Sentencia CA-233-09 — Registro 7535
Resumen
Em primera instancia se declara procedente la Acción incoada por la demandante por no estar ajustado a derecho el acto administartivo impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."): Que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas las citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el Ad-quem.- Que el motivo expuesto por la Recurrente adolece de defectos técnicos en su formulación ya que los artículos 320 numeral 1), 321 numeral 3º del Código de Procedimientos Civiles son de naturaleza adjetiva por ende inviolables en el recurso de casación; de igual manera señala, entre otras normas que no ostentan la calidad de sustantivas, el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, pero sin precisar el párrafo o literal que a criterio de la impetrante fue objeto de violación. El motivo así formulado resulta incompleto e impreciso siendo inestimable.-"
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 920, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M. D. C., seis de diciembre de dos mil diez.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal en fecha veintiséis de mayo de dos mil nueve, por la Licenciada NUVIA YADIRA CAMPOS MUÑOZ, mayor de edad, hondureña y de este domicilio, en su condición de Apoderada Legal del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la Demanda especial contencioso administrativo, para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo de carácter particular en materia de personal, reconocimiento de una situación jurídica individualizada de cancelación o separación injusta e ilegal y como medida para su pleno restablecimiento se reintegre o restituya en el cargo, mas el pago de los sueldos que corresponden a partir de la fecha de la cancelación injusta, hasta la ejecución del fallo y derechos adquiridos, como décimo tercer y décimo cuarto mes de salario y vacaciones que correspondan, interpuesta en fecha veinticinco de julio de dos mil seis, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, por la señora GLORIA MARLEN OCHOA PONCE, mayor de edad, casada, Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, hondureña y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de la Procuradora General de la República, señora ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO, mayor de edad, casada, Abogada y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintisiete de marzo de dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que falló confirmando la dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, el nueve de diciembre de dos mil ocho, que FALLO: “PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Acción incoada por la señora GLORIA MARLEN OCHOA PONCE, contentiva a que se declare la nulidad de un acto administrativo de cancelación de su persona como empleada de la Dirección General de Servicios Especiales Preventivos, dependencia de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, por no ajustarse a Derecho el acto impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación número SEDS-1014-2006 de fecha 6 de Julio del 2006, emitido por el titular de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad.- En consecuencia se anula totalmente.- SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se adoptan las siguiente medida: EL REINTEGRO A SU TRABAJO EN IGUALES O MEJORES CONDICIONES A LAS QUE TENIA AL MOMENTO DE SU CANCELACION, así como el pago de las indemnizaciones correspondientes como ser los salarios dejados de percibir desde la fecha de su cancelación hasta la fecha en que se cumpla DEBIDAMENTE el reintegro aquí ordenado, así como cualquier otro beneficio de índole laboral que se hubiere presentado durante la tramitación del presente proceso.- TERCERO: En caso de que el reintegro no fuere posible, o no lo desee la señora GLORIA MARLEN OCHOA PONCE, condenar al Estado de Honduras al pago de las PRESTACIONES LABORALES como ser: Preaviso, Auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantía Proporcional; así como los DERECHOS ADQUIRIDOS como ser: Décimo Tercer mes Proporcional, Décimo Cuarto mes Proporcional y Vacaciones Proporcionales, y en concepto de INDEMNIZACION los salarios dejados de percibir desde la fecha de cancelación hasta el día en que se ejecute totalmente lo aquí dispuesto. CUARTO: Condenar al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad a reconocer, ejecutar y pagar a la señora GLORIA MARLEN OCHOA PONCE, los conceptos señalados en los numerales PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO”.- RESULTA: Que en fecha veintiséis de mayo de dos mil nueve, compareció ante este Tribunal la Licenciada NUVIA YADIRA CAMPOS MUÑOZ, de generales y condición ya expresadas, formalizando su demanda de la siguiente manera: “EXPRESION DE MOTIVOS DE CASACION.- PRIMER MOTIVO.- ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 903 numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles en cuanto AL ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS, que resultan de documentos auténticos que demuestran la equivocación evidente del juzgador, es decir de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativos al hacer suya la sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.- DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En el presente motivo se encuentran infringidos los artículos 320 numerales 1º y 3º del Código de Procedimientos Civiles en relación con los artículos 1497 y 1499 párrafo primero del Código Civil.- CONCEPTO DE LA INFRACCION.- 1.- Precepto Legal Infringido: “Los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicios son: “ Instrumentos Públicos…”; artículo 320 numeral 1º del Código de Procedimientos Civiles.- 2.- Precepto Legal Infringido: Bajo la denominación de instrumentos o documentos públicos se comprenden: “… Los documentos públicos expedidos por los funcionarios Públicos que estén autorizados para ello, a lo que se refiere al ejercicio de sus funciones”; artículo 321 numeral 3º del Código de Procedimientos Civiles.- 3.- Precepto Legal Infringido: “Los documentos Públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de este” artículo 1499 párrafo primero del Código Civil.- 4.- Precepto Legal infringido: “Error en la apreciación de los documentos públicos que se encuentran agregados en el expediente administrativo, como ser el acuerdo, en el cual se nombró la ciudadana GLORIA MARLEN OCHOA PONCE, en el cargo de oficial jurídico de la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos, articulo 53 de la Ley de Servicio Civil y 278 del reglamento de la misma, artículo 24 párrafo 2º; 25 y 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo.- EXPLICACION DEL MOTIVO.- La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante el fallo definitivo recurrido dictado el veintisiete de marzo del dos mil nueve y por el cual en primer lugar, declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por nuestra parte y en segundo lugar confirma la sentencia definitiva de fecha veintinueve de diciembre del dos mil ocho emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial en la DEMANDA PARA QUE SE DECLARE NULO, UN ACTO ADMINISTRATIVO.- RECONOCIMIENTO DE UNA SITUACION JURIDICA.- INDEMNIZACION POR DESPIDO INJUSTIFICADO.- promovida por la señora GLORIA MARLEN OCHOA PONCE en contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, se motiva esencialmente en los considerando tercero y cuarto de la sentencia recurrida y para efecto de explicación del presente motivo dice: “Que del estudio y análisis en su conjunto del expediente administrativo de las pruebas presentadas por las partes, así como de los fundamentos de derecho en que ambos apoyan sus pretensiones esta Corte observa que la autoridad nominadora para emitir el acuerdo de cancelación del demandante, violo el ordenamiento jurídico establecido, al no seguir el procedimiento legal que establece la Ley Servicio Civil para dictar esta clase de actos, por lo expuesto la acción interpuesta por el demandante resulta ser procedente y en consecuencia hay nulidad del acto impugnado” en el considerando cuarto la misma corte establece: “ Que por lo expuesto en los considerándoos que anteceden esta Corte es del criterio de confirmar la sentencia apelada” evidenciándose con ello que la corte sentenciadora procedió en forma no usual en la formación del juicio probatorio, vulnerando evidentemente el resultado que arrojan los medios de pruebas de instrumentos públicos.- La sentencia de apelación hace suya y admite las consideraciones legales en que se fundamenta la sentencia definitiva de primera instancia de la que se ha hecho mérito, la cual en forma toral en el considerando tres (3), cuatro (4), y cinco (5) como hecho probado siendo la base factica que del estudio del expediente administrativo contentivo de los actos administrativos impugnados, así como de las pruebas practicadas y de los alegatos y fundamentos jurídicos en que las partes apoyan sus pretensiones, se desprende que mediante acuerdo de cancelación de Nombramiento que el artículo de Servicio Civil claramente establece que podrá el nombramiento de uno o mas servidores públicos, previa comunicación por escrito a la Dirección General siempre que el Consejo del Servicio Civil, al evacuar la consulta correspondiente, estime que procede la cesantía, por encontrarse comprendida en algunas de las excepciones calificadas que la autoridad nominadora deberá acreditar en forma fehaciente……a)….b) Reducción de servicios o de personal para obtener una mas eficaz y económica organización administrativa; lo que hace que en el presente asunto el acto administrativo impugnado se encuentra viciado de nulidad absoluta, esto por estar el demandante acogido a la Ley de Servicio Civil, y al estar debidamente probado en autos y como así lo acepta la parte demandada con sus pruebas aportadas, que le acuerdo de cancelación del demandante se dicto prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, que el acuerdo de cancelación del demandante se dicto amparándose total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido por la Ley de Servicio Civil.- Que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ordena que la sentencia declara procedente la acción cuando el acto incurriere en cualquier forma de infracción del ordenamiento jurídico, y en el presente caso de autos estamos ante una nulidad absoluta del acto impugnado, ya que consta en autos que el mismo se dicto prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, en este caso el ordenado en la Ley de Servicio Civil, régimen este bajo el que se encuentra protegido el demandante, debiéndose en consecuencia decretar la procedencia de la acción y consecuente nulidad del acto impugnado.- En base al artículo 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo que literalmente dice: “Los actos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico; el objeto de los actos debe ser licito, cierto y físicamente posible” en este caso que nos ocupa era físicamente cumplir con lo establecido en la Ley, como consecuencia la cancelación se ejecuto siguiendo los procedimientos respectivos, con lo cual dejamos reiteradamente de manifiesto que la cancelación suscitada queda sujeta al reconocimiento de los derechos e indemnizaciones laborales por no ser posible el reintegro, ya que el artículo 34 letra c) de la Ley de Procedimiento Administrativo dice: “.. El acto administrativo es nulo en los siguientes casos a)…b)…c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido….”El Juez AD-QUEM al expresar en el considerando segundo de la forma en que se expone dicha consideración tercera y cuarta del fallo de primera instancia, incurre en error de hecho en la apreciación de los medios de prueba de instrumentos públicos, que corren agregados exclusivamente del expediente administrativo, observa el procedimiento de cancelación pero no se observa el de sus nombramientos que es la base que le sirve de fundamento al Juez A-QUO y por ende lo hace suyo el –AD-QUEM, tal considerando cuarto, quinto, sexto y sétimo de la sentencia de primera instancia, y tercero de la segunda instancia, algo inusual en dicho procedimiento, ya que de oficio y de forma veraz el Juez A-QUO considera en la observación de dicho expediente que no se siguió el procedimiento de cancelación quedando probado en juicio que se siguió el Procedimiento establecido por la Ley de Servicio Civil, quedando evidentemente sorprendidos Honorables Magistrados al observar que no se cumplió para cancelarlo no se observa el procedimiento para nombrarlo, ya que a todas luces en el expediente administrativo quedo plenamente demostrado que se VIOLENTARON LOS ARTICULOS Artículo 278, 279 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, artículo 24 párrafo 2º, 25 y 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo, según el diccionario de Cabanellas en su pagina 146 del tomo I-A-B, define “Acto Nulo: Podríamos denominarlo acto antijurídico ajurídico, por ser aquel que no surte efecto para el derecho…, el acto nulo esta prohibido directa o indirectamente por la ley de modo absoluto, y la sanción consiste en privarle de efectos jurídicos simplemente;…”, la aplicación indebida del artículo 278 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil y por la no observancia en las apreciación de la prueba de los documentos públicos como ser el expediente administrativo limitándose la Honorable Corte de Apelaciones a confirmar y hacer suya la sentencia de primera instancia, creyendo que la Corte Sentenciadora al confirmar la sentencia de primera instancia venida en apelación aplico indebidamente el artículo 24 y 34 letra c) de la Ley Procedimiento Administrativo, siendo lo correcto y procedente declarar con lugar la apelación y declarar improcedente la demanda, en aplicación de los artículos 278, 279 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil artículo 24 párrafo 2º, 25 y 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo.- NULIDAD SUBSIDIARIA.- 1.- Debido a la importancia de los hechos que se estiman probados todas las sentencia dictadas en materia administrativa según el Código de Procedimientos Civiles, artículo 187 y 190, establecen que contendrán con claridad y concisión posible tanto en el preámbulo, en los considerándoos y la parte final y estas deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda expresando cuales son los hechos que se estimen probados ya que de lo contrario la sentencia es susceptible de Recurso de Casación por quebrantamiento de forma o puede ser invalidada de oficio por ese Tribunal Supremo conociendo de ella en casación por infracción de Ley artículo 956 del Código de Procedimientos Civiles.- 2.- Cualquier hecho que se considere probado o establecido en una parte de la sentencia distinta de la declaración de los hechos estimados probados, implica que la sentencia no expresa clara y terminantemente los hechos estimados probados y en el presente caso Honorables Magistrados, la sentencia de fecha 27 de marzo del 2009 venida en Casación no tomo en cuenta lo enunciado en el personamiento y Expresión de Agravios en el hecho sexto en el que se anuncia que se tome en cuenta que se siguió el procedimiento legalmente establecido para los efectos de cancelación por cesantía y que mandan los artículos 53 literal b y 278 y 279 de la Ley y Reglamento de servicio civil, es irrelevante que ahora pretenda probar que su despido tiene vicios de nulidad porque el mismo le fue notificado con las formalidades que la Ley de Procedimiento Administrativo establece, no como lo quiere hacer ver el Juez A-QUO en la sentencia definitiva dictada el 9 de diciembre del 2008 en donde ordena declarar procedente la acción incoada por la señora GLORIA MARLEN OCHOA PONCE, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación numero SEDS-1014-2006 de fecha 6 de julio del 2008, emitido por la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad, en consecuencia lo anula totalmente y el reconocimiento de la situación jurídica individualizada y para el pleno restablecimiento se resuelve: Reconocer el derecho al pago de las prestaciones laborales al demandante las cuales deberán ser calculadas desde la fecha de notificación del servicio hasta la fecha en que la presente sentencia adquiera el carácter de firme”.- RESULTA: Que en fecha Veintisiete de mayo de dos mil nueve, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de Casación por parte de la Licenciada NUVIA YADIRA CAMPOS MUÑOZ, ordenándose el traslado al Fiscal del Despacho para que en el término de diez días procediera a emitir su dictamen, haciéndolo dicha funcionaria el Veinticuatro de julio de dos mil nueve, de la siguiente manera: “III.-OPINION: Con base en lo expuesto, el Ministerio Público dictamina desfavorable a la admisión del recurso en su único motivo de casación; así como la nulidad subsidiaria planteado por la recurrente”.- RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- CONSIDERANDO (1): Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido de cualquiera de los requisitos la hace inadmisible.
CONSIDERANDO (2): Que la recurrente, Abogada NUBIA YADIRA CAMPOS MUÑOZ en el primer motivo, alega: “ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA. PRECEPTO AUTORIZANTE: Artículo 903 numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles en cuanto AL ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA DE INSTRUMENTOS PUBLICOS, que resultan de documentos auténticos que demuestran la equivocación evidente del juzgador, es decir de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al hacer suya la sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En el presente motivo se encuentran infringidos los artículos 320 numerales 1º y 3º del Código de Procedimientos Civiles en relación con los artículos 1497 y 1499 párrafo primero del Código Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION. 1.- Precepto Legal Infringido: “Los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicios son: “Instrumentos Públicos…”; artículo 320 numeral 1º del Código de Procedimientos Civiles. 2.- Precepto Legal Infringido: Bajo la denominación de instrumentos o documentos públicos se comprenden: “… Los documentos públicos expedidos por los funcionarios Públicos que estén autorizados para ello, a lo que se refiere al ejercicio de sus funciones”; artículo 321 numeral 3º del Código de Procedimientos Civiles. 3.- Precepto Legal Infringido: “Los documentos Públicos hacen prueba, aún contra tercero, del hecho que motiva su otorgamientos y de la fecha de este” artículo 1499 párrafo primero del Código Civil. 4.-Precepto Legal infringido: “Error en la apreciación de los documentos públicos que se encuentran agregados en el expediente administrativo, como ser el acuerdo, en el cual se nombró la ciudadana GLORIA MARLEN OCHOA PONCE, en el cargo de oficial jurídico de la Dirección Nacional de Servicios Especiales Preventivos, articulo 53 de la Ley de Servicio civil y 278 del reglamento de la misma, artículo 24 párrafo 2º; 25 y 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo.” .- CONSIDERANDO (3): Que el cargo consiste en la acusación concreta de la sentencia que se lleva a examen al Tribunal Supremo, por lo tanto ha de ser completo en su formulación, suficiente en su desarrollo y eficaz en lo que pretende, indicando además del concepto de la violación, todas las citas legales necesarias para confrontar la sentencia recurrida con los derechos que se afirma desconocidos por el Ad-quem.- CONSIDERANDO (4): Que el motivo expuesto por la Recurrente adolece de defectos técnicos en su formulación ya que los artículos 320 numeral 1), 321 numeral 3º del Código de Procedimientos Civiles son de naturaleza adjetiva por ende inviolables en el recurso de casación; de igual manera señala, entre otras normas que no ostentan la calidad de sustantivas, el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil, pero sin precisar el párrafo o literal que a criterio de la impetrante fue objeto de violación. El motivo así formulado resulta incompleto e impreciso siendo inestimable.- CONSIDERANDO (5): Que la Recurrente interpone Nulidad Subsidiaria y de su exposición se logra entender que funda su argumentación en dos puntos: 1) Que la sentencia carece de claridad, congruencia y precisión (Artículos 187 y 190 del Código de Procedimientos Civiles). 2) Que la sentencia venida en casación no expresa en forma “clara y terminante” los hechos estimados probados, pues no tomó en cuenta lo enunciado en el personamiento y la expresión de agravios en cuanto al procedimiento legalmente establecido para los efectos de la cancelación por cesantía (Artículos 53 literal b), 278 y 279 de la Ley y Reglamento de la Ley de Servicio Civil). Sin embargo, revisada y analizada la primera y segunda pieza de autos se determina que la nulidad esgrimida por la recurrente es inexistente y aún y cuando la misma tuviese algún asidero o fundamento, en todo caso debió haber sido planteada en el momento procesal oportuno; por otro lado, se desprende de autos que en caso sub-júdice se ha respetado la garantía del debido proceso y el derecho de defensa de las partes, por lo que la nulidad solicitada resulta inestimable.
CONSIDERANDO (6): Que en razón de lo anteriormente expuesto el recurso de mérito se vuelve inadmisible en su único motivo así como la nulidad subsidiaria planteada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, vista la opinión del Fiscal y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1) y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 89, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 192 párrafo primero y 920 No. 2 del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo.- 2) DECLARANDO SIN LUGAR la nulidad subsidiaria.- SIN COSTAS por tener motivo bastante para litigar.- Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de Enero de Dos Mil Once; Certificación de la sentencia de fecha seis de Diciembre de Dos Mil Diez, recaída en el Recurso de Casación número 233-09.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL