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Sentencia CA-2608-03 — Registro 17454

Resumen

En primer instancia se declara improcedente la acción incoada por la demandante por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado, se confirma en segunda instancia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el Recurrente en el tercer motivo alega “violación o falta de aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 47, 60 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado en relación con los artículos 1 y 4 reformado, 53, 55, 57, 58 y 59 de ese mismo cuerpo de leyes y 79, 87, 89 del Reglamento de la citada Ley. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles. Es visto que la demandante cuando ingresó a prestar sus servicios al Hospital demandado, no lo hizo bajo la regulación de la Ley del Estatuto del Médico Empleado y por disposición constitucional, su relación de trabajo estaba regida por la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, en la categoría de Personal Auxiliar.  El Recurrente en su alegación pretende establecer la supremacía de la Ley del Estatuto del Médico Empleado sobre la Ley aplicable al caso sub-judice, e imponer su particular criterio al Tribunal sentenciador, pero al aducir violación de ley inaplicable al caso del pleito no logra demostrar la infracción por falta de aplicación e interpretación errónea alegada.  En consecuencia los motivos primero, segundo y tercero no reúnen los requisitos para su admisión..."

Legislación citada

  • Código de Procedimientos Civiles, art. 903 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

La infrascrita Secretaria General de la Corte Suprema de Justicia, certifica la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C, quince de abril del dos mil cuatro. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación por Infracción de ley formalizado ante éste Alto Tribunal de Justicia en fecha once de noviembre del dos mil tres, por el Abogado FRANCISCO DANIEL GOMEZ BUESO, mayor de edad, casado, hondureño, en su condición de apoderado de la señora ELA LARISSA MEJIA ROMERO, mayor de edad, soltera, Medico y cirujano, hondureña y de este domicilio; en relación a la demanda ordinaria para la declaración de nulidad de un acto administrativo de cancelación de un medico empleado, reconocimiento de una situación jurídica individualizada, pago de prestaciones e indemnizaciones legales, salarios dejados de percibir y reajuste salarial, costas, promovida ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta Sección Judicial por la señora ELA LARISSA MEJIA ROMERO, de generales indicadas, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de su representante legal el Abogado SERGIO ZAVALA LEIVA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de Procurador General de la República. El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo con Jurisdicción a nivel Nacional en fecha dieciséis de septiembre de dos mil tres, que CONFIRMO la sentencia emitida por el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo de esta sección Judicial en fecha veinticuatro de junio del dos mil tres, la cual fallo: “PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE LA ACCION incoada por la ciudadana ELA LARISSA MEJIA ROMERO, por estar ajustado a derecho el acto administrativo impugnado.” RESULTA: Que en fecha once de noviembre de dos mil tres, compareció ante éste Alto Tribunal de Justicia el Abogado FRANCISCO DANIEL GOMEZ BUESO, en su carácter ya expresado, formalizando su demanda de Casación de la manera siguiente: EXPRESIÓN DE LOS MOTIVOS DE CASACION PRIMER MOTIVO Violación o falta de aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 8 preámbulo y numerales 2 y 5 reformado, 46 reformado, 47 de la Ley del estatuto del Médico Empleado en relación con los artículos 1 y 4 reformado de ese mimo cuerpo de leyes y 129 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles. EXPLICACION DEL MOTIVO: Es un hecho no controvertido, que la demandante ELA LARISSA MEJIA ROMERO, es una Médico y Cirujano que prestó sus servicios subordinados como Médico General en el hospital militar, en dos jornadas, una ordinaria de 6 horas y otra de guardia, lo cual fue aceptado por la parte demandada al contestar la demanda de mérito. Como Médico Empleado al servicio del Hospital Militar, dependencia actualmente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, su relación laboral se encuentra regida bajo el marco de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, la cual prevalece sobre cualquier otra disposición normativa, por lo establecido en el artículo 1 y 4 reformado de dicha Ley, ya que en dichas disposiciones se establece el carácter de ORDEN PUBLICO y de cumplimiento obligatorio para los empleadores o patronos que contraten o empleen médicos debidamente registrados en el Colegio Médico de Honduras. En consecuencia, al revisar la situación jurídica del presente caso, el Juzgador estaba en la obligación de aplicar las disposiciones de dicha Ley, particularmente las que garantizan el derecho de estabilidad laboral de los citados médicos empleados, como es el caso de la Dra. ELA LARISSA MEJIA ROMERO, contenidas en los artículos 8 preámbulo y numerales 2 y 5 reformado, 46 reformado, 47 de la Ley del Estatuto del Médico empleado en relación con el 129 de la Constitución de la República, y al no haberlo hecho así, la corte recurrida infringió la ley, por la falta de aplicación de tales preceptos. SEGUNDO MOTIVO: interpretación errónea del artículo 11 preámbulo y numeral 3 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, en relación con los artículos 4 reformado de la misma Ley. Precepto Autorizante: este motivo se encuentra comprendido en el numeral primero del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles. EXPLICACION DEL MOTIVO: Si bien la corte recurrida no cita en la parte dispositiva de la sentencia definitiva dictada el 16 de septiembre del 2003, el artículo 11 numeral 3 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, sin embargo, si lo aplica en la motivación jurídica de la misma, como consta en su cuarto considerando, al sostener: “que la Ley del Estatuto del Médico Empleado establece que los médicos empleados para optar a cargos o puestos dependientes deben someterse previamente a concurso, y consta en autos que la demandante, tal como ella misma lo expresa, fue contratada sin el requisito de someterse a concurso, además que no posee un contrato escrito y su relación laboral lo acredita con los documentos mencionados en el considerando que antecede, por lo que no puede ahora invocar que esta protegida por el Estatuto del Médico Empleado al haber aceptado ser contratada por las Fuerzas Armadas, como personal auxiliar y someterse a lo establecido en su Ley Constitutiva y sus Reglamentos.2 Ese razonamiento condiciona que la aplicación de la normativa contenida en la Ley del Estatuto del Médico Empleado, es en relación directa a que el médico empleado se haya sometido al concurso, cuando si bien es cierto, ese mecanismo o instituto es la vía idónea para la contratación o nombramiento de los mismos, y lo enmarca tal disposición como una obligación a cargo del médico empleado, pero también lo es de los patronos o empleadores, al disponer el artículo 7 primer párrafo reformado de la citada Ley, en su parte conducente: “Toda contratación o nombramiento para la prestación de servicios médicos generales o especializados, bajo la subordinación o dependencia de un empleador natural o jurídico de derecho público o privado, deberá someterse a concurso.”, y al ser analizada dicha disposición en el contexto de otras disposiciones contenidas en la misma Ley, como es el caso del artículo 4 reformado, donde se le da un carácter imperativo a la referida legislación, o sea de cumplimiento obligatorio para las personas naturales o jurídicas de derecho público y privado que contrate o empleen Médicos debidamente registrados en el Colegio Médico de Honduras, y así lo ratifica el contenido del artículo 9 en su preámbulo y numeral 4, donde se determina como obligación de los patronos o empleadores someter a concurso la contratación o nombramiento de los Médicos. La interpretación errónea de dicha norma ha llevado a sostener que en el presente caso, la demandante no se encontraba protegida por la Ley del Estatuto del Médico Empleado, al no haberse previamente sometido a concurso, sin considerar que tal disposición no cuenta con ese alcance y que tampoco el incumplimiento de esa obligación, no inhibe la aplicación de dicha Ley, porque tal disposición debe ser interpretada en relación con otras disposiciones contenidas en dicho texto legal y no en forma aislada. La interpretación correcta de dicha disposición, en relación con las otras normas citadas anteriormente, es sencillamente que el médico empleado se encuentra obligado a concursa para optar a cargos o puestos, sin embargo, también es obligación patronal someter a concurso todo puesto o plaza vacante, por lo cual, si ya se encuentra laborando y se omitió dicho procedimiento, ello no es obstáculo para la aplicación de las disposiciones de la Ley que regule a los médicos empleados, es decir, la Ley del Estatuto del Médico Empleado. TERCER MOTIVO Violación o falta de aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 46 reformado 47, 60 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado en relación con los artículos 1 y 4 reformado, 53, 55, 57, 58 y 59 de ese mimo cuerpo de leyes y 79,87, 89 del Reglamento de la citada Ley. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles. EXPLICACION DEL MOTIVO: Como se ha sostenido, es un hecho no controvertido ni objeto del debate, que la demandante ELA LARISSA MEJIA ROMERO, es una Médico y Cirujano que prestó sus servicios subordinados como Médico General en el Hospital Militar, en dos jornadas, una ordinaria de 6 horas y otra de guardia, lo cual fue aceptado por la parte demandada al contestar la demanda de mérito. Como Médico Empleado al servicio del Hospital Militar, dependencia actualmente de la Secretaría de Estado en el Despacho de defensa Nacional, su relación laboral se encuentra regida bajo el marco de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, la cual prevalece sobre cualquier otra disposición normativa, por lo establecido en el artículo 1 y 4 reformado de dicha ley, ya que en dichas disposiciones se establece el carácter de ORDEN PUBLICO y de cumplimiento obligatorio para los empleadores o patronos que contraten o empleen médicos debidamente registrados en el Colegio Médico de Honduras. Por ello, para el caso de médicos empleados, es preciso que en la aplicación de cualquier sanción disciplinaria, máxime en el caso de autos, que se trata de un despido, se debe actuar respetando los parámetros de la Ley del Estatuto del Médico Empleado y su Reglamento, especialmente las disposiciones que establecen que no se impondrán sanciones, sin antes haber investigado los cargos y oído al médico, garantizándole plenamente su defensa mediante el uso de los recursos legales que procedan, además, que no podrá comunicarse el despido, sino cuando se hubiera agotado la investigación reglamentaria correspondiente, tal como lo señalan los artículos 55 y 58 de dicha Ley, requisito que fueron obviados por el patrono o empleador, en el caso que nos ocupa, quien argumenta que no es aplicable dicha Ley, y por ello se ha debido estimar la procedencia de la demanda de mérito, por ser el acto administrativo impugnado, nulo y contrario a la legalidad. CUARTO MOTIVO: Ser el fallo recurrido, violatorio de la doctrina legal aplicable al caso del pleito. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral primero del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles. Esta honorable corte ha conformado Doctrina Legal, en mérito de haber dictado más de 3 fallos conformas en Casación, en los cuales se ha dejado plenamente establecido entre otros, el criterio de que: “De conformidad con el Artículo 1 de la ley del Estatuto del Médico Empleado, es este el instrumento jurídico el que regula las labores o servicios de trabajo de los Médicos y Cirujanos debidamente colegiados, tanto como servidores de las dependencias del Estado en organismos colegiados, tanto como servidores de las dependencias del Estado en organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados y personas naturales o jurídicas de derecho privado; por tanto la regulación del nacimiento de los derechos, ejercicio, modificación o extinción, así como de las obligaciones correspondientes al Médico empleado, quedan sometidas a lo que dispongan los preceptos contenidos en dicho Estatuto y solamente a falta de tales disposiciones habrá de acudirse a las normas supletorias, respectivamente; en este sentido, de conformidad con el numeral 5) del artículo 8 del Estatuto citado, los Médicos Empleados gozan de los derechos y garantías consignadas en la Constitución de la República, la referida Ley, el Código del Trabajo, la Ley del Servicio Civil y demás leyes aplicables; en todo caso, podrá invocar aquellas disposiciones contenidas en dichas leyes cuando le sean más favorables…” citando como fallos conformes los siguientes: a) de fecha 14 de mayo de 1996, contenido en el expediente No. 343-95 del Recurso de Casación formalizado por la Licenciada No. 343-95 del Recurso de Casación formalizado por la Licenciada ROSALMIRA GARCIA DE DIAZ, en la demanda promovida por el dr. MARCO ANTONIO BONES TABORA contra el Estado de honduras, por medio de la secretaría de salud; b) de fecha 11 de junio de 1996, contenido en el expediente No. 342-95 del Recurso de Casación formalizado por la Licenciada ROSALMIRA GARCIA DE DIAZ, en la Demanda promovida por el Dr. ANGEL ERNESTO ARGUETA AGUILAR contra el Estado de honduras, por medio de la secretaría de salud; c) la del 10 de enero de 1996, en el Recurso de casación formalizado por el suscrito, como Apoderado de los doctores EZAU CONRADO CASTILLO, JOSE VIVIAN PORTILLO RAMIREZ y JAIME ANDRES HALL MARTINEZ, contra el Estado de honduras, por medio de la Secretaría de Salud, de los cuales adjunté copia autenticada que obran a folios 128 al 159 de la primera pieza y señalo los archivos de este honorable Tribunal, donde obran los expedientes relacionados. La Honorable Corte recurrida, ha desconocido la Doctrina legal contenida en esos fallos conformes dictados por éste Tribunal, en Casación, al negarse a aplicar la Ley del Estatuto del Médico empleado, cuando en el caso del pleito se ha expuesto el caso de una relación laboral regulada por la misma, ya que la Señora ELA LARISSA MEJIA ROM ERO, es una profesional de la medicina, inscrita en el Colegio Médico de honduras, que prestaba sus servicios subordinados a una dependencia de la Secretaría de estado en el Despacho de defensa Nacional (Estado de Honduras) como lo es el Hospital militar, por lo cual se ha violado dicha doctrina legal por falta de aplicación.” RESULTA: Que en fecha doce de noviembre de dos mil tres, éste Alto Tribunal de Justicia, dictó providencia mediante la cual tuvo por formalizado el recurso de casación por parte del Abogado Francisco Daniel Gómez Bueso, asimismo dio traslado de las diligencias al Fiscal del Tribunal por el término de diez días para que emitiera el respectivo dictamen, Funcionario que en fecha once de febrero de dos mil cuatro, emitió dictamen de la siguiente manera: “III. OPINION Con fundamento en las razones expuestas el MINISTERIO PUBLICO, dictamina desfavorable a la admisión del recurso en sus tres motivos.” RESULTA: Que en su oportunidad se citó a las partes para resolver sobre la admisión del recurso de casación de que se ha hecho mérito.

CONSIDERANDO: Que el Recurrente, abogado FRANCISCO DANIEL GOMEZ BUESO, apoderado de la señora ELA LARISSA MEJIA ROMERO, en el primer motivo alega “violación o falta de aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 8 preámbulo y numerales 2 y 5 reformado, 46 reformado, 47 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado en relación con los artículos 1 y 4 reformado de ese mismo cuerpo de leyes y 129 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles.” CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el segundo motivo alega: “Interpretación errónea del artículo 11 preámbulo y numeral 3 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, en relación con los artículos 4 reformado, 7 primer párrafo reformado y 9 preámbulo y numeral 4 reformado de la misma ley. Precepto autorizante: Numeral primera del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles”. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el tercer motivo alega “violación o falta de aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 47, 60 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado en relación con los artículos 1 y 4 reformado, 53, 55, 57, 58 y 59 de ese mismo cuerpo de leyes y 79, 87, 89 del Reglamento de la citada Ley. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 903 numeral 1 del Código de Procedimientos Civiles. Es visto que la demandante cuando ingresó a prestar sus servicios al Hospital demandado, no lo hizo bajo la regulación de la Ley del Estatuto del Médico Empleado y por disposición constitucional, su relación de trabajo estaba regida por la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, en la categoría de Personal Auxiliar. El Recurrente en su alegación pretende establecer la supremacía de la Ley del Estatuto del Médico Empleado sobre la Ley aplicable al caso sub-judice, e imponer su particular criterio al Tribunal sentenciador, pero al aducir violación de ley inaplicable al caso del pleito no logra demostrar la infracción por falta de aplicación e interpretación errónea alegada. En consecuencia los motivos primero, segundo y tercero no reúnen los requisitos para su admisión. CONSIDERANDO: Que el Recurrente en el cuarto motivo alega “ser el fallo violatorio de la doctrina legal aplicable al caso del pleito. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el numeral primero del artículo 903 del Código de Procedimientos Civiles. Esta Honorable Corte ha conformado la Doctrina Legal, en mérito de haber dictado mas de 3 fallos conformes en casación, en los cuales se ha dejado plenamente establecido entre otros, el criterio de que: ”De conformidad con el Artículo 1 de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, es este el instrumento jurídico el que regula las labores o servicios de trabajo de los Médicos y Cirujanos debidamente colegiados, tanto como servidores de las dependencias del Estado en organismos centralizados, descentralizados o desconcentrados y personas naturales o jurídicas de derecho privado; por tanto la regulación del nacimiento de los derechos, ejercicio, modificación o extinción, así como de las obligaciones correspondientes al Médico Empleado, quedan sometidas a lo que dispongan los preceptos contenidos en dicho Estatuto y solamente a falta de tales disposiciones habrá de acudirse a las normas supletorias, respectivas; en este sentido, de conformidad con el numeral 5) del artículo 8 del Estatuto citado, los Médicos Empleados gozan de los derechos y garantías consignadas en la Constitución de la República, la referida Ley, el Código del Trabajo, la Ley del Servicio Civil y demás leyes aplicables; en todo caso, podrá invocar aquellas disposiciones contenidas en dichas leyes cuando le sean mas favorables...” citando como fallos conformes los siguientes: a) de fecha 14 de mayo de 1996, contenido en el expediente No. 343-95 del Recurso de Casación formalizado por la Licenciada ROSALMIRA GARCIA DE DIAZ, en la Demanda promovida por el Dr. MARCO ANTONIO BONES TABORA contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio de la Secretaría de Salud; b) de fecha 11 de junio de 1996, contenido en el expediente No. 342-95 del Recurso de Casación formalizado por la Licenciada ROSALMIRA GARCIA DE DIAZ, en la Demanda promovida por el Dr. ANGEL ERNESTO ARGUETA AGUILAR contra el Estado de Honduras, por medio de la Secretaría de Salud; c) la de 10 de enero de 1996, en el Recurso de Casación formalizado por el suscrito, como Apoderado de los Doctores EZAU CONRADO CASTILLO, JOSE VIVIAN PORTILLO RAMIREZ y JAIME ANDRES HALL MARTINEZ, contra el Estado de Honduras, por medio de la Secretaría de Salud, de los cuales adjunté copia autenticada que obran a los folios 128 al 159 de la primera pieza y señalo los archivos de este Honorable Tribunal, donde obran los expedientes relacionados.” Este Tribunal no pretende desconocer la doctrina legal establecida en las sentencias invocadas por el Recurrente, pero la misma no es inaplicable al caso de autos, porque en el presente caso la ley aplicable es la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas y no la Ley del Estatuto del Médico Empleado, en consecuencia resulta inadmisible la pretensión que encierra el cuarto motivo. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, de acuerdo con el parecer del Fiscal Especial de Casación y en aplicación de los artículos 303, 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República; 1 y 80 numeral 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: 1) DECLARANDO NO HABER LUGAR a la admisión del recurso de Casación en sus cuatro motivos de que se ha hecho mérito. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. TEODOLINDA PINEDA CARDONA. COORDINADORA. LIDIA ESTHELA CARDONA PADILLA. ROBERTO LAGOS BANEGAS. FIRMA Y SELLO. MIRNA LIZETTE ALVARADO. SECRETARIA GENERAL INTERINA.”

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los diez días del mes de agosto de dos mil cuatro, certificación de la sentencia de fecha quince de abril de dos mil cuatro, recaída en el Recurso de Casación número 2608-03.

LUCILA CRUZ MENENDEZ

SECRETARIA GENERAL