (Ver Resolución dictada por la Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional 6 de marzo de 2006, ver Expediente No. 71-06).- CONSIDERANDO (9): Que derivado de lo anterior, evacuado el procedimiento para obtener la declaración presunta de la Administración Pública en sentido afirmativo, es decir, la denominada afirmativa ficta, el peticionario podrá solicitar su ejecución ante el órgano administrativo que debió haber dictado la resolución correspondiente y en caso de una resolución negativa de la autoridad pública, se tendrían expeditos los recursos que la Ley le confiere y agotados que sean los mismos sin resolución a su favor, entonces procedería acudir a ejercitar las acciones correspondientes ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a efecto de revisar la legalidad o no de los actos administrativos emitidos en cuanto a su ejecución.- CONSIDERANDO (10): Que por las razones expuestas anteriormente, no procede la admisión del recurso de mérito en sus dos (2) motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, vista la opinión del Fiscal, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5 y 316 reformados de la Constitución de la República; 1o. y 80 numeral 1o. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 89, 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 192, 919 preámbulo declaración 1ª, 920 del Código de Procedimientos Civiles; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: PRIMERO: DECLARANDO NO HABER LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito, en sus DOS (2) MOTIVOS.- SEGUNDO: SIN COSTAS, por tener motivo bastante para litigar.- Y MANDA: Que con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM.-NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los veintitrés días del mes de Julio del Dos Mil Diez; Certificación de la sentencia de fecha veintitrés de Marzo del dos mil diez, recaída en el Recurso de Casaciòn nùmero 463-08 a solicitud del Abogado Domingo Escobar Pinot.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL