Sentencia CA-198-10 — Registro 7534
Resumen
En primera instancia se declara parcialmente procedente la Acción promovida por el demandante, por no ajustarse a Derecho los actos Administrativos impugnados, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que en la forma expuesta, el cargo no constituye una proposición jurídica completa, ya que adolece de los siguientes errores técnicos que lo vuelven inadmisible: a) Las normas citadas como violadas no aparecen haber sido expuestas por las partes en la contienda de mérito; b) en su explicación, mezcla varias situaciones jurídicas, que debió haber formulado por separado y en cargos independientes; c) realiza alegatos propios de instancia.-"
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 920, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que en este segundo cargo, el Recurrente incurrió en los siguientes defectos técnicos: a) Las disposiciones citadas como infringidas, no son normas de carácter sustantivo; b) la cuestión alegada es propia de la interposición de las defensas previas por una causa de inadmisibilidad de la demanda, situación que no fue planteada oportunamente y por ello no es propio su alegato en esta instancia; y, c) cita de forma incorrecta el precepto autorizante en que considera comprendido el motivo, ya que invocando violación ó falta de aplicación debió haber señalado el numeral 1 del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles y no el 7 como lo hizo. Las precitadas fallas en la formulación del motivo, lo hacen inestimable.-"
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 920, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M. D. C., nueve de noviembre del dos mil diez.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley, formalizado ante este Tribunal en fecha treinta y uno de mayo de dos mil diez, por el Licenciado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de Apoderado del ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD; en relación a la Demanda de Nulidad de dos actos administrativos de carácter particular emitidos por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de la Dirección General de la Policía Preventiva y se Reconozca una situación Jurídica Individualizada y su restablecimiento, pago de prestaciones reajuste, pago de reajuste de salarios y por ende pago de reajuste a vacaciones, aguinaldos en atención a la vigencia del estatuto del medico empleado y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios con el reajuste de mérito, costas del juicio, interpuesta en fecha seis de septiembre de dos mil siete, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, por el señor DARWIN EZEQUIEL LUNA RIVERA, mayor de edad, casado, Médico Cirujano, hondureño y de este domicilio, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a través de la Procuradora General de la República, en ese entonces señora ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO, mayor de edad, casada, Abogada y de este domicilio.- El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha veintiséis de marzo de dos mil diez, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a Nivel Nacional, que falló confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Francisco Morazán, el veintiocho de octubre de dos mil nueve, la cual FALLO: “PRIMERO: Declarar parcialmente procedente la Acción promovida por el señor DARWIN EZEQUIEL LUNA RIVERA, por no ajustarse a Derecho los actos Administrativos impugnados, consistente en las Resoluciones Números SEDS-SG-046 y SEDS-SG-117, de fechas 05 de marzo y 25 de Junio, ambas del 2007, emitidas por la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, en consecuencia se anulan únicamente en cuanto a la denegatoria del pago de reajuste de los salarios del demandante, vacaciones y aguinaldos, en aplicación de la ley del Estatuto del Médico Empleado.- SEGUNDO: Reconocer Parcialmente la situación jurídica individualizada del demandante, y para su pleno restablecimiento resuelve: condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, al pago a favor del demandante de la cantidad de SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON NOVENTA CENTAVOS (LPS.735,415.90), en concepto de reajuste salarial, reajuste de vacaciones y aguinaldos, reclamado al tenor de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, de Mayo de 1998 al 01 de Julio del 2002.- TERCERO: Declarar sin lugar el pago de prestaciones laborales por la cancelación de que fue objeto el demandante y el pago de salarios dejados de percibir, a título de daños y perjuicios, en virtud que dichas pretensiones deben ser objeto de otra acción judicial, ya que la presente es ordinaria y no de procedimiento especial en materia de personal, en cuya acción no debe agotarse la Vía Administrativa; así mismo se declara Sin lugar el reajuste a las prestaciones laborales y salarios dejados de percibir ya que para reconocer dichos reajustes deben acreditarse el pago de dicho concepto”; Sin Costas en ambas instancias.- RESULTA: Que en fecha treinta y uno de mayo de dos mil diez, compareció ante este Tribunal el Licenciado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, en su condición antes mencionada, formalizando su demanda de la siguiente manera: “EXPOSICION DE LOS MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Infracción por Violación o falta de aplicación de los artículos 39 y 43 de la Ley del Salario Mínimo, en relación a los artículos 105, 110 y 111 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles. EXPOSICION DEL MOTIVO: Infracción por violación o falta de aplicación de los artículos 39 y 43 de la Ley del Salario Mínimo, en relación a los artículos 105, 110 y 111 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que literalmente prescriben lo siguiente: Artículo 39: Todo trabajador al que le sean aplicables salarios mínimos y reciba salarios inferiores a los salarios mínimos a que tiene derecho, podrá recuperar las sumas que se le adeuden por la vía judicial en juicio que se sustanciará sumariamente. El trabajador podrá cobrar en concepto de daños y perjuicios, además de lo que se le adeude, una suma igual. Artículo 43. La acción derivada del derecho que se reconoce en el artículo 39 de esta Ley, prescribirá en dos años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motiva un ejercicio. Articulo 105. Los plazos para la presentación y contestación de la demanda, para la proposición y evacuación de la prueba y para formular conclusiones, queda reducido a la mitad en lo referente a este procedimiento. Articulo 108. Las acciones que tuvieren por objeto actos de cancelación o separación de servidores públicos, se sujetaran a lo que establece esta Sección. Articulo 111. Serán aplicables a este procedimiento el Artículo 105 de la Sección anterior. Si bien es cierto, las normas antes aludidas, pertenecen a un Cuerpo de Leyes Adjetivas, también es cierto, que además tienen el carácter de norma sustantiva, en cuanto confiere el derecho subjetivo a favor de los servidores públicos, de revisar el salario mínimo, a través del cauce del juicio en materia personal, y, no el ordinario, como indebidamente se le dio a la pretensión planteada por el demandante. Debe notarse que la parte demandante, presentó demanda por el cauce del juicio en materia personal, solicitando pago de prestaciones laborales, mas a titulo de indemnización los salarios dejados de percibir, y reconocimiento del salario mínimo de conformidad al Estatuto del Medico Empleado, y el reajuste correspondiente, petición esta, a la que posteriormente se le dio el cauce del juicio ordinario, infringiendo con ello, de forma directa lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Salario Mínimo, que establece de forma clara que tal petición se reclamara por la vía judicial en un juicio que se sustanciara sumariamente, lo que concuerda con lo establecido en el articulo 111 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, relacionado con el articulo 105 del mismo cuerpo de Ley, por consiguiente cualquier disposición gubernativa, o de cualquier otro orden, que regule el ejercicio de las declaraciones y garantías establecidas en la Constitución de la Republica, que enerve lo dispuesto en las normas antes arriba señaladas, no debe aplicarse, tal como ocurrió en el caso que nos ocupa, donde el Tribunal A-quo, dio a una petición de carácter personal, el tramite del juicio ordinario, contrario a lo que establecen las normas arriba citadas. En el presente caso, este Sumo Tribunal, apreciara que la petición formulada por el señor Luís Alonzo Barahona Zúñiga, en cuanto a su reclamo de reajuste de salario mínimo, es carácter personal. Ya que, lo que el ha pretendido, es que se le reconozca el salario mínimo que debería estar devengando, de acuerdo al Estatuto del Médico Empleado petición esta, que obligatoriamente debe proseguirse por los cauces del juicio en materia personal, sin que para ello, sea necesariamente el agotamiento de la vía administrativa, tal como ocurrió en el caso que ahora nos ocupa, donde el demandante, previamente a intentar su acción ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, erróneamente presentó Reclamo Administrativo ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, dejando transcurrir con ello el termino de quince (15) días que la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, para interponer acciones, como la que ahora nos ocupa. El Juzgado de primera instancia, ha dejado sentado erróneamente un criterio que fue confirmado por la Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en la sentencia impugnada, en el sentido de que, el Estatuto del Medico Empleado, es aplicable al señor Luís Alonzo Barahona Zúñiga, desde el dieciséis (16) de mayo (05) del año mil novecientos noventa y ocho (1998) fecha en que el demandante estaba colegiado en su Colegio Profesional, obviando los Tribunales en mención, que el demandante en caso de haber seguido el procedimiento correspondiente (art. 108 al 113 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo) solamente tenia dos años, contados a partir de la fecha en que se colegio, para intentar la acción que ahora nos ocupa, tal y como lo establece el articulo 43 de la Ley del Salario Mínimo, cuyo texto establece que: “...La acción derivada del derecho que se reconoce en el artículo 39 de esta Ley, prescribirá en dos años contados a partir de la fecha en que ocurrió la causa que motiva un ejercicio... “, sin embargo en el presente caso, transcurrieron aproximadamente nueve años, prescribiendo dicho termino, haciendo imposible que el Tribunal A-quo, emitiera pronunciamiento sobre el fondo del asunto.- SEGUNDO MOTIVO: Infracción por Violación o falta de aplicación de los artículos 108, 111 y 105 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con los artículos 1497 y 1499 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 903 numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles. EXPOSICION DEL MOTIVO: Infracción por violación o falta de aplicación del articulo 108, 111 y 105 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con los artículos 1497 y 1499 del Código Civil.- La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo mediante fallo definitivo dictado el 26 de marzo del 2010 por el cual, en primer lugar Declara Sin Lugar el recurso de apelación interpuesto por la Abogada Lastenia Maritza Diaz Cáceres apoderado del Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad y el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Luís Alonzo Barahona Zúñiga apoderado del señor Darwin Ezequiel Luna Rivera, y en segundo lugar confirma la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección judicial en fecha 28 de octubre del 2009, declarando reconocer parcialmente la situación jurídica individualizada del demandante, y para su pleno restablecimiento resuelve condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaria de estado en los Despachos de Seguridad al pago a favor del demandante en concepto de reajuste salarial, reajuste de vacaciones y aguinaldos reclamado al tenor del Estatuto del Medico Empleado de mayo de 1998 al 01 de julio del 2002, visibles en los folios 161 al 167 de la primera pieza de autos, se motiva esencialmente en el considerando séptimo y octavo que se le reconociera ambas acciones en una misma demanda, siendo dos pretensiones completamente distintas como ser una en materia de personal, al solicitar el pago de prestaciones laborales y salarios dejados de percibir, y la otra ordinaria al solicitar el pago de reajustes de salarios, vacaciones, aguinaldos de conformidad al Estatuto del Medico Empleado; siendo que ambas fueron resueltas en un mismo acto, tal como lo expresara el Apoderado Legal en su subsanación, por lo que el Juez A-quo se fue más allá de lo señalado por la ley, al concederle al demandante el trámite ordinario de la acción, cuando lo procedente y de conformidad a la ley debía ser rechazar las dos acciones. Evidenciándose que la corte sentenciadora procedió lógicamente en forma no usual en la formación del juicio probatorio, desconociendo la existencia de documentos auténticos de fuerza probatoria capaces de poner de manifiesto una base fáctica contraria a la que sirve de fundamento a la sentencia que se combate, vulnerando eminencialmente una norma valorativa de prueba de influencia decisiva en el pleito, que precisamente le vincula en el sentido contrario al que resolvió y cuya eficacia no ha quedado desvirtuado por el resultado los medios de prueba de instrumentos públicos.- La sentencia definitiva objeto de Casación hace suya y desconoce las consideraciones legales en que se fundamenta la Sentencia Definitiva de primera instancia de que se ha hecho merito, la cual en forma toral en el considerando siete del fallo plantea que al ser requerido por el juzgado para ser subsanada a fin de que señalara con claridad si la acción era de procedimiento especial en materia de personal u ordinaria por reajustes de salario conforme al Estatuto del Medico Empleado; subsanando en el sentido de que se acumulara dichas pretensiones por haber sido denegados en el mismo acto administrativo, al tener por subsanada la demanda y resolver conforme a la subsanación quedaba el demandante indefenso ante las dos pretensiones; violentado el precepto que señala que sentencia de primera instancia venida en apelación, aplico indebidamente el articulo 24 y 25 de la Ley de Procedimiento Administrativo, siendo lo correcto y procedente declarar sin lugar la sentencia apelada. NULIDAD SUBSIDIARIA 1.- Debido a la importancia de los hechos que se estiman probados, todas las sentencias dictadas en materia administrativa según el Código de Procedimientos Comunes artículos 187 y 190, establecen que contendrán con claridad y concisión posible tanto en el preámbulo, en los considerandos y parte final que deben de ser claras, precisas y congruentes con la demanda, expresando cueles son los hechos que estimen probados ya que de lo contrario la sentencia es susceptible de recursos de casación por quebrantamiento de forma o puede ser invalidada de oficio por este Tribunal Supremo conociendo de esa en casación por infracción de ley, articulo 956 de Código de Procedimientos Comunes. 2.- Como puede observar Honorables Magistrados la corte sentenciadora no tomo en consideración en su totalidad las pruebas aportadas por mi representada, las que demuestran que al ser dos acciones completamente distintas, como ser una acción de procedimiento especial en materia de personal, que ya la misma ley indica el termino de 15 días para ejecutar dicha acción, en el caso de que el demandante pretendiera el pago de prestaciones y el pago de los salarios dejados de percibir durante la secuela del juicio, cuando no consta una acción ordinaria que le respalde tal precedente como ser una sentencia firme que le garantice ese derecho; de ser el caso que solicitara los ajustes de salario de conformidad al Estatuto del Medico Empleado, el demandante tenía 30 días para ejecutar esta acción mediante un procedimiento ordinario. Como podrán apreciar Honorables Magistrados, las referidas acciones no pueden acumulase. Por lo que las Resoluciones SEDS-SG-046-2007 de fecha 05 de marzo del 2007 y SEDS-SG-l17-2007 de fecha 25 de junio del 2007, dictadas por la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad son conforme a ley, no pudiendo ser objeto de una misma demanda por haber prescrito estas dos acciones y siendo imposible reconocerlos las dos acciones en un solo proceso y mucho menos hacerlos efectivos”.- RESULTA: Que en fecha uno de junio de dos mil diez, se tuvo por formalizado en tiempo el recurso de Casación por parte del Licenciado OSCAR ARMANDO CARÍAS NUÑEZ, ordenándose el traslado al Fiscal del Despacho para que en el término de diez días procediera a emitir su dictamen, haciéndolo dicha funcionaria el veinticinco de agosto de dos mil diez, de la siguiente manera: “OPINIÓN: Con fundamento en las razones expuestas, el Ministerio Público dictamina desfavorable a la admisión del recurso de Casación en sus dos motivos así como en la solicitud de nulidad subsidiaria planteada”.- RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- CONSIDERANDO (1): Que la demanda de casación, por tratarse de un recurso extraordinario, persigue como finalidades esenciales la defensa de la ley sustantiva y la unificación de la jurisprudencia nacional, debe sujetarse en su formulación a una técnica jurídica especial para que pueda considerarse como tal y ser atendida por la Corte, rigorismo que en el fondo tutela la presunción de legalidad del fallo recurrido.- CONSIDERANDO (2): Que el Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ en su primer motivo de casación alega: “Infracción por Violación o falta de aplicación de los artículos 39 y 43 de la Ley del Salario Mínimo, en relación a los artículos 105, 110 y 111 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles.”.- CONSIDERANDO (3): Que en la forma expuesta, el cargo no constituye una proposición jurídica completa, ya que adolece de los siguientes errores técnicos que lo vuelven inadmisible: a) Las normas citadas como violadas no aparecen haber sido expuestas por las partes en la contienda de mérito; b) en su explicación, mezcla varias situaciones jurídicas, que debió haber formulado por separado y en cargos independientes; c) realiza alegatos propios de instancia.- CONSIDERANDO (4): Que el Impetrante en el segundo motivo invoca: “Infracción por Violación o falta de aplicación de los artículos 108, 111 y 105 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en relación con los artículos 1497 y 1499 del Código Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 903 numeral 7 del Código de Procedimientos Civiles.”.- CONSIDERANDO (5): Que en este segundo cargo, el Recurrente incurrió en los siguientes defectos técnicos: a) Las disposiciones citadas como infringidas, no son normas de carácter sustantivo; b) la cuestión alegada es propia de la interposición de las defensas previas por una causa de inadmisibilidad de la demanda, situación que no fue planteada oportunamente y por ello no es propio su alegato en esta instancia; y, c) cita de forma incorrecta el precepto autorizante en que considera comprendido el motivo, ya que invocando violación ó falta de aplicación debió haber señalado el numeral 1 del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles y no el 7 como lo hizo. Las precitadas fallas en la formulación del motivo, lo hacen inestimable.- CONSIDERANDO (6): Que de forma subsidiaria se pide la nulidad de la sentencia recurrida, bajo el argumento, que: “…la corte sentenciadora no tomo en consideración en su totalidad las pruebas aportadas por mi representada, las que demuestran que al ser dos acciones completamente distintas, como ser una acción de procedimiento especial en materia de personal, que ya la misma ley indica el termino de 15 días para ejecutar dicha acción, en el caso de que el demandante pretendiera el pago de prestaciones y el pago de los salarios dejados de percibir durante la secuela del juicio, cuando no consta una acción ordinaria que le respalde tal precedente como ser una sentencia firme que le garantice ese derecho….”.- CONSIDERANDO (7): Que no procede atender la petición de nulidad del recurrente, ya que la cuestión objetada debió ser objeto de las Defensas Previas por causa de inadmisibilidad de la demanda, situación que no fue planteada oportunamente y por ello no es propio su alegato en esta instancia; tampoco se observa ninguna situación que violente el debido proceso y el derecho de defensa de las partes, ni que pueda dar lugar a la aplicación de la facultad concedida a este Tribunal en el artículo 956 del Código de Procedimientos Civiles.- CONSIDERANDO (8): Que por las razones expuestas anteriormente, el recurso de mérito debe ser desestimado en sus dos motivos y declarar sin lugar la Nulidad subsidiaria solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, vista la opinión del Fiscal y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1) y 24 de la Convención Americana de los Derechos Humanos; 89, 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 919 numeral 1) y 920 numeral 2) del Código de Procedimientos Civiles; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: PRIMERO: DECLARANDO NO HABER LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. SEGUNDO: SIN LUGAR la Nulidad Subsidiaria. TERCERO: SIN COSTAS por haber tenido motivo bastante para litigar. Y, MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de Noviembre del Dos Mil Diez; Certificación de la sentencia de fecha nueve de Noviembre del dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación número 198-2010.
LUCILA CRUZ MENÈNDEZ
SECRETARIA GENERAL