Sentencia CA-324-08 — Registro 13206
Resumen
Se declara de oficio la nulidad absoluta de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones que reforma parcialmente la sentencia dictada por le juzgado, situación que realmente genera una incongruencia de las premisas con la parte dispositiva ya que no sigue un sistema lógico con su conclusión final
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Situación que realmente genera una incongruencia de las premisas con la parte dispositiva ya que no sigue un sistema lógico con su conclusión final; porque si la sentencia se encuentra ajustada a derecho lo procedente es su confirmatoria en todos sus extremos, en caso de reforma el Tribunal debió particularizar que partes del fallo requerían ser modificados y estableciendo la motivación correspondiente, lo cual se omitió, por lo tanto le falta claridad y precisión a dicha sentencia, ya que el pronunciamiento de la misma debe ser evidente e inteligible, conforme a las pretensiones deducidas en el proceso. " Que el juzgador al emitir sus resoluciones debe observar las normas procedimentales de cumplimiento obligatorio para lograr la efectividad del derecho material." Que la nulidad absoluta, debe cuando conste en autos declararse de oficio aunque las partes no lo soliciten. Que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención. " Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. " Que a falta de una sentencia clara, precisa, exhaustiva y congruente se viola el derecho a la tutela judicial efectiva...."
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M.D.C., seis de octubre del dos mil nueve. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha veinte de agosto de dos mil ocho, por el Abogado JORGE ARNULFO INESTROZA ZELAYA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, actuando en su condición de apoderado legal de el señor ROLANDO RAPALO MADRID, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio; en relación a la demanda para el cumplimiento de una obligación estipulada en el Arancel del Profesional del Derecho consistente en ordenar reajuste salarial desde la vigencia del Arancel hasta la fecha del despido en el cargo que se desempeñaba, mas el reajuste al décimo tercer mes y décimo cuarto mes percibidos en el tiempo trabajado, que se declare la nulidad e ilegalidad de un acto administrativo dictado no apegado a derecho, que se decrete el reconocimiento de una situación jurídica individualizada; interpuesta en fecha tres de mayo de dos mil siete, ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo con Sede en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por el señor ROLANDO RAPALO MADRID, de generales ya establecidas, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL, a través de la Procuradora General de la República, Abogada ROSA AMÉRICA MIRANDA RIVERA DE GALO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciséis de junio de dos mil ocho, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, que falló de la siguiente manera: “PRIMERO: Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado CLAUDIA MELISSA FLORES LAITANO, apoderado de El Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia.- SEGUNDO: REFORMAR PARCIALMENTE el numeral segundo de la sentencia definitiva de fecha trece de marzo de dos mil ocho, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio de Distrito Central, y que aparece de folio numero sesenta y nueve frente (69 f.) al folio numero setenta y dos frente (72 f.) de la pieza principal de autos, en el sentido de no aplicarse la irretroactividad solicitada del beneficio concedido en el articulo 89 del Arancel del Profesional del Derecho.”; sentencia dictada por el A-Quo que dice: “PRIMERO: Declarar procedente la Acción incoada por el señor RONALDO RAPALO MADRID, por no ajustarse a derecho el acto Administrativo Impugnado, consistente en la Resolución Numero 019-2007, de fecha 28 de Marzo del 2007, emitida por la Secretaria de Estado del Despacho Presidencial, en consecuencia la anula totalmente. SEGUNDO: Reconocer la Situación Jurídica Individualizada y para su Pleno Restablecimiento se Resuelve: Condenar al Estado de Honduras, a través de la Secretaria de Estado del Despacho Presidencial a que le haga el reajuste salarial en forma retroactiva al demandante desde la fecha en que entro en vigencia dicho Arancel hasta que fue cancelado de su Cargo; así como el reajuste del Décimo Cuarto y Décimo Tercer mes conforme a los años trabajados en aplicación de dicho Arancel. Estos valores se difieren o se liquidaran al momento de ejecución de la sentencia en virtud de no haberse proporcionado información suficiente para proceder a hacer la liquidación respectiva.” En ambas instancias SIN COSTAS. RESULTA: Que en fecha veinte de agosto de dos mil ocho, compareció ante este Tribunal de Justicia, el Abogado JORGE ARNULFO INESTROZA ZELAYA, de generales ya señaladas y en su condición de apoderado legal del señor ROLANDO RAPALO MADRID, de generales ya establecidas, formalizando su demanda de la siguiente manera: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER Y UNICO MOTIVO Infracción de ley o Doctrina Legal por ser la sentencia violatoria a fa ley Sustantiva Nacional por interpretación Errónea del artículo ochenta y nueve (89) del nuevo Arancel del Profesional del Derecho que establece que “EL PROFESIONAL DEL DERECHO QUE LABORA PERMANENTEMENTE A TIEMPO COMPLETO EN INSTITUCIONES PUBLICAS, CENTRALIZADAS, DESCENTRALIZADA AUTONOMAS. SEMIAUTONOMAS, EMPRESAS MIXTAS, LOS TRES PODERES DEL ESTADO (EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL), Y EMPRESA PRIVADA EN GENERAL QUE SE DESEMPEÑEN COMOTAL DEVENGARAN UN SUELDO MINIMO MENSUAL DE VEINTIUN MIL LEMPIRAS (21000.00) Y AUMENTOS ANUALES DE ACUERDO AL INDICE INFLACIONARIO ESTABLECIDO POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH) Y EN CASO DE QUE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS OTORGUEN UN AUMENTO MAYOR, SE APLICARÁ ESTE SEGUN LA CONVENIENCIA DEL PROFESIONAL DEL DERECHO”, y que dicho arancel fue publicado en el diario oficial la Gaceta el día miércoles nueve (9) de Julio del año dos mil tres (2003). PRECEPTO AUTORIZANTE Este motivo se encuentra comprendido en el artículo novecientos tres (903) numeral uno (1) del Código de Procedimientos Civiles. LA INFRACCION PASO A EXPLICARSELA EN LA SIGUIENTE FORMA PRIMERO: La Corte acusada al dictar su fallo confirmando parcialmente la Sentencia apelada de primera instancia, lesionó los intereses de mi poderdante señor Rolando Rapalo Madrid, al no reconocerle el derecho de la retroactividad en el reajuste de su salario, desde el día en que se publicó en el Diario Oficial “La Gaceta” el nuevo Arancel del Profesional del Derecho, o sea desde el día miércoles nueve (9) de julio del año dos mil tres (2003); contradiciendo totalmente lo que establece el artículo cinco (5) del Código Civil, que señala que: “La ley es obligatoria en virtud de su Promulgación y después de transcurridos veinte (20) días de terminada su publicación en el periódico oficial”, y que esta misma normatividad preceptiva que no podrá alegarse ignorancia de la ley, por ninguna persona, después del plazo común o especial, sino cuando por algún accidente hayan estado interrumpidas, durante dicho plazo, las comunicaciones ordinarias entre el lugar de la residencia del Gobierno y el Departamento en que debe regir y en este caso se dejará de correr el plazo por todo el tiempo que dure la incomunicación, que en el caso de Autos no fue así: Considero que la infracción que cometió la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de esta sección Judicial, al emitir la sentencia de fecha 16 de junio del año dos mil ocho (2008), fue que en la parte resolutiva revocó el numeral Segundo de la Sentencia apelada dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de fecha 13 de marzo del 2008, en lo que se refiere reajuste del Salario devengado por mi poderdante señor Rolando Rapalo Madrid, existiendo sentencias dictadas por la HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y CORTES DE APELACIONES (TRABAJO — CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO), en los que se les ha otorgado el Reconocimiento del Reajuste de Salarios a los demás Gremios Profesionales como lo son los médicos, odontólogos, arquitectos, ingenieros civiles, (JUZGADOS DEL TRABAJO, SENTENCIA DEL ONCE (11) DE DICIEMBRE DEL AÑO 2000, SENTENCIA DEL DIECINUEVE (19) DE MARZO DEL AÑO 2002, SENTENCIA DEL VEINTIUNO (21) DE FEBRERO DEL AÑO 2003; CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DEL CINCO (5) DE MAYO DEL AÑO 2006, SENTENCIA DEL TREINTA (30) DE ENERO DEL AÑO 2001, SENTENCIA DEL VEINTICINCO (25) DE ABRIL DEL AÑO 2002, SENTENCIA DEL CUATRO (4) DE ABRIL DEL AÑO 2003.-JUZGÁDO DE LA JURISDICCION DEL LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; SENTENCIA DEL DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2004; Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SENTENCIA DEL DIECIOCHO (18) DE OCTUBRE DEL AÑO 2002; Y DE LOS ABOGADOS, SENTENCIA DEL VEINTE (20) DE MAYO DEL AÑOS DOS MIL CUATRO SENTENCIA DEL DIECINUEVE (19)DEL AÑO DOS MIL CUATRO, SENTENCIA DEL VEINTIDOS (22) DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CUATRO. SENTENCIA DEL VEINTIDOS (22) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CINCO. -CORTES DE APELACIONES DEL TRABAJO, SENTENCIA DEL VEINTIUNO (21) DE ENERO DEL AÑOS DOS MIL CINCO, SENTENCIA DEL TREINTA DE JUNIO DEL AÑOS DOS MIL CUATRO. ASI COMO EN LOS JUZGADOS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: SENTENCIA DEL CATORCE (14) DE MARZO DEL AÑO DOS MIL, - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SENTENCIA DEL TRECE (13) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL TRES, SENTENCIA DEL VEINTE (20) DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL SEIS) de igual forma el Ad-quem, ignoró lo preceptuado en el artículo uno (1) del Código Civil que dice que: “La ley es una declaración de la Voluntad Soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda prohíbe o permite, y no como los Honorables magistrados de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo de esta sección Judicial lo establecieron, Que el reajuste era a partir del día en que quede firme dicha sentencia”, significando esto que en interpretó erróneamente el artículo número ochenta y nueve (89) del referido Arancel que estipula que “EL PROFESIONAL DEL DERECHO QUE LABORA PERMANENTEMENTE A TIEMPO COMPLETO EN INSTITUCIONES PUBLICAS, CENTRALIZADAS. DESCENTRALIZADAS, AUTONOMAS, SEMIAUTONOMAS. EMPRESAS MIXTAS, LOS TRES PODERES DEL ESTADO (EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL): Y EMPRESA PRIVADA EN GENERAL QUE SE DESEMPEÑEN COMOTAL DEVENGARAN UN SUELDO MENSUAL DE VEINTIUN MIL LEMPIRAS (21000.00) Y AUMENTOS ANUALES DE ACUERDO AL INDICE INFLACIONARIO ESTABLECIDO POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (BCH) Y EN CASO DE QUE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS OTORGUEN UN AUMENTO MAYOR, SE APLICARA ESTE SEGUN LA CONVENIENCIA DEL PROFESIONAL DEL DERECHO”, al no otorgarle el reajuste de salario a mi poderdante desde la fecha en que fue publicado en nuevo Arancel del Profesional del Derecho en el Diario Oficial la Gaceta, o sea desde el nueve (9) de julio del año dos mil tres (2003), tal y como mi representado lo solicitó con la presentación del Reclamo Administrativo ante la Secretaría de Estado de la Presidencia y ante el Juzgado correspondiente. SEGUNDO: Que el criterio en que se basó la Corte de Apelaciones de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo de esta Ciudad de Tegucigalpa, para no otorgar el reajuste de salarios a mi poderdante de conformidad al artículo número ochenta y nueve (89) del nuevo Arancel del Profesional del Derecho desde el día en que fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta”, o sea desde el día nueve (9) de julio del años dos mil tres (2003), fue “Que los efectos de la Sentencia pronunciada por el Juez A-Quo al resolver una controversia sobre aspectos jurídicos no dilucidados hasta la fecha de la emisión de sus fallo, no pueden ser retroactivas afectando situaciones jurídicas que ya han transcurrido; en otros términos, sus efectos deben ser constitutivos, Pro futuro, a partir del momento en que aquel fallo Quede firme o cause ejecutoria”, Criterio que rechazo categóricamente, en virtud de que consta en pieza principal, las compulsas del expediente Administrativo de mi representado que contiene el Reclama Administrativo que se presentó ante la oficina de la Secretaría de la Presidencia solicitando el Pago del reajuste Salarial conforme a lo establecido en el nuevo Arancel del Profesional del Derecho, obviando lo que señala nuestro preámbulo de la Constitución de la República, que Preceptúa que: Los Diputados electos por la Voluntad Soberana del pueblo Hondureño, reunidos en Asamblea Nacional constituyente, invocando la protección de Dos y el ejemplo de nuestros Próceres, con la fe puesta en la restauración de la Unión Centroamericana, e interpretando fielmente las aspiraciones del pueblo que nos confirió su mandato, decretamos y sancionamos la presente Constitución para que fortalezca y perpetué un Estado de Derecho que asegure una Sociedad, política económica y socialmente justa Que afirme la nacionalidad y propicie las condiciones rara la plena validación del hombre, como persona humana, dentro de la Justicia, la libertad, la seguridad, la estabilidad, el pluralismo, la paz, la democracia representativa y el bien común”. De igual manera evadiendo el artículo número uno (1) de la carta magna que expresa que: “HONDURAS ES UN ESTADO DE DERECHO, SOBERANO, CONSTITUIDO COMO REPUBLICA LIBRE, DEMOCRATICA E INDEPENDIENTE PARA ASEGURAR A SUS HABITANTES EL GOCE DE LA JUSTICIA, LA LIBERTAD, LA CULTURA Y EL BIENESTAR ECONOMICO Y SOCIAL” De la norma anteriormente citada determina que el trabajo mediante principios minimos fundamentales de igualdad de irrenunciabilidad de derechos, de remuneración, de estabilidad, de situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación de interpretación de las fuentes formales del Derecho. De igual modo el trabajo en condiciones dignas y justas, es un Derecho humano fundamental y el principio fundante del Estado de Derecho._ Que de lo señalado anteriormente puedo afirmar que dado el carácter y protección que la constitución da al trabajo sin discriminación, por principio de igualdad, por la función del Estado y de las autoridades para la garantía y efectividad de los derechos sin discriminación en la relación del trabajo entre la administración y el empleado público en este caso, en la que el, también tiene derechos y no es un simple siervo en su condición de trabajador, ni trabajador de Segunda Categoría, por estar prescrita la discriminación y no ser razonable ni proporcional la exclusión, los empleados públicos si son titulares de derechos adquiridos y no solamente de los derivados de actos administrativos._ Tan cierta es mi afirmación que con la constitución se han consagrado expresamente los derechos adquiridos de manera general, incluidos los de los empleados públicos y en forma especial para ellos, a través de las leyes de la materia, como lo son: La Constitución de la República, la ley de Servicio Civil, y su Reglamento, ejemplo para los Abogados que se desempeñan en el Estado de forma permanente y realizando funciones como tales, se les aplicara el salario mínimo de conformidad del artículo ochenta y nueve(89) del nuevo Arancel del Profesional del Derecho, ya explicado anteriormente._ Considero que una sentencia no podría desconocer los derechos adquiridos por los Empleados Públicos; ya que el Empleado Público de carrera administrativa es titular de unos derechos subjetivos que gozan de Protección Constitucional, en este caso en particular me refiero al nuevo Arancel del Profesional del Derecho, al igual que ocurre con la Propiedad Privada en cuanto a su protección legal mediante las leyes respectivas, y el precepto que se examina hace ineficaz la carrera Administrativa, en cuanto que desconoce los derechos que ella incorpora, ya adquiridos por el servidor público constitucionalmente; una justicia que corrige y rectifica las situaciones opuestas a la rectitud en el tener y en el dar, la Especial protección otorgada por el Estado al trabajo no contraria al principio de igualdad consagrado constitucionalmente, pues se trata de dar a cada persona lo suyo no siempre significa dar a todas las personas la misma cosa. Con base a lo anterior se le tendría que reconocer a mi representado la retroactividad de los salarios de conformidad a lo establecido en el artículo número 89 del arancel Profesional del Derecho. TERCERO: El Ad-quem al dictar la sentencia de fecha 16 de junio del año dos mil ocho, ignoro lo preceptuado en el artículo número uno (1) del código civil que dice que: “La ley es una declaración de la voluntad soberana, que manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda prohíbe o permite, al interpretar erróneamente el artículo número 89 del arancel del Profesional del Derecho, al otorgar solamente la nivelación salarial, a partir de que la sentencia este firme, y no el reajuste salarial como lo solicito mi representado, desconociendo sentencias dictadas anteriormente que si reconocen el Derecho invocado por mi representado, y entre otras podemos citar las siguientes:” a) Sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia en fecha dieciocho de octubre del año dos mil dos (2002); b) Sentencia de la Corte de Apelaciones del trabajo de fecha once (11) de diciembre del año dos mil uno (2001) de las que se rescata la consideración siguiente: ‘como se dijo anteriormente, también es cierto la existencia del arancel del Colegio de Ingenieros Civiles, de Honduras, Arancel del Colegio de Arquitectos de Honduras, Arancel del Colegio de Abogados de Honduras, y otros, y en que sus afiliados o profesionales que se encuentran regidos por el mismo, les da la facultad de reclamar a su patrono el pago del salario que dicho arancel es la tarifa oficial que determina los derechos que se han de pagar en varios ramos, en el caso que nos ocupa se trata de la aplicación de los aranceles Vigentes del Colegio de Ingenieros Civiles, de Honduras, y del Colegio de Arquitectos de Honduras, es decir que son aranceles actualmente vigentes lo que fijan la renumeración que por su actuación puede percibir determinado profesional; de estos aranceles hay varias modalidades, aplicándose en el caso de autos, el que define la doctrina como las que marcan las cantidades mínimas que el profesional puede percibir, evitando así el envejecimiento que a esas profesiones pudiera llevar una competencia poco escrupulosa, consecuentemente el reclamo de la reajuste de salario realizado por los demandantes se fundamenta en ley que regulan el trabajo humano y estas son de orden público y por consiguiente de cumplimiento obligatorio”._En conclusión la honorable Corte de Apelaciones de lo contencioso administrativo tuvo que dictar la sentencia de fecha dieciséis de junio del año dos mil ocho, otorgándole el reajuste de salario a mi representado, de conformidad a lo establecido en el artículo número 89 del arancel del profesional del Derecho, y por eso procede que esta honorable Corte Suprema de Justicia case la sentencia recurrida en este motivo”. RESULTA: Que en fecha veintiuno de agosto de dos mil ocho, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Abogado JORGE ARNULFO INESTROZA ZELAYA, de generales ya señaladas y en su condición de apoderado legal del señor ROLANDO RAPALO MADRID, de generales ya establecidas y por formulado en tiempo el Recurso de Casación, ordenándose el traslado a la Fiscal del Despacho por el término de diez días para que emitiera su dictamen; haciéndolo dicha funcionaria, el veintitrés de febrero de dos mil nueve, de la siguiente manera: “OPINION: Por la razones expresadas, el Ministerio Publico dictamina desfavorable a la admisión del presente recurso en su único motivo.” RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional en fecha dieciséis de junio del dos mil ocho dictó Sentencia Definitiva en el expediente con registro número 077-2008 consistente en la demanda promovida por el Abogado ROLANDO RAPALO MADRID contra EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL para darle cumplimiento a una obligación estipulada en el Arancel del Profesional del Derecho desde la vigencia del arancel hasta la fecha del despido en el cargo que desempeñaba, más el reajuste al décimo tercer mes y otros. CONSIDERANDO: Que la Sentencia Definitiva referida dictada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional en sus consideraciones establece: “Que está acreditado en autos que el demandante se desempeñaba como Profesional del Derecho, ejerciendo funciones como miembro Propietario del Consejo del Servicio Civil, cargo que debe ser desempeñado por un Profesional del Derecho como se acredito en autos, que al estar en vigencia el arancel relacionado le es aplicable al demandante en vista de que cumple los requisitos para que se le aplique el mismo, por lo cual la institución para la cual labora esta obligada a cumplir lo estipulado en el artículo 89 del arancel del Profesional del Derecho” y “Que de acuerdo con lo expuesto anteriormente esta Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo estima que la sentencia definitiva que se conoce en apelación se encuentra conforme a derecho por lo que procede sea cumplida” y en la parte dispositiva dice: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE el recurso de apelación interpuesto por el Abogado CLAUDIA MELISSA FLORES LAITANO, apoderado de El Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia.- SEGUNDO: REFORMAR PARCIALMENTE el numeral segundo de la sentencia definitiva de fecha trece de marzo de dos mil ocho, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, con sede en Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, y que aparece del folio número sesenta y nueve frente (69 f.) al folio número setenta y dos frente (72 f.) de la pieza principal de autos, en el sentido de no aplicarse la irretroactividad solicitada del beneficio concedido en el artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho”. Situación que realmente genera una incongruencia de las premisas con la parte dispositiva ya que no sigue un sistema lógico con su conclusión final; porque si la sentencia se encuentra ajustada a derecho lo procedente es su confirmatoria en todos sus extremos, en caso de reforma el Tribunal debió particularizar que partes del fallo requerían ser modificados y estableciendo la motivación correspondiente, lo cual se omitió, por lo tanto le falta claridad y precisión a dicha sentencia, ya que el pronunciamiento de la misma debe ser evidente e inteligible, conforme a las pretensiones deducidas en el proceso. CONSIDERANDO: Que el juzgador al emitir sus resoluciones debe observar las normas procedimentales de cumplimiento obligatorio para lograr la efectividad del derecho material.CONSIDERANDO: Que la nulidad absoluta, debe cuando conste en autos declararse de oficio aunque las partes no lo soliciten. Que los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto designe expresamente otro efecto que el de nulidad para el caso de contravención. CONSIDERANDO: Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad. CONSIDERANDO: Que a falta de una sentencia clara, precisa, exhaustiva y congruente se viola el derecho a la tutela judicial efectiva. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, y en aplicación de los artículos 303, 313 numeral 5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1º de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 183 y 190 del Código de Procedimientos Civiles; 9, 11, 1586, 1589 del Código Civil; 35, 89 y 134 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia.- FALLA: DECLARAR DE OFICIO LA NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia definitiva dictada en fecha dieciséis de junio del dos mil ocho, pronunciada por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a Nivel Nacional, visible a folios (31 y 32) de la segunda pieza de autos.- Y MANDA: Que con la certificación de este fallo, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho.- Redactó el Magistrado VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA.- NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO: JOSE TOMAS ARITA VALLE, COORDINADOR.- VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA.- ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM.- FIRMA Y SELLO: MIRNA LIZETTE ALVARADO- SECRETARIA POR LEY”. Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiún días del mes de octubre del año dos mil nueve; Certificación de la sentencia de fecha seis de octubre de dos mil nueve, recaída en la Casación Laboral Nº 324-08. FIRMA Y SELLO:
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL