Sentencia CA-333-08 — Registro 7544
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción incoada por el demandante, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en la resolución numero 256/2005-SG-T.S.C del 1 de Marzo del 2005, se anula totalmente y se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo en la forma expuesta carece de claridad y precisión, por un lado se formulan dos conceptos de infracción como si fueran uno solo, ya que la censora esgrime que la violación es: “por aplicación interpretación errónea del artículo….” siendo la omisión o falta de aplicación un concepto y la interpretación errónea otro, incompatibles entre si, debiendo en todo caso formularse separadamente. Por otro lado, la disposición citada como infringida es de naturaleza adjetiva y no sustantiva, por tanto inviolable para los efectos de este recurso extraordinario"
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 920, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticinco de junio de dos mil diez.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de ley formalizado ante éste Alto Tribunal de Justicia en fecha veintisiete de agosto de dos mil ocho, por la Licenciada KAREN YADIRA MARTINEZ VILLATORO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, actuando como apoderada legal del TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS; en relación a la demanda de anulación contra un acto administrativo contenido en la resolución número 256/2005-SG-T.S.C del Tribunal Superior de Cuentas, que se declare la nulidad del acto impugnado y se reconozca una situación jurídica individualizada, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial, en fecha Siete de marzo de dos mil seis, por el señor ADIN ALBERTO ORDOÑEZ PALMA, mayor de edad, Casado, Ingeniero Civil, hondureño y de este domicilio, contra el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, a través de su Presidente, Abogado RENAN SAGASTUME FERNANDEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, en fecha dieciséis de julio de dos mil ocho, la cual CONFIRMÓ la sentencia definitiva de fecha veintiocho de marzo de dos mil ocho, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, misma que a la letra dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar Procedente la acción incoada por el señor ADIN ALBERTO ORDOÑEZ PALMA, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en la resolución numero 256/2005-SG-T.S.C del 1 de Marzo del 2005, en consecuencia se anula totalmente. SEGUNDO: Se reconoce la Situación Jurídica Individualizada del demandante consistente en la no aplicación de lo ordenado en la resolución anulada”.- RESULTA: Que en fecha Veintisiete de agosto de dos mil ocho, compareció ante éste Alto Tribunal de Justicia la Licenciada KAREN YADIRA MARTINEZ VILLATORO, en su carácter ya expresado, formalizando su demanda de Casación de la manera siguiente: “EXPRESION DEL MOTIVO DE CASACION PRIMER MOTIVO: Infracción de la Ley por aplicación interpretación errónea del artículo 48 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en relación con el artículo 55 de dicha Ley, y artículos 123 y 140 del Reglamento a la Ley. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 903 numeral 1) del Código de Procedimientos Civiles. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El concepto de la Infracción se explica así: La Contraloría General de la República, hoy Tribunal Superior de Cuentas y de conformidad a sus facultades y además de los Informes como resultados de las intervenciones fiscalizadoras, que son las mas importantes, emitía diferentes tipos de Informes… todos éstos con procedimientos especiales en su investigación y trámite y con un plazo de Treinta (30) días para emitirse la resolución una vez impugnados, y las que se notifican individualmente por cualquiera de las modalidades señaladas en el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, e Informes que se emiten de forma independiente, tal como lo exprésale articulo 123 de su reglamente; no obstante lo anterior, y por una interpretación errónea del Juez Q-QUO y del Ad-Quem, estiman un plazo de treinta (30) días para la emisión de la Resolución, sin considerar que en los casos de intervenciones fiscalizadores de responsabilidades civiles su procedimiento está regulado en los artículos 138 al 146 de su Reglamente; pudiéndose apreciar, que n el artículo 140m no se determina plazo alguno, y que el artículo 55 de la precitada Ley, es claro en señalar: Que una vez presentada o recibida la impugnación, la resolución dictada al efecto puede notificarla dentro de los (5) años; es decir que dentro de ése término puede dictar y notificar la resolución, teniéndose solamente el cuidado de no dejar transcurrir dichos términos para evitarse la caducidad del caso. Expuesto lo anterior, podrá determinarse en el citado procedimiento reglamentario, que no corresponde el plazo de treinta (30) días, y que en el supuesto caso que así fuera y como repetimos el Artículo 55 ya citado, determina un plazo que en el caso de autos fue acatado, razón por la cual no procede la nulidad decretada en la sentencia que se recurre.- En tal orden de cosas, se demuestra que se interpretó erróneamente el artículo 48 de la Ley Organiza Della Contraloría General de la república y se confunde con lo dispuesto en el articulo 55 de dicha Ley, en lo que corresponde a la caducidad de fiscalizaciones o la de notificar las responsabilidades civiles, etc..; a manera de ejemplo, siendo que la impugnación se recibió en marzo de 2000 y la Resolución que se dictó sobre la misma se notificó dentro de los cinco (5) años mayo de 2005, no hay ninguna caducidad, y por ende la resolución objeto de demanda fue emitida en tiempo y forma, pues se cumplió con lo expresado en el párrafo final del artículo 55 ya citado.- SEGUNDO MOTIVO: Infracción de la Ley por Falta de aplicación del artículo 55 de la Contraloría General de la República, en relación con el artículo 48 de la misma Ley. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 903 numeral 1) del Código de Procedimientos Civiles. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El concepto de la Infracción se explica de la siguiente manera: La Corte de Apelaciones al confirmar el fallo de primera instancia, aceptó como propias las consideraciones legales del Juzgado que conoció del asunto, y en dicho fallo al efectuar sus análisis y no obstante de haberse aclarado y precisado en la contestación de la demanda y en la apelación, respectivamente; en que la caducidad de la notificación de la responsabilidad era de cinco (5) años, tal como lo dispone el artículo 55 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y razón por la cual al haberse dictado la Resolución 023/2005-SG-TSC el 31 de marzo de 2005, no produjo la emisión extemporánea que se menciona en el Considerando 6 al 8 de la sentencia de primera instancia, y que hace suyos la Corte de Apelaciones.- El artículo 55 precitado, establece que: “ La facultad de la Contraloría General de la República para fiscalizar las operaciones y actividades de las entidades sujetas a su jurisdicción y la gestión de sus funcionarios y empleados, así como para notificar las responsabilidades civiles caso de haberlas, caducará en cinco años, contados desde la fecha en que hayan tenido lugar dichas operaciones o actividades... Si recibida la impugnación, la Contraloría General de la República dejare de notificar la resolución dictada, dentro del plazo establecido en el párrafo anterior, también se entenderá caducada su facultad”.- La disposición citada se refiere a dos situaciones: a) A la fiscalización de operaciones y gestión de los servidores públicos e igualmente a la notificación de las responsabilidades civiles que caducarán en cinco (5) años; y, b)Si recibida la impugnación y la resolución que se dicte al efecto, se dejare de notificar dentro del plazo de cinco (5) años se entenderá caducada.- En el presente caso:
- El período de la fiscalización cubrió desde el 1 de abril de 1995 al 28 de febrero de 1999; y, los resultados de la auditoria o fiscalización fueron notificados el 31 de marzo de 2000; ésta situación fue cumplida dentro de los cinco años, por ellos no es aplicable la caducidad en que se sostiene la Sentencia de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. 2) En relación a la impugnación y tal como se describe en la sentencia de primera instancia, esta fue presentada el 16 de mayo del año 2000 y la Resolución que la resolvió se emitió el 31 de marzo de 2005; es decir, dentro del plazo de los cinco años que expresa el último párrafo del artículo 55 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República. Es necesario señalar a los Señores Magistrados, que ni el Juez A-Quo ni la Corte de Apelaciones en la sentencia que se recurre aplicaron el artículo 55 precitado, bastando ver los fundamentos legales de las partes resolutivas de ambas sentencias para verificar la omisión o inaplicabilidad de dicha disposición.- Y la no aplicación de ésta disposición, no obstante resultar evidente que la misma se refiere a una cuestión que fue debatida en el juicio e igualmente al no haberse pronunciado con lo que manda dicha norma, es el motivo por el cual se alega infringida por la falta de aplicación. Tanto la Honorable Corte de Apelaciones como el Juzgado de lo Contencioso Administrativo alegan la aplicación del artículo 48 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, el cual no debió ser considerado por aquellas instancias de manera aislada, ya que resultaría completamente ilógico Señores Magistrados, pretender que la Contraloría general de la República con el exceso de trabajo pudiera dictar una Resolución en TREINTA DIAS (30), tomando en cuanto que debía abrirse el expediente a pruebas, emitirse los dictámenes legales y técnicos correspondientes, lo que definitivamente llevaría mas de TREINTA DIAS (30). TERCER MOTIVO: Infracción del artículo 190 párrafo primero del Código de Procedimientos Civiles, por falta de congruencia entre la sentencia y las pretensiones oportunas deducidas por los litigantes. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 903 numeral 2) del Código de Procedimientos Civiles. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El concepto de la Infracción se explica: El artículo 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, determina que lo no previsto en dicha Ley se regirá supletoriamente por el Código de Procedimientos Civiles y La Ley de Organización y Atriciones de los Tribunales.- En relación con dicha disposición en su aplicación al presente caso, es el señalamiento de la infracción en virtud que el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles dispone: “las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, y además en las mismas se deben decidir todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate”, lo cual no fue así, por los motivos que a continuación se formulan: 1.- La Sentencia pronunciada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo no obstante las pretensiones de fondo deducidas por la parte demandante, los medios de prueba así como las exposiciones de hecho y de derecho presentados por mi representado, mas otros puntos litigiosos que fueron objeto del juicio NO fueron objeto de análisis, no hubo valoración de los medios de prueba, ni se tomó decisión en todos los puntos de debate, etc... 2.- La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia de fecha dieciséis de julio del año en curso, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto, pronunciándose al igual que la primera instancia, en que los aspectos de forma y procedimental y específicamente la resolución del 31 de marzo del año 2005 fue emitida extemporáneamente y confirmó la sentencia definitiva de fecha veintiocho de marzo de 2008.- Estimamos que al confirmarse la sentencia de primera instancia en todos sus extremos e incluso ratificarse por la Corte de Apelaciones, en pronunciarse únicamente en los supuestos vicios de forma y omitirse lo relativo al fondo de las pretensiones y puntos litigiosos objeto del debate se ha infringido el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles y ello produce una falta de congruencia entre la sentencia y las pretensiones deducidas por los litigantes. 3.- El Doctor Antonio Bermúdez M., en su obra EL RECURSO DE CASACION EN MATERIA CIVIL, establece: “Es de advertir, en estos casos estudiados, como el que nos ocupa, que aunque ellos dan motivo de casación por infracción de ley, sería imposible citar ley sustantiva infringida, ya que se refieren a cuestiones de hecho que se comprueban con la simple comparación de la parte petitoria de la demanda y contestación con la parte dispositiva del fallo; y solo se encontraría aplicable para fundamentar el recurso, un precepto de la ley adjetiva (artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles) que ordena que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito...” Queda demostrado que ambas instancias se limitaron a pronunciarse sobre los supuestos vicios de forma y se abstuvieron de resolver sobre las pretensiones deducidas en el juicio, como pueden apreciar los señores Magistrados, el Señor Juez A-Quo, no se pronunció sobre ninguno de los puntos objeto de debate, sobre ninguna de las pretensiones de las partes, y únicamente basó la Sentencia en una supuesta prescripción, sin hacer el pronunciamiento como lo manda el artículo antes trascrito.- Por lo tanto Señores Magistrados, no solo dejó en indefensión a mi representado, sino que al no cumplir con este mandato legal quebrantó uno de los preceptos legales que le sirvió de sustento para emitir la sentencia. DE MANERA SUBSIDIARIA SE SOLICITA SE DECRETE UNA NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA RECURRIDA. Como pueden apreciar los Señores Magistrados, la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de fecha 16 de julio del año en curso al confirmar la sentencia de primera instancia, aceptó como suyas las consideraciones legales del Juzgado que conoció el asunto y el tal sentido muy respetuosamente pido se decrete la nulidad de la sentencia dictada en primera instancia por los siguientes motivos: 1.- De la lectura de ambas sentencias que expresan, que una vez presentada la impugnación mi representado debió dictar la resolución en el plazo de treinta (30) días y al no haberse efectuado y sin exponer las motivaciones del retraso, se emitió extemporáneamente; siendo ésta la causa para decretarse la nulidad del acto y confirmarse por parte de la Corte de Apelaciones la sentencia emitida el 28 de marzo del año en curso. Partiendo en el supuesto caso que se aceptare el termino de treinta (30) días para dictarse la resolución una vez presentada la impugnación, y nos parece que en aplicación análoga o en base el Principio de Igualdad, en que tanto las partes como los señores Jueces están sujetos al cumplimiento en forma estricta de los plazos establecidos en el ordenamiento jurídico, en que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y leídos los argumentos expuestos en el escrito de agravios, en su momento debió ANULAR la sentencia de primera instancia, en consideración al error del Juzgado que vicia de nulidad el proceso judicial al dictarse la sentencia de forma extemporánea y sin que haya rusticado las causas excepcionales para dictarse la sentencia fuera del plazo establecido.- De acuerdo a los artículos 77 y 78 de la Ley de Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que dispone que: “Presentado los escritos de conclusiones, el Juzgado de oficio y dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes dictará providencia citando a las partes para sentencia y que ésta se dictará dentro de los diez (10) días hábiles siguientes”; y como podrá observarse la sentencia fue dictada cuando ya habían transcurrido mas de QUINCE (15) meses desde que fueron presentados los escritos de conclusiones.- Lo anterior sin duda deja claro que la sentencia se emitió fuera de los plazos señalados en el ordenamiento jurídico aplicable y sin que en la referida sentencia se haya motivado la razón de semejante retraso”.- RESULTA: Que en fecha Veintiocho de Agosto de Dos Mil Ocho, éste Alto Tribunal de Justicia, dictó providencia mediante la cual tuvo por formalizado el recurso de casación por parte de la Licenciada KAREN YADIRA MARTINEZ VILLATORO, asimismo dio traslado de las diligencias al Fiscal del Tribunal por el término de diez días para que emitiera el respectivo dictamen, Funcionario que en fecha cinco de diciembre de dos mil ocho, emitió dictamen de la siguiente manera: “…OPINIÓN: Con fundamento en las razones expuestas, el Ministerio Público dictamina desfavorable a la admisión del recurso de Casación en sus tres motivos invocado, así como en la solicitud de nulidad subsidiaria planteada en el presente recurso”.- RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito.- CONSIDERANDO (1): Que la recurrente abogada KAREN YADIRA MARTINEZ VILLATORO en el primer motivo de casación, alega: “Infracción de la Ley por aplicación interpretación errónea del artículo 48 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en relación con el artículo 55 de dicha Ley, y artículos 123 y 140 del Reglamento a la Ley. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 903 numeral 1) del Código de Procedimientos Civiles...”.- CONSIDERANDO (2): Que el cargo en la forma expuesta carece de claridad y precisión, por un lado se formulan dos conceptos de infracción como si fueran uno solo, ya que la censora esgrime que la violación es: “por aplicación interpretación errónea del artículo….” siendo la omisión o falta de aplicación un concepto y la interpretación errónea otro, incompatibles entre si, debiendo en todo caso formularse separadamente. Por otro lado, la disposición citada como infringida es de naturaleza adjetiva y no sustantiva, por tanto inviolable para los efectos de este recurso extraordinario.- CONSIDERANDO (3): Que la impetrante abogada KAREN YADIRA MARTINEZ VILLATORO en el segundo motivo, aduce: “Infracción de la Ley por Falta de aplicación del artículo 55 de la Contraloría General de la República, en relación con el artículo 48 de la misma Ley. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 903 numeral 1) del Código de Procedimientos Civiles.”.- CONSIDERANDO (4): Que es el caso que el concepto de infracción formulado por la impetrante en el segundo motivo tiene lugar cuando a un hecho que no se discute o debidamente comprobado, se deja de aplicar la disposición que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente; sin embargo, la situación del tema de la caducidad ha sido hecho discutido y objeto de la controversia, por lo que no es viable el ataque de la sentencia por esta vía.- CONSIDERANDO (5): Que la impetrante abogada KAREN YADIRA MARTINEZ VILLATORO en el tercer motivo, alega: “Infracción del artículo 190 párrafo primero del Código de Procedimientos Civiles, por falta de congruencia entre la sentencia y las pretensiones oportunas deducidas por los litigantes. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 903 numeral 2) del Código de Procedimientos Civiles”.- CONSIDERANDO (6): Que en este tercer motivo la censora expone que la sentencia es incongruente con las pretensiones deducidas pues no resuelve a cabalidad los puntos litigiosos expuestos por ambos, sino que el juzgador se limitó a declarar ha lugar la acción incoada por estimar que el acto impugnado no se encontraba ajustado a derecho por haber sido emitido extemporáneamente. La congruencia a la que deviene obligado el juez se materializa en la respuesta del órgano jurisdiccional a los planteamientos de las partes y en tal sentido, en el caso subjudice el fallo recurrido confirmó el de primera instancia prohijándolo y la pretensión radica en el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y cuando el juzgador resuelve que el acto ha sido emitido en forma extemporánea, aspecto que resulta de vital trascendencia y que vuelve innecesario el análisis de fondo de los restantes argumentos de ambas partes, se está respondiendo a la pretensión, no implicando con ello que se haya omitido respuesta, por lo tanto el cargo resulta infundando y por ende inadmisible ya que no se advierte que se haya dejado de resolver sobre las pretensiones de las partes conforme lo dispuesto en los artículos 35 párrafo primero y 82 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- CONSIDERANDO (7): Que la Impetrante de manera subsidiaria solicita se “decrete” una NULIDAD ABSOLUTA DE LA SENTENCIA RECURRIDA, realizando señalamientos puntuales sobre el término dentro del cual se dictó la sentencia definitiva de primera instancia; sin embargo, del estudio de las diligencias no se advierte ninguna situación en que se hayan afectado los derechos de defensa y debido proceso, por lo que procede desestimar la petición en referencia.- CONSIDERANDO (8): Que por las razones anteriormente expuestas, no procede la admisión del recurso de mérito en los tres motivos invocados, así como la declaración de la nulidad subsidiaria promovida.
POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, vista la opinión del Fiscal y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 916 y 920 numeral 2) del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1o. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 35 párrafo primero, 82, 89, 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: PRIMERO: DECLARANDO NO HABER LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. SEGUNDO: DECLARAR sin lugar la nulidad subsidiaria promovida. TERCERO: SIN COSTAS por haber tenido motivo bastante para litigar. Y, MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM.- NOTIFIQUESE.- Firmas y sello. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los nueve días del mes de Septiembre del Dos Mil Diez; Certificación de la sentencia de fecha veinticinco de junio del dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación número 333-08.
LUCILA CRUZ MENÈNDEZ
SECRETARIA GENERAL