Sentencia CA-334-08 — Registro 7509
Resumen
En segunda instancia se reforma parcialmente el numeral segundo de la sentencia dictada por el juzgado en cuanto a reconocer el salario mensual de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del Arancel del profesional de Derecho, no siendo este en forma retroactiva, sino hasta que quede firme esta sentencia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que en la estructura de la parte dispositiva de dicha sentencia, para el caso de la reforma parcial del fallo apelado, el Tribunal Ad-Quem debió haber particularizado que partes del mismo requerían ser modificados, separando los que se confirmaban con los que se revocaban, con base en la motivación correspondiente, lo cual se omitió, por lo tanto le falta claridad y precisión a dicha sentencia, ya que el pronunciamiento de la misma debe ser evidente e inteligible, conforme a las pretensiones deducidas en el proceso. "
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 190 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1586 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., veintiséis de abril del dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Casación por Infracción de Ley, formalizados ante este Tribunal de Justicia en fecha veinte de agosto de dos mil ocho, por el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de Apoderado Legal del Estado de Honduras y en fecha cinco de septiembre de dos mil ocho, por el Licenciado EDWIN ALONSO CASTRO IRAHETA, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, quien actúa en nombre propio y en su condición de apoderado legal de los señores NORMA PATRICIA SANTOS ANDINO, CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS, JUANA ARACELY PAVON ALCERRO, JUNIOR ABRAHAN OVIEDO DOMINGUEZ, IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI, LEXS OSBERTO MEJIA MURILLO, SANTOS MANUEL ZALDIVAR BARAHONA, DORIS LETICIA GUERRA ZALDIVAR, DIANY ESTRELLA ALVARADO RODRIGUEZ, MARIA BERSABE STEVENSON CENTENO, FATIMA AURORA RIVERA MATUTE Y XOCHILT YADIRA CARDONA QUAN, en relación a la demanda de nulidad de un acto administrativo contenido en una resolución emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las medidas necesarias para el pleno restablecimiento de la misma, pago de reajuste salarial y reajuste en el pago de prestaciones laborales de conformidad con el Arancel del Profesional del Derecho, pago de intereses comerciales sobre el monto del reajuste salarial al día en que se ejecute en su totalidad la sentencia, y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, en fecha veinte de julio de dos mil seis, por el Abogado ERNESTO URREA PEÑA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado legal de los señores EDWIN ALONSO CASTRO IRAHETA, soltero, NORMA PATRICIA SANTOS ANDINO, casada, CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS, soltero, JUANA ARACELY PAVON ALCERRO, casada, JUNIOR ABRAHAN OVIEDO DOMINGUEZ, soltero, IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI, casado, LEXS OSBERTO MEJIA MURILLO, casado, SANTOS MANUEL ZALDIVAR BARAHONA, soltero, DORIS LETICIA GUERRA ZALDIVAR, soltera, DIANY ESTRELLA ALVARADO RODRIGUEZ, casada, MARIA BERSABE STEVENSON CENTENO, casada, FATIMA AURORA RIVERA MATUTE Y XOCHILT YADIRA CARDONA QUAN, todos mayores de edad, Licenciados en Ciencias Jurídicas y Sociales, hondureños y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), dependiente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, por medio de la Procuradora General de la República, señora ROSA AMERICA MIRANDA RIVERA, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña y de este domicilio. Los recursos de casación se interpusieron contra la sentencia de fecha veinte de junio de dos mil ocho, proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a nivel Nacional, mediante la cual falló: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, apoderado legal de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI).- SEGUNDO: REFORMAR PARCIALMENTE EL NUMERAL SEGUNDO de la sentencia definitiva de fecha veintiséis de febrero de dos mil ocho, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que aparece del folio número doscientos noventa y tres (293) al folio número doscientos noventa y seis vuelto (296 v.) de la pieza principal de autos, en cuanto a reconocer el salario mensual de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del Arancel del profesional de Derecho, no siendo este en forma retroactiva, sino hasta que quede firme esta sentencia y el numeral tercero para declarar sin lugar el complemento de las prestaciones laborales, en virtud de que no es aplicable la retroactividad del artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho”, sentencia del A-quo que a la letra dice: “PRIMERO: Declarar procedente la Acción promovida por el Abogado ERNESTO URREA PEÑA en su condición de Apoderado legal de los señores EDWIN ALONSO CASTRO IRAHETA, NORMA PATRICIA SANTOS ANDINO, CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS, JUANA ARACELY PAVON ALCERRO, JUNIOR ABRAHAN OVIEDO DOMINGUEZ, IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI, LEXS OSBERTO MEJIA MURILLO, SANTOS MANUEL ZALDIVAR BRAHONA, DORIS LETICIA GUERRA ZALDIVAR, DIANY ESTRELLA ALVARADO RODRIGUEZ, MARIA BERSABE ESTEVENSON CENTENO, FATIMA AURORA RIVERA MATUTE Y XOCHILT YADIRA CARDONA QUAN, por no ajustarse a Derecho el Acto Administrativo impugnado consistente en la resolución DEI 0279-D 2006 de fecha 28 de abril de 2006, por medio de la cual declaró SIN LUGAR el reclamo Administrativo que solicitaba el pago en forma retroactiva de reajuste salarial de los demandantes de conformidad a lo establecido en el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, y de pago de REAJUSTE DE PRESTACIONES LABORALES PARA XOCHILT CARDONA QUAN- En consecuencia SE ANULA TOTALMENTE DICHA RESOLUCION.- SEGUNDO: Reconocer la situación Jurídica de los y las demandantes, y para su pleno restablecimiento condena al ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Finanzas a: 1) Reconocerle a los demandantes EDWIN ALONSO CASTRO IRAHETA, NORMA PATRICIA SANTOS ANDINO, CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS, JUANA ARACELY PAVON ALCERRO, JUNIOR ABRAHAN OVIEDO DOMINGUEZ, IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI, LEXS OSBERTO MEJIA MURILLO, SANTOS MANUEL ZALDIVAR BRAHONA, DORIS LETICIA GUERRA ZALDIVAR, DIANY ESTRELLA ALVARADO RODRIGUEZ, MARIA BERSABE ESTEVENSON CENTENO y FATIMA AURORA RIVERA MATUTE el salario mensual de acuerdo a lo establecido en el Artículo 89 del Arancel de Profesionales del Derecho, y por ello nivelarles el salario que devengan en la actualidad, a lo establecido en dicho artículo.- 2) Pago en forma retroactiva de la cantidad que resulte de ajustar los salarios que devengaban los demandantes en cada año laborado, con el establecido en el artículo 89 del Arancel de Profesionales del Derecho, desde la fecha que entró en vigencia dicho Arancel, o en su defecto desde la fecha en que algunos de los demandantes empezaron a laborar para dicha Secretaría, si su comienzo es posterior a la entrada en vigencia de dicho Arancel, y hasta la fecha en que se efectúe debidamente la nivelación de salario ordenada en el numeral anterior.- 3) Pagarle a la demandante XOCHILT CARDONA QUAN el complemento de sus prestaciones laborales las cuales debieron haber sido calculadas conforme a la aplicación del Artículo 89 Arancel de profesionales del Derecho, desde la fecha en que éste entró en vigencia.- Siendo imperativo diferir al período de ejecución, la determinación específica de valores derivados del derecho de los demandantes por este fallo declarado, pues no constan en autos suficientes datos de índole salarial y de antigüedad de los demandantes, que coadyuven a su liquidación en el presente fallo.” Sin costas en ambas instancias. RESULTA: Que en fecha veinte de agosto de dos mil ocho, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, en su condición de Apoderado Legal del Estado de Honduras, formalizando el Recurso de Casación que en su oportunidad interpuso, de la manera siguiente: “…“EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACION” PRIMER MOTIVO Hay violación a la Ley en el fallo del emitido por el Ad-Quem, por falta de aplicación del artículo 3 párrafo tercero, 14, 15 de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, relacionado con los artículos 31 numeral 1), literal f) de la Ley de Equidad Tributaria, y artículos 184, 185 numeral 1, 205 numeral 1, 213, 228 y 333 de la Constitución de la Republica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral 1° del Código de Procedimientos Civiles que a la letra dice: Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o de doctrina legal: 1.- Cuando el fallo contenga violación, interpretación errónea, o aplicación indebida de las Leyes o doctrinas legales, aplicables al caso del pleito... EXPLICACION DE LA VIOLACION: El Juez Ad-quem en su Fallo comete violación a la Ley ya arriba relacionada, por falta de aplicación a los artículos 3 párrafo tercero, 14, 15 de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, relacionado con el artículo 31 numeral uno literal f) de la Ley de Equidad Tributaria, lo anterior en virtud de que el Ad-Quem con su Fallo declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por parte de mi Representada, y reforma parcialmente la sentencia definitiva del Juez A-Quo (sentencia de Primera Instancia a folio 293 al 296) en sus numerales segundo y tercero, incurriendo así en falta de aplicación de dicho Ordenamiento jurídico, ya que conforme a derecho el Ad-Quem debió REVOCAR EN CADA UNA DE SUS PARTES ES DECIR TOTALMENTE A FAVOR DE MI REPRESENTADO LA SENTENCIA DICTADA POR EL A-QUO, POR NO ESTAR APEGADA A DERECHO LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.- De lo cual el fallo de Segunda Instancia que corre agregado de folio cuarenta y uno (41) a folio cuarenta y tres (43) de la segunda pieza de autos, emitido por el Juzgado de Letras de Lo Contencioso Administrativo, el cual fue favorable parcialmente al Demandante, por considerar el A-quo que el Acto Administrativo impugnado no estaba enteramente ajustado a Derecho.- Fallo que es parcialmente no conforme a derecho e injusto, ya que es totalmente evidente que el Acto Administrativo impugnado, contenido en Resoluciones Nº DEI-0279-D-2006, emitida por la Dirección Ejecutiva de Ingresos en fecha 28 de abril del año 2006 (corre agregada de folio 143 al folio 157 de la primera pieza de autos), y Resolución Nº A.L. 172/2006, emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas en fecha 21 de junio del año 2006 (que corre agregada a folio 166 al 167 de la primera pieza de autos), mismas que corren agregadas en expediente administrativo respectivamente, fueron emitidas apegadas y conforme a Derecho en virtud de que las mismas expresan claramente los fundamentos legales aplicables al caso que nos ocupa, mismos que contienen el sustento legal que justifica la existencia de cada Resolución.- Así mismo la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, contenida en el Decreto Legislativo número 220-2003, preceptúa claramente en su artículo 3 párrafo tercero que “Las Secretarías del Estado y demás Instituciones reguladas por esta Ley no podrán modificar, ni negociar o aprobar cambios en el sistema retributivo que afecte la asignación presupuestaria mencionada en el párrafo primero del presente artículo o que comprometa Recursos del Estado para el pago de salarios sin la previa autorización por escrito de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, la que otorgará en base a un dictamen de la Dirección General de Presupuesto, sin que en todo caso exceda el techo presupuestario mencionado en el párrafo anterior”.- Además en el artículo 14 de la misma Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, terminante dispone que: El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley por parte de los funcionarios encargados de su aplicación acarreará responsabilidad administrativa, civil y penal.- El Tribunal Superior de Cuentas deberá vigilar su aplicación.- “Y finalmente el articulo 15 del mismo Ordenamiento legal contiene una derogatoria expresa de todas las disposiciones legales que en materia retributiva se oponga en su contenido: de lo cual resulta que las normas salariales que invade el arancel del profesional del derecho fueron expresamente derogadas, a partir de la vigencia de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central.- Por ende es evidente que el Ad-Quem en su Fallo obvia dichas Resoluciones administrativas, y viola la Ley, a lo establecido en el Artículo 3 párrafo tercero de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, infringiéndose así dicho Ordenamiento Jurídico, por la no aplicación del mismo en su fallo, que para ilustración establece Artículo 3 párrafo tercero de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central,: “El gasto total por concepto de salario integral mas otras compensaciones del Gobierno Central e Instituciones Desconcentradas, no podrán exceder las relaciones porcentuales del producto interno bruto (PIB) de cada año, que se indican a continuación: Diez punto cuatro por ciento (10.4%) en el año 2003; diez punto cero por ciento (10.0%) en el año 2005; nueve punto seis por ciento (9.6%) en el año 2006”.- Con base en lo anterior, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, dictará las políticas que en materia de retribuciones, deberán seguir las Instituciones del Gobierno Central e Instituciones Desconcentradas para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de cada ejercicio fiscal, que será sometido a la aprobación del Congreso Nacional.- Dicha Secretaría fijará además los techos presupuestarios para la totalidad de las remuneraciones que deberán pagarse a los servidores públicos, que laboren para el Gobierno Central y las Instituciones Desconcentradas del Estado.- Aunado a lo anterior simplemente como ilustración Honorables Magistrados relacionamos el contenido de la Ley violada, la Constitución de la República (Carta Magna), misma que es la base fundamental de nuestro Ordenamiento Jurídico Nacional, establece claramente en sus artículos 213 al 221, particularmente en su artículo 213, que establece quienes tienen exclusivamente iniciativa de Ley, y para ilustración, literalmente dice: ARTICULO 213 (constitucional): “Tienen exclusivamente la iniciativa de Ley los Diputados al Congreso Nacional, el Presidente de la República, por medio de los Secretarios de Estado, así como la Corte Suprema de Justicia, y el Tribunal Nacional de Elecciones, en asuntos de su competencia”.- La Constitución de la República que es el primordial estamento Legal de nuestro País, el cual priva a cualquier otra Ley de la Nación, en ningún momento inviste al Colegio de Abogados de Honduras, de Iniciativa de Ley, ya que esta facultad es EXCLUSIVA de las ya mencionadas en el articulo 213 anteriormente citado, y es el caso que el Juez A-quo en su Considerando (3), manifiesta en conclusión que el Colegio de Abogados de Honduras emite el Arancel en referencia, en virtud de que el Congreso Nacional le ha otorgado dicha facultad.- Así mismo el Juez A-quo hace una trascripción del artículo 89 de dicho Arancel del Profesional del derecho, aprovechando Honorables Magistrados hacer notar específicamente la frase “que se desempeñen como tal” de dicho artículo, a lo cual el mismo tiene el objetivo de dar a entender a aquellos Profesionales del derecho que efectivamente ejecuten una labor ligada directamente con su Profesión.- Está claro en La Constitución de la Republica que el Colegio de Abogados de Honduras NO tiene iniciativa de ley, por no estar incluido en el precepto constitucional artículo 213, por ende dicho Arancel del Profesional del derecho no tiene fuerza imperativa en su aplicación, por no ser una Ley de la República de Honduras.- Por ende es ilógico y casi irracional lo manifestado por el Juez A-quo, en el sentido de basar su sentencia en lo establecido en la Ley de Equidad Tributaria y otras Leyes a las cuales hace mención, como si las mismas estuvieren por encima o sobre la Carta Magna Constitución de la República; por otro lado el A-quo da al Arancel del Profesional del Derecho la categoría de Ley, categoría que perfectamente sabemos que no la ostenta, ya que simple y sencillamente no reúne los requisitos que la Ley establece para ostentar esa calidad, y aduce que por esas razones, ha fallado de la manera en que lo hizo, declarando el Ad-Quem con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto, obviando así la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, en virtud de que las mismas uniforman y regulan la política de sueldos en el Sector Gubernamental, al ordenar el régimen Salarial del Gobierno Central, y de las Instituciones Desconcentradas del Estado; y no así el Arancel del Profesional del Derecho, que no debe ni puede tomarse como una Ley, ya que si bien es cierto en el decreto 82-96, el Congreso Nacional le permitió al Colegio de Abogados de Honduras, para emitir su Reglamento y su propio Arancel, pero no es menos cierto que todo el Proyecto de Ley debe ser introducido a la Cámara Legislativa por los Poderes del estado que tienen iniciativa de Ley, así mismo observar los procedimientos establecidos, y ser publicado en el Diario oficial la Gaceta a solicitud del Congreso Nacional en la Sección de Leyes y Decretos, para que se convierta en Ley de la República con vigencia a nivel Nacional.- Así mismo el Juez Ad-Quem en su Fallo obvia dichas Resoluciones y lo establecido en el Artículo 3 párrafo tercero de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, infringiéndose asi dicho Ordenamiento Jurídico y por ende cometiendo el Ad-Quem violación a dicho precepto jurídico por la no aplicación del mismo en su fallo, que para ilustración establece Artículo 3 párrafo tercero de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central,: “El gasto total por concepto de salario integral mas otras compensaciones del Gobierno Central e Instituciones Desconcentradas, no podrán exceder las relaciones porcentuales del producto interno bruto (PIB) de cada año, que se indican a continuación: Diez punto cuatro por ciento (10.4%) en el año 2003; diez punto cero por ciento (10.0%) en el año 2005; nueve punto seis por ciento (9.6%) en el año 2006”.- Con base en lo anterior, la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, dictará las políticas que en materia de retribuciones, deberán seguir las Instituciones del Gobierno Central e Instituciones Desconcentradas para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de cada ejercicio fiscal, que será sometido a la aprobación del Congreso Nacional.- Dicha Secretaría fijará además los techos presupuestarios para la totalidad de las remuneraciones que deberán pagarse a los servidores públicos, que laboren para el Gobierno Central y las Instituciones Desconcentradas del Estado.- En consecuencia Honorables Magistrados la Sentencia del Ad-Quem viola específicamente la disposición sustantiva del artículo 3 párrafo tercero de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, ya que esa Corte Sentenciadora no debió admitir el Recurso de Apelación en forma parcial, y con dicha Resolución atentar contra las Finanzas del Estado; consideramos que estos elementos de juicio son suficientes para que esa Honorable Corte Suprema de Justicia admita el presente motivo y CASE PARCIALMENTE A la sentencia DEL AD-QUEM, en vista Honorables Magistrados, que no es legalmente posible reconocer a los demandantes el salario mensual de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del arancel del profesional del derecho.- POR LAS RAZONES ANTES EXPUESTAS, EL FALLO RECURRIDO NO SE ENCUENTRA ENTERAMENTE AJUSTADO A DERECHO. SEGUNDO MOTIVO HAY ERROR DE HECHO en la apreciación de las Pruebas (documental e inspección-acto auténtico), propuesta en tiempo y forma por la parte demandada, y que determinan la Infracción por falta de aplicación de los artículos 1496, 1497, 1499, 1522 y 1523 del Código Civil, relacionados con el artículo 321 numeral 3 y 352 del Código de Procedimientos Civiles. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este segundo motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles, que a la letra dice: “Habrá lugar al Recurso de Casación por Infracción de Ley o Doctrina Legal:... ; 7o.- Cuando en la apreciación de las pruebas haya habido error de Derecho, O ERROR DE HECHO, SI ESTE ÚLTIMO RESULTA DE DOCUMENTOS O ACTOS AUTÉNTICOS QUE DEMUESTREN LA EQUIVOCACIÓN EVIDENTE DEL JUZGADOR”. EXPLICACION DE LA INFRACCION: El Fallo del Juez Ad-quem contiene ERROR DE HECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA DOCUMENTAL E INSPECCION PROPUESTA EN TIEMPO Y FORMA POR LA PARTE DEMANDADA, en virtud que el Ad-Quem con su Fallo declara con lugar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por parte de mi Representada, y reforma parcialmente la sentencia definitiva del Juez A-Quo en sus numerales segundo y tercero, lo cual perjudica directamente al Presupuesto General de la República por reconocer el Ad-Quem a los demandantes el salario mensual establecido en el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, y en definitiva la sentencia del A-quo con su fallo obvia la prueba propuesta por la parte demandada en primera Instancia, ya que el Juez A-Quo no apreció, no determinó, ni tomo en cuenta dicha prueba.- Además expresamos contundentemente los agravios de mérito en el proceso del juicio, que constan agregados de folio número 10 al 14 de la segunda pieza de autos, con los cuales en Segunda Instancia confirmamos y reiteramos nuestra oposición y total inconformidad contra la Sentencia del Juez A-Quo a la cual apelamos en su momento; asimismo en la Primera Instancia del Juicio nos auxiliamos en forma precisa y concreta de 5 medios de prueba Inspección, y del medio de prueba documental, 6 Medios de Prueba aportados por el demandado en su momento corren agregados de folio 221 al 228, y de folio 277 al 278 de la primera pieza de autos), mismos que fueron evacuados en su momento, pero resulta Honorables Magistrados que lamentablemente la prueba inspección y documental fue desestimada absolutamente por el Juez Ad-quem en su fallo al hacer suya la sentencia del Juez A-quo, y por ende la prueba no fue debidamente apreciada por la Corte Sentenciadora, porque dicha Corte no tomó en consideración los documentos (prueba documental) y las inspecciones, que son prueba clave para decidir el presente caso a favor de mi Representado, medios de prueba documental e inspección antes relacionados, en los cuales apoyamos y fundamentamos nuestros alegatos, obteniendo por ello un fallo parcialmente adverso a mi Representado, lo que viene a demostrar que si hubo equivocación evidente en el fallo pronunciado.- En la Sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora al declarar parcialmente con lugar los agravios propuestos por nuestra parte, cabe señalar Honorables Magistrados, que habiendo demostrado dicha Corte Sentenciadora en su Fallo, que estaba prácticamente desconociendo los agravios expresados por nuestra parte en relación con el presente motivo de casación; por lo que la apreciación de las pruebas no ha sido la correcta, y la cual no ha sido tomada en cuenta por parte de la Corte Sentenciadora, con estas apreciaciones estimamos que sí existen suficientes meritos para admitir el presente motivo y Casar la Sentencia del Ad-quem parcialmente en cuanto a no reconocer a los demandantes el pago del salario establecido en articulo 89 del arancel del profesional del derecho.- Por último consideramos mencionar Honorables Magistrados, que en Segunda Instancia acompañamos junto a la expresión de agravios CONSTANCIAS ORIGINALES DE SUELDOS ACTUALES, y antigüedad de los demandantes, con las cuales se acredita que algunos de los demandantes ya ganan Lps.21,000.00 ó más de esta cantidad, aunado a lo anterior algunos ya no laboran con la Dirección Ejecutiva de Ingresos, todo lo cual corre agregado de folios 15 a folio 24 de la segunda pieza de autos.- POR LAS RAZONES ANTES EXPUESTAS, EL FALLO RECURRIDO NO SE ENCUENTRA ENTERAMENTE AJUSTADO A DERECHO”. RESULTA: Que este Tribunal de Justicia dictó providencia en fecha veinticinco de agosto de dos mil ocho, mediante la cual tuvo por formalizada en tiempo la demanda de casación por parte del Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, en su condición de Apoderado Legal del ESTADO DE HONDURAS, ordenando en consecuencia dar traslado de los antecedentes al señor Fiscal de este Despacho, para que dentro del término de diez días procediera a emitir el dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito. RESULTA: Que en fecha cinco de septiembre de dos mil ocho, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Licenciado EDWIN ALONSO CASTRO IRAHETA, actuando en nombre propio y en su condición de Apoderado Legal de los señores NORMA PATRICIA SANTOS ANDINO, CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS, JUANA ARACELY PAVON ALCERRO, JUNIOR ABRAHAN OVIEDO DOMINGUEZ, IBRAN MIGUEL BUESO PARANKI, LEXS OSBERTO MEJIA MURILLO, SANTOS MANUEL ZALDIVAR BARAHONA, DORIS LETICIA GUERRA ZALDIVAR, DIANY ESTRELLA ALVARADO RODRIGUEZ, MARIA BERSABE STEVENSON CENTENO, FATIMA AURORA RIVERA MATUTE Y XOCHILT YADIRA CARDONA QUAN, formalizando su Recurso de Casación, de la manera siguiente: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION. PRIMER MOTIVO: Acuso la sentencia recurrida por “Infracción por falta de aplicación del artículo 2 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras, reformado mediante Decreto Legislativo numero 82-96 de fecha 30 de mayo de 1996, en relación con el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, que hace incurrir al infractor en error de derecho” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral primero del Código de Procedimientos Civiles, en la parte que dice: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: cuando el fallo contenga violación... de la ley... aplicable al caso del pleito.” EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASI: El artículo 2 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras, reformado mediante Decreto Legislativo número 82-96 de fecha 30 de mayo de 1996, taxativamente establece: “Corresponde al Colegio de Abogados de Honduras, establecer los Aranceles Judicial, Administrativo y Notarial que regulen los montos mínimos de los honorarios que devengarán los profesionales del derecho en el ejercicio de su profesión.”. Por su parte, el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho establece: “EMPLEADO PERMANENTE EN INSTITUCIONES PUBLICAS Y PRIVADAS: el Profesional del Derecho que labora permanentemente a tiempo completo en Instituciones Publicas, centralizadas, descentralizadas, autónomas, semi-autónomas y empresa mixtas, Los tres Poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y Empresa Privada en general que se desempeñen como tal, devengaran un sueldo mínimo mensual de Lps.22,000.00 y aumentos anuales de acuerdo al índice inflacionario establecido por el Banco Central de Honduras y en caso de que las Instituciones Privadas otorguen un aumento mayor, se aplicara éste según la conveniencia del Profesional del Derecho”. Siendo que mis representados son y han sido empleados a tiempo completo, entonces, como profesionales del derecho les es aplicable lo preceptuado por el articulo 89 del Arancel del Profesional del Derecho. Por lo que procede se CASE TOTALMENTE la sentencia en este motivo. SEGUNDO MOTIVO: Acuso la sentencia recurrida por “Infracción por falta de aplicación del artículo 2295 obligación segunda del Código Civil, en relación con el artículo 2302 del Código Civil, que hace incurrir al infractor en error de derecho”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral primero del Código de Procedimientos Civiles, en la parte que dice: “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o doctrina legal: cuando el fallo contenga violación...de la ley...aplicable al caso del pleito.” EL CONCEPTO DE LA INFRACCION LO EXPLICO ASI: El artículo 2295 obligación segunda del Código Civil, sucintamente establece que por el transcurso de dos (2) años prescriben las acciones de: ... “2ª. La de cualesquiera otros pagos que deban hacerse por años o en plazos mas breves.” Honorable Corte Suprema, mis representados desde su Reclamo Administrativo, el escrito de demanda y la actual demanda de casación, fundamenta que su derecho de acción accesa hasta los dos años atrás desde que interpuso su reclamación, es decir, que su derecho de reclamar nace a partir del 08 de Julio del 2003, entonces, como es de aberrante una sentencia definitiva, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al REVOCARLE el derecho al pago retroactivo por ajuste al salario conforme al Arancel del Profesional de Derecho, sin expresar con claridad y precisión si fue por que ya le había prescrito ese derecho o por el remoto caso de no corresponderle, que creemos, que en este último tampoco es aceptable, por que si por una parte reconoce la aplicabilidad del Arancel en mención, entonces, por otra parte, no puede restringir los mismos derechos reconocidos por el mismo tribunal en su fallo. Y, en el caso de haber caído en la prescripción tampoco es aceptable, por cuanto, el artículo 2302 del Código Civil establece: “La interrupción de la prescripción de acciones en las obligaciones solidarias a todos los acreedores o deudores, esta disposición rige igualmente respecto a los herederos del deudor en toda clase de obligaciones. En las obligaciones mancomunadas, cuando el acreedor no reclame de uno de los deudores mas que la parte que le corresponda, no se interrumpe por ello la prescripción respecto a los otros codeudores”, lo cual es aplicable en el caso de autos. De manera, que con ese fallo, el Ad-quem, no fue claro y preciso tal como lo manda el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles en relación con el articulo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por lo que procede se CASE PARCIALMENTE la sentencia en este motivo. NULIDAD SUBSIDIARIA De conformidad con el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, relacionado con el artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, establece: “Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.” Resulta que la Sentencia recurrida, en el numeral Segundo de su parte dispositiva expresa: SEGUNDO: REFORMAR PARCIALMENTE EL NUMERAL SEGUNDO de la Sentencia Definitiva de fecha veintiséis de febrero de dos mil ocho, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que aparece del folio número doscientos noventa y tres (293) al folio número doscientos noventa y seis (296 v.) de la pieza principal de autos...”. Repárese Corte Suprema, el Ad-Quem niega el derecho a los ajustes retroactivos, que fueron reconocidos por el Aquo, pero no indica con claridad y precisión en su motivación si fue por estar prescrito o por no corresponderles, y al no establecer estos extremos la sentencia es TOTALMENTE CONFUSA que causa su nulidad”. RESULTA: Que este Tribunal de Justicia dictó providencia en fecha ocho de septiembre de dos mil ocho, mediante la cual tuvo por formalizada en tiempo la demanda de Casación por parte del Licenciado EDWIN ALONSO CASTRO IRAHETA, actuando en nombre propio, y en su condición de apoderado legal de los señores NORMA PATRICIA SANTOS ANDINO, CARLOS ALBERTO MONTES MANZANOS, JUANA ARACELY PAVON ALCERRO, y otros, ordenando en consecuencia dar traslado de los antecedentes al señor Fiscal de este Despacho, para que dentro del término de diez días procediera a emitir el dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito”. RESULTA: Que en fecha diecinueve de noviembre de dos mil ocho, compareció ante este Supremo Tribunal de Justicia la Abogada LOURDES YAMILETH CENTENO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, emitiendo dictamen respecto al recurso de casación formalizado por el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, de la siguiente manera: “OPINION Con base en los argumentos expuestos, el Ministerio Público dictamina desfavorable a la admisión del primer y segundo motivo del recurso”. RESULTA: Que en esa misma fecha compareció la Abogada LOURDES YAMILETH CENTENO, en su condición precitada, emitió dictamen respecto al recurso de casación formalizado por el Abogado EDWIN ALONSO CASTRO IRAHETA, de la siguiente manera: “...III.- OPINIÓN Por las circunstancias antes señaladas, el Ministerio Público, se pronuncia por la inadmisibilidad del primer motivo y dictamina FAVORABLE a la admisión del segundo motivo del recurso; así como a la nulidad subsidiaria planteada”. RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión de los recursos de mérito. CONSIDERANDO (1): Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional en fecha veinte (20) de junio del dos mil ocho (2008) dictó Sentencia Definitiva declarando CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de Apelación interpuesto por el Abogado MARCO ANTONIO ELVIR ROCHA, Apoderado de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), REFORMANDO PARCIALMENTE EL NUMERAL SEGUNDO de la sentencia definitiva de fecha veintiséis de febrero del dos mil ocho, dictada por el Juzgado A-quo, en cuanto a reconocer el salario mensual de acuerdo a lo establecido en el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, no siendo en esta forma retroactiva, sino hasta que quede firme dicha sentencia y el numeral tercero para declarar sin lugar el complemento de las prestaciones laborales, en virtud de que no es aplicable el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho. Sin costas. CONSIDERANDO (2): Que en la estructura de la parte dispositiva de dicha sentencia, para el caso de la reforma parcial del fallo apelado, el Tribunal Ad-Quem debió haber particularizado que partes del mismo requerían ser modificados, separando los que se confirmaban con los que se revocaban, con base en la motivación correspondiente, lo cual se omitió, por lo tanto le falta claridad y precisión a dicha sentencia, ya que el pronunciamiento de la misma debe ser evidente e inteligible, conforme a las pretensiones deducidas en el proceso. CONSIDERANDO (3): Que el juzgador al emitir sus resoluciones debe observar las normas procesales de cumplimiento obligatorio para lograr la efectividad del derecho material. CONSIDERANDO (4): Que la nulidad absoluta, debe cuando conste en autos declararse de oficio aunque las partes no lo soliciten. Que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención. CONSIDERANDO (5): Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. CONSIDERANDO (6): Que la falta de una sentencia clara, precisa, exhaustiva y congruente viola el derecho a la tutela judicial efectiva, por ende procede declarar la nulidad de la sentencia recurrida. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y, en aplicación de los artículos 303, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 183 y 190 del Código de Procedimientos Civiles; 9, 11, 1586, 1589 del Código Civil; 35, 89 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia.- FALLA: DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia definitiva dictada en fecha veinte (20) de junio del dos mil ocho (2008), por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, visible a folios 41 al 43 de la segunda pieza de autos.- Y MANDA: Que con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho.- Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA, COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM.- JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C., a los diez días del mes de junio de dos mil diez, a solicitud del Abogado EDWIN ALONSO CASTRO IRAHETA. Certificación de la sentencia de fecha veintiséis de abril de dos mil diez, recaída en el recurso de casación No. S.L.334-08.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL