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Sentencia CA-06-09 — Registro 7553

Resumen

Se anula de oficio la sentencia dictada por la corte de apelaciones que confirma la de primera instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que conforme lo anterior, lo resuelto por los Tribunales de primera y segunda instancia, hacen que no exista la debida congruencia, al no respetarse las pretensiones de las partes y excederse al conceder cuestiones no reclamadas oportunamente, ya que la condena en daños y perjuicios comprende valores de lucro cesante y daño emergente por 7 meses adicionales a los señalados en la demanda y el pago de intereses de una deuda no vinculada con lo demandado en juicio.- " Que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzgará dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición.- " Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen"

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACIÓN

La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La Sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno de agosto del dos mil diez.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha dos de febrero de dos mil nueve, por el Abogado BRIAN ASDRUBAL AGUILAR HERNÁNDEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de apoderado legal de la entonces ADMINISTRACIÓN FORESTAL DEL ESTADO – CORPORACIÓN HONDUREÑA DE DESARROLLO FORESTAL (AFE-COHDEFOR); en relación a la demanda ordinaria para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo, se reconozca una situación jurídica individualizada, para su pleno restablecimiento se condene a la parte demandada a pagar daños y perjuicios que comprenden lucro cesante, daño emergente e intereses comerciales, y se subrogue la acción en contra de los funcionarios infractores; interpuesta en fecha veintiocho de abril de dos mil seis, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, por el Abogado JOSÉ EFRAÍN BRICEÑO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MADERA S.A. DE C.V. (INCOMSA), en contra de la entonces ADMINISTRACIÓN FORESTAL DEL ESTADO – CORPORACIÓN HONDUREÑA DE DESARROLLO FORESTAL (AFE-COHDEFOR), por medio de su Gerente General, el señor RAMÓN ÁLVAREZ LAZZARONI, mayor de edad, hondureño, Ingeniero y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha veinte de noviembre de dos mil ocho, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que falló confirmando la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, de fecha veintiuno de julio de dos mil ocho, misma que fue proferida de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: DECLARAR PROCEDENTE LA ACCION incoada por el Abogado JOSE EFRAIN BRICEÑO, quien actúa en su condición de Apoderado Judicial de la Sociedad INDUSTRIALIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA MADERA S.A. (INCOMSA) contra la AFE-COHDEFOR, a fin de que se declare la NULIDAD de la providencia sin numero de fecha 16 de septiembre de 2005 que declara sin lugar el reclamo administrativo, y la resolución número 235-2006 de fecha 02 de marzo de 2006 que confirma aquella.- SEGUNDO: Actos Administrativos que por ser contrarios a Derecho se ANULAN TOTALMENTE.- TERCERO Reconocer la situación jurídica individualizada del demandante, y como medidas para el pleno y efectivo restablecimiento de tal situación jurídica, se condena a la ADMINISTRACIÓN FORESTAL DEL ESTADO, CORPORACION HONDUREÑA DE DESARROLLO FORESTAL (AFE-COHDEFOR) al pago: de (DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS) LPS. 19,278,724.69 EN CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, DAÑO EMERGENTE ASI COMO LOS INTERESES COMERCIALES CALCULADOS HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007.- Debiéndose continuar, en etapa de ejecución de sentencia, con el calculo de dichos intereses desde esa fecha hasta la fecha en que se cumpla en su totalidad con la obligación por este fallo declarada”.- RESULTA: Que en fecha dos de febrero de dos mil nueve, compareció ante este Tribunal de Justicia el Abogado BRIAN ASDRUBAL AGUILAR HERNÁNDEZ, de generales ya señaladas y en su condición de apoderado legal de la entonces ADMINISTRACIÓN FORESTAL DEL ESTADO – CORPORACIÓN HONDUREÑA DE DESARROLLO FORESTAL (AFE-COHDEFOR), formalizando su demanda de la siguiente manera: “MOTIVOS DE CASACIÓN PRIMER MOTIVO: Aplicación indebida del articulo 116 de la Ley General de la Administración Publica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación esta comprendido en el numeral 1 del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles. CONCEPTO DE LA INFRACIÓN. El Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha veintiuno de julio del año dos mil ocho dictó Sentencia Declarando procedente la acción y declara la nulidad de de la providencia sin numero, de fecha dieciséis de septiembre del año dos mil cinco que declara sin lugar el reclamo administrativo, la resolución numero 235-2006 de fecha dos de marzo del año dos mil seis, que confirma aquella. Y reconoce la situación jurídica individualizada del demandante, y como medidas para el pleno y efectivo restablecimiento de tal situación jurídica, se condeno a La Administración Forestal del Estado, Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (AFE-COHDEFOR), al pago: de (DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS) L 19,278,724.69, en concepto de lucro cesante, daño emergente así como los intereses comerciales calculados hasta el treinta de noviembre del año dos mil siete, debiéndose continuar en etapa de ejecución de sentencia, con el calculo de dichos intereses desde esa fecha hasta la fecha en que se cumpla en su totalidad con la obligación por este fallo declarada. La Corte de Apelaciones de lo Contenciosos Administrativo CONFIRMA la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo en fecha veintiuno de julio del año dos mil ocho. Resulta clara y contradictoria la violación del artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública el que literalmente establece “LOS ACTOS DE LOS ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ADOPTARAN LA FORMA DE DECRETOS, ACUERDOS, RESOLUCIONES O PROVIDENCIAS.” El sentido y el objeto de que los diferentes actos ya sean particulares o generales de la administración pública adquieran esta forma es por la razón de cumplir con los principios de publicidad y concurrencia, por lo que deben constar por escrito y surten efecto a partir de su aprobación y notificación, resulta ilógico como el apoderado demandante fundamenta su demanda en supuestas ordenes verbales por parte de funcionarios de la AFE-COHDEFOR, que además de no constar por escrito en forma de resolución, eran empleados públicos que no podían tomar esas atribuciones, por lo que no resulta procedente declarar con lugar la petición del demandante, ya que la forma en que la institución a la que represento emite sus actos es a través de resoluciones, por lo que se pide la nulidad de un acto que no es firme y que no adopta forma de una resolución tal como lo acepta el apoderado demandante, es decir que la acción incoada debió ser declarada inadmisible porque se pretendía agotar la vía administrativa sobre un acto presunto de la Administración pública y no sobre un acto definitivo, en consecuencia el apoderado demandado debió seguir el procedimiento establecido para que la AFE-COHDEFOR se pronunciara de manera definitiva y emitirá resolución en la que se ordenara la supuesta paralización y no creer que órdenes verbales emitidas por funcionarios de esta Institución sean considerados como un acto administrativo. Como equivocadamente lo hace la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo. Así lo percato en su voto particular la Magistrada disidente Norma Lanza de Flores al manifestar que el “Que el proceso administrativo tiene por objeto la impugnación de actos de la administración sujetos al derecho administrativo, aquellas actividades reguladas por derecho administrativo deberán deducirse en el proceso ordinario o especial que corresponda, por consiguiente, el demandante podrá pretender la declaración de no ser conforme a derecho y en su caso la nulidad de los actos de carácter particular y general susceptibles de impugnación en esta jurisdicción, y como consecuencia de esta nulidad el reconocimiento de una indemnización de daños y perjuicios cuando proceda y siempre las pretensiones serán deducidas en relación con los actos de la Administración Publica sujetos al derecho administrativo y en el presente caso el mismo demandante expresa que funda su pretensión en un acto administrativo que “no tiene características de una resolución que pone fin a todos procedimiento administrativo”, es decir que la acción incoada es inadmisible porque no impugna un acto definitivo de la administración pública.” SEGUNDO MOTIVO: No ser la Sentencia congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación esta comprendido en el numeral 2 del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles. CONCEPTO DE LA INFRACIÓN. La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia en fecha veinte de noviembre del año dos mil ocho, y manifiesta “Que el apoderado legal de la parte demandante ha acreditado en autos que su poderdante INCOMSA celebro con el Sr. JOSE ANTONIO SALGADO PAVON, en su condición personal así como en representación de EVELIN ERAZO RODRIGUEZ, DEBIE ILEANA ANGELINO RODRIGUEZ, ILDEBRANDO MOLINA, MAXIMO VELASQUEZ Y RENE GIRON FLORES, varios contratos de compra venta de madera de pino en rollo, los que están autorizados por la AFE-COHDEFOR en las resoluciones GGMP-018-2004, en concepto de beneficio de reposición autorizando a INCOMSA para realizar los trámites técnicos y administrativos de la compra efectuada al señor JOSE ANTONIO SALGADO PAVON. Luego sigue manifestando la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo “Que los convenios y contratos celebrados por el Sr. JOSE ANTONIO SALGADO PAVON, en nombre propio y en representación de los señores EVELIN ERAZO RODRIGUEZ, DEBIE ILEANA ANGELINO RODRIGUEZ, ILDEBRANDO MOLINA, MAXIMO VELASQUEZ Y RENE GIRON FLORES, tienen fuerza de Ley entre los contratantes y por consiguiente el acto administrativo emitido por la AFE-CHDEFOR infringe las disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo en cuanto a esto se refiere.” El artículo 190 del Código de Procedimiento Civiles reza “Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que haya sido objeto del debate.”, del precepto legal anteriormente expuesto doctrinariamente podemos decir que congruencia en un fallo emitido por un Tribunal se refiere a la Conformidad entre los pronunciamientos del fallo y las pretensiones de las partes formuladas en el juicio. Claramente podemos observar que no se produce un relación lógica entre los puntos litigiosos de la demanda y las consideraciones hechas por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, la sentencia es contradictoria ya que se pronuncian sobre hechos que alega el demandante, mismos estos que son aceptados por el apoderado demandado en su contestación de la demanda, por lo que no son hechos controvertidos y la sentencia antes mencionada hace su fundamento en hechos que no se encuentran en controversia. No se duda la legalidad de los contratos celebrados entre el señor JOSE ANTONIO SALGADO PAVON, en nombre propio y en representación de los señores EVELIN ERAZO RODRIGUEZ, DEBIE ILEANA ANGELINO RODRIGUEZ, ILDEBRANDO MOLINA, MAXIMO VELASQUEZ Y RENE GIRON FLORES, ya que fue esta Institución a la que represento autorizo los contratos, el hecho controvertido por las pretensiones de las partes es la supuesta paralización que realizaron funcionarios de la AFE-COHDEFOR a la empresa INCOMSA. Por lo que se puede concluir que la sentencia carece de sentido lógico ya que al pronunciarse sobre hechos que no están en litigio y que han sido aceptados por mi representada no la constituye una sentencia congruente ya que no se pronuncia sobre el punto concreto en litigio, dejando de ser un fallo concluyente. Debería proceder a Casar la sentencia y que se dicte la que en derecho corresponda... NULIDAD DE ACTUACIONES El apoderado demandante en su relación de hechos en el inciso PRIMERO manifiesta lo siguiente: Mi representada la Sociedad Mercantil Industrialización y Comercialización de la Madera S.A. de C.V., (INCOMSA), suscribió varios contratos de compra venta de madera de pino en rollo con el señor JOSE ANTONIO SALGADO PAVON, en nombre propio y en representación de los señores EVELIN ERAZO RODRIGUEZ, DEBIE ILEANA ANGELINO RODRIGUEZ, ILDEBRANDO MOLINA, MAXIMO VELASQUEZ Y RENE GIRON FLORES, de la madera reconocida mediante resoluciones No. GG-MP-018-2004 y No. J-1-M-P-041 autorizadas por la AFE-COHDEFOR a través s de la Gerencia General en concepto de beneficio de reposición. Dichos contratos de compra venta fueron notificados a la AFE-COHDEFOR, quien mediante resoluciones autorizo a favor de la empresa INCOMSA para que realizará los tramites técnicos administrativos relacionados con el aprovechamiento de los volúmenes de madera que fueron objeto de compra venta. A lo que la Institución demandada respondió que se tienen por verdaderas las resoluciones emitidas por esta institución, por lo tanto este no es un hecho controvertido de la sentencia ni es algo que influya directamente en el resultado del Juicio, pero la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo fundamenta sus consideraciones en la legalidad o no de los contratos celebrados entre personas particulares y la demandada, por lo tanto la Corte de Apelaciones utiliza argumentos en su sentencia que no son puntos de litigio y olvida pronunciarse del hecho concreto sobre el cual se pide se pronuncie. El artículo 190 del Código de Procedimiento Civiles reza “Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que estas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y diciendo todos los puntos litigiosos que haya sido objeto del debate.”. En virtud de lo cual queda claramente establecido que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo no fue dictada conforme a derecho por haberse violentado lo dispuesto en el artículo 190, por lo que en aras del apartamiento de justicia debe declararse la nulidad de dicha sentencia para que el Tribunal de Alzada se apegue a la Ley y dicte la sentencia que en derecho corresponda”.- RESULTA: Que en fecha tres de febrero de dos mil nueve, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Abogado BRIAN ASDRUBAL AGUILAR HERNÁNDEZ, y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado a la Fiscal del Despacho por el término de diez días para que emitiera su dictamen; haciéndolo dicha funcionaria el cinco de mayo de dos mil nueve, de la siguiente manera: “IV.- OPINIÓN Por las razones expuestas, el Ministerio Público, dictamina desfavorable a la admisión del presente Recurso en sus dos motivos, así como a la nulidad planteada”.- RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito.- CONSIDERANDO (1): Que en el presente caso, al revisarse la cuestión o cuestiones planteadas por las partes, se puede apreciar que la parte demandante ha demandado en el presente juicio, es para que se declare la ilegalidad y nulidad de un acto administrativo, se reconozca una situación jurídica individualizada, para su pleno restablecimiento se condene a la parte demandada a pagar daños y perjuicios que comprenden lucro cesante, daño emergente e intereses comerciales y se subrogue la acción en contra de los funcionarios infractores, es así que en el acápite CUANTIA DE LA DEMANDA señala que los daños y perjuicios “que comprenden LUCRO CESANTE por la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (LPS. 35,000.00) diarios, por las ganancias dejadas de percibir y se ha privado a mi representada, al no obtener su materia prima para cumplir con su actividad y giro comercial; DAÑO EMERGENTE por la cantidad DE CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS LEMPIRAS (Lps. 43,500.00) diarios, por las pérdidas que la empresa INCOMSA, ha sufrido por las paralizaciones ilegales y no justificadas por parte de AFE-COHDEFOR, donde funcionarios de puestos intermedios infringiendo la Ley actuaron en forma dolosa, con culpa y negligencia, abuso de autoridad y desviación de poder violentando las garantías constitucionales que reconoce en protección de los particulares o terceras personas.- INDEMNIZACIONES QUE DEBERAN SER PAGADAS DESDE EL 21 DE JUNIO DEL 2005 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DEL MISMO AÑO.- MAS INTERESES COMERCIALES VIGENTES AUTORIZADOS POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS O POR LA COMISION DE BANCOS Y SEGUROS, LOS QUE DEBERAN SER CALCULADOS DESDE LA FECHA EN QUE EJECUTARON LAS PARALIZACIONES ILEGALES E INJUSTAS DEL APROVECHAMIENTO DE MADERA HASTA LA FECHA QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS OCASIONADOS A MI REPRESENTADO.- MAS LAS COSTAS DEL JUICIO.” .- CONSIDERANDO (2): Que el Juez A-quo en la sentencia definitiva dictada el 21 de Julio del 2008, declaró la procedencia de la acción, por no ajustarse a derecho el acto administrativo impugnado, en consecuencia anula totalmente las resoluciones impugnadas, reconoce la situación jurídica individualizada condenando a la ADMINISTRACIÓN FORESTAL DEL ESTADO, CORPORACIÓN HONDUREÑA DE DESARROLLO FORESTAL (AFE-COHDEFOR), al pago de DIECINUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (Lps. 19,278,724.69) EN CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, DAÑO EMERGENTE ASI COMO LOS INTERESES COMERCIALES CALCULADOS HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2007, debiéndose continuar, en etapa de ejecución de sentencia, con el calculo de dichos intereses hasta la fecha en que se cumpla con su totalidad con la obligación por ese fallo declarada, SIN COSTAS, fallo que fue hecho suyo por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, al confirmarlo por mayoría de votos, en sentencia del 20 de Noviembre del 2008.- CONSIDERANDO (3): Que según lo expresa la misma sentencia definitiva de primera instancia, el monto de los daños y perjuicios es producto del Dictamen Pericial evacuado por el Licenciado CARLOS MANUEL HUMBERTO BORJAS CASTEJON, el cual tuvo como fuente las proyecciones de metas para el año 2005 de acuerdo a los planes operativos de explotación de madera durante los años 2005 y 2006, Balances Generales Contables y Estados de Resultados, documentos que obran a folios 321 al 327 de la primera pieza, y donde se puede fácilmente apreciar en sus conclusiones como lo descrito en el Cuadro OO3, que los valores de Lucro cesante y daño emergente incluyen los periodos de Julio a Diciembre del año 2005, como Enero a Junio del 2006, y hasta los intereses por una deuda con SINMA EXPORT.- CONSIDERANDO (4): Que conforme lo anterior, lo resuelto por los Tribunales de primera y segunda instancia, hacen que no exista la debida congruencia, al no respetarse las pretensiones de las partes y excederse al conceder cuestiones no reclamadas oportunamente, ya que la condena en daños y perjuicios comprende valores de lucro cesante y daño emergente por 7 meses adicionales a los señalados en la demanda y el pago de intereses de una deuda no vinculada con lo demandado en juicio.- CONSIDERANDO (5): Que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzgará dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición.- CONSIDERANDO (6): Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- CONSIDERANDO (7): Que por las razones antes expuestas, es procedente ANULAR DE OFICIO la sentencia recurrida.

POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y haciendo aplicación de los artículos 303, 304, 313 ordinal 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 35 párrafo primero, 51, 65, 79 literal a), 80, 89 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 9, 11, 1586 No. 2 y 1589 del Código Civil; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: ANULAR de oficio la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, en fecha 20 de Noviembre de 2008, la cual obra a folios 36 y 37 de la segunda pieza de autos.- Y MANDA: Que con Certificación del presente fallo, se devuelvan los autos al Tribunal de su procedencia, para que reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los substancie y determine, o haga substanciar y determinar con arreglo a derecho.- Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA POR LEY”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días del mes de Septiembre del Dos Mil Diez; Certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de Agosto de dos mil diez, recaída en el Recurso de Casación número 06-09.

LUCILA CRUZ MENÈNDEZ

SECRETARIA GENERAL