Sentencia CA-347-08 — Registro 7510
Resumen
En segunda instancia se revoca la sentencia definitiva declara improcedente la acción interpuesta por el demandante por encontrarse ajustada a derecho el acto administrativo impugnado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Sin embargo, el cargo no constituye una proposición jurídica completa, ya que no se precisan las normas sustantivas violadas, ni el precepto autorizante en que se considera comprendido el mismo, formulando alegatos propios de instancia, todo lo cual vuelve inadmisible el motivo."
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 920, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M. D. C., veintiséis de abril del dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal en fecha diez de septiembre de dos mil ocho, por el Abogado JOSE ROGELIO CHINCHILLA CARVAJAL, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de Apoderado Legal del señor ROLANDO ANDRES QUIÑONEZ GARCIA, mayor de edad, Abogado, hondureño y de este domicilio; en relación a la Demanda Ordinaria para que se decrete la ilegalidad y Nulidad de un Acto Administrativo emitido por el programa de asignación familiar por medio de su directora ejecutiva, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y como medida para su pleno restablecimiento se adopten las acciones necesarias para que se haga efectivo el pago de reajuste de salarios conforme al arancel del Profesional del Derecho, reajuste por concepto de bonificación por vacaciones, décimo tercer y cuarto mes, reajuste por el pago de prestaciones mas el pago de intereses comerciales sobre el monto total del reajuste solicitado hasta que se ejecute en su totalidad la sentencia y costas del juicio, interpuesta en fecha Quince de Agosto de Dos Mil Seis, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, por el señor ROLANDO ANDRES QUIÑONEZ GARCIA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio, contra el PROGRAMA DE ASIGNACIÓN FAMILIAR (PRAF), por medio de su Directora Ejecutiva señora OLGA LIDYA DIAZ MELÉNDEZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha dieciséis de julio de dos mil ocho, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que FALLÓ: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado ROBERTO EDGARDO LANZA BANEGAS, apoderado legal del Programa de asignación Familiar (PRAF).- SEGUNDO: REVOCÓ la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de enero de dos mil ocho, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que aparece del folio número ciento veintiuno (121) al folio número ciento veintiséis (126) de la pieza principal de autos.- TERCERO: Declarar IMPROCEDENTE la acción ejercitada por el Abogado ANDRES QUIÑONES GARCIA, por encontrarse ajustada a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la Resolución de fecha veintitrés (23) de junio de dos mil seis (2006)”. RESULTA: Que en fecha Diez de Septiembre de Dos Mil Ocho, compareció ante este Tribunal el Abogado JOSE ROGELIO CHINCHILLA CARVAJAL, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda de la siguiente manera: “FUNDAMENTOS O MOTIVOS DEL RECURSO PRIMER MOTIVO: La Corte de Apelaciones de la Jurisdicción lo Contencioso Administrativo, la corte sentenciadora, dice en su primer CONSIDERANDO: “Que el juez a-quo en su considerando número Diez expresa que la parte demandada en su escrito de contestación menciona varias causas de inadmisibilidad de que adolece la acción, pero que por no haber sido alegadas mediante las defensas previas declara no darles curso ni atender tales causas de inadmisibilidad y si bien es cierto que las causas de inadmisibilidad como defensas previas se podrán alegar dentro de los cinco días siguientes al emplazamiento y que transcurrido dicho plazo no se les dará curso ni se atenderán; la ley deja una salvedad al establecer “sin perjuicio de la facultad conferida al juzgado” por el Artículo 80 de la misma ley, además de que tal como hizo el demandado pueden señalarse por vía de alegación en la contestación de la demanda y el juez deviene obligado a examinarlas y pronunciarse sobre las mismas, violenta lo prescrito en el Articulo 90 de la Constitución de la República y que se encuentra comprendido en el Artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles en su inciso 1 párrafo inicial que dice “Cuando el fallo contenga violación, Interpretación errónea, o aplicación indebida de las leyes”, y esto se explica así, en cuanto al debido proceso, ya que no considera lo establecido en el artículo 129 del Código de Procedimientos Civiles el cual previene que “Transcurridos que sean los términos judiciales, se tendrá por caducado de derecho y perdido irrevocablemente el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse”. En el caso que nos ocupa, la parte demandada no utilizó el recurso que le concede el Artículo 63 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que prescribe que los demandantes podrán dentro de los términos del emplazamiento para contestar la demanda, oponer a las mismas, las defensas previas que estimen pertinentes, dentro de las cuales se comprenden las causales contenidas en el artículo 80 del mismo cuerpo legal, lo mismo que se establece que una vez trascurrido dicho término, no se podrá alegar ningún tipo de defensas previas, haciendo la salvedad de que esto es sin perjuicio de la facultad conferida al JUZGADO por intermedio del señor JUEZ, otorgado por el artículo 80 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso administrativo, de lo anterior se concluye que la alegación de las defensas previas corresponde en primer plano a la parte demandada, pero no obstante esto, el Juez podrá de oficio al momento de dictar la sentencia definitiva declarar la inadmisibilidad de la acción. Del texto de la ley se desprende que esta facultad se encuentra reservada únicamente para el Juzgado de lo Contencioso Administrativo y no para la Corte de Apelaciones de esa materia, pues más que evidente que la parte demandante lo único que pudo probar en primera instancia es que emitió una resolución y por el desconocimiento no presentó defensas previas, que la Corte de Apelaciones a esta Instancia las quiere hacer valer y que el juzgado a-quo ya se pronunció sobre las mismas en vista que ni siquiera el demandante se tomó la molestia de tratar de probar ese extremo y que la Corte de Apelaciones las revivió. Al no presentar defensas previas, la parte demandada, dentro del término que le señala aquel cuerpo legal, el señor juez a-quo actuó correctamente al considerar en su fallo el párrafo segundo del precitado Artículo 129 que dice: “Exceptuada la reclamación de nulidad, no se admitirá escrito alguno que se oponga a esta disposición; y si fuere necesario recoger los autos para darles el curso correspondiente, se empleará el procedimiento establecido en el Articulo 126.” SEGUNDO MOTIVO: En su CONSIDERANDO TERCERO, que dice: “Que la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la administración pública sujetos al derecho administrativo siéndole aplicable las leyes administrativas. Siendo supletorios únicamente el Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, en este caso, el principio universal de carácter laboral de irrenunciabilidad invocado por el juez a-quo se refiere a las relaciones de derecho privado entre patronos y trabajadores; La ley de Servicio Civil, que es la aplicable a las relaciones entre el Estado y los Servidores públicos, sujetos al derecho administrativo, permite hacer convenios con el Estado como el realizado por el abogado Rolando Andrés Quiñónez García mediante la comparecencia en la que manifestó libremente recibir de conformidad el cheque No. 6953 de fecha diecisiete de marzo de dos mil seis por la cantidad de Ciento noventa y ocho mil novecientos cuarenta y cuatro lempiras con veintiséis centavos (L 198,944.26) por concepto de pagos de prestaciones laborales y compensaciones varias, liberando a la institución de todo reclamo laboral presente, pasada y futuro que emane de la relación de trabajo, tiene validez legal y moral que no puede desconocer el demandante”, la Corte sentenciadora violenta lo prescrito en el Artículo 70 de la Constitución de la República, que también se encuentra comprendido en el Articulo 903 Inciso 1 párrafo inicial del Código de Procedimientos Civiles así “Cuando el fallo contenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales, aplicables al caso del pleito”, y se explica así: “Todos los hondureños tienen derecho a hacer lo que no perjudique a otro y nadie estará obligado a hacerlo que no estuviere legalmente prescrito ni impedido de ejecutar lo que la ley no prohíbe. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Ningún servicio personal es exigible, ni deberá prestarse gratuitamente, sino en virtud de ley o de sentencia fundada en ley” en perfecta concordancia con los Artículos 128 numeral 4 y 133 de la misma Carta Magna que literalmente dicen: Articulo 128 “Las leyes que rigen las relaciones entre patronos y trabajadores son de orden público. Son nulos los actos, estipulaciones o convenciones que impliquen renuncia, disminuyan, restrinjan o tergiversen las siguientes garantías: 1..., 2..., 3..., 4. Los créditos a favor de los trabajadores por salarlos, indemnizaciones y demás prestaciones sociales, serán singularmente privilegiados, de conformidad con la ley”. Por su parte el 133 manda: “Los trabajadores intelectuales independientes y el resultado de su actividad, deberán ser objeto de una legislación protectora”. En el caso del abogado Rolando Andrés Quiñónez García esta legislación protectora es el Arancel del Profesional del Derecho, por tal razón hay lugar a que se admita el presente motivo de casación. La Corte de Apelaciones de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo al reconocer que la Resolución emitida por el PRAF está ajustada a derecho desconoce en absoluto el Principio de Legalidad, pues aprueba todo un procedimiento basado en la burla a la Ley de Procedimiento Administrativo en la cual el Juez de primera Instancia se pronuncia sobre lo mismo apegado a dicho Principio de Legalidad, dejando la misma Corte de Apelaciones sin valor el Arancel del Profesional del Derecho. TERCER MOTIVO: La Corte sentenciadora violenta el Artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y se encuentra comprendido en el Articulo 903 inciso 1 párrafo inicial “Cuando el fallo contenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes, aplicables al caso del pleito”, y se explica así: La Corte de Apelaciones al defender la acción que corresponde al demandado de interponer las defensas previas que previene el Artículo 63 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo con el objeto de probarle el señor juez a-quo el no agotamiento de la vía administrativa. De igual manera, por infracción directa, viola la norma contenida en la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales en su Articulo 7 que dice que “Ningún juez o Magistrado puede serio en diversas instancias en una misma causa”, y, el 108 de la misma ley que prohíbe a todos los jueces y magistrados ejercer la abogacía y la procuración en cualquier juzgado o tribunal, y sólo podrán defender causas personales, o de su cónyuge, pupilos y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. La violación se da en virtud de que la Corte sentenciadora además de juzgar ejerce actos de procuración a favor de la parte demandada haciendo uso del derecho que le confiere el Articulo 63 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues declara improcedente la acción ejercida por el abogado Rolando Andrés Quiñónez García, por encontrarse ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la RESOLUCION de fecha veintitrés (23) de junio de dos mil seis (2006), de ahí la violación directa del Articulo 321 constitucional según el cual “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad”, por consiguiente debe admitirse este tercer motivo de casación por violación directa de la ley. CUARTO MOTIVO: Aplicación Indebida: Violación del Articulo 96 de la Constitución de la República que se encuentra comprendido en el Articulo 903 Inciso 1, párrafo inicial “Cuando el fallo contenga violación, Interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes, aplicables al caso del pleito”, y se explica así: Que de conformidad con el Artículo 96 de la Constitución de la República, “La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado” Lo cierto es que en el presente caso tal prevención, al abogado Rolando Andrés Quiñónez García, no le es aplicable en virtud de que el Arancel del Profesional del Derecho fue aprobado, por una Asamblea General del Colegio de Abogados de Honduras, a los veintidós días del mes de Junio del año dos mil tres y publicado en el Diario oficial La Gaceta el nueve de julio del mismo año y en uso de la facultad que le confiere el Decreto Legislativo No. 82-96 del treinta de mayo de mil novecientos noventa y seis desde esa fecha ya tenia que pagársele en concepto de salario lo estipulado en dicho arancel, Ley que no ha sido declarado Inconstitucional de conformidad con lo que previenen los Artículo 184 y 185 de la Constitución de la República. Cabe así mismo, admitir este Cuarto motivo de casación por infracción directa de la ley. QUINTO MOTIVO: La ley violada es el Articulo 9 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que se encuentra comprendido en el Articulo 903 Inciso 1 párrafo inicial “Cuando el fallo tenga violación, interpretación errónea o aplicación Indebida de las leyes, aplicables al caso del pleito”, y se explica así: La Corte de Apelaciones le quita independencia al señor juez a-quo al declarar improcedente la acción ejercida por el abogado Rolando Andrés Quiñónez García, por encontrarse ajustado a derecho el acto administrativo impugnado consistente en la RESOLUCION de fecha veintitrés (23) de junio de dos mil seis (2006) por cuanto el precitado artículo previene que los jueces y magistrados de lo Contencioso Administrativo son independientes en el ejercicio de sus funciones y no estarán sometidos más que a la Constitución y a la ley, y revoca la sentencia reviviendo la inadmisibilidad de una demanda que es una facultad exclusiva del Juez, el cual no las valoró por no haberlas presentado la parte demandada en el tiempo procesal ni mucho menos haber sido probadas en juicio. INCONGRUENCIA DE CRITERIO La Corte de Apelación de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en el Considerando Tercero de la aludida Sentencia, en la parte final, incluye el párrafo que dice “TIENE VALIDEZ LEGAL Y MORAL QUE NO PUEDE DESCONOCER EL DEMANDANTE”, esto se refiere al arreglo que hubo entre mi poderdante y el Programa de Asignación Familiar, pero es de poner en conocimiento de este alto Tribunal que existe otro expediente que se encuentra registrado bajo el Número SL-331-08 en Casación, que es la Demanda que presentó el Doctor GUSTAVO ADOLFO VALLLADARES MEJIA contra el Programa de Asignación Familiar, también por una indemnización conforme al Estatuto Médico, que es un caso bastante similar a este, donde el Doctor Valladares Mejía también realizó el mismo arreglo con el Programa de Asignación Familiar y que textualmente es el mismo documento que firmó, pero parece ser de acuerdo a lo expuesta por la Corte de Apelaciones, este arreglo fue “ILEGAL E INMORAL” puesto que la sentencia en primera Instancia declaró con lugar el reclamo presentado por el Doctor Valladares y la Corte de Apelaciones lo ratificó, pues viéndolo de este punto de vista para la Corte de Apelaciones estos arreglos uno es “Legal y Moral” y hay que reconocerlo desestimando el Arancel del Profesional del Derecho, y en el otro caso, dicho arreglo fue “Ilegal e Inmoral” y hay que desconocerlo y se le da validez al Estatuto del Médico Empleado, dos sentencias emitidas casi en la misma fecha utilizando criterios distintos y contradictorios”. RESULTA: Que en fecha Once de Septiembre de Dos Mil Ocho, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de Casación por parte del Abogado JOSE ROGELIO CHINCHILLA CARVAJAL, ordenándose el traslado al Fiscal del Despacho para que en el término de diez días procediera a emitir su dictamen, haciéndolo dicha funcionaria el Cinco de Enero de dos mil nueve, de la siguiente manera: “…OPINION. Por las razones expuestas, el Ministerio Público, dictamina desfavorable a la admisión del presente Recurso en sus motivos tercero y quinto y de manera favorable a la admisión de los motivos primero, segundo y cuarto planteados”. RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO (1): Que el recurrente en el Primer Motivo de Casación expresa: “La Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, la corte sentenciadora, dice en su primer CONSIDERANDO: “Que el juez a-quo en su considerando número Diez expresa que la parte demandada en su escrito de contestación menciona varias causas de inadmisibilidad de que adolece la acción, pero que por no haber sido alegadas mediante las defensas previas declara no darles curso ni atender tales causas de inadmisibilidad…”.- Sin embargo, el cargo no constituye una proposición jurídica completa, ya que no se precisan las normas sustantivas violadas, ni el precepto autorizante en que se considera comprendido el mismo, formulando alegatos propios de instancia, todo lo cual vuelve inadmisible el motivo. CONSIDERANDO (2): Que el impetrante en el Segundo Motivo de Casación alega: En su CONSIDERANDO TERCERO, que dice: “Que la ley de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es la encargada de conocer las pretensiones que se deduzcan en relación con los actos de carácter particular o general de la administración pública sujetos al derecho administrativo siéndole aplicable las leyes administrativas. Siendo supletorios únicamente el Código de Procedimientos Civiles y la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, en este caso, el principio universal de carácter laboral de irrenunciabilidad invocado por el juez a-quo se refiere a las relaciones de derecho privado entre patronos y trabajadores…” .- Es hasta la explicación del motivo donde se indica que la norma violada es el artículo 70 de la Constitución de la República, la cual aparte de que no se indica si la infracción es por violación ò falta de aplicación, interpretación errónea ò aplicación indebida de la misma, dicha disposición no es atacable vía recurso de casación, lo cual vuelve inadmisible éste segundo motivo. CONSIDERANDO (3): Que el recurrente en el Tercer Motivo de Casación aduce: “La Corte sentenciadora violenta el Artículo 80 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y se encuentra comprendido en el Artículo 903 inciso 1 párrafo inicial “Cuando el fallo contenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes, aplicables al caso del pleito.”- Pero, al igual que en el anterior motivo, la norma que se estima violada es de carácter procesal ò adjetiva y no se precisa tampoco el tipo de violación, por lo que también resulta inadmisible este tercer cargo. CONSIDERANDO (4): Que el impetrante en el Cuarto Motivo de Casación expresa: “Aplicación indebida: Violación del Artículo 96 de la Constitución de la República que se encuentra comprendido en el Artículo 903 inciso 1, párrafo inicial “Cuando el fallo contenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes, aplicables al caso del pleito.”.- De nuevo se incurren en los mismos defectos técnicos advertidos en el primer motivo, ya que se invoca la violación de una norma constitucional, sin precisar el tipo de la infracción. CONSIDERANDO (5): Que el censor del fallo en el Quinto Motivo de Casación alega: “La ley violada es el Artículo 9 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que se encuentra comprendido en el Artículo 903 inciso 1 párrafo inicial “Cuando el fallo tenga violación, interpretación errónea o aplicación indebida de las leyes, aplicables al caso del pleito.”.- Tampoco este cargo resulta ser completo, ya que se advierte que se invoca como violada una norma adjetiva ò procesal, sin indicar el tipo de infracción de la misma, lo cual vuelve inadmisible éste quinto y último motivo. CONSIDERANDO (6): Que en la formalización del recurso de casación, que no es más que una segunda frontera procesal que tiene que atravesar el recurso en su avance hacia el trámite de la admisión, al recurrente se le exige inflexiblemente el cumplimiento de determinados requisitos, a los que debe dar exacto cumplimiento, si quiere que el recurso siga siendo viable; siendo preciso poner el más exquisito cuidado, la más delicada atención, pues cualquier olvido u omisión, produce la inadmisiòn del recurso, atenciones y cuidados procesales que no fueron observados en la preparación del mismo. CONSIDERANDO (7): Que por las razones expuestas anteriormente, el recurso de mérito debe ser desestimado en sus cinco (5) motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, vista la opinión del Fiscal, y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5, y 316 reformados de la Constitución de la República; 1º. y 80 numeral 1º. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 89, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: PRIMERO: DECLARANDO NO HABER LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus CINCO (5) MOTIVOS.- SEGUNDO: SIN COSTAS por haber tenido motivo bastante para litigar. Y, MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los Veintiún días del mes de Mayo de Dos Mil Diez; Certificación de la sentencia de fecha Veintiséis de Abril de Dos Mil Diez, recaída en el Recurso de Casación número 347=08.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL