Sentencia CA-380-05 — Registro 17962
Resumen
En primer instancia se declara improcedente la acción incoada por EXPRESO COMERCIAL, S. de R.L., por estar ajustado a derecho el Acto Impugnado parcialmente, se confirma en segunda instancia
Análisis jurisprudencial
(Sin análisis jurisprudencial en la ficha)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
La Infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL–CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de noviembre del dos mil seis. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de Ley formalizado ante este Tribunal de Justicia en fecha uno de diciembre de dos mil cinco, por MARGARITA RIVERA VEGA DE CUESTAS, mayor de edad, casada, hondureña y de éste domicilio, en su condición de Apoderada Legal de COMERCIAL, S. DE R.L. (EXPRECO); en relación a ordinaria para que se declare no ser conforme a derecho un acto administrativo de carácter general y su anulación e inaplicabilidad, suspensión del acto impugnado, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de enero de dos mil cuatro, por MARGARITA RIVERA DE CUESTAS, en su condición de Apoderada Legal de la empresa EXPRESO COMERCIAL S. DE R.L. (EXPRECO), contra CORREOS DE HONDURAS (HONDURCOR), a través de su Representante Legal JAIME VILLATORO FLORES, mayor de edad, casado, hondureño y de este vecindario. El recurso de casación se interpuso contra la sentencia de fecha cinco de septiembre de dos mil cinco, dictada por de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con jurisdicción a nivel nacional, que fallo declarando SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y CONFIRMO la sentencia definitiva de fecha veintitrés de febrero de dos mil cinco, dictada por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del departamento de Francisco Morazán, que: “FALLA: Declarar improcedente la acción incoada por MARGARITA RIVERA de CUESTAS, en representación de EXPRESO COMERCIAL, S. de R.L., por estar ajustado a derecho el Acto Impugnado parcialmente, consistente en los artículos 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 19, 21, y 22 del Reglamento Regulador de de Servicios de Mensajería por parte de Empresas Privadas, aprobado por de de Correos de Honduras “HONDURCOR”, el once de Noviembre del 2003.-“ RESULTA: Que en fecha uno de diciembre de dos mil cinco, compareció ante este Alto Tribunal de Justicia, la Abogada REINA MARGARITA RIVERA VEGA DE CUESTAS, en su condición ya indicada, formalizando su recurso de casación de la manera siguiente: “EXPRESION DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO: Interpretación errónea de la Ley aplicable al caso DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS: Artículos 23 literal k) y 30 literal d) de la Ley Orgánica de Correos de Honduras, en relación con los artículos 64, 70, 109, 205 numeral 35, 321 y 323 de la Constitución de la Republica; 8 numerales 3 y 4, 118 numeral 2 de la Ley General de Administración Pública; 4 literal g) de la citada Ley Orgánica de Correos de Honduras y 3, 4, 5, 6, 8, 9, 19, 13, 16, 17, 19, 21 y 22 del Reglamento Regulador de la Prestación de Servicios de Mensajería por parte de Empresas Privadas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles. EXPLICACION DEL MOTIVO: Evidentemente, La Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyas las disposiciones legales de dicha sentencia, particularmente lo dispuesto en los artículos 23 literal k) y 30 literal d) de la Ley Orgánica de Correos de Honduras, al sostener dicho Tribunal en el tercer considerando lo siguiente: “Que la Junta Directiva de HONDUCOR, al emitir el referido reglamento, se enmarcó dentro de los límites de la potestad reglamentaria, ya que tiene facultades para regular la autorización para que las Empresas Privadas de Mensajería operen, así como se lo ordena la Ley Orgánica de la Empresa de Correos de Honduras.”, pero, si bien es cierto, dichas disposiciones legales otorgan a la Junta Directiva de la Empresa de Correos de Honduras, la atribución en el artículo 23, entre otras, literal “k) Fijar el canon postal que se establezca a los servicios prestados por mensajerías privadas” y que La Empresa dispondrá para el cumplimiento de sus fines, de los recursos siguientes, Ordinarios, conforme al Artículo 30 literal d) de la Ley, que dice: “d) El canon postal que se establezca a los servicios prestados por mensajería privada, encuadrados en el régimen de autorización para la emisión, transporte y entrega de correspondencia actual, personal o pequeñas encomiendas.”, también lo es, que lo reglamentado por dicha Junta Directiva con base a tales disposiciones, se excede del marco cuya potestad reglamentaria le confiere esa misma Ley, porque en principio el artículo 4 únicamente le atribuye y faculta a la Empresa de Correos de Honduras en su literal g) a: “Emitir los reglamentos para su organización y funcionamiento, excepto el Reglamento general de dicha Ley y el estatuto de personal, que serán emitidos por el Poder Ejecutivo”, no así a cuestiones que pretenden regular a terceros y que nada tienen que ver con su organización y funcionamiento, como son las Empresas privadas que desde hace muchos años se dedican a prestar servicios de transporte de encomiendas y correspondencia, donde los órganos y entidades de la Administración Pública tiene vedado por esa vía, el reconocer, declarar o limitar derechos de los particulares, si no tienen por ley tales potestades, así como ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidos por la Constitución de la República, tal como lo determinan los artículos 8 numerales 3 y 4 de la Ley General de la Administración Pública y 64 de la Constitución de la República. Sin embargo, esa potestad reglamentaria concedida a HONDUCOR, que se reitera, solo es para emitir los reglamentos para su organización y funcionamiento, fue ampliada al acto general denominado como Reglamento Regulador de la Prestación de Servicios de Mensajería por parte de Empresas Privadas y es por ello, que la Corte recurrida ha interpretado erróneamente dichas disposiciones, dándoles un alcance diferente a la atribución o facultad el legislador le confirió a dicho órgano de la Empresa de Correos de Honduras, cuando si se analizan correctamente, tales normas solo es para fijar el canon postal a los servicios prestados por mensajerías privadas, ya que aunque se menciona encuadrarlos en un régimen de autorización, no se desarrolla ni determina la forma, alcance y limites del mismo y solo queda como un enunciado. La interpretación correcta de las disposiciones legales relacionadas, consistiría en establecer que dicha Institución no se enmarcó dentro de los límites de la potestad reglamentaria relacionada y su reglamento se excede en la facultad otorgada por la Ley Orgánica de la Empresa de Correos de Honduras. SEGUNDO MOTIVO: Falta de Aplicación de los artículos 8 numerales 3 y 4 de la Ley General de la Administración Pública, 4 literal g) de la Ley Orgánica de Correos de Honduras en relación con los artículos 40 literal a) de la Ley de Procedimiento Administrativo y 64, 321 y 323 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles. EXPLICACION DEL MOTIVO: Conforme las disposiciones contenidas en el artículo 8 numerales 3 y 4 de la Ley General de la Administración Pública, los órganos y entidades de la Administración Pública no podrán reconocer, declara o limitar derechos de los particulares, si no tienen por ley tales potestades, así como ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidos por la Constitución de la República, tal como lo enuncia el artículo 64 de la Constitución de la República. El artículo 40 literal a) de la Ley de Procedimientos Administrativo establece que los órganos de la Administración no podrán, mediante actos de carácter general, alterar el espíritu de la Ley, variando el sentido y alcance esencial de ésta. El artículo 4 literal g) de la Ley Orgánica de la Empresa de Correos de Honduras, únicamente le atribuye y faculta a la Empresa de Correos de Honduras a Emitir los reglamentos para su organización y funcionamiento, excepto el Reglamento general de dicha Ley y el estatuto de personal, que serán emitidos por el Poder Ejecutivo, por lo que tratándose la acción contencioso-administrativa de mérito, en la revisión de la legalidad del acto general emitido por la Junta Directiva de dicha Empresa, denominado como Reglamento Regulador de la Prestación de Servicios de Mensajería por parte de Empresas Privadas, era preciso la aplicación de dichas normas en el fallo recurrido y al no haberlo hechos así, procede la admisión de éste segundo motivo. TERCER MOTIVO: Falta de Aplicación de los artículos 7 numeral 6) de la Ley General de Administración Pública, y 4 literal g) de la Ley Orgánica de la Empresa de Correos de Honduras, en relación con los artículos 64, 262, 321 y 323 primer párrafo de la Constitución de la República; 35 y 40 literal a) de la Ley de Procedimientos Administrativos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles. EXPLICACION DEL MOTIVO: Conforme las disposiciones contenidas en el artículo 7 numeral 6) de la Ley General de Administración Pública, los órganos y entidades y por ende los actos de la Administración Pública deberán ajustarse a una jerarquía normativa, señalando claramente en su numeral 6) que: Los Reglamentos que se emitan para la aplicación de las Leyes, por ende, lo regulado en estos reglamentos debe ser congruente y directamente relacionado con la facultad que la misma Ley les confiere para su creación, es decir son para su ejecución, por lo tanto si el órgano Administrativo emite un reglamento excediéndose de la facultad reglamentaria concedida por la Ley misma, no se ajusta a la jerarquía normativa establecida por Ley General de la Administración Pública, pues el reglamento que se emite, en sí, no tiene como fin primordial la aplicación de la Ley, sino regular situaciones que exceden a las facultades y funciones otorgadas por ese marco legal.- Asimismo en base a tal norma el acto de la administración pública debe ajustarse a la Ley, de acuerdo al artículo 7 de la Ley antes señalada, pues el Reglamento y su contenido no puede estar sobre la Ley, ni puede ir mas allá de lo establecido en la misma, porque la potestad reglamentaria emana de la Ley, por lo que en la facultad concedida a la Junta Directiva de HONDUCOR en el artículo 4 literal g) de la Ley Orgánica de la Empresa de correos de Honduras, únicamente se señala que está para emitir los reglamentos para su organización y funcionamiento y nunca menciona que se le faculta para crear un Reglamento Regulador para la Prestación de Servicios de Mensajería por parte de Empresas Privadas, o que se le faculta para que por medio de Reglamento pueda regular a las personas jurídicas mercantiles que se dediquen al giro social de la mensajería privada.- Por lo que la Corte de Apelaciones recurrida, debió aplicar la jerarquía normativa establecida en el artículo 7 de la Ley General de la Administración Pública.- Ya que también el artículo 262 de la Constitución de la República, señala que las instituciones descentralizadas gozan de independencia funcional y administrativa y a éste efecto podrán emitir los reglamentos que sean necesarios de conformidad con la Ley, pero en ningún caso pueden exceder esa potestad reglamentaria, bajo el principio de legalidad contemplado en los artículo 321 y 323 primer párrafo del mismo texto constitucional, porque como servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley, todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad, y que todos los funcionarios públicos son depositarios de la autoridad, responsables por su conducta oficial, sujetos a la Ley y jamás superiores a ella, por lo que procede la admisión de éste tercer motivo de casación.” RESULTA: Que en auto de fecha dos de diciembre de dos mil cinco, éste Tribunal de Justicia tuvo por formalizado en tiempo el recurso de casación por parte de MARGARITA RIVERA VEGA DE CUESTAS, y dio traslado al Fiscal del Despacho por el término de diez días para que emitiera dictamen sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito, pronunciándose en fecha veintiuno de agosto de dos mil seis, YAMILETH CENTENO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, de la siguiente manera: “OPINION: Con fundamento en las razones expuestas el MINISTERIO PUBLICO, dictamina desfavorable a la admisión del recurso de Casación planteado en sus tres motivos.” RESULTA: Que en su oportunidad se cito a las partes para resolver sobre la procedencia o improcedencia de la admisión del recurso de mérito. CONSIDERANDO: Que MARGARITA RIVERA VEGA DE CUESTAS, apoderada de la empresa EXPRESO COMERCIAL, S. DE R.L. (EXPRECO), en el primer motivo alega: “Interpretación errónea de aplicable al caso. DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS: Artículos 23 literal k) y 30 literal d) de de Correos de Honduras, en relación con los artículos 64, 70, 109, 205 numeral 35, 321 y 323 de de ; 8 numerales 3 y 4, 118 numeral 2 de de ; 4 literal g) de la citada Ley Orgánica de Correos de Honduras y 3, 4, 5, 6, 8, 9, 19, 13, 16, 17, 19, 21 y 22 del Reglamento Regulador de de Servicios de Mensajería por parte de Empresas Privadas. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles.” Es el caso que los artículos 23 literal k) y 30 literal d) de de Correos de Honduras, que se citan como infringidos por haberse interpretado erróneamente por parte del Tribunal sentenciador tienen el carácter de generales y por tanto inadmisibles en casación, por lo que resulta inadmisible este primer motivo. CONSIDERANDO: Que en el segundo motivo alega: “Falta de aplicación de los artículos 8 numerales 3 y 4 de de Administración Pública, 4 literal g) de de Correos de Honduras, en relación con los artículos 40 literal a) de de Procedimiento Administrativo, y 64, 321 y 323 de de AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles.” Al confrontar el cargo con el fallo recurrido se evidencia que no se logra demostrar violación de ley sustantiva, observándose que el artículo 8 de de si fue aplicado por el Tribunal sentenciador; el artículo 4 de de Correos de Honduras es de carácter general, inviolable en casación; y el artículo 40 literal a) de de Procedimiento Administrativo no fue aplicado, y aun de haberlo sido, la improcedencia de los anteriores lo torna inaplicable; las razones expuestas, vuelven inadmisible este segundo motivo. CONSIDERANDO: Que en el tercer motivo alega: “Falta de aplicación de los artículos 7 numeral 6) de de Administración Pública, y 4 literal g) de de de Correos de Honduras, en relación con los artículos 64, 262, 321 y 323 primer párrafo de de ; 35 y 40 literal a) de de Procedimiento Administrativo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral 1 del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles.” Los artículos 7 numeral 6) y 4 literal g) de de de Correos de Honduras por ser normas de carácter general, no son susceptibles de violación en casación; en cuanto al artículo 7 de de , no es posible la violación directa de la norma constitucional, sino a través de otras normas sustantivas que desarrollen los preceptos constitucionales respectivos; en la forma que se estructura el cargo se torna inadmisible el tercer motivo. POR TANTO: de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de Administrativo, con el parecer del Fiscal Especial de Casación y en aplicación de los artículos 303, 313 numeral 5), 316 de de ; 1 y 80 numeral 1 de de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 190, 899, 916, 917, 919, 920 numeral 2), 929 del Código de Procedimientos Civiles. FALLA: 1) DECLARANDO NO HABER LUGAR a la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó ESTHELA CARDONA PADILLA. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO.- ROBERTO LAGOS BANEGAS.- COORDINADOR.- TEODOLINDA PINEDA CARDONA.- LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA.- FIRMA Y SELLO.- MIRNA LIZETTE ALVARADO.- SECRETARIA POR LEY.” Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiseis días del mes de Enero de dos mil siete, certificación de la sentencia de fecha diecisiete de Noviembre de dos mil seis, recaída en el recurso de Casación No. 380-05.
LUCILA CRUZ MENÉNDEZ
SECRETARIA GENERAL