Sentencia CA-115-09 — Registro 7532
Resumen
En primera instancia se declara procedente la acción interpuesta por el demandante por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado consistente en el acuerdo de cancelación, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..." Que en este segundo cargo, la censora del fallo incurrió en los siguientes defectos técnicos: a) La disposición citada como infringida, no es una norma de carácter sustantiva; b) No realiza ninguna explicación en relación a que consiste el error de derecho alegado, ni lo vincula con los medios de prueba evacuados en el juicio; c) No relaciona ninguna disposición adjetiva que hayan servido de medio al error de derecho alegado. Las precitadas fallas en la formulación del motivo, lo hacen inestimable"(Que por las razones expuestas anteriormente, el recurso de mérito debe ser desestimado en sus dos motivos."
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 920, Numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno de agosto del dos mil diez.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha tres de abril de dos mil nueve, por la Abogada LOURDES MIREYA VELASQUEZ BARAHONA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, actuando en su condición de apoderada legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda para que se declare la nulidad e ilegalidad de un acto administrativo, que se reconozca una situación jurídica individualizada por el despido ilegal e injusto que por cesantía se aplico y como medida para su pleno restablecimiento se ordene el reintegro al trabajo, pago de salarios dejados de percibir mas otros aumentos de sueldo que se otorguen en su ausencia; interpuesta en fecha dieciocho de agosto de dos mil seis, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor JORGE DARIO ORELLANA TORO, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SEGURIDAD, a través de la Procuradora General de la República, Abogada ROSA AMÉRICA MIRANDA RIVERA DE GALO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha trece de febrero de dos mil nueve, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que falló confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, de fecha veintitrés de octubre de dos mil ocho, misma que fue proferida de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarar PROCEDENTE la Acción incoada por el señor JORGE DARIO ORELLANA TORO, contentiva a que se declare la nulidad de un acto administrativo de cancelación de su persona como empleado de la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad, por no ajustarse a Derecho el acto Impugnado, consistente en el acuerdo de cancelación número 1172-2006 de fecha 25 de julio de 2006 emitido por el titular de dicha Secretaria de Estado.- En consecuencia se anula totalmente.- SEGUNDO: Reconocer la situación jurídica individualizada reclamada y para su pleno restablecimiento se adoptan las siguientes medidas: 1)Pagar a favor del demandante las PRESTACIONES LABORALES como ser: Preaviso, Auxilio de Cesantía, Auxilio de Cesantía Proporcionales; así como los DERECHOS ADQUIRIDOS como ser: Décimo Tercer mes Proporcional; Décimo Cuarto mes Proporcional y Vacaciones Proporcionales, y cualquier otro derecho inherente producido durante la secuela del presente juicio, en lugar de la pretensión de REINTEGRO SOLICITADA EN VISTA DE QUE LA PLAZA QUE OCUPABA EL DEMANDANTE, HA SIDO REINTEGRADA POR ORDEN DE ESTE JUZGADO LA SEÑORA MARTA LIDIA TORO, QUIEN SE DESEMPEÑABA EN LA MISMA PLAZA CON ANTERIORIDAD AL DEMANDANTE.- 2.) pagarle al demandante en concepto de INDEMNIZACION los salarios dejados de Percibir desde la fecha de cancelación hasta el día en que adquiera firmeza la presente sentencia.” CON COSTAS en primera instancia y SIN COSTAS en segunda instancia.- RESULTA: Que en fecha tres de abril de dos mil nueve, compareció ante este Tribunal de Justicia, la Abogada LOURDES MIREYA VELASQUEZ BARAHONA de generales ya señaladas y en su condición de apoderada legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda de la siguiente manera: “EXPRESION DE MOTIVOS DEL PRESENTE RECURSO PRIMER MOTIVO PRECEPTO AUTORIZANTE: El Articulo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles establece: Habrá lugar al recurso de casación por infracción des ley o de doctrina legal “cuando el fallo contenga violación, interpretación errónea, o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales, aplicables al caso del pleito.” Que demuestra la equivocación evidente del Juzgador, es decir de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al hacer suya la sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En el presente motivo se encuentran infringidos los artículos 903 numerales 1 del Código de Procedimientos Civiles en relación con los artículos 1497 y 1499 párrafo primero del Código Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION 1.- Precepto Legal Infringido: “Los medios de prueba de que puede hacerse uso en juicios son: “Instrumentos Públicos...”; artículo 320 numeral 1° del Código de Procedimientos Civiles. 2.- Precepto Legal Infringido: Bajo la denominación de instrumentos o documentos públicos se comprenden: “... Los documentos públicos expedidos por los funcionarios públicos que estén autorizados para ello, a lo que se refiere al ejercicio de sus funciones”; artículo 321 numeral 3° del Código de Procedimientos Civiles. 3.- Precepto Legal Infringido: “Los documentos públicos hacen prueba, aun contra tercero, del hecho que motiva su otorgamiento y de la fecha de este” artículo 1499 párrafo primero del Código Civil. 4.- Precepto Legal infringido: “Error en la apreciación de los documentos públicos que se encuentran agregados en el expediente administrativo, como ser el acuerdo, SEDS- 0383-2006 de fecha 03 de abril del 2006 por el cual se nombro al ciudadano JORGE DARIO ORELLANA TORO, en el cargo de oficial Administrativo IV sin existir en el mismo las acciones de personal ni el examen de oposición para su nombramiento en la Dirección General de Servicio Civil; artículos 24 párrafo segundo; 25 y 34 de la Ley de Procedimiento Administrativo; articulo 6 1 y 278 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. EXPLICACION DEL MOTIVO. La Honorable Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, mediante el fallo definitivo recurrido dictado el 13 de febrero del 2009 y por el cual en primer lugar, confirma la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial el 23 de octubre del 2008 en la demanda promovida por el ciudadano JORGE DARIO ORELLANA TORO contra el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad, se motiva esencialmente en el considerando segundo de la sentencia recurrida y para efecto de explicación del presente motivo dice: “: Que la Ley de Servicio Civil establece en su Articulo 53 los supuestos por los cuales se puede prescindir por cesantía de los servicios de los servidores públicos, siempre que la autoridad nominadora acredite en forma fehaciente y que a continuación se indique en el inciso a) y b) reducción servicios o de personal para obtener una mas eficaz y económica organización administrativa, de lo anterior se desprende que tal situación esta condicionada al resultado que arroje la evaluación de la actividad del personal en el desenvolvimiento de su trabajo en donde se aprecia la eficiencia, responsabilidad de sus deberes y obligaciones con el objeto de obtener una valoración que este de acuerdo con objetivos de eficiencia administrativa, en caso contrario procedería aplicar tal figura jurídica para buscar la eficiencia señalada.- Evidenciándose que la Corte Sentenciadora procedió en forma no usual en la formación del juicio probatorio, vulnerando evidentemente el resultado que arrojan los medios de prueba instrumentos públicos.- La sentencia de apelación hace suya la sentencia definitiva de primera instancia aduciendo que la cancelación de nombramiento del ciudadano Jorge Darío Orellana Toro no se ajusta a derecho en consecuencia solicita se anule totalmente, violentando con ello lo emanado en el articuló 24 de la Ley de Procedimiento Administrativo que literalmente dice “Los actos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico; el objeto de los actos debe ser licito, cierto y físicamente posible, como consecuencia la cancelación del ciudadano Orellana Toro se ejecuto siguiendo los procedimientos respectivos, con lo cual dejamos reiteradamente de manifiesto que la cancelación suscitada queda sujeta al reconocimiento de los derechos e indemnizaciones laborales por no ser posible el reintegro, ya que el articulo 34 letra c) de la Ley de Procedimiento Administrativo dice. “.. El acto administrativo es nulo en los siguientes casos a).. .b).. .c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido...” El Juez —A- Quo al expresar el fallo de primera instancia los medios de prueba de instrumentos públicos, que corren agregados exclusivamente del expediente administrativo, observa el procedimiento de nombramiento, y cancelación que es la base que le sirve de fundamento al Juez Ad-Queen y por ende lo hace suyo algo inusual en dicho procedimiento, ya que de oficio y de forma veraz el Juez A-Quo considera en la observación de dicho expediente que no se siguió el procedimiento de cancelación por cesantía según el artículo 53 de la Ley de Servicio Civil y 278 de su Reglamento, quedando evidentemente sorprendidos Honorables Magistrados al observar que no se cumplió para cancelarlo no se observa el procedimiento para nombrarlo, ya que a todas luces en el expediente administrativo quedo plenamente demostrado que para nombrar al señor JORGE DARIO ORELLANA TORO, se VIOLENTARON LOS ARTICULO 11, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 31, y 60 de la Ley de Servicio Civil el que literalmente dice: “Todo nombramiento que se hiciere en contravención de lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos será nulo y no concederá derecho alguno a quien lo haya obtenido.- Además de los artículos 111,112,113 y 114 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil.- Según el Diccionario de Cabanellas en su pagina 146 del tomo 1 —A-B, define “Acto Nulo: Podríamos denominarlo acto antijurídico o ajurídico, por ser aquel que no surte efecto para el derecho.. .,el acto nulo esta prohibido directa o indirectamente por la ley de modo absoluto, y la sanción consiste en privarle de efectos jurídicos simplemente;...”, la aplicación indebida del articulo 60 de la Ley de Servicio Civil y por la no observancia en las apreciación de la prueba de los documentos’ públicos como ser el expediente administrativo limitándose la Honorable Corte de Apelaciones a confirmar y hacer suya la sentencia de primera instancia, creyendo la Corte Sentenciadora al confirmar la sentencia de primera instancia venida en apelación aplico indebidamente el articulo 24 y 34 letra c) de la Ley Procedimiento Administrativo , siendo lo correcto y procedente declarar con lugar la apelación y declarar improcedente la demanda, en aplicación de los artículos 53, letra a) y 60 de la Ley de Servicio Civil y 278 letra a) del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. EXPRESION DE LOS MOTIVOS DEL PRESENTE RECURSO SEGUNDO MOTIVO ERROR DE DERECHO POR LA NO APLICACIÓN DE LA LEY. PRECEPTOR AUTORIZANTE: Artículo 903 preámbulo y número 7 del Código de Procedimientos Civiles en cuanto al error de derecho por la no aplicación de la Ley. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En el presente motivo se encuentra infringido el artículo número 60 de la Ley de Servicio Civil. CONCEPTO DE LA INFRACCION. 1) PRECEPTO LEGAL INFRINGIDO:”Todo nombramiento que se hiciere en contravención a lo dispuesto en esta Ley y sus reglamentos será nulo y no producirá derecho alguno a quien lo hay obtenido, pero las actuaciones de estos servidores públicos ejecutadas con arreglo a derecho en el ejercicio de su cargo serán validas. ANTECEDENTES La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al confirmar la sentencia venida en apelación y hacer suya, la dictada por el Juez A-Quo a incurrido en error de derecho al no aplicar el articulo 60 de la Ley de Servicio Civil en relación con el articulo 1348 del Código Civil, ya que el nombramiento del demandante Señor JORGE DARIO ORELLANA TORO. se hizo al margen de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, la misma ley facultaba para que en el termino de sesenta (60) días pudiera solicitar una reconsideración de su acuerdo de nombramiento y no lo hizo, por lo tanto dicha acción es aquella que la Ley de Procedimiento Administrativo cataloga como un acto firme y consentido, por lo que nos sorprende la actitud de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo que confirma la sentencia de primera instancia y no reacciona frente a este hecho en este momento solo relaciona la cancelación que se hizo violentando el articulo 279 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, sin considerar el articulo números 3 letra a), y 60 de la Ley de Servicio Civil, se le nombró sin cumplir ningún requisito por lo tanto en aplicación de dichos artículos su nombramiento es nulo, antijurídico que no tiene efecto para el derecho, ya que la Corte de Apelaciones al manifestar que el Juez A-Quo actuó en debida forma, quedo evidenciado que dicho nombramiento no fue hecho por Servicio Civil, debiendo aplicar el articulo 60 de ese cuero legal en relación con el articulo 1348 del Código Civil, recordándoles a los Señores Magistrados que el acuerdo es un acto bilateral pudiendo pedirse reconsideración del mismo, lo que no se hizo debiéndose dictar una sentencia apegada a derecho, declarando con lugar el recurso e improcedente la acción.” .- RESULTA: Que en fecha trece de abril del dos mil nueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Abogada LOURDES MIREYA VELASQUEZ BARAHONA de generales ya señaladas y en su condición de apoderada legal sustituta del ESTADO DE HONDURAS, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado a la Fiscal del Despacho por el término de diez días para que emitiera su dictamen; haciéndolo dicha funcionaria, el veinticinco de mayo de dos mil nueve, de la siguiente manera: “OPINION Por lo anteriormente expresado, el Ministerio Público se manifiesta de manera desfavorable a la admisión del presente Recurso en sus dos motivos”.- RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- CONSIDERANDO (1): Que la demanda de casación, por tratarse de un recurso extraordinario, persigue como finalidades esenciales la defensa de la ley sustantiva y la unificación de la jurisprudencia nacional en materia laboral, debe sujetarse en su formulación a una técnica jurídica especial para que pueda considerarse como tal y ser atendida por la Corte, rigorismo que en el fondo tutela la presunción de legalidad del fallo recurrido.- CONSIDERANDO (2): Que la recurrente en su primer motivo de casación alega: “PRECEPTO AUTORIZANTE: El Articulo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles establece: Habrá lugar al recurso de casación por infracción des ley o de doctrina legal “cuando el fallo contenga violación, interpretación errónea, o aplicación indebida de las leyes o doctrinas legales, aplicables al caso del pleito.” Que demuestra la equivocación evidente del Juzgador, es decir de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al hacer suya la sentencia del Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En el presente motivo se encuentran infringidos los artículos 903 numerales 1 del Código de Procedimientos Civiles en relación con los artículos 1497 y 1499 párrafo primero del Código Civil.”.- CONSIDERANDO (3): Que en la forma expuesta, el cargo no constituye una proposición jurídica completa, ya que adolece de los siguientes errores técnicos que lo vuelven inadmisible: a) No es claro ni preciso en señalar el precepto legal infringido, ni el tipo de infracción, ya que si bien en los apartados denominados CONCEPTO DE LA INFRACCION y EXPLICACION DEL MOTIVO, cita como violadas una serie de normas, lo realiza en forma difusa y sin un criterio que respete la técnica propia del recurso; b) Cuestiona el procedimiento de nombramiento del demandante, tal como si ese fuese el acto administrativo revisado, cuando en el proceso es el relativo a su cancelación como empleado de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; c) Realiza alegatos propios de instancia.- CONSIDERANDO (4): Que la impetrante en el segundo motivo invoca: “ERROR DE DERECHO POR LA NO APLICACIÓN DE LA LEY. PRECEPTOR AUTORIZANTE: Artículo 903 preámbulo y número 7 del Código de Procedimientos Civiles en cuanto al error de derecho por la no aplicación de la Ley. DISPOSICIONES INFRINGIDAS: En el presente motivo se encuentra infringido el artículo número 60 de la Ley de Servicio Civil.”.- CONSIDERANDO (5): Que en este segundo cargo, la censora del fallo incurrió en los siguientes defectos técnicos: a) La disposición citada como infringida, no es una norma de carácter sustantiva; b) No realiza ninguna explicación en relación a que consiste el error de derecho alegado, ni lo vincula con los medios de prueba evacuados en el juicio; c) No relaciona ninguna disposición adjetiva que hayan servido de medio al error de derecho alegado. Las precitadas fallas en la formulación del motivo, lo hacen inestimable.- CONSIDERANDO (6): Que por las razones expuestas anteriormente, el recurso de mérito debe ser desestimado en sus dos motivos.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, vista la opinión del Fiscal y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 89, 129 literal c) y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 919 numeral 1, 920 numeral 2) del Código de Procedimientos Civiles; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: PRIMERO: DECLARANDO NO HABER LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. SEGUNDO: SIN COSTAS por haber tenido motivo bastante para litigar. Y, MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de Septiembre del Dos Mil Diez; Certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de Agosto del dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación número 115-09.
LUCILA CRUZ MENÈNDEZ
SECRETARIA GENERAL