Sentencia CA-206-08 — Registro 7506
Resumen
En segunda instancia se confirma parcialmente la sentencia, en el sentido de que el reconocimiento de la apelación del arancel del profesional del derecho debe ser a partir de la entrada en vigencia del referido arancel y no en forma retroactiva
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que en el segundo motivo el recurrente invoca: “SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: VIOLACIÓN DE LA LEY CUANDO EL FALLO NO CONTENGA DECLARACION ALGUNA DE LAS PRETENSIONES OPORTUNAMENTE DEDUCIDAS EN EL JUICIO. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación, está comprendido en el Artículo 903 de preámbulo y número tres del Código de Procedimientos Civiles. DISPOSICION INFRINGUIDA: En el presente se encuentra infringido el artículo 301 del Código de Procedimientos Comunes.”. Sin embargo el censor no es claro ni preciso en el segundo cargo formulado ya que más bien formula extensos alegatos propios de instancia, sin llegar a determinar que declaración fue omitida en el fallo recurrido, lo cual hace que el mismo no proceda su admisión
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 920, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de mayo del dos mil diez. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha diez de junio de dos mil ocho, por el Abogado JOSÉ ANTONIO PINEDA RAMOS, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de apoderado sustituto del Estado de Honduras; en relación a la demanda ordinaria para la nulidad de un acto administrativo de carácter particular, el reconocimiento de una situación jurídica individualizada y la adopción de las siguientes medidas para su pleno restablecimiento: a) la aplicación del Arancel del Profesional del Derecho, y b) la nivelación y el pago retroactivo del ajuste de salarios, de conformidad con el Arancel del Profesional del Derecho, desde su entrada en vigencia; interpuesta en fecha seis de diciembre de dos mil cinco, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, por el señor NICOLÁS ALBERTO VÁSQUEZ FONSECA, mayor de edad, hondureño, Abogado y de este domicilio, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por medio del entonces Procurador General de la República, Abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha dieciséis de abril de dos mil ocho, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, con jurisdicción a nivel nacional, que falló de la siguiente forma: “PRIMERO: Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MIRZA ELIZABETH SERRANO VILLANUEVA, en su condición de apoderado legal del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Salud.- SEGUNDO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el numeral segundo, en el sentido de que el reconocimiento de la apelación del arancel del profesional del derecho debe ser a partir de la entrada en vigencia del referido arancel y no en forma retroactiva.- TERCERO: Reconocer la situación Jurídica del Señor NICOLAS ALBERTO VASQUEZ FONSECA, y para su pleno restablecimiento condena al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en los Despachos Salud a reconocer al demandante el salario mensual de conformidad a lo establecido en el artículo 89 del arancel del Profesional del Derecho a partir de que quede firme esta sentencia”; pronunciándose con respecto a la sentencia de fecha dieciséis de noviembre de dos mil seis, emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, que fue proferida de la siguiente manera: “PRIMERO: Declarar Procedente la Acción incoada por el ciudadano NICOLAS ALBERTO VASQUEZ FONSECA, por no ajustarse a derecho los Actos Administrativos Impugnados, consistentes en la Resolución de fecha 07 de Septiembre del 2005 y en la Providencia de fecha 28 de Octubre del 2005, emitidas por la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, en consecuencia las anula totalmente.- SEGUNDO: Reconocer la Situación Jurídica Individualizada y para el Pleno Restablecimiento se Resuelve: Condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado en el Despachos de Salud a que le aplique el Arancel del Profesional del Derecho al demandante, pagándole como Salario Mensual la cantidad de LPS. 21,000.00, mas el reajuste salarial en forma retroactiva desde la fecha en que entró en vigencia dicho Arancel hasta su efectiva aplicación. Estos valores se difieren o se liquidaran al momento de ejecución de la sentencia en virtud de no haberse proporcionado información suficiente para proceder a hacer la liquidación respectiva”.- SIN COSTAS en ambas instancias. RESULTA: Que en fecha diez de junio de dos mil ocho, compareció ante este Tribunal de Justicia el Abogado JOSÉ ANTONIO PINEDA RAMOS, de generales ya señaladas, en su condición de apoderado sustituto del Estado de Honduras, formalizando su demanda de la siguiente manera: “PRIMER MOTIVO DE CASACIÓN: APLICACIÓN INDEBIDA DE LAS LEYES O DOCTRINAS LEGALES. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación, está comprendido en el Articulo 903 de Preámbulo y número uno del Código de Procedimientos Civiles. DISPOSICIÓN INFRINGIDA: En el presente caso sub-Judice se encuentra infringido en el artículo 331 de la Constitución de la República. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: El Estado Reconoce, Garantiza y fomenta las libertades de consumo, Ahorro, Inversión, ocupación, Iniciativa, comercio, Industria, contratación, de empresas y de cualquier otro que emanen de los principios que informan esta Constitución, sin embargo el ejercicio de dichas libertades no podrán ser contrarios al interés social ni lesivo a la moral, salud o a la Seguridad Pública. EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN En el presente motivo a la norma infringida por el que dicto el fallo lesivo a los Intereses del Orden Público y de mi Representado el Estado de Honduras en la cual acciono, son tan claros, que al dejar de aplicar debidamente, niega a mi Representado un Derecho que claramente esta consagrado por ella, por lo que se colige que el contrato de trabajo es una condición básica para regular su actividad, sujetándose a una presunción de Jure, en favor del trabajador, en cuanto a que se presume de derecho que toda relación laboral está normada por un contrato de trabajo, pero de ninguna manera al revés. La sola configuración jurídica del CONTRATO DE TRABAJO Honorables Magistrados se produce por la existencia de tres elementos básicos, según prescribe el artículo 20 del Código del trabajo, a saber: a) La actividad personal del trabajador; b) La continuada subordinación o dependencia del trabajador; y, c) UN SALARIO COMO RETRIBUCIÓN DEL SERVICIO.- Ello nos plasma en forma contundente, EL CARÁCTER CONSENSUAL DEL SALARIO, SU CONDICIÓN EMINENTEMENTE CONVENCIONAL, QUE DEBE SER ACORDADO ENTRE PATRONO Y TRABAJADOR, DE MANERA TAL QUE BAJO NINGÚN RESPECTO LE PUEDE VENIR SIENDO IMPUESTO POR UN AGENTE O ELEMENTO EXTRAÑO A LA RELACIÓN Y MENOS AÚN, POR UNA ASOCIACIÓN U ORGANIZACIÓN, PORQUE ENTONCES, DEJA DE EXISTIR EL CONTRATO DE TRABAJO, YA QUE ESTE SÓLO SE DA POR LA CONCURRENCIA DE ESOS TRES ELEMENTOS BÁSICOS, CONSENSÚALES ÍNTER PARTES. A este respecto, el artículo 360 del Código del Trabajo, que regula lo relativo a Salarios, es claro y contundente en cuanto a que SALARIO, JORNAL O SUELDO ES LA RETRIBUCIÓN QUE EL PATRONO DEBE PAGAR AL TRABAJADOR EN VIRTUD DEL CONTRATO DE TRABAJO, O DE LA RELACIÓN DE TRABAJO VIGENTE; y las cosas no pueden ser, jurídicamente hablando, de ninguna otra manera, ya que es la relación laboral y nada más que la relación laboral, quien puede determinar consensualmente la fijación de sueldos, y luego, de aumentos salariales, desde luego, de acuerdo al desempeño personal de cada quien, sin que sea factible o viable que un agente, un elemento extraño a la relación, como ser una Organización o Asociación Gremial, le pueda, MOTU PROPRIO, por su decisión unilateral, IMPONER AL PATRONO, FUERA POR COMPLETO DE TODA CONVENCIÓN INDIVIDUAL O COLECTIVA, EL MONTO DE LOS SALARIOS, QUE DEBEN SER FIJADOS CONSENSUADAMENTE CON EL TRABAJADOR Y, ADEMAS, LOS AUMENTOS Y AJUSTES FUTUROS, AÑO CON AÑO, como lo hace el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, impugnado por mi Representada, la Procuraduría General de la República, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de este Departamento, por desnaturalizar por completo el concepto jurídico de “ARANCEL PROFESIONAL” e invadir, con exceso y abuso de poder, el campo de las relaciones laborales, fijando salarios CUANDO EL CONCEPTO DEL ARANCEL SE LIMITA IRRESTRICTA Y EXCLUSIVAMENTE A HONORARIOS PROFESIONALES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES: PROFESIONAL-CLIENTE, de ninguna manera relaciones laborales: TRABAJADOR-PATRONO, quien paga a sus servidores públicos, un sueldo por sus servicios, nunca Honorarios Profesionales, como equivocadamente se ha venido aplicando en una costumbre judicial que de ninguna manera puede tener el estatus o rango de ley, como para que sea de aplicación coercitiva, como injustamente se pretende en el caso de autos y como expresa en su fallo de instancia, el juez A-quo. SEGUNDO MOTIVO DE CASACIÓN: VIOLACIÓN DE LA LEY CUANDO EL FALLO NO CONTENGA DECLARACIÓN ALGUNA DE LAS PRETENSIONES OPORTUNAMENTE DEDUCIDAS EN JUICIO. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación, está comprendido en el artículo 903 de Preámbulo y número tres del Código de Procedimientos Civiles. DISPOSICIÓN INFRINGUIDA: En el Presente se encuentra infringido el artículo 301 del Código de Procedimientos Comunes. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La Prueba debe recaer sobre los hechos sustanciales controvertidos en los escritos anteriores al auto en que se ordena. En consecuencia, podrán los Tribunales rechazar de oficio las pruebas no pertinentes o inútiles que propusieren las partes. EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN: En el presente motivo a la norma infringida por el que dicto el fallo lesivo a los intereses del Orden Público y de mi Representado el Estado de Honduras en la cual acciono, son tan claros, que AL NO CONTENER DECLARACIÓN ALGUNA DE LAS PRETENSIONES OPORTUNAMENTE DEDUCIDAS EN JUICIO, niega a mi Representado un Derecho que claramente esta consagrado por ella, por lo que se colige, que el Tribunal de Primera Instancia, en la sentencia recurrida, relaciona los medios probatorios que el Apoderado Demandante hizo valer en juicio, Y NINGUNO DE ELLOS SE REFIERE Y MUCHO MENOS ACREDITA FEHACIENTEMENTE, QUE EL ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO SEA O CONSTITUYA LEY DE LA REPÚBLICA Y QUE, POR LO TANTO, SU CUMPLIMIENTO PUEDA SER IMPUESTO MEDIANTE LA SENTENCIA CONDENATORIA POR ÉL SOLICITADA; recurre nada más, para con ello pretender darle un apariencia de legitimidad y de soporte a su pretensión, al proponer prueba documental, consistente en una serie de fallos que por costumbre judicial, reconocida y declarada en la Sentencia de Instancia, han condenado al Erario Público, a cumplir con el artículo 89 del Arancel cuestionado; PERO, SEGÚN LO HE DEJADO ANTERIORMENTE RAZONADO Y SOPORTADO JURÍDICAMENTE, ESAS CONDENAS NO LEGITIMAN NI LAS FUNDAMENTAN EN EL PRESENTE JUICIO BAJO EXAMEN, PUESTO QUE ESA COSTUMBRE NO CONSTITUYE DE NINGUNA MANERA LEY, pero el Tribunal de primera instancia y el de segunda, sí la asumió con ese rango, para proferir los fallo que causa profundos agravios y violaciones al derecho a la defensa que le asisten a mi Representado, el Estado de Honduras, y que además es lesivo a los Intereses Públicos. Los Honorables Magistrados pueden constatar que el Apoderado Actor acreditó única y exclusivamente lo relativo a ciertas circunstancias de la resolución administrativa impugnada en primera instancia, que no tienen ninguna relevancia en cuanto a lo toral del juicio, que se circunscribe a determinar jurídicamente si el Arancel del Profesional del Derecho, específicamente en cuanto a su artículo 89, es Ley de la República y, por lo tanto, de cumplimiento obligatorio, como se pregona de su parte y reconocida por el Juzgado de primera instancia y el de segunda como exprese anteriormente, contra quienes se recurre por este Recurso de Casación, lo relacionado con las sentencias condenatorias dictadas por costumbre judicial estatuida en contra del Estado de Honduras; así como el monto de los sueldos que devengan los demandantes y la condición de éstos como Servidores Públicos del Estado; nada más, que esos extremos o hechos; obviando demostrar, ni siquiera con la llamada PRUEBA en relación con la propuesta por la parte contraria”, que el Arancel tenga EL CONCEPTO O RANGO DE LEY, porque precisamente esa es la cuestión debatida en juicio, y éstas cuestiones controvertidas, son las que fijan los hechos sobre los cuales deben versar las pruebas a rendirse en el proceso, de acuerdo a lo que establece contundentemente, el artículo 3 01 del Código de Procedimientos Civiles, aplicable al caso de autos, por remisión expresa del artículo 134 de la ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; es decir, Honorables Magistrados, QUE SIENDO EL PRINCIPAL HECHO CONTROVERTIDO, LA CONDICIÓN DE NO SER LEY DE LA REPÚBLICA, EL ARTÍCULO 89 DEL ARANCEL, Y SU INAPLICABILIDAD COERCIBLE, LA PRUEBA DEBIÓ RECAER PRECISAMENTE SOBRE ESE HECHO SUSTANCIAL, TAL Y COMO LO DEMOSTRÓ PLENAMENTE EN AUTOS LA PARTE EN CUYA REPRESENTACIÓN ACCIONO, pero el Apoderado demandante ni por asomo propuso alguna prueba a ese respecto, ni contraprobó la prueba rendida plenamente en los autos por mi Mandante, aferrándose nada más al criterio anticipadamente vertido en el proceso por el Juez que en inicio conoció de la causa, y por lo cual fue recusado, DE QUE LA LEY NO ADMITE PRUEBA EN CONTRARIO, cuando necesaria e indefectiblemente debió proponer y evacuar medios de prueba acreditando precisamente la supuesta condición de Ley que se le atribuyen falsamente; pero esa omisión en el cumplimiento de la prueba, de acuerdo a los mandamientos del artículo 1,4 95 del Código Civil relativo a la Carga de la Prueba de las obligaciones, en cuanto a que INCUMBE LA CARGA DE LA PRUEBA AL QUE RECLAMA SU CUMPLIMIENTO, siendo que el Arancel del Profesional del Derecho es un HECHO DEBATIDO EN JUICIO, Y EN ÉL NO CONSTITUYE DERECHO, pues está impugnado, se encuentra en entredicho, necesaria e irremisiblemente debió ser demostrada la pretendida condición de ley por parte del Apoderado Legal Demandante, pues única y exclusivamente cuando ambas partes dan por supuesta de previo la existencia de una norma de ley, de una obligación legal, y únicamente se discuten sus términos de aplicabilidad, es que la propia existencia y reconocimiento de esa ley, exime de tener que acreditarla o probarla en juicio, pero desde luego que de esto no se trata el asunto bajo examen, sino exactamente de todo lo contrario, que por parte del injustamente demandado en juicio, el Estado de Honduras, se sostiene Y SE PROCLAMA QUE EL ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO Y ESPECÍFICAMENTE SU ARTÍCULO 89, NO SON LEYES DE LA REPÚBLICA Y POR LO TANTO, DEBIÓ SER ACREDITADO EN JUICIO QUE EN EFECTO SUPUESTAMENTE LO ERA, POR HABERSE SEGUIDO TODO EL PROCEDIMIENTO PARA SU CREACIÓN, EMISIÓN Y PROMULGACIÓN; HABIÉNDOSE DEMOSTRADO PALMARIAMENTE MÁS BIEN, POR PARTE DEL DEMANDADO, todo lo contrario: QUE NO ES TAL LEY, que no fue emitida por el Congreso Nacional, que es el único que tiene la Atribución de Legislar y ésta es indelegable, COMO ENFÁTICA Y TERMINANTEMENTE LO PRECEPTÚAN LOS ARTÍCULOS 205, ATRIBUCIÓN 1ª, Y 206 DE NUESTRA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA; QUE NO RECIBIÓ LA SANCIÓN DEL PODER EJECUTIVO, COMO UN REQUISITO VITAL, SINE QUA NON, PARA QUE PUEDA CONVERTIRSE EN LEY, y que este mismo Poder Ejecutivo, no ordenó su promulgación, ya que en el Diario Oficial la Gaceta se publico en la sección “B”, que corresponde a avisos del público, marcas y patentes, no en la sección oficial “a”, legislativa, ordenado no por el Congreso Nacional, sino por el Colegio de Abogados de Honduras, y no está incluido en la Sección “A”, que sí es la que contiene las Leyes de la República; con todo lo cual quedó demostrado plenamente, fuera de toda discusión subjetiva, que el Arancel del Profesional del Derecho, no es Ley de la República. TERCER MOTIVO DE CASACIÓN: VIOLACIÓN DE LA LEY APLICACIÓN INDEBIDA DE LAS LEYES O DOCTRINAS LEGALES. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación, está comprendido en el artículo 903 de Preámbulo y número uno del Código de Procedimientos Civiles. DISPOSICIÓN INFRINGUIDA: En el Presente se encuentra infringido el artículo 3 párrafo tercero de la Ley de Ordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central contenida en el Decreto Legislativo numero 220-2003. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: “Las Secretarias de Estado y demás instituciones reguladas por esta ley, no podrán modificar negociar o aprobar cambios en el Sistema Retributivo que afecte la Asignación presupuestaria mencionada en el párrafo Primero del Presente artículo o que comprometan Recursos del Estado para el pago de Salarios para el Pago de Salarios, sin la previa Autorización por escrito de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, la que se otorgara con base a un dictamen favorable a la Dirección General de Presupuesto, sin que en todo caso exceda EL TECHO PRESUPUESTARIO MENCIONADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR.” EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN: En el presente motivo a la norma infringida por el que dicto el fallo lesivo a los Intereses del Orden Publico y de mi Representado el Estado de Honduras en la cual acciono son tan claros, que al dejar de aplicar debidamente, niega a mi Representado un Derecho que claramente esta consagrando por ella, por lo que se colige, DESDE LUEGO QUE EL ARTÍCULO 89 DEL ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO COLISIONA CON LAS NORMAS DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA, LEY DE RACIONALIZACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA LEY DE REORDENAMIENTO DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL GOBIERNO CENTRAL, en virtud de que las mismas prohíben todo incremento o aumento salarial, lo cual excluye por completo, la posibilidad de aplicación de las disposiciones contenidas en el Arancel del Profesional del Derecho; y éstas si son Leyes de la República, de obligatorio cumplimiento y observancia, no digamos por parte de los Órganos Jurisdiccionales, que, a través de sus Jueces obligados a hacer las declaraciones procedentes en tal sentido; pero el Juez sentenciador, le dio lugar a la pretensión de la parte actora, hizo a un lado su objetividad e imparcialidad que como Jueza debió haber practicado, y aduce que EL COMPROMISO GREMIAL s e encuentra excluido de esas restricciones, cuando en el caso de autos ni por asomo existe un “COMPROMISO GREMIAL” a cargo de las Instituciones Públicas, ya que éste sólo podría tener existencia si las disposiciones del Arancel estuvieren consignadas en una Ley de la República, que de ninguna manera lo están, o existieren pactos, contrataciones individuales o colectivas, o “gremiales” que así lo determinaren en cuanto a COMPROMISOS OBLIGATORIOS ASUMIDOS POR PARTE DEL ESTADO, que tampoco existen; ya que los compromisos tienen la característica de la bilateralidad, al corresponder a pactos o convenciones contractualmente asumidas, y a una disposición arbitraria, unilateral y antijurídica, de ninguna manera puede tener ese concepto jurídico; y de sobra es sabido que los actos nulos absolutamente, no producen ningún efecto jurídico, y esa invasión o exceso de poder consignado en el Arancel, al regular salarios que no son materia del Arancel que sólo sirve para fijar Honorarios Profesionales, es nula absolutamente, y así fue demandado en el juicio de nulidad incoado ante esta misma jurisdicción, según se acreditó plenamente en el proceso. Es preciso llamar la atención de los Honorables Magistrados, en cuanto a que el Tribunal de Primera Instancia y el de Segunda también omitió, emitir declaración explícita sobre otro de los planteamientos que fueron formulados por la parte que dignamente represento, esto es, QUE EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE REORDENAMIENTO DEL SISTEMA RETRIBUTIVO DEL GOBIERNO CENTRAL, ES EXPLÍCITO EN CUANTO A QUE DEROGA DE MANERA EXPRESA TODAS LAS DISPOSICIONES LEGALES QUE EN MATERIA RETRIBUTIVA SE OPONGAN A SU CONTENIDO; DE LO CUAL RESULTA QUE LAS NORMAS SALARIALES, QUE EN FORMA INCONSTITUCIONAL INVADEN EL ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO Y OTROS ARANCELES DE HONORARIOS PROFESIONALES VIGENTES EN EL PAÍS, fueron expresamente DEROGADAS, a partir de la vigencia de la Ley de reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central; de lo cual se colige necesariamente que fuera de la condición de no tratarse de ninguna Ley vigente en la República, las normas retributivas que se establecen, han sido derogadas expresamente, junto con las que contienen otros Aranceles Profesionales que han invadido la materia salarial; aspecto fundamental sobre el cual no se pronunció en lo absoluto la jueza de instancia en su fallo recurrido. Tampoco dijo nada respecto del artículo 14 de la misma ley de reordenamiento del sistema retributivo del gobierno central, que terminantemente dispone, como una admonición para EL QUO y de los Honorables Magistrados de este Tribunal de Alzada, que: el incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley por parte de los Funcionarios encargados de su aplicación, acarreará responsabilidad. CUARTO MOTIVO DE CASACIÓN: VIOLACIÓN DE LA LEY APLICACIÓN INDEBIDA DE LAS LEYES O DOCTRINAS LEGALES. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación, está comprendido en el artículo 903 de Preámbulo y número uno del Código de Procedimientos Civiles. DISPOSICIÓN INFRINGUIDA: En el Presente se encuentra infringido el artículo 205 Atribución 32 de la Constitución de la República. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: “Corresponden al Congreso Nacional las Atribuciones Siguientes: 1.....32 .-Aprobar Anualmente el Presupuesto General de Ingresos y Egresos tomando como base el proyecto que remita el Poder Ejecutivo, debiendo desglosarlo y resolver sobre su modificación.” EXPLICACIÓN DEL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN: En el presente motivo a la norma infringida por el que dicto el fallo lesivo a los Intereses del Orden Público y de mi Representado el Estado de Honduras en la cual acciono son tan claros, que al dejar de aplicar debidamente, niega a mi Representado un Derecho que claramente está consagrado por ella, por lo que se colige, Que cuando el Arancel entra a pretender Regular No solo Honorarios Profesionales, sino salarios y, y además normar no solo la Relación Cliente-Profesional, si no las relaciones laborales Patrono- Empleado, fijando sueldos mínimos, como lo hace el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho impugnado, asimismo regular beneficios económicos de índole laboral, se ha desnaturalizado completamente lo que es un ARANCEL PROFESIONAL, asimismo violentando disposiciones constitucionales en cuanto a la Libre contratación de su personal laborante, por otro lado implicarían reformas a una ley en vigencia como lo es la LEY DEL PRESUPUESTO, DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA, que se aprueba cada año por el Honorable Congreso Nacional de la República y que constituye una potestad exclusiva y Atribuida a la Cámara Legislativa y de la cual QUEDARÍA PRIVADO, por efecto de las disposiciones normativas, en cuanto que se pretende imponer coercitivamente regulaciones que conciernen a Aspectos Salariales, fuera por Completo del Ámbito de Honorarios Profesionales de un Arancel Profesional y materia exclusiva de Relaciones laborales”. RESULTA: Que en fecha once de junio de dos mil ocho, se tuvo por formulado en tiempo el recurso de casación y se ordenó el traslado a la Fiscal del Despacho por el término de diez días para que emitiera su dictamen; haciéndolo dicha funcionaria, el siete de agosto de dos mil ocho, de la siguiente manera: “OPINION: Con fundamento en las razones expresadas el MINISTERIO PUBLICO dictamina desfavorable a la admisión del recurso de Casación planteado en sus cuatro motivos”. RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO (1): Que el Abogado JOSE ANTONIO PINEDA RAMOS, en el primer motivo alega: “PRIMER MOTIVO DE CASACION: APLICACIÓN INDEBIDA DE LAS LEYES O DOCTRINAS LEGALES. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación, está comprendido en el Artículo 903 de preámbulo y número uno del Código de Procedimientos Civiles. DISPOSICION INFRINGIDA: En el presente caso sub-Judice se encuentra infringido el artículo 331 de la Constitución de la República.”. El cargo así formulado no constituye una proposición jurídica completa, ya que se incurrió en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible: a) Aparte de que la norma citada como infringida por aplicación indebida es inatacable en el Recurso de Casación, la misma tampoco aparece que fue aplicada en los fallos de primera y segunda instancia; b) No indica o señala la disposición que debió sustituir a la norma considerada infringida; c) En su explicación realiza señalamientos contradictorios en relación al concepto de la infracción, efectuado alegatos propios de instancia. CONSIDERANDO (2): Que en el segundo motivo el recurrente invoca: “SEGUNDO MOTIVO DE CASACION: VIOLACIÓN DE LA LEY CUANDO EL FALLO NO CONTENGA DECLARACION ALGUNA DE LAS PRETENSIONES OPORTUNAMENTE DEDUCIDAS EN EL JUICIO. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación, está comprendido en el Artículo 903 de preámbulo y número tres del Código de Procedimientos Civiles. DISPOSICION INFRINGUIDA: En el presente se encuentra infringido el artículo 301 del Código de Procedimientos Comunes.”. Sin embargo el censor no es claro ni preciso en el segundo cargo formulado ya que más bien formula extensos alegatos propios de instancia, sin llegar a determinar que declaración fue omitida en el fallo recurrido, lo cual hace que el mismo no proceda su admisión. CONSIDERANDO (3): Que el impetrante en el tercer motivo sostiene: “TERCER MOTIVO DE CASACION: VIOLACION DE LA LEY APLICACIÓN INDEBIDA DE LAS LEYES O DOCTRINAS LEGALES. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación, está comprendido en el Artículo 903 de preámbulo y número uno del Código de Procedimientos Civiles. DISPOSICION INFRINGUIDA: En el presente se encuentra infringido el artículo 3 párrafo tercero de la Ley de Ordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central contenida en el Decreto numero 220-2003.”. Al igual que en el primer motivo, se reitera en los siguientes defectos técnicos que lo vuelven inadmisible: a) La norma citada como infringida por aplicación indebida no aparece que fue aplicada en los fallos de primera y segunda instancia; b) No indica o señala la disposición que debió sustituir a la norma considerada infringida; c) En su explicación realiza señalamientos contradictorios en relación al concepto de la infracción, formulando alegatos propios de instancia. CONSIDERANDO (4): Que el censor del fallo en el cuarto motivo aduce: “CUARTO MOTIVO DE CASACION: VIOLACION DE LA LEY APLICACIÓN INDEBIDA DE LAS LEYES O DOCTRINAS LEGALES. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación, está comprendido en el Artículo 903 de preámbulo y número uno del Código de Procedimientos Civiles. DISPOSICION INFRINGUIDA: En el Presente se encuentra infringido el artículo 205 Atribución 32 de la Constitución de la República.”. Pero, además de que señala como infringida una norma constitucional, que no es atacable en el Recurso de Casación, la misma tampoco aparece como aplicada en el fallo recurrido, omitiendo indicar cual sería la norma que debió aplicar en sustitución de la estimada como violada por el Juzgador, defectos que hacen que este motivo resulte ser inadmisible. CONSIDERANDO (5): Que en la formalización del recurso de casación, que no es más que una segunda frontera procesal que tiene que atravesar el recurso en su avance hacia el trámite de la admisión, al recurrente se le exige inflexiblemente el cumplimiento de determinados requisitos, a los que debe dar exacto cumplimiento, si quiere que el recurso siga siendo viable; siendo preciso poner el más exquisito cuidado, la más delicada atención, pues cualquier olvido u omisión, produce la inadmisión del recurso, atenciones y cuidados procesales que no fueron observados en la preparación del mismo. CONSIDERANDO (6): Que por las razones expuestas anteriormente, el recurso de mérito debe ser desestimado en sus cuatro motivos. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, vista la opinión del Fiscal, y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5 y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1o. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 89, 129 letra c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: PRIMERO: DECLARANDO NO HABER LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus CUATRO MOTIVOS. SEGUNDO: SIN COSTAS por haber tenido motivo bastante para litigar. Y, MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR.- ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE.- FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C, a los quince días del mes de junio de dos mil diez, a solicitud de la Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN, Apoderada Legal del señor NICOLAS ALBERTO VASQUEZ FONSECA. Certificación de la sentencia de fecha dieciocho de mayo de dos mil diez, recaída en el recurso de casación No. S.L. 206-08.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL