Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CA-346-08 — Registro 7545

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción promovida por la sociedad LORETTE CAMARONERA INDUSTRIAL S. DE R.L. por no ser conforme a derecho el acto administrativo impugnado, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que al igual que en el primer motivo, este segundo no constituye una proposición jurídica completa, ya que el censor incurre en los siguientes defectos: a) La disposición contenida en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, citada como infringida, es una norma de carácter adjetiva ó procesal, inviolable para los efectos de casación. b) No señala el precepto autorizante en que considera comprendido el cargo, lo cual deriva que este segundo motivo tampoco resulte admisible."

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 920, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M. D. C., veinticinco de junio de dos mil diez.- VISTO: Para dictar sentencia el recurso de casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha cuatro de septiembre de dos mil ocho, por la Abogada AMELIA DE JESUS MARADIAGA VILLALOBOS, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de Apoderada Legal Sustituta del Estado de Honduras; en relación a la DEMANDA DE NULIDAD DE UN ACTO ADMINISTRATIVO DICTADO CON EVIDENTE INFRACCION A LA LEY Y COMO MEDIDA PARA SU PLENO RESTABLECIMIENTO SE DEJE SIN VALOR NI EFECTO LA SANCION PECUNIARIA IMPUESTA, CONDENANDO EN CASO DE HABER HECHO EFECTIVO EL PAGO A LA DEVOLUCION DEL MISMO, MAS LOS INTERESES A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DESDE LA FECHA DEL PAGO O DEPOSITO HASTA LA DEVOLUCION DEL MISMO Y COSTAS DEL JUICIO, promovida en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil siete, ante el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, por el Abogado JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ, mayor de edad, hondureño, soltero y de este domicilio, en su condición de apoderado legal de la Sociedad LORETTE, CAMARONERA INDUSTRIAL S. DE R.L., contra el Estado de Honduras, por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) a través de la Procuradora General de la República, Abogada ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA DE GALO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veinticuatro de junio de dos mil ocho, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que falló declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada AMELIA DE JESUS MARADIAGA VILLALOBOS, en su condición precitada y CONFIRMO la sentencia de fecha diez de abril de dos mil ocho, emitida por el Juzgado de Letras de lo Fiscal Administrativo de Francisco Morazán, que falló: “PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la acción promovida por la sociedad LORETTE CAMARONERA INDUSTRIAL S. DE R.L. por no ser conforme a derecho el acto administrativo impugnado. SEGUNDO: Decretar la nulidad total de la providencia del 7 de agosto del 2000, emitida por la Secretaría de Estado en los despachos de Recursos Naturales y Ambiente, mediante la cual se impone la sanción de multa a la demandante por la cantidad de UN MILLON DE LEMPIRAS. TERCERO: Reconocer a favor de la demandante la situación jurídica individualizada y para su pleno restablecimiento Adopta la medida de ordenar a la parte demandada, a través de la Secretaría de Estado en los despachos de Recursos Naturales y Ambiente, la inmediata devolución de la suma pagada en concepto de multa más los intereses, a título de daños y perjuicios, que la misma ha devengado desde el momento de su pago hasta el momento en que tenga lugar su devolución, quedando diferido el cálculo total a devolver y pagar al período de ejecución de la presente sentencia por no contar, este Juzgador, con todos los datos necesarios para realizar la liquidación en el presente fallo,” SIN COSTAS, en ambas instancias.- RESULTA: Que en fecha cuatro de septiembre de dos mil ocho, compareció ante este Tribunal la Abogada AMELIA DE JESUS MARADIAGA VILLALOBOS, en su condición de Apoderada Legal del Estado de Honduras, formalizando su recurso de casación de la siguiente manera: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Con fundamento en lo estipulado en el artículo 900 del Código de Procedimientos Civiles que literalmente dice: “Habrá lugar al recurso de casación en los casos establecidos por este Código: 1º Contra las sentencias definitivas pronunciadas por las Cortes de Apelaciones…”, asimismo, el presente motivo se fundamenta en la causa siguiente: 1º Infracción de Ley o de Doctrina Legal en la parte dispositiva de la sentencia, para lo cual se desarrolla el presente motivo: El Fallo de fecha veinticuatro de junio del año dos mil ocho, dictado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo contiene aplicación indebida de las leyes al caso del pleito, ya que. Se fundamenta en preceptos que no sustentan jurídicamente al contenido de la sentencia a saber; según a lo establecido en el Código de Procedimientos Comunes, artículo 187 “Las sentencia definitivas contendrán, con claridad y concisión posibles….2º En los resultados, las pretensiones de las partes y los hechos en que la funden, que hubieren sido alegados oportunamente, y que estén enlazados con las cuestiones que hayan de resolverse. 3º En los considerandos, la apreciación de los puntos de derecho fijados por las partes, dando las razones y fundamentos legales que se estimen procedentes para el fallo que hay que dictarse.”, por lo anterior de la simple lectura del fallo se deduce que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, a faltado a lo preceptuado en este artículo relacionado, pues los fundamentos legales que estima procedentes para el fallo dictado, no sustentan las razones resuelta en la sentencia. Lo anterior legitima el presente recurso que en este Primer motivo se fundamenta en el artículo 902 causal primera del Código de Procedimientos Civiles que literalmente dice: “El recurso de casación habrá de fundarse en laguna de las causas siguientes: 1º Infracción de Ley o Doctrina legal en la parte dispositiva de la sentencia…” y autorizado por el precepto establecido en el Artículo 903 numeral primero del mismo cuerpo legal que dice: “ Cuando el fallo contenga violación, interpretación errónea, o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales, aplicables al caso del pleito”. SEGUNDO MOTIVO: Violación al Artículo No. 32 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que señala: “Se admitirá la acción Contencioso Administrativa contra los actos firmes y aquellos confirmatorios de los actos firmes a que se refiere el inciso a) “Los actos firmes, es decir, aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos expresamente, y los confirmatorios de las actos firmes consentidos, así como los que sean reproducción de otros anteriores ya definitivos o firmes”, cuando fueren nulos de pleno derecho y estén surtiendo efectos; pero ello únicamente para fines de su anulación e inaplicabilidad futura. Por lo anterior se deduce que la sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, en la cual confirma la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, de fecha diez de abril del presente año, en su considerando número 13 el Juez A-Quo establece “Que la acción contencioso Administrativo se deducirá indistintamente contra el acto que sea objeto del recurso de reposición (auto de fecha 7 de agosto del año 2000 que aparece a folio 326 del Tomo I del expediente No. 32-94), el que resolviere este expresamente (providencia del 4 de octubre del año 2007 folio número 444 del Tomo II del Expediente administrativo No. 34-94 o por silencio administrativo o contra ambos a la vez, y concluye que el acto impugnado en el presente juicio lo representa el acto que motivó el recurso de reposición. De lo anterior se concluye lo siguiente: Que el auto resolutivo de fecha siete (7) de agosto del año dos mil (2000), fue notificado al apoderado de la Empresa Licenciado MOISES LOPEZ ALVARENGA y a la empresa LORETTE CAMARONERA INDUSTRIAL S. DE R. L., el día miércoles diez (10) de enero del año dos mil uno (2001) por medio de la tabla de Avisos del Despacho de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, las cuales aparecen a folios 339 y 340 de la primera pieza de autos, y es a partir de estas notificaciones, que la Ley de Procedimiento Administrativo establece el plazo de diez (10) días hábiles, para interponer el Recurso de Reposición y acceder a la vía jurisdiccional, esta es un norma de orden público y de carácter obligatorio, y al no hacerlo, el acto adquirió firmeza y no es susceptible de impugnación en la Jurisdicción Contencioso Administrativo. TERCER MOTIVO: Violación al artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en lo relativo a que la demanda deberá contener entre otros….. a, b, c, ch) Los hechos en que se base la acción indicada en su caso con toda precisión el acto impugnado. Es evidente señores magistrados que el auto resolutivo de fecha siete (7) de agosto del año dos mil (2000), contentivo de la sanción de multa por la cantidad de un millón de lempiras exactos fue notificado al Apoderado Legal y a la Empresa LORETTE CAMARONERA IN DUSTRIAL, S. DE R.L., a través de su apoderado, el día miércoles diez de enero del año dos mil uno, por medio de la tabla de avisos , diligencias que aparecen a folios 339 y 340 de la primera pieza de autos; contra este auto resolutivo no se interpuso el recurso de reposición que es requisito previo a la interposición de la acción contencioso administrativo y deberá formularse en el plazo de diez (10) días siguientes a la notificación del acto impugnado ante el mismo órgano del que procede el acto, lo cual no hizo el apoderado de la Empresa LORETTE CAMARONERA INDUSTRIAL S. DE R. L., antes bien, el Apoderado Legal indebidamente pidió nulidad de actuaciones a partir del referido auto de fecha siete de agosto del 2000, siete de agosto del 2000, (ver folios 354 de los autos) y no recurso de reposición que al no haberse interpuesto dentro del tiempo y forma ordenado por la ley dio lugar a la firmeza del acto. B) Que la providencia de fecha cuarto de octubre del dos mil siete, que el juez A-Quo señala que es el que expresamente resolvió un recurso de reposición, no fue interpuesto por el Apoderado legal de la Empresa LORETTE CAMARONERA INDUSTRIAL S. DE R. L., sino que se refiere a declarar inadmisible el recurso de reposición de fecha ocho de agosto del 2007 interpuesto por la Abogada Angela María Figueroa En su condición de Apoderada del Comité para la Defensa y el Desarrollo de la Flora y la Fauna del Golfo de Fonseca (CODDEFFAGOLF), contra la resolución No. 685-2007, que nada tiene que ver con el acto resolutivo de fecha siete de agosto del dos mil siete, (ver folio 444 del Tomo II del Expediente Administrativo No. 032-94).- c) Que el Apoderado Legal de la Empresa LORETTE CAMARONERA INDUSTRIAL S. DE R. L., se notificó personalmente de la resolución 582-2001, de fecha dieciséis de noviembre del dos mil uno, mediante la cual se le declaró sin lugar la nulidad de actuaciones que pidió a partir del acto resolutivo del siete de agosto del año del dos mil y posteriormente el once de diciembre del mismo año, pidió reposición de la citada Resolución, es decir, que ese recurso de reposición no se interpuso contra el acto de fecha siete de agosto mencionado, sino contra la Resolución 582, en todo caso, si partimos de esa reposición, la acción ha sido interpuesta extemporáneamente, lo que produce la inadmisibilidad de la acción.- Es clara la pregunta: ¿Qué hay entonces del respeto a la libre apreciación de las pruebas, realizada por el Juzgador? Como ya se ha dicho, el Juez, no está sujeto a tarifa legal en la apreciación de las pruebas, sino que debe guiarse únicamente por las reglas que dictan la lógica y el sano juicio. Pues son precisamente esas reglas de lógica las que le dan sustento a este motivo de casación, ya que no obstante esta facultad extraordinaria que tiene el juzgado, no puede ir en detrimento de algunos medios de prueba, deben ser considerados como indudables. Se dice que el error de hecho en la apreciación de las pruebas constituye una infracción indirecta o mediata de la ley. Esto significa que el quebranto surge de la deformación del hecho juzgado, porque la prueba que lo constituye se piensa que existe, o existiendo se deja de apreciar, o se valora erróneamente. En esta forma de infracción, el Juzgado parte del supuesto equivocado de que los hechos están plenamente probados, no estándolo, o viceversa, que no están plenamente probados, estándolo. En uno y otro caso el entendimiento de la prueba se halla afectado por error manifiesto de hecho, determinante de falta de aplicación o de aplicación indebida de la Ley en la sentencia. Por consiguiente, la impugnación ha de empezar por atacar la apreciación de la prueba hecha por el sentenciador. Y no sobre cualquier prueba, sino sobre aquella que tiene valor trascendente para establecer, en forma total o parcial, el hecho materia del juzgamiento. Muchos opinan que el error de hecho no debe dar lugar a la casación, mientras que otros opinan lo contrario. En el fondo, este enfrentamiento se origina en las dos formas especiales que asume el error de hecho: la una, frente a la verdad histórica; y la otra, frente a la verdad procesal. La primera presenta como una disconformidad entre los hechos declarados en la sentencia y los realmente sucedidos, esto es, entre la verdad de facto que se afirma en el fallo y la verdad material; y la segunda se evidencia como una disparidad entre los hechos reconocidos en la sentencia y los procesalmente establecidos, es decir, entre la verdad de facto que se consagra en el fallo y la verdad formal. La verdad histórica puede ser o no ser la misma que revela la prueba: si es idéntica, no hay problema, está allí, si es diferente, habría necesidad de introducirla al proceso, y en casación no hay oportunidad para ello, pues no existen términos probatorios, ya que este recurso suscita un proceso de puro derecho en el que se confronta la sentencia con la Ley. De aquí que la verdad formal establecida en el proceso constituya una “camisa de fuerza” para el Sentenciador, quien no puede romperla o zafarse de ella sin violar la Ley en materia probatoria. Por lo antes expuesto es claro y evidente que el juez A-quo y la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, no apreciaron, en el presente caso que nos ocupa que en el escrito de presentación de la demanda se debió señalar con precisión el acto impugnado, aspecto que no fue cumplido tal como lo dispone el artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su letra ch); además concurren otras causas de inadmisibilidad como ser que se trata de un acto firme y consentido y que la acción fue presentada fuera de los plazos señalados por le Ley, asimismo cabe señalar señores Magistrados que en la sentencia recurrida dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo; en su considerando segundo señala que a la demandante Sociedad LORETTE CAMARONERA INDUSTRIAL, S. DE R. L., se le violentó el derecho de defensa consignado en el artículo 82 de la Constitución de la República, en vista que la Secretaría de Recursos naturales y Ambiente (SERNA) no notificó los cargos imputados a la inculpada como dispone el artículo 89 de la Ley General del Ambiente, ya que una vez que se emitieron los Dictámenes Técnicos, no se le dieron en ningún momento el traslado correspondiente, para que hiciera uso del derecho de defensa, no obstante se puede constatar que la citada Sociedad, ha tenido conocimiento de cada uno de los informes y Dictámenes Técnicos que sobre el particular se han emitido; así como las actuaciones procesales que al respecto se ejecutaron y que detallo a continuación: Consta en el folio número 330, el auto de fecha 7 de agosto del 2000, en el cual la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, le impuso a la Sociedad Lorente, Camaronera Industrial, S. de R.L., la multa de UN MILLÓN DE LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 1,000,000.00), por haber incumplido con las medidas de mitigación establecidas en el Contrato de fecha 21 de Agosto de 1995, posteriormente mediante constancia con fecha 10 de enero del 2001, la Secretaría de Recursos naturales, hace constar que se procedió a notificar por medio de cédula de Notificación fijada en la tabla de Avisos en ese Despacho (Ver folio Número 337, del Tomo I, del Expediente 2-94), la providencia antes citada, consecuentemente la Sociedad Lorettte, Camaronera Industrial, S. de R. L., presentó manifestación solicitando se deje sin valor ni efecto la Multa impuesta, pronunciándose la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, en auto de fecha 26 de enero del 2001, declarar sin lugar lo solicitado por IMPROCEDENTE, por no haber hecho uso de los recursos debidos (Ver folio No. 341, del Tomo I, del expediente 32-94), por lo que se puede constatar Honorables Magistrados que efectivamente si se le notificó a la parte demandante de cada una de las diligencias evacuadas y que además son de su conocimiento los Informes y Dictámenes Técnicos emitidos, los cuales son parte de los Controles y Seguimientos que en su conjunto son todas las acciones realizadas durante la ejecución y/o la operación de un proyecto, para asegurar que las medidas de mitigación se están llevando a la práctica, verificando asimismo que no han aparecido nuevos impactos durante el tiempo que el proyecto ha estado en operación. Tales acciones se realizaban mediante inspecciones llevadas a cabo en las instalaciones donde ha operado el proyecto “Camaronera Lorente” y que evidentemente el titular del proyecto, conocía de los hechos que se le imputaban, y por ende, de las medidas de mitigación violentadas por la Empresa demandante. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN LOS MOTIVOS EXPRESADOS Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos: 303, 304 de la Constitución de la República; 1 y 40 de la Ley de Organización y Atribuciones de los tribunales (LOAT); 1, 4, 5, 24, 87, 88, 90, 91 y demás aplicables de la Ley de Procedimiento Administrativo; 116, 119 de la ley general de Administración Pública; 1, 6, 7, 12, 24, 46, 58, 67, 68, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 88, 110, 116, 117, 119, 129, 130, 132, 134 y demás aplicables de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 187, 899, 900, 902 causa 1º, 903 numeral 1º, 908, 909, 915, 916, 917, 918, 919, 924, 925, 926, 927, 928 del Código de Procedimientos Comunes”.- RESULTA: Que mediante auto de fecha cinco de septiembre de dos mil ocho, este Supremo Tribunal de Justicia tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada AMELIA DE JESUS MARADIAGA VILLALOBOS, ordenando dar traslado al Fiscal del Despacho por término de diez días para que éste emitiera el dictamen respectivo, haciéndolo en fecha cuatro de noviembre de dos mil ocho, la Abogada LOURDES YAMILETH CENTENO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, de la siguiente manera: “III.- OPINION. Con base en los argumentos expuestos, el Ministerio Público dictamina desfavorable a la admisión del primer motivo y tercer motivo del recurso; y favorable en cuanto a la admisión del segundo motivo del recurso”.- RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- CONSIDERANDO (1): Que la recurrente en su primer motivo de casación alega: “Con fundamento en lo estipulado en el artículo 900 del Código de Procedimientos Civiles que literalmente dice: “Habrá lugar al recurso de casación en los casos establecidos por este Código: 1º Contra las sentencias definitivas pronunciadas por las Cortes de Apelaciones…”, asimismo, el presente recurso se fundamenta en la causa siguiente: 1º Infracción de Ley o de Doctrina Legal en la parte dispositiva de la sentencia, para lo cual se desarrolla el presente motivo: El Fallo de fecha veinticuatro de junio del año dos mil ocho, dictado por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo contiene aplicación indebida de las leyes al caso del pleito, ya que, se fundamenta en preceptos que no sustentan jurídicamente al contenido de la sentencia a saber; según a lo establecido en el Código de Procedimientos Comunes, artículo 187…”.- CONSIDERANDO (2): Que el primer motivo, tal como ha sido formulado adolece de los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible: a) Señala como norma infringida el artículo 187 del Código de Procedimientos Comunes, disposición que no ostenta el carácter de sustantiva, siendo de naturaleza procesal contenida en el Código de Procedimientos Civiles. b) El Precepto Autorizante en que considera comprendido dicho motivo lo incluye como parte del cargo al indicarlo como una norma en relación a las invocadas como infringidas. c) No señala la norma que debió ser aplicada en sustitución de la que se aduce se hizo de forma indebida por el Tribunal Ad-Quem. d) No es preciso ni claro en la explicación del cargo.- CONSIDERANDO (3): Que la impetrante en su segundo motivo de casación invoca: “Violación al Artículo No. 32 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que señala: “Se admitirá la acción Contencioso Administrativa contra los actos firmes y aquellos confirmatorios de los actos firmes a que se refiere el inciso a) “Los actos firmes, es decir, aquellos que no hubieren sido recurridos en tiempo y forma o que hubieren sido consentidos expresamente, y los confirmatorios de los actos firmes consentidos, así como los que sean reproducción de otros anteriores ya definitivos o firmes”, cuando fueren nulos de pleno derecho y estén surtiendo efectos; pero ello únicamente para fines de su anulación e inaplicabilidad futura”.- CONSIDERANDO (4): Que al igual que en el primer motivo, este segundo no constituye una proposición jurídica completa, ya que el censor incurre en los siguientes defectos: a) La disposición contenida en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, citada como infringida, es una norma de carácter adjetiva ó procesal, inviolable para los efectos de casación. b) No señala el precepto autorizante en que considera comprendido el cargo, lo cual deriva que este segundo motivo tampoco resulte admisible.- CONSIDERANDO (5): Que el censor del fallo en su tercer motivo de casación sostiene: “Violación al artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en lo relativo a que la demanda deberá contener entre otros….. a, b, c, ch) Los hechos en que se base la acción indicada en su caso con toda precisión el acto impugnado”.- CONSIDERANDO (6): Que analizada la formulación de este tercer motivo, no cabe duda que la recurrente al invocar la infracción del artículo 46 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que no es una norma de naturaleza sustantiva y por ende no susceptible de infracción para los efectos del extraordinario recurso de casación, además de realizar alegatos propios de instancia y análisis del material probatorio que a su criterio no fue apreciado por el Tribunal Ad-quem, hace que este motivo resulte también inadmisible.- CONSIDERANDO (7): Que en la formalización del recurso de casación, que no es más que una segunda frontera procesal que tiene que atravesar el recurso en su avance hacia el trámite de la admisión, a la recurrente se le exige el cumplimiento de determinados requisitos a los que debe dar cumplimiento si quiere que el recurso siga siendo viable, siendo preciso poner el más exquisito cuidado, la más delicada atención, pues cualquier olvido u omisión, produce la inadmisión del recurso, atenciones y cuidados procesales que no fueron observados en la preparación del presente recurso, produciendo con ello que no proceda su admisión.- CONSIDERANDO (8): Que por las razones expuestas anteriormente, no es procedente la admisión del recurso de mérito en sus tres motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, vista la opinión del Fiscal y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 315 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1o. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 916, 919 numeral 1, 920 numerales 2 y 7 del Código de Procedimientos Civiles; 89, 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: PRIMERO: DECLARANDO NO HABER LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres (3) motivos.- SEGUNDO: SIN COSTAS, por haber tenido motivo bastante para litigar.- Y, MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diecinueve días del mes de Agosto del Dos Mil Diez; Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de junio del dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación número 346-08.

LUCILA CRUZ MENÈNDEZ

SECRETARIA GENERAL