Sentencia CA-462-07 — Registro 13192
Resumen
La Corte de Apelaciones revoca la sentencia dictada por el juzgado, declarando improcedente la acción incoada por los demandantes apoderados legales de la Sociedad Mercantil KEYTRAL MARTED, se absuelve en el presente asunto de toda responsabilidad al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Finanzas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que se interpone además, la nulidad subsidiaria del fallo recurrido, al indicarse que en el mismo se señaló incorrectamente el Juzgado de primera instancia y que los agravios formulados por la parte apelante carecen de claridad, precisión y congruencia y que debido a ello se hicieron pronunciamientos de oficio; si bien es cierto, puede apreciarse que en una de sus partes de la sentencia revisada en este recurso, se hace mención al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Distrito Central, también lo es que en el resto de citas a que se hace referencia al fallo apelado se señala correctamente al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por lo que se trata de un simple lapsus calami; también es de estimarse que no procede la nulidad solicitada, ya que no se aprecia ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo 956 del Código de Procedimientos Civiles, ni que se haya afectado el derecho de defensa o el debido proceso."
Legislación citada
- Código de Procedimientos Civiles, art. 903 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala Laboral-Contencioso Administrativo. Tegucigalpa, M.D.C., veintiséis de junio del dos mil nueve.VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil siete, por el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su condición de apoderado legal de la sociedad mercantil denominada KEYTRAL MARTED, S.A.; en relación a la demanda para que se declare la ilegalidad parcial de un acto administrativo emitido por la Secretaría de Finanzas por no ser conforme a derecho, que se declare una situación jurídica individualizada consistente en el pago de una indemnización por concepto de perjuicios, mas las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha veintisiete de febrero del año dos mil seis, por los Abogados SAUL MUÑOZ ORELLANA y FELIX VELASQUEZ REYES, ambos mayores de edad, casados, hondureños, y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en su condición de apoderados legales de la sociedad mercantil denominada KEYTRAL MARTED S.A., contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, por medio de la Procuradora General de la República señora ROSA AMERICA MIRANDA DE GALO, mayor de edad, Abogada, casada, hondureña y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha ocho de octubre del año dos mil siete, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que REVOCO la sentencia de fecha cinco de diciembre del año dos mil seis, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, de la siguiente manera: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la Abogada MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ BARAHONA, apoderada legal del Estado de Honduras a través de la Secretaria de Finanzas.- SEGUNDO: REVOCAR la sentencia definitiva de fecha cinco de diciembre del dos mil seis, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en San pedro Sula, Departamento de Cortés, y que aparece del folio número ochocientos quince (815) al folio número ochocientos veinticuatro vuelto (824 v) de la pieza principal de autos.- TERCERO: Declarar improcedente la acción incoada por los demandantes los Abogados SAUL MUÑOZ ORELLANA Y FELIX VELASQUEZ REYES en su condición de apoderados legales de la Sociedad Mercantil KEYTRAL MARTED, S.A.- CUARTO: ABSOLVER en el presente asunto de toda responsabilidad al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Finanzas.” sin costas en ambas instancias. RESULTA: Que en fecha veintisiete de noviembre del año dos mil siete, compareció ante este Tribunal de Justicia el Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, en su condición ya indicada, formalizando su recurso de casación de la manera siguiente: “MOTIVOS DE CASACION POR INFRACCION DE LEY. PRIMER MOTIVO: Violación, por falta de aplicación del Artículo 1360 del Código Civil, en cuanto establece que quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en negligencia, en relación con los Artículos 1364 y 1365 del mismo cuerpo legal de Leyes sustantivas, en cuánto preceptúan: “Artículo 1364: se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora,...”, Artículo 1365: “la indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el Acreedor,...”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 903 número 1) del Código de Procedimientos Civiles. CONCEPTO DE LA INFRACCION: La violación consiste en la omisión o falta de aplicación en su pertinencia antes señalada de las disposiciones citadas, porque la Sentencia censurada no cumple lo que dichas normas disponen, encontrándose obligado el Tribunal Sentenciador a aplicarlas al caso concreto, pues los perjuicios que se reclaman se originan en el reconocimiento expreso que hace el Ministerio de Finanzas en la Resolución número “A.L.462—2005”, donde reconoce el daño causado a mi Mandante por incumplimiento del Contrato de Servicios Aduaneros para la Operación de Almacenes Fiscales de Depósito, suscrito entre la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS y la Empresa KEYTRAL MARTED, S.A., y en cuanto a los perjuicios serán determinados por el Órgano Jurisdiccional, de lo expuesto queda claro que el tercer pronunciamiento de la Sentencia impugnada, al declarar improcedente la acción de mérito así como el siguiente pronunciamiento, donde declara absolver en el presente asunto de toda responsabilidad al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Finanzas, sólo puede ser el producto de la inaplicación de las disposiciones sustantivas señaladas, en los pasajes de sus textos han quedado transcritas, por ausencia de un razonamiento objetivo y crítico, respecto a los hechos aceptados por las partes y soslayar que esas disposiciones imponen no sólo a los ciudadanos comunes en todos los actos de la vida jurídica, sino por extensión, a los titulares de la administración, en el ejercicio de sus cargos, una conducta respetuosa de la Ley y consecuente con el responsable desempeño de sus funciones, siendo este caso tan claro por estar la negligencia por omisión debidamente acreditada con la propia naturaleza del acto omitido, los Artículos antes citados y que no fueron aplicados a la Sentencia recurrida, pues el Estado reconoció y restituyó el daño pero no así los perjuicios, siendo evidente que el perjuicio consiste: pérdida en los intereses patrimoniales, es la ganancia lícita que se deja de obtener o los gastos que ocasiona una acción u omisión ajena culpable o dolosa, que es diferente al daño que es un mal efectivamente causado en los bienes existentes del acreedor, porque debiendo tener por objeto toda convención una prestación útil a ese acreedor, la violación de ella va contra el provecho que éste se propuso obtener al celebrarlo, dicha presunción se encuentra contenida en varias disposiciones legales, como el Artículo 1364 del Código Civil, y ella es suficiente prueba en favor del acreedor para ser la condenación in genere o en abstracto con el objeto de que en el juicio se determine la cuantía de los perjuicios, los Artículos 1364 y 1365 del Código Civil prescriben: “Se debe la indemnización de perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora, o, si la obligación es de no hacer, desde el momento de la contravención”. Art.1365. “La indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de las ganancias que haya dejado de obtener el acreedor, salvo las disposiciones contenidas en los artículos siguientes”. Las ganancias dejadas de obtener al momento de presentar el Reclamo Administrativo, originado por el daño asciende a la cantidad de TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS DE LEMPIRAS, (LPS.37,776,037.66), cantidad que ha ido aumentando tomando en cuenta, la actualización monetaria, la rentabilidad dejada de percibir, la rentabilidad de actualización monetaria y los servicios profesionales, por lo que proceda que se admita este motivo de casación por ser preciso y claro. SEGUNDO MOTIVO: Error de derecho en la apreciación de las pruebas, específicamente en cuanto a las Cláusulas contenidas en el Contrato de Servicios Aduaneros para la Operación de Almacenes Fiscales de Depósito, suscrito con fecha 1 de Enero del 2003, entre la Sociedad Mercantil “KEYTRAL MARTED, S.A.”, del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, con el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Ingresos LICENCIADO MARIO ALBERTO DUARTE CABALLERO, especialmente en cuanto a las siguientes: 1.—...; 2.— MECANISMOS DE CONTROL Y FISCALIZACION: La prestación de servicio aduanero de control y supervisión fiscal en el área restringida estará a cargo de: “LA DIRECCION”, la cual está plenamente facultada para ejercer los mismos, enmarcada en los procedimientos tipificados en las leyes vigentes que se refieren a la materia y teniendo siempre en cuenta su obligación de no causar ningún perjuicio en la fluidez de las importaciones y la comercialización. “EL ALMACEN FISCAL”, se compromete a cumplir con las obligaciones que le impone el Código Tributario; la Ley de Aduanas y el Reglamento de los Almacenes Fiscales de Depósito, Acuerdo Ejecutivo número 267-68, la resolución de incorporación al Régimen de Almacenes Fiscales de Depósito, y el presente Contrato “EL ALMACEN FISCAL” proporcionará además la colaboración necesaria para la mejor y más adecuada ejecución de esta actividad por parte de “LA DIRECCION”: 1) TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS ADUANEROS: Es responsabilidad de la Dirección implantar los controles, procedimientos y mecanismos necesarios para la aplicación de la Ley de Aduanas y las demás disposiciones contenidas en el Reglamento de los Almacenes Generales de Depósito. “EL ALMACEN FISCAL” se obliga al estricto cumplimiento de lo que la Ley ordena, así como de la normativa que al respecto sea implantada por la Dirección. 3.—........ 4. PERSONAL DE LA DIRECCION: El control, vigilancia, fiscalización e inspección de las operaciones del servicio aduanero, como ser: recibo, manejo o despacho de mercancías en el Almacén Fiscal, estarán a cargo y bajo la responsabilidad del personal que al efecto nombre la Dirección, documento que aparece a folio “118 al 123” de la primera pieza del juicio, en cuánto a la Resolución No. “AL.462—2005”. emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas el 27 de Diciembre del 2005, que aparece a folio “32 al 38” de la primera pieza del juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación, se encuentra comprendido en el Artículo 903 número 7o.) del Código de Procedimientos Civiles. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El Tribunal Ad-quen, violó el Contrato suscrito entre mi Poderdante y la Dirección Ejecutiva de Ingresos, violentando además el Artículo 42 de la Ley de Equidad Tributaria que canceló los ALMACENES DE DEPOSITO, los cuales operarán hasta el 10 de Octubre del 2003, por lo que lo llevó al Tribunal sentenciador a cometer error de derecho en la apreciación del documento antes relacionado, el cual constituye un documento público al amparo del Artículo 321 número 3) del Código de Procedimientos Civiles, no dándole el alcance que la Ley ha señalado, asimismo la Secretaría de Finanzas al emitir la Resolución número “A.L.462—2005”, establece con meridiana claridad que la Dirección Ejecutiva de Ingresos y por ende el Estado son responsables de las mercaderías que se encontraban en el ALMACEN FISCAL a partir de la intervención hecha por los Auditores y por ende la violación del Contrato suscrito entre KEYTRAL MARTED, S.A. y la DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS, esta Resolución firme no fue apreciada por el Tribunal Sentenciador llevándola a cometer error de derecho en la apreciación de la prueba, por lo que procede que se admita este motivo y que se case la Sentencia impugnada. TERCER MOTIVO: Falta de Aplicación del Artículo 1346 en relación con el Artículo 1348 del Código Civil; 20 y 21 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 903 número 1) del Código de Procedimientos Civiles. CONCEPTO DE LA VIOLANCION: La Corte Sentenciadora dejó de aplicar debiéndolo hacer al caso concreto los Artículos 1346 y 1348 del Código Civil, que en lo conducente dicen: “ARTICULO 1346. Las obligaciones nacen de la Ley, de los Contratos....”. “ARTICULO 1348. Las obligaciones que nacen de los Contratos tienen fuerza de Ley entre las partes contratantes y deben de cumplirse al tenor de los mismos”. Se acreditó que el Contrato de Servicios Aduaneros para la Operación de Almacenes Fiscales de Depósito, suscrito con fecha 1 de Enero del 2003, entre la Sociedad Mercantil “KEYTRAL MARTED, S.A.”, del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, con el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Ingresos LICENCIADO MARIO ALBERTO DUARTE CABALLERO, se incumplió por parte de la Dirección Ejecutiva de Ingresos y como ente responsable pagó los daños a mi Patrocinado de acuerdo a los Artículos 20 y 21 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano, que señala que el Depositario Aduanero, es el Auxiliar responsable ante el Servicio Aduanero, por la custodia y conservación temporal de las mercancías, bajo el control y supervisión de la Autoridad Aduanera y el Artículo 21 del mismo cuerpo legal establece la responsabilidad por daño, o pérdida o sustracción de mercancía, a las personas naturales o jurídicas que a cualquier título reciban, manipulen, procesen, transporten o tenga en custodia mercancías sujetas a control aduanero, serán responsables por las consecuencias tributarias producto del daño, pérdida o sustracción de las mercancías, salvo caso fortuito o fuerza mayor y demás eximentes de responsabilidad establecidas, siendo evidente que el Tribunal Sentenciador no aplicó los preceptos antes citados en la Sentencia recurrida, pues de lo contrario hubiera confirmado la Sentencia apelada, en consecuencia procede que se admita este motivo y que se case la Sentencia impugnada. CUARTO MOTIVO: Ser la Sentencia no congruente con las pretensiones deducidas en el pleito, violándose lo dispuesto en el Artículo 35 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 190 párrafo primero del Código de Procedimientos Civiles. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 903 número 2o. del Código de Procedimientos Civiles. CONCEPTO DE LA VIOLACION. El Artículo 35 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo dispone que la Jurisdicción de lo Contencioso—Administrativo, juzgará dentro de los límites de las pretensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar la acción y la oposición así el Artículo 190 párrafo primero del Código de Procedimientos Civiles dice: Las Sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. El escrito de Expresión de Agravios formulado por el Apelante ante el Tribunal Ad quen carece de precisión, claridad y congruencia. y en su Petitum solo solicita que se declare con lugar el Recurso de Apelación y que se revoque la Sentencia recurrida, petición que carece de propiedad pues omitió que el Tribunal sentenciador se pronunciara sobre el fondo de la demanda, ya sea condenado o absolviendo, en la forma que está redactado el Petitum carece de concisión y el Tribunal no puede suplir deficiencia de las partes, demostrando una incongruencia, pues el Tribunal de oficio hizo pronunciamientos que no habían sido solicitados por el Apelante. QUINTO MOTIVO: Error de derecho en la aplicación del Dictamen de Peritos emitida ante el Juzgado de Primera Instancia, cuyo informe corre agregado a folio “687” de la primera pieza del juicio. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 903 Numeral 7o. del Código de Procedimientos Civiles. CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN: La Corte Sentenciadora hizo caso omiso del Dictamen de Peritos, debiendo apreciarlo, por su fuerza coadyuvante; el medio de prueba DICTAMEN DE PERITOS propuesto por la parte actora, fue enunciado y evacuado de acuerdo a las disposiciones establecidas en la Ley, pero la Corte Sentenciadora no lo tomó en cuenta, pues lo ignoró totalmente, debiendo apreciarlo, Dictamen de Peritos que fue emitido de acuerdo a lo que disponen los Artículos 1525 del Código Civil, 356 y 370 del Código de Procedimientos Civiles. El Perito al emitir su dictamen, establece que la utilidad dejada de percibir u obtener a consecuencia del daño ocasionado por el Estado de Honduras a mi Mandante, asciende a la cantidad de CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS VENITINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ( Lps 163,629,363.72), cantidad que el Perito obtuvo tomando en cuenta la actualización monetaria, rentabilidad dejada de percibir y rentabilidad actual monetaria computado del 19 de Enero del dos mil cuatro al mes de Julio del dos mil seis. Por lo que procede que se admite este motivo y que se case la sentencia recurrida.” RESULTA: Que asimismo el recurrente en su escrito de formalización del recurso de Casación por Infracción de Ley, solicitó nulidad subsidiaria, de la manera siguiente: “SE INTERPONE NULIDAD DE LA SENTENCIA IMPUGNADA EN FORMA SUBSIDIARIA. 1.— La Sentencia de fecha 8 de Octubre del 2007, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de esta ciudad, en el preámbulo o vista y en la parte donde dice son partes: APELANTE: EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, REPRESENTADA EN JUICIO POR LA ABOGADA MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ BARAHONA. APELADA: LA SOCIEDAD MERCANTIL KEYTRAL MARTED, S. A. REPRESENTADA EN JUICIO POR EL ABOGADO SAUL MUÑOZ ORELLANA. La Sentencia definitiva venida en apelación es la que en su parte conducente dice: JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de Diciembre del dos mil seis..., aseveración totalmente falsa y alejada de la verdad, pues la Sentencia que conoció dicho Tribunal fue dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés y no el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, M.D.C., por lo que dicha Sentencia es violatoria del principio de legalidad, además las Sentencias se encabezarán con la decisión del Juzgado o Tribunal que las dicte y su fecha, y en el caso de autos se ha incurrido en un error procesal que da lugar a que se decrete la nulidad absoluta de actuaciones de la Sentencia impugnada. 2.— El Recurso de Apelación tiene por objeto obtener del Tribunal Superior respectivo que enmiende, con arreglo a derecho, la resolución del inferior, este concepto es coincidente con las definiciones teóricas e históricas. En el escrito de Expresión de Agravios, en el que, por mandato legal deben de enumerarse, con la concisión posible los puntos de hecho y de derecho que los motiven, constituyen la impugnación del fallo, propiamente de los hechos que el juzgador ha estimado como probados y, por consiguiente de las argumentaciones jurídicas que sirven de apoyo a tales hechos, demostrando así que la Sentencia recurrida no se encuentra ajustada a derecho y que, por ello, debe ser revocada, sustituyéndola por otra que si reúna los requisitos de legalidad y equidad, en la forma que el Apelante formuló su Expresión de Agravios ante la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo, carece de precisión, claridad y congruencia, pues existe una dispersión que se traduce en la ausencia de una sistemática y metología que deben ser principios fundamentales para esta clase de Recursos, pues el Apelante se limitó únicamente a comentar los Considerandos que hizo suyos el Juez A-quo y no ataca los hechos que sirvieron de base a las consideraciones legales. además la Apelante en su Petitum solo solicita que se declare con lugar el Recurso de Apelación y que se revoque la Sentencia recurrida, petición que carece de propiedad pues omitió que el Tribunal sentenciador se pronunciara sobre el fondo de la demanda, ya sea condenado o absolviendo, en la forma que está redactado el Petitum carece de concisión y el Tribunal no puede suplir deficiencia de las partes, demostrando una incongruencia, pues el Tribunal de oficio hizo pronunciamientos que no habían sido solicitados por el Apelante, olvidando de que el Tribunal es un espectador y no un actor, por lo que procede que se decrete la nulidad de la sentencia de fecha 8 de octubre del 2007, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con sede en esta ciudad, en acatamiento a lo que disponen los Artículos 80, 90, 321 y 322 de la Constitución de la República; 183, 184, 185 y 200 del Código de Procedimientos Civiles, 1, 9, 10, 11, 17 y 1589 del Código Civil.” RESULTA: Que en providencia de fecha diez de diciembre del año dos mil siete, este Tribunal de Justicia tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado SAUL MUÑOZ ORELLANA, en su condición indicada y dio traslado de los autos al Fiscal del Ministerio Público para que en el término de diez días emitiera dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de merito, haciéndolo en fecha seis de mayo del año dos mil ocho, la Abogada LOURDES YAMILETH CENTENO SIERRA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, de la manera siguiente: “OPINION: Con fundamento en las razones expuestas, el Ministerio Público dictamina desfavorable a la admisión de los cinco motivos invocados, así como la solicitud de nulidad subsidiaria” RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de merito. CONSIDERANDO: Que el censor en el Primer Motivo de Casación alega: “Violación por falta de aplicación del artículo 1360 del Código Civil, en cuanto establece que quedan sujetos a la indemnización de daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en negligencia, en relación con los Artículos 1364 y 1365 del mismo cuerpo legal de Leyes sustantivas, en cuanto preceptúan: “Artículo 1364: Se debe la indemnización de daños y perjuicios desde que el deudor se ha constituido en mora,….”, Artículo 1365: “La indemnización de daños y perjuicios comprende no sólo el valor de la pérdida que haya sufrido, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el Acreedor….”.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el Artículo 903 número 1) del Código de Procedimientos Civiles.”.- Sin embargo, el Tribunal Ad-quem declaró la improcedencia de la acción y absolvió al demandado, aplicando las normas que estimó procedentes al criterio de que la parte demandante no acreditó que el Estado de Honduras sea el responsable de la custodia de la mercadería que se encontraba en el Almacén Fiscal, ni aparece contemplada dicha obligación en el Contrato de Servicios Aduaneros celebrado para la operación de Almacenes Fiscales de Depósito entre la Dirección Ejecutiva de Ingresos y la sociedad KEYTRAL MARTED, S.A., ya que era a ésa Empresa que le correspondía asegurar y custodiar dicho Almacén y su mercadería, por lo que éste primer motivo no procede. CONSIDERANDO: Que el impetrante en el Segundo Motivo de Casación expresa: “Error de derecho en la apreciación de las pruebas, específicamente en cuanto a las Cláusulas contenidas en el Contrato de Servicios Aduaneros para la Operación de Almacenes Fiscales de Depósito, suscrito con fecha 1 de Enero del 2003, entre la Sociedad Mercantil “KEYTRAL MARTED, S.A.”, del domicilio de San Pedro Sula, Cortés, con el Director Ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Ingresos LICENCIADO MARIO ALBERTO DUARTE CABALLERO, especialmente en cuanto a las siguientes: 1.—...; 2.— MECANISMOS DE CONTROL Y FISCALIZACION: La prestación de servicio aduanero de control y supervisión fiscal en el área restringida estará a cargo de: “LA DIRECCION”, la cual está plenamente facultada para ejercer los mismos, enmarcada en los procedimientos tipificados en las leyes vigentes que se refieren a la materia y teniendo siempre en cuenta su obligación de no causar ningún perjuicio en la fluidez de las importaciones y la comercialización. “EL ALMACEN FISCAL”, se compromete a cumplir con las obligaciones que le impone el Código Tributario; la Ley de Aduanas y el Reglamento de los Almacenes Fiscales de Depósito, Acuerdo Ejecutivo Número 267-68, la resolución de incorporación al Régimen de Almacenes Fiscales de Depósito, y el presente Contrato “EL ALMACEN FISCAL” proporcionará además la colaboración necesaria para la mejor y más adecuada ejecución de esta actividad por parte de “LA DIRECCION”: 1) TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS ADUANEROS: Es responsabilidad de la Dirección implantar los controles, procedimientos y mecanismos necesarios para la aplicación de la Ley de Aduanas y las demás disposiciones contenidas en el Reglamento de los Almacenes Generales de Depósito. “EL ALMACEN FISCAL” se obliga al estricto cumplimiento de lo que la Ley ordena, así como de la normativa que al respecto sea implantada por la Dirección. 3.—........ 4. PERSONAL DE LA DIRECCION: El control, vigilancia, fiscalización e inspección de las operaciones del servicio aduanero, como ser: recibo, manejo o despacho de mercancías en el Almacén Fiscal, estarán a cargo y bajo la responsabilidad del personal que al efecto nombre la Dirección, documento que aparece a folio “118 al 123” de la primera pieza del juicio, en cuánto a la Resolución No. “AL.462—2005” emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas el 27 de Diciembre del 2005, que aparece a folio “32 al 38” de la primera pieza del juicio.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación, se encuentra comprendido en el Artículo 903 número 7o.) del Código de Procedimientos Civiles”.- Pero, es visto que el Contrato de Servicios Aduaneros para la Operación de Almacenes Fiscales de Depósito, suscrito con fecha 1 de Enero del 2003, y particularmente de las cláusulas citadas, se establece que la responsabilidad de la Dirección Ejecutiva de Ingresos está circunscrita a implementar los controles fiscales, ejecutando las acciones y medidas que tengan como finalidad el correcto recaudo de tributos por los bienes que se encuentren en el Almacén Fiscal, no así de su custodia y aseguramiento, que es responsabilidad de la Empresa demandante; luego el ataque que se realiza en la explicación de este cargo, es por una supuesta violación de la Corte recurrida del contrato en referencia, lo cual no es propio del ataque al fallo por esta vía, cuando se alega un supuesto error de derecho de ese mismo documento, razones que hacen que no sea procedente la admisión de este segundo motivo. CONSIDERANDO: Que el censor en el Tercer Motivo de Casación aduce: “Falta de aplicación del artículo 1346 en relación con el Artículo 1348 del Código Civil; 20 y 21 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 903 número 1) del Código de Procedimientos Civiles”.- Al igual que en el primer motivo, el recurrente alude el incumplimiento por parte de la Dirección Ejecutiva de Ingresos, del Contrato de Servicios Aduaneros celebrado para la operación de Almacenes Fiscales de Depósito entre esa Dirección Ejecutiva de Ingresos y la sociedad KEYTRAL MARTED, S.A. de fecha 1 de Enero del 2003, lo cual a criterio del Juzgador no ha ocurrido, porque la custodia y aseguramiento de los bienes y mercadería del Almacén Fiscal era responsabilidad de la Empresa demandante, lo cual vuelve improcedente la admisión de éste tercer motivo. CONSIDERANDO: Que el recurrente en el Cuarto Motivo de Casación expone: “Ser la sentencia no congruente con las pretensiones deducidas en el pleito, violándose lo dispuesto en el Artículo 35 párrafo primero de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 190 párrafo primero del Código de Procedimientos Civiles”.- Se estima la improcedencia de este Cuarto motivo, ya que al revisarse el fallo impugnado, se puede apreciar que el mismo se ha dictado con la debida congruencia y ha resuelto el recurso en la debida forma, con los argumentos y pronunciamientos correspondientes a la revocatoria del fallo de primera instancia. CONSIDERANDO: Que el recurrente en el Quinto Motivo de Casación alega: “Error de derecho en la aplicación del Dictamen de Peritos emitida ante el Juzgado de Primera Instancia, cuyo informe corre agregado a folio “687” de la primera pieza del juicio.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el Artículo 903 Numeral 7º. del Código de Procedimientos Civiles”.- Aparte de que el fallo de segunda instancia al revocar la sentencia definitiva del Juzgado a-quo, declara la improcedencia de la acción, también la prueba de peritos se debe apreciar en conformidad con las reglas de la sana crítica, por ende no puede alegarse un error de derecho de este tipo de probanzas en las circunstancias del caso que nos ocupa. CONSIDERANDO: Que se interpone además, la nulidad subsidiaria del fallo recurrido, al indicarse que en el mismo se señaló incorrectamente el Juzgado de primera instancia y que los agravios formulados por la parte apelante carecen de claridad, precisión y congruencia y que debido a ello se hicieron pronunciamientos de oficio; si bien es cierto, puede apreciarse que en una de sus partes de la sentencia revisada en este recurso, se hace mención al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de Tegucigalpa, Distrito Central, también lo es que en el resto de citas a que se hace referencia al fallo apelado se señala correctamente al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, por lo que se trata de un simple lapsus calami; también es de estimarse que no procede la nulidad solicitada, ya que no se aprecia ninguna de las circunstancias señaladas en el artículo 956 del Código de Procedimientos Civiles, ni que se haya afectado el derecho de defensa o el debido proceso. CONSIDERANDO: Que por las razones expuestas anteriormente, el recurso de mérito debe ser desestimado en sus cinco (5) motivos y declarar sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral Contencioso Administrativo, de acuerdo con la opinión del Fiscal, por unanimidad de votos, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, y haciendo aplicación de los artículos 303, 304 reformado, 313 reformado ordinal 5, y 316 de la Constitución de la República; 1o. y 80 numeral 1o. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 89, y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia.- FALLA: PRIMERO: DECLARANDO NO HABER LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito, en la pretensión que encierran sus CINCO (5) MOTIVOS.- SEGUNDO: DECLARAR SIN LUGAR LA NULIDAD SUBSIDIARIA.- TERCERO: SIN COSTAS.- Y, MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes.- Redactó el Magistrado JOSE TOMAS ARITA VALLE.- NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO: JOSE TOMAS ARITA VALLE, COORDINADOR.- VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA.- ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM.- FIRMA Y SELLO: MIRNA LIZETTE ALVARADO.- SECRETARIA POR LEY”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los doce días del mes de agosto del año dos mil nueve, a solicitud de la Abogada MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ BARAHONA, actuando en su condición de Procuradora Judicial del Estado de Honduras.- Certificación de la sentencia de fecha veintiséis de junio del dos mil nueve, recaída en el Recurso de Casación Contencioso Administrativo Nº 462-2007.
LUCILA CRUZ MENENDEZ
SECRETARIA GENERAL