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Sentencia CA-308-09 — Registro 7542

Resumen

En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación por Cesantía se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que los cargos tal como han sido formulados por la Recurrente, contienen los defectos técnicos siguientes: a) Invoca simultáneamente varios tipos de conceptos de violación a la Ley, a saber: en el primer cargo: infracción de ley o de doctrina legal y falta de congruencia de la sentencia acusada con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes y en el segundo cargo: infracción de ley o de doctrina legal, falta de congruencia de la sentencia acusada con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes y aplicación indebida de leyes, motivos que en todo caso debió plantear en párrafos separados y numerados. b) El artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, que señala como violado contempla varios párrafos y literales que desarrollan situaciones jurídicas distintas. . La falta de precisión y claridad en los cargos impiden su prosperidad, resultando inadmisible"

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 920, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M. D. C., seis de diciembre de dos mil diez.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha seis de agosto de dos mil nueve, por la Abogada SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, actuando en su condición de Apoderada sustituta del Estado de Honduras por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y de Seguridad; en relación a la demanda para que se declare la nulidad de un acto administrativo, reconocimiento de una situación jurídica individualizada adopción de medidas para el pleno restablecimiento del derecho subjetivo violado, promovida en fecha treinta y uno de mayo de dos mil seis, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, por el señor JOSE ANTONIO ZELAYA BAUTISTA, mayor de edad, casado, hondureño, Licenciado en Economía y de este domicilio, en contra del ESTADO DE HONDURAS por actuaciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad, a través de la Procuradora General de la Republica Abogada Rosa América Miranda de Galo, mayor de edad, hondureña, casada y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha doce de mayo del año dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha cuatro de febrero del dos mil nueve, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Francisco Morazán, mismo que fue proferida de la siguiente manera: “FALLA.-PRIMERO: DECLARAR procedente la acción incoada por el Señor JOSE ANTONIO ZELAYA BAUTISTA, por no estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación por Cesantía número STSS-066-06 DEL 10 DE Mayo de 2006, en consecuencia se anula totalmente.- SEGUNDO: Se reconoce la situación jurídica individualizada del demandante, y para su pleno restablecimiento se condena al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social al pago a favor del demandante en la totalidad de sus prestaciones laborales, mas los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de la cancelación hasta la fecha en que quede firme la presente sentencia.- TERCERO: Asimismo se declara finalizada la relación de trabajo entre el demandante y El Estado de Honduras.”.- RESULTA: Que en fecha seis de agosto de dos mil nueve, compareció ante este Tribunal de Justicia la Abogada SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO de generales ya señaladas, en su condición de apoderada de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, formalizando su demanda de la siguiente manera: “EXPRESIÒN DE LOS MOTIVOS DE CASACIÒN MOTIVO UNO PRECEPTO AUTORIZANTE: artículo 900 numeral 1), 902 numeral 1), 903 numeral 1) del Código de Procedimientos Civiles, en cuanto a interponer el recurso de casación contra la sentencia, cuando la sentencia no sea congruente con las pretensiones de los litigantes. DISPOSICIÒN INFRINGIDA: Aplicación indebida de los artículos 53 de la Ley de Servicio Civil, 278 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. EXPLICACIÒN DE LA VIOLACIÒN La Violación a la norma consistente en que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al emitir fallo confirmando el dictado por la primera instancia, reconoce que el Acuerdo objeto de impugnación se emitió sin conformidad a derecho, pues declara procedente la acción incoada por la parte demandante legal, cuando en realidad la Autoridad Nominadora siguió lo establecido en la Ley de Servicio Civil y su Reglamento de Aplicación para tal fin, dando el cumplimiento a estas normas. MOTIVO DOS PRECEPTO AUTORIZANTE: artículo 900 numeral 1) 902 1) 903 numeral 1) del Código de Procedimientos Civiles, en cuanto a interponer el recurso de casación contra la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones, por infracción de ley o de doctrina legal en la parte dispositiva de la sentencia, cuando el fallo contenga aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales, así como cuando la sentencia no sea congruente con las pretensiones de los litigantes. DISPOSICIÒN INGRINGIDA Aplicación indebida del artículo 55 de la ley de servicio Civil en relación con el artículo 38 literales g) y j) y el artículo 53 de la misma Ley. EXPLICACIÒN DE LA VIOLACIÒN La violación a la norma consistente en que la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al emitir el fallo confirmando lo dictado por primera instancia, reconoce derechos que le corresponden al demandante, ya que al comprobarse durante el juicio que la plaza que ocupaba el señor José Antonio Zelaya Bautista, fue fusionada, lo cual trajo la cancelación total de la misma, cumpliendo así el fin de la cesantía solamente le corresponden los derechos establecidos en el artículo 38 literales g) y j), es decir el derecho al pago de sus prestaciones laborales, consistentes en la indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada alo de servicio hasta un máximo de quince año en concepto de auxilio de cesantía, así como un mes de sueldo por cada año de servicio hasta un máximo de dos años en concepto de preaviso, y no como lo reconoce el Tribunal de alzada al confirmar la sentencia del A quo que además de las prestaciones, también le corresponde el pago de una indemnización por los salarios dejados de percibir desde la fecha de efectividad de acuerdo de cancelación hasta que la fecha en que quede firme la sentencia, indemnización que no le corresponde conforme a derecho, pues la Ley de Servicio Civil solamente reconoce el derecho al pago de las prestaciones sociales a las personas que han sido canceladas por cesantía.”.- RESULTA: Que en fecha siete de agosto del dos mil nueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO, de generales conocidas, en su condición de apoderada del ESTADO DE HONDURAS, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado a la Fiscal del Despacho por el término de diez días para que emitiera su dictamen, haciéndolo dicha funcionaria el diez de octubre de dos mil nueve, de la siguiente manera: “OPINION.- Por lo anteriormente expresado, el Ministerio Publico se manifiesta de manera desfavorable a la admisión del presente Recurso en su dos motivos.”.- RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- CONSIDERANDO (1): Que la demanda de casación, por tratarse de un recurso extraordinario, está sujeta a una técnica jurídica especial que requiere ajustarse a determinados requisitos formales para que pueda ser considerada como tal y ser atendible por este Alto Tribunal, ya que el libelo de la demanda es precisamente el marco de circunscripción para la Corte para el estudio del recurso y cualquier omisión en el cumplimiento de las prescripciones o requisitos compromete el éxito del mismo por error en la técnica que lo gobierna y dificulta la tarea que a la Corte le está encomendada en casación.- CONSIDERANDO (2): Que la recurrente Abogada SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO en el primer motivo, alega: “PRECEPTO AUTORIZANTE: artículo 900 numeral 1), 902 numeral 1), 903 numeral 1) del Código de Procedimientos Civiles, en cuanto a interponer el recurso de casación contra la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones, por infracción de ley o de doctrina legal en la parte dispositiva de la sentencia, cuando la sentencia no sea congruente con las pretensiones de los litigantes. DISPOSICIÓN INFRINGIDA: Aplicación indebida de los artículos 53 de la Ley de Servicio Civil, 278 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil.”.- CONSIDERANDO (3): Que la recurrente en el segundo motivo, arguye: “PRECEPTO AUTORIZANTE: articulo 900 numeral 1), 902 numeral 1), 903 numeral 1) del Código de Procedimientos Civiles, en cuanto a interponer el recurso de casación contra la sentencia definitiva pronunciada por la Corte de Apelaciones, por infracción de ley o de doctrina legal en la parte dispositiva de la sentencia, cuando el fallo contenga aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales, así como cuando la sentencia no sea congruente con las pretensiones de los litigantes. DISPOSICIÓN INFRINGIDA: Aplicación indebida del artículo 55 de la Ley de Servicio Civil en relación con el artículo 38 literales g) y j) y el artículo 53 de la misma Ley.”.- CONSIDERANDO (4): Que los cargos tal como han sido formulados por la Recurrente, contienen los defectos técnicos siguientes: a) Invoca simultáneamente varios tipos de conceptos de violación a la Ley, a saber: en el primer cargo: infracción de ley o de doctrina legal y falta de congruencia de la sentencia acusada con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes y en el segundo cargo: infracción de ley o de doctrina legal, falta de congruencia de la sentencia acusada con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes y aplicación indebida de leyes, motivos que en todo caso debió plantear en párrafos separados y numerados. b) El artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, que señala como violado contempla varios párrafos y literales que desarrollan situaciones jurídicas distintas. . La falta de precisión y claridad en los cargos impiden su prosperidad, resultando inadmisibles.- CONSIDERANDO (5): Que por las razones expuestas anteriormente, el recurso de mérito debe ser desestimado en sus dos motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, , impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, vista la opinión del Fiscal y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1) y 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 89, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 916, 920 numeral 2) del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: PRIMERO: DECLARANDO NO HABER LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en los dos (2) cargos formulados. SEGUNDO: SIN COSTAS por haber tenido motivo bastante para litigar. Y, MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de Enero de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha seis de Diciembre de Dos Mil Diez, recaída en el Recurso de Casación número 308-09.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL