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Sentencia CA-268-09 — Registro 7538

Resumen

En segunda instancia se revoca la sentencia dictada por el juzgado, se declara improcedente la acción por ajustarse a derecho los actos impugnados consistentes en las resoluciones emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que aparte de lo anterior, se puede observar que dicho fallo no resulta congruente con las pretensiones formuladas oportunamente por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición, en los términos que establece el artículo 35 primer párrafo de la Ley de de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al hacer referencia a situaciones expuestas como un hecho nuevo por la parte apelante hasta el trámite de segunda instancia, además y pese a revocar la sentencia definitiva dictada por el Juez A-quo, no motiva el mismo con la cita de las disposiciones sustantivas correspondientes.-

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., uno de diciembre del dos mil diez.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintinueve de junio de dos mil nueve, por el Abogado ERNESTO ALONSO BOQUÍN REYES, mayor de edad, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de apoderado de la señora SILVIA MARIA NÚÑEZ RODRÍGUEZ, mayor de edad, soltera, Ingeniera Agrónoma, hondureña y de este domicilio; en relación a la demanda para la declaración de no ser conforme a derecho y a la anulación de unos actos administrativos de carácter particulares, reconocimiento de una situación jurídica individualizada consistente en que se lleve a cabo el compromiso de la administración demandada de mantenerla en el cargo que ocupaba en iguales o mejores condiciones, formalización de nuevo contrato de consultoría o en su defecto el pago de los salarios que dejare de devengar por la falta de formalización del mismo, costas del juicio; interpuesta en fecha siete de junio de dos mil siete, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en Tegucigalpa, M.D.C., por la señora SILVIA MARIA NÚÑEZ RODRÍGUEZ, de generales ya establecidas en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE FINANZAS, a través de la entonces Procuradora General de la República, Abogada ROSA AMÉRICA MIRANDA RIVERA DE GALO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecisiete de abril de dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que falló REVOCANDO la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en Tegucigalpa, M.D.C., de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de apelación interpuesto por la Abogada NORMA ISABEL ALMENDAREZ, en su condición de apoderada legal del Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Finanzas.- SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha dieciocho (18) de noviembre de dos mil ocho, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que aparece del folio doscientos cuatro (204) al folio numero doscientos siete (207) de la pieza principal de autos.- TERCERO: Declarar improcedente la acción por ajustarse a derecho los actos impugnados consistentes en las resoluciones A. L. 87-2007 de fecha 09 de abril de 2007 y A. L. 117-2007 del 16 de mayo de 2007 emitida por la Secretaria de Estado en los Despachos de Finanzas.”.- RESULTA: Que en fecha veintinueve de junio de dos mil nueve, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado ERNESTO ALONSO BOQUÍN REYES y en su condición de apoderado de la señora SILVIA MARIA NÚÑEZ RODRÍGUEZ, ambos de generales ya establecidas, formalizando su demanda de la siguiente manera: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO Violación del artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública en relación del artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo cuando el comportamiento de la administración pública producirá los mismos efectos de una resolución expresa. PRECEPTO AUTORIZANTE: Se encuentra comprendido el presente motivo en el artículo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente a que “Habrá lugar al recurso de casación por infracción de ley o de doctrina legal: 1) cuando el fallo contenga violación, interpretación errónea… de las leyes o doctrinas legales, aplicables al caso del pleito.”. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Para que haya violación e INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LEYES en el fallo, se hace necesario que exista una des valoración legal por parte del Tribunal sobre alguna de los hechos o consideraciones del juicio en la emisión de su fallo; El fallo recurrido se refiere en su quinto Considerando a que no representan un actuar de la administración sobre reconocimiento o negación de un derecho los actos administrativos consistentes en la Nota de fecha 20 de Octubre del 2006 dirigida a la Licenciada KAREN ZELAYA Ministra de SETCO por parte del Lic. HUGO ALEJANDRO CASTILLO ALDANA SUB. SECRETARIO DE CRÉDITO E INVERSIÓN PÚBLICA, mediante la cual se le autoriza a la Ingeniera SILVIA MARÍA NUÑEZ a postularse en la obtención de la beca, con el compromiso de conservarla en su cargo en iguales o mejores condiciones dentro de la Secretaría de Finanzas, por dos años consecutivos contados a partir de su regreso; y con la Nota de fecha 08 de Noviembre del 2006 dirigida a la Licenciada CAROL PINTO AGÜERO BARRIA Jefe del Departamento de Formación de Recursos Humanos y Becas de la Agencia de Cooperación Internacional de Chile, por parte del señor JOSE ANTONIO BORJAS MASSIS VICE MINISTRO DE FINANZAS Y PRESUPUESTO, mediante la cual la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, se comprometió a conservar a la Ingeniera SILVIA MARIA NUÑEZ RODRIGUEZ en su cargo en iguales o mejores condiciones por lo menos dos años consecutivos a partir de su retorno del diplomado; Actos administrativos estos que producen los efectos de una Resolución expresa al tenor de lo establecido en el artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo que en su parte conducente dice que “el comportamiento de la Administración Pública, que sea unívoco e incompatible con una voluntad distinta, producirá los mismos efectos de una resolución expresa”. Por lo que se establece claramente que los actos de la administración consistentes en la emisión de las notas precitadas se subsume dentro de este articulado por ser unívoco e incompatible con una voluntad distinta, por lo que producen los efectos de una Resolución Expresa. El artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública señala la forma que deben de adoptar los actos administrativos y el artículo 28 de la Ley de Procedimiento Administrativo cuando el comportamiento de la administración pública producirá los mismos efectos de una resolución expresa; Y a pesar de esto el Tribunal ignoró cuando un acto de la administración es tácito y cuando un acto es presunto, pues sabemos que el primero se refiere a un comportamiento activo y determinado de la administración y el segundo a una inactividad absoluta de la administración y dado que las referidas notas se deben a un comportamiento activo de la administración hace que estos sean actos tácitos y produzcan los efectos de una resolución expresa y por lo tanto SON VINCULANTES por ser creadores de derechos subjetivos para mi representada. Por lo anterior, es visto que la Corte de Apelación de lo Contencioso Administrativo incurrió en violación de los artículos relacionados, aparte que el alegato del demandado referente a que dichas notas no constituyen actos administrativos nunca fueron utilizados por el demandado como fundamento para la emisión de los actos impugnados. SEGUNDO MOTIVO Violación del artículo 35 primer párrafo de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 190 del Código de Procedimientos Civiles, en su primer párrafo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Se encuentra comprendido el presente motivo en el artículo 903 numeral 2 del Código de Procedimientos Civiles, en lo concerniente a que la sentencia no es congruente con las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito. EXPLICACION DEL MOTIVO: Conforme precedentes de éste alto Tribunal de Justicia, para que haya INCONGRUENCIA de una resolución se hace necesario que exista un desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes han planteado el debate procesal, y en el caso de autos resulta más que evidente que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo ha revocado la sentencia de primera instancia donde se ha declarado procedente la acción, tomando en su CONSIDERANDO sexto un hecho que no fue alegado en la contestación de la demanda, sino hasta en esa instancia judicial lo que hace incongruente la sentencia; el referido hecho nuevo consiste en que mi representada SILVIA MARIA NUÑEZ ha estado desempeñando un cargo en la Secretaría de Gobernación y Justicia, y que el apelado ha alegado como agravio en la Corte de Apelaciones; Sabemos que para que un hecho nuevo pueda ser tomado en cuenta este DEBE RECAER SOBRE HECHOS SUBSTANCIALES RELACIONADOS Y DEBATIDOS CON EL ASUNTO QUE SE VENTILA, y por razón de la materia Contencioso Administrativa, además tienen que derivarse de los actos administrativos que se impugnan.- El hecho de que mi representada esté o no trabajando para otra entidad estatal, no es causa legal que deslinde de responsabilidad a la Secretaría de Finanzas, ni menos para que subsane de manera alguna la ilegalidad de sus actos, aparte que lo que el Fallo de primera instancia revocado condena es a una indemnización por la falta de formalización de un nuevo contrato y no al restablecimiento a un puesto de trabajo, por lo que la consideración de la Corte de Apelaciones consistente en que “ninguna persona podrá desempeñar a la vez dos o más cargos públicos remunerados” es incongruente a lo fallado por el A-quo como petición alternativa ante la no formalización nuevo contrato de trabajo solicitado en el escrito de demanda; Por ende dicha Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no podía pronunciarse sobre esa situación jurídica, porque aún en los casos que se pudiera apreciar que las partes no hayan podido apreciar o delimitar sus pretensiones, la ley les obliga a seguir un trámite en que deben poner en conocimiento dicha cuestión a las partes, para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, lo cual no hizo, violentando notoriamente lo que dispone el artículo 35 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Es decir, el fallo del Tribunal de segunda instancia determina una situación distinta a la expuesta en la contestación de la demanda, por ende no se deriva de los hechos en debate, por lo que se violenta con ello lo dispuesto en los artículos 35 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 190 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, los cuales determinan que la jurisdicción de lo contencioso administrativo juzgará dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición, y que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, y que cuando éstos hubieren sido varios, se hará con la debida separación el pronunciamiento a cada uno de ellos. El artículo 35 primer párrafo de de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo establece que “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzgará dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición”, asimismo el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, en su primer párrafo dispone: “Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.” NULIDAD SUBSIDIARIA En el Considerando tercero del fallo recurrido se desprende que dicho Tribunal ha tomado como argumento para revocar el fallo del A-quo el siguiente alegato, “que solo podrán impugnarse en la vía Contencioso Administrativo, los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público protegido por la ley de Servicio Civil o por una ley especial… por lo que la demandante no está protegida por una ley especial y contrato a llegado a su fin”; Sobre esto ya se estableció en la cuestión incidental de Defensas Previas que la demanda no se contrae a pedir la nulidad de ningún acto administrativo que conlleve la cancelación o separación de un servidor público, sino que se contrae a pedir la nulidad de unas resoluciones administrativas originadas de un Reclamo Administrativo para el cumplimiento a un compromiso de la administración de mantener o formalizar nuevo contrato de trabajo o en su defecto un pago indemnizatorio como petición alternativa, actuación que hace que la demanda de mérito sea de procedimiento Ordinario y no de procedimiento especial en materia de personal.- Como se ha dicho, este alegato es una cuestión ya fue debatida en juicio, precisamente en la cuestión de Defensas Previas opuestas por el demandado, mismas que fueron Desestimadas por el A-quo mediante Sentencia Incidental de fecha 18 de Noviembre del 2008 y declarado no ha lugar la Demanda de Amparo interpuesta contra dicho fallo por ese mismo Tribunal, y que inadmisiblemente el demandado trajo nuevamente en la apelación de la Sentencia Definitiva. Es por ello, que procede se anule el fallo recurrido, a efecto de que dicho Tribunal proceda de conformidad a derecho, ya que todo ello indica que dicho Tribunal infringió el artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles, al no dictar una sentencia congruente con las cuestiones del debate y haberse pronunciado sobre una cuestión ya debatida y dilucidada en juicio”.- RESULTA: Que en fecha treinta de junio de dos mil nueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Abogado ERNESTO ALONSO BOQUÍN REYES y en su condición de apoderado de la señora SILVIA MARIA NÚÑEZ RODRÍGUEZ, ambos de generales ya establecidas, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado a la Fiscal del Despacho por el término de diez días para que emitiera su dictamen; haciéndolo dicha funcionaria, el veinticinco de agosto de dos mil nueve, de la siguiente manera: “OPINIÓN: Por las razones antes referidas, el Ministerio Publico dictamina desfavorable a la admisión del primero y segundo motivo del recurso, así como a la nulidad subsidiaria planteada.”.- RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- CONSIDERANDO (1): Que el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de ésta Sección Judicial, en Pieza Separada de Defensas Previas interpuestas por el apoderado de la parte demandada, consistentes en: “1) QUE LA ACCION NO ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNACION ANTE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 2) QUE EL RECLAMO ADMINISTRATIVO SE HA PRESENTADO EXTEMPORANEAMENTE.”, luego de su trámite respectivo dictó Sentencia Interlocutoria en fecha 18 de Noviembre del 2008, donde resolvió: “FALLA: Desestimar las Defensas Previas de “QUE LA ACCION NO ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNACION ANTE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO” y “QUE EL RECLAMO ADMINISTRATIVO SE HA PRESENTADO EXTEMPORANEAMENTE”, interpuesta por la Procuraduría General de la República. Por inexistentes… SIN COSTAS….”, la cual quedó firme.- CONSIDERANDO (2): Que la Sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional de fecha 17 de Abril del 2009, resolvió: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Abogada NORMA ISABEL ALMENDAREZ, en su condición de Apoderado legal del Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Finanzas.- SEGUNDO: REVOCAR la Sentencia Definitiva de fecha dieciocho (18) de noviembre del año dos mil ocho, dictada por el juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que aparece del folio doscientos cuatro (204) al folio número doscientos siete (207) de la pieza principal de autos.- TERCERO: Declarar Improcedente la acción por ajustarse a derecho los actos impugnados consistentes en las resoluciones A.L.87-2007 de fecha 09 de abril de 2007 y A.L.117-2007 del 16 de mayo de 2007 emitida por la Secretaría de Estado los Despachos de Finanzas.- Y MANDA:….”.- CONSIDERANDO (3): Que la sentencia definitiva que se recurre en casación, entre otros puntos, establece como base ó fundamento para tal decisión, que no corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo el conocimiento del asunto de mérito, olvidando el Tribunal Ad-Quem que la Sentencia interlocutoria de Defensas Previas relacionada anteriormente resolvió la referida cuestión, quedando el proceso de mérito sometido a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Además, dicho Tribunal ha sustentado en forma inadecuada y sin fundamento la situación jurídica ya resuelta, siendo inaplicable la causa de inadmisibilidad de la acción en los términos que establecen los artículos 51 literal a), 63 literal a) y 80 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, cuya potestad o facultad de resolver es exclusiva del Juzgado de primera instancia, en los momentos procesales a que hacen referencia las disposiciones legales antes indicadas.- CONSIDERANDO (4): Que las Defensas Previas a que se hace referencia ha resuelto y reafirmado en forma definitiva a qué jurisdicción compete conocer del proceso, por lo tanto la incompetencia de la jurisdicción deja de ser un punto litigioso objeto del pleito ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, puesto que las mismas solamente pueden ser del conocimiento del Juez A-Quo.- CONSIDERANDO (5): Que aparte de lo anterior, se puede observar que dicho fallo no resulta congruente con las pretensiones formuladas oportunamente por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición, en los términos que establece el artículo 35 primer párrafo de la Ley de de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al hacer referencia a situaciones expuestas como un hecho nuevo por la parte apelante hasta el trámite de segunda instancia, además y pese a revocar la sentencia definitiva dictada por el Juez A-quo, no motiva el mismo con la cita de las disposiciones sustantivas correspondientes.- CONSIDERANDO (6): Que con base en el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente" y, que el artículo 10 de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos establece: "Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal".- CONSIDERANDO (7): Que la nulidad absoluta, debe cuando conste en autos declararse de oficio aunque las partes no lo soliciten. Que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención.- CONSIDERANDO (8): Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, vista la opinión del Fiscal y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1) y 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 9, 11, 1586, 1589 del Código Civil; 183, 187 y 190 del Código de Procedimientos Civiles; 35 párrafo primero, 51 literal a), 63 literal a), 80 literal a), 89 y 92 de la Ley de la Jurisdicción de los Contencioso Administrativo; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia definitiva dictada en fecha diecisiete de Abril del dos mil nueve, por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, visible a folios 72 y 73 de la segunda pieza de autos. Y MANDA: Que con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de Enero de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha uno de Diciembre de Dos Mil Diez, recaída en el Recurso de Casación número 268-09.

LUCILA CRUZ MENÉNDEZ

SECRETARIA GENERAL