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Sentencia CA-418-08 — Registro 7519

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante por no ajustarse a derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...""Que la Recurrente, Abogada NUVIA YADIRA CAMPOS MUÑOZ actuando en su condición de Apoderada Legal sustituta del Estado, en el primer motivo alega: “ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 903 numeral 4 del Código de Procedimientos Civiles CUANDO EL FALLO CONTENGA DISPOSICIONES CONTRADICTORIAS, que resultan de hechos probados que demuestran la equivocación evidente del juzgador, es decir de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al hacer suya la sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En el presente motivo se encuentran infringidos los artículos 320 numerales 1º y 6 del Código de Procedimientos Civiles en relación con los artículos 1497 y 1499 párrafo primero del Código Civil”. Visto el cargo en la forma expuesta en el cual la recurrente señala como norma infringida los artículos 320 numerales 1º y 6 del Código de Procedimientos Civiles, es procedente desestimarlo ya que las normas que cita son de carácter procesal y no sustantivo. Defecto técnico suficiente para no admitir el presente motivo"

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 920, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dieciséis de marzo del dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia el recurso de casación por infracción de ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha dos de octubre de dos mil ocho, por la Licenciada NUVIA YADIRA CAMPOS MUÑOZ, mayor de edad, hondureña y de este domicilio, actuando en su condición de apoderada legal del Estado de Honduras; en relación a la DEMANDA PARA QUE SE DECLARE NULO UN ACTO PARTICULAR DE LA ADMINISTRACION PUBLICA POR INFRACCION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO, QUEBRANTAMIENTO DE FORMALIDADES ESENCIALES, EXCESO Y DESVIACION DE PODER, RECONOCIMIENTO DE UNA SITUACION JURIDICA INDIVIDUALIZADA POR HABER LESIONADO LOS DERECHOS DEL ADMINISTRADO Y PARA SU PLENO RESTABLECIMIENTO SE ORDENE EL REINTEGRO O EN SU DEFECTO EL PAGO DE LAS PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES QUE EN DERECHO CORRESPONDAN, promovida en fecha veintiuno de marzo de dos mil seis, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, por el señor FRANCIS YONAY MATAMOROS LANZA, mayor de edad, casado, hondureño, Perito Mercantil y Contador Público y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por medio de la Procuradora General de la República, Abogada ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha cuatro de septiembre de dos mil ocho, emitida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintisiete de junio de dos mil ocho, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, que falló: “PRIMERO: Declarar Procedente la Acción incoada por el señor FRANCIS YONAY MATAMOROS LANZA por no ajustarse a derecho el Acto Administrativo impugnado, consistente en el Acuerdo de Cancelación Número 0204-2006, de fecha 08 de Marzo del 2006, emitido por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, en consecuencia lo anula totalmente.- SEGUNDO: Reconocer la Situación Jurídica Individualizada del demandante y para su Pleno Restablecimiento se Resuelve: Adoptar el reintegro del demandante, al cargo de Preinterventor en la Dirección General de la Policía Preventiva, por ser el cargo en que estaba nombrado.- TERCERO: Condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, al pago a favor del demandante de los Salarios Dejados de Percibir, a título de daños y perjuicios, desde la fecha de efectividad del Acuerdo de cancelación 09 de Marzo del 2006 hasta el día que se ejecute la presente sentencia.- CUARTO: Se decreta la nulidad del Acto Administrativo por el cual se nombró a la sustituta del demandante”. SIN COSTAS, en ambas instancias RESULTA: Que en fecha dos de octubre de dos mil ocho, compareció ante este Tribunal de Justicia la Abogada NUVIA YADIRA CAMPOS MUÑOZ, de generales ya expresadas, en su condición de apoderada legal de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, formalizando su demanda de la siguiente manera: “EXPRESION DE MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 903 numeral 4 del Código de Procedimientos Civiles CUANDO EL FALLO CONTENGA DISPOSICIONES CONTRADICTORIAS que resultan de hechos probados que demuestran la equivocación evidente del juzgador, es decir de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al hacer suya la sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En el presente motivo se encuentran infringidos los artículos 320 numerales 1° y 6 del Código de Procedimientos Civiles en relación con los artículos 1497 y 1499 párrafo primero del Código Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION: 1.- Precepto Legal Infringido: "Los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicios son: "Instrumentos Públicos..."; artículo 320 numeral 1o del Código de Procedimientos Civiles. 2.- Precepto Legal Infringido: Bajo la denominación de instrumentos o documentos públicos se comprenden: "... Los documentos públicos expedidos por los funcionarios Públicos que estén autorizados para ello, a lo que se refiere al ejercicio de sus funciones"; artículo 321 numeral 40 del Código de Procedimientos Civiles. 3.- Precepto Legal Infringido: "Los documentos Públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de este" artículo 1499 párrafo primero del Código Civil. 4.- Precepto Legal infringido: "Error en la apreciación de los documentos públicos que se encuentran agregados en el expediente administrativo, como ser el Decreto número 001­2006 emitido por el Señor Presidente De la República de fecha 1 de febrero del 2006 que esgrimió al Señor Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad para emitir el Acuerdo número SEDS-0204-2006 por medio del cual se le canceló el Acuerdo de Nombramiento al demandante como Preinterventor de la Dirección General de Servicios Especiales de Investigación. EXPLICACION DEL MOTIVO La Honorable CORTE DE APELACIONES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO mediante el fallo definitivo dictado el 4 de septiembre del 2008 por el cual, en primer lugar confirma la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial de fecha 27 de junio del 2008, la demanda sobre la ilegalidad de un acto administrativo de carácter particular por dictarse con infracción al ordenamiento jurídico establecido. Que se declare la nulidad del mismo y el reconocimiento de una situación jurídica individualizada, promovida por el ciudadano FRANCIS YONAY MATAMOROS LANZA, contra el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad, visible en los folios de la primera pieza , se motiva esencialmente en el considerando segundo y tercero respectivamente de la sentencia recurrida y para efectos de explicación del presente motivo; el mismo Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo establece que "Que el demandante, fue cancelado de su puesto Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad sin especificar el o los motivos por el cual dicha Secretaría de Estado prescinde de los Servicios del demandante, únicamente hace alusión a la Potestad que ostentan los Secretarios de Estado con Despacho asignado a firmar los acuerdos de cancelación …. Que la sentencia declarara procedente la acción cuando el acto incurriere la cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico en la emisión del acto impugnado. Tal omisión tiene como consecuencia la anulación del acto administrativo impugnado, lo cual hace suyo el Tribunal Ad-Quen en el Considerando Cuarto al concluir que del estudio o análisis de las pruebas aportadas por las partes, así como de los fundamentos de derecho en que ambos apoyan sus pretensiones... confirma la sentencia apelada; evidenciándose que la corte sentenciadora procedió lógicamente en forma no usual en la formación del juicio probatorio, vulnerando evidentemente una norma valorativa de prueba de influencia decisiva en el pleito, que precisamente le vincula en el sentido contrario al que resolvió y cuya eficacia no ha quedado desvirtuado por el resultado que arroja los medios de prueba instrumentos públicos.- La sentencia Definitiva objeto de Casación hace suya y desconoce las consideraciones legales en que se fundamenta la Sentencia Definitiva de Primera Instancia de que se ha hecho mérito, la cual en forma toral en el considerando séptimo del fallo plantea que consta en autos y fueron evacuados en el periodo probatorio de estilo, dentro del cual ambas partes presentaron y evacuaron su respectivos medios de prueba, con los cuales únicamente acreditaron, la parte demandante que el acto impugnado no fue claro; y la parte demandada acredito el Decreto 001-2006 emitido por el Señor Presidente de la República de fecha 1 de febrero del 2006. La prueba para dictar el siguiente fallo es el análisis del expediente administrativo, no observando la Corte Sentenciadora el decreto-OOl-2006, emitido por el señor Presidente de la República. Infringiéndose manifiestamente lo ordenado en artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo que literalmente dice: Los actos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico; el objeto de los actos debe ser lícito, cierto y físicamente posible, así como el artículo 25 del mismo instrumento legal que dice "Los actos deberán sustentarse en los hechos v antecedentes Que le sirven de causa v en el derecho aplicable" En este caso que nos ocupa no era físicamente posible desempeñar otras funciones de procuración si el Estado a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad le pagaba un salario por desempeñar sus funciones en la Dirección General de la Policía Preventiva , razón por la que expresamos que si se siguieron los procedimientos respectivos, con lo cual dejamos reiterativamente de manifiesto que la cancelación suscitada, quedo probado la violación del Decreto 001-2006. El Juez Ad-Quen al expresar en el considerando tercero de la forma en que se expone dicha consideración del fallo de Primera objeto del impetrante, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso incurre en error de hecho en la apreciación de los medios de prueba de instrumentos públicos, que corren agregado al proceso exclusivamente del expediente administrativo que es la base que le sirve de fundamento al Juez A-Quo y por ende lo ha hecho suyo el Juez Ad-Quen, tal considerando cinco, seis y siete de la sentencia de Primera Instancia y tercero de la Segunda Instancia, algo inusual en dicho procedimiento ya que de oficio y de forma veraz el Juez A-Quo considera la observación de dicho expediente que no se siguió el procedimiento de cancelación por la falta grave de la Ley de Servicio Civil, quedando completamente sorprendidos Honorables Magistrados al observar que no se cumplió el Decreto 047, se violentaron los artículos 11, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31 y 60 de la Ley de Servicio Civil; 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119, 121, 122, 286 del Reglamento de la Ley del Servicio Civil.- ­por la no observancia en la apreciación de la prueba de documentos públicos como ser el expediente administrativo limitándose la Honorable Corte de Apelaciones a confirmar y hacer suya la sentencia de Primera Instancia, consideramos que la Corte Sentenciadora al confirmar la sentencia de Primera Instancia venida en apelación, aplicó indebidamente el artículo 24 y 25 de la Ley de Procedimiento Administrativo, o mas bien dejo de observar el mandato de los mismos, siendo lo correcto y procedente declarar con lugar la sentencia apelada. NULIDAD SUBSIDIARIA 1. Debido a la importancia de los hechos que se estiman probados todas las sentencias dictadas en materia administrativa según el Código de Procedimientos Civiles, artículo 187 y 190, establecen que contendrán con claridad y concisión posible tanto en el preámbulo, en los consideramos y la parte final y éstas deben de ser claras, precisas y congruentes con la demanda expresando cuales son los hechos que se estimen probados ya que de lo contrario la sentencia es susceptible de Recurso de Casación por quebrantamiento de forma o puede ser invalidada de oficio por ese Tribunal Supremo conociendo de ella en casación por infracción de Ley artículo 956 del Código de Procedimientos Civiles. 2. Cualquier hecho que se considere probado o establecido en una parte de la sentencia distinta de la declaración de los hechos estimados probados, implica que la sentencia no expresa clara y terminantemente los hechos estimados probados y en el presente caso Honorables magistrados, la sentencia de fecha 27 de junio del 2008. 3. Venida en casación no tomo en cuenta lo enunciado en el personamiento y Expresión de Agravios en el hecho cuarto en el que anuncia que se tome en cuenta lo dispuesto en el Decreto número 001-2006 por el Señor Presidente de la República, el cual no se tomó en cuenta al momento de ventilarse la demanda. FUNDAMENTOS DE DERECHO. El presente escrito encuentra su fundamento en los artículos 80, 82 y 319 número 7 de la Constitución de la República; 187, 190, 320 numeral 1) , 900 numeral 1), 902 causa primera, 903 numerales 1) 4) y 7) del Código de Procedimientos Civiles, 116 de la administración Pública.” RESULTA: Que en fecha seis de octubre de dos mil ocho, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada NUVIA YADIRA CAMPOS MUÑOZ, ordenándose el traslado al fiscal del despacho por el término de diez días para que emitiera su dictamen, haciéndolo la Abogada LOURDES YAMILETH CENTENO SIERRA, Fiscal del Ministerio Público, en fecha once de noviembre de dos mil ocho, de la siguiente manera: “III.- OPINION Con fundamento a lo antes indicado, El MINISTERIO PUBLICO dictamina desfavorable a la admisión del recurso de Casación en su único motivo; así como a la nulidad subsidiaria planteada.” RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.CONSIDERANDO (1): Que la Recurrente, Abogada NUVIA YADIRA CAMPOS MUÑOZ actuando en su condición de Apoderada Legal sustituta del Estado, en el primer motivo alega: “ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 903 numeral 4 del Código de Procedimientos Civiles CUANDO EL FALLO CONTENGA DISPOSICIONES CONTRADICTORIAS, que resultan de hechos probados que demuestran la equivocación evidente del juzgador, es decir de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al hacer suya la sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En el presente motivo se encuentran infringidos los artículos 320 numerales 1º y 6 del Código de Procedimientos Civiles en relación con los artículos 1497 y 1499 párrafo primero del Código Civil”. Visto el cargo en la forma expuesta en el cual la recurrente señala como norma infringida los artículos 320 numerales 1º y 6 del Código de Procedimientos Civiles, es procedente desestimarlo ya que las normas que cita son de carácter procesal y no sustantivo. Defecto técnico suficiente para no admitir el presente motivo. CONSIDERANDO (2): Que la recurrente solicita nulidad subsidiaria del fallo emitido por el Tribunal Ad Quem bajo el argumento que no se tomó en cuenta lo dispuesto en el Decreto número 001-2006 por el Señor Presidente de la República, petición que es procedente desestimar ya que no se advierte ninguna irregularidad que merezca invalidar o anular el fallo del Ad-Quem. CONSIDERANDO (3): Que esta Sala en reiteradas ocasiones ha expresado que el Estado está obligado a seguir el procedimiento establecido en la Ley de Servicio Civil para poder emitir acuerdos de cancelación por cesantía establecidos para que los mismos estén ajustados a derecho y así no violar el ordenamiento legal ni reglamentario. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, vista la opinión del Fiscal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 190, 899, 916, 917, 919, 920 numeral 2) y 929 del Código de Procedimientos Civiles. FALLA: 1) DECLARANDO NO HABER LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR LA NULIDAD SUBSIDIARIA SOLICITADA. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado VÍCTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO: VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, COORDINADOR.- ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM, JOSE TOMAS ARITA VALLE.- FIRMA Y SELLO: MIRNA LIZETTE ALVARADO.- SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de abril del año dos mil diez; Certificación de la sentencia de fecha dieciséis de marzo de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación Contencioso Administrativo Nº418-08.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL