Sentencia RP-932-22 — Registro 20375
Resumen
Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del principio de retroactividad de la ley en materia penal por el delito de Extorsión Continuada en perjuicio de Testigo Protegido, concluyendo la Sala Constitucional al no resultarle más benignas las penas contenidos en la reforma del nuevo Código Penal (Decreto No. 93-2021); con relación a las penas que se encontraban vigentes al momento de dictarse el fallo condenatorio en ejecución.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"11): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. II. Que, sostiene el anterior aserto, conforme a las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, prevé en el artículo 373 una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; de no concurrir la Agravante Específica al delito de Extorsión, contenida en el numeral 1) del artículo 374 de la misma norma. Tal norma penal fue reformada, posteriormente, mediante el Decreto 93-2021, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021, con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. En ese orden de ideas, aun y cuando no lo hubiere peticionado el garantista, Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, en promoción del presente Recurso de Revisión, al momento de presentarlo se encontraban ya en vigencia las reformas al Código Penal vigentes, mediante el aludido Decreto 93-2021, el cual incrementa nuevamente las penas para el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; concurriendo asimismo la agravante específica de ser el culpable miembro de un grupo delictivo organizado, contenida en el artículo 374, caso en el cual la pena se debe incrementar en un tercio (1/3). Por lo tanto, la pena abstracta a imponer, quedaría agravada de veinte (20) a veintiséis (26) años, ocho (8) meses de prisión y multa de un mil (1,000) a mil treinta y tres (1,333) días en su nivel más alto. Asimismo, tómese en cuenta que, al aplicarse el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, al calcularse sobre su nivel más alto, se concretizaría sobre la base de CINCO MIL LEMPIRAS (L 5,000.00) POR CADA DÍA DE MULTA; lo cual, lejos de ocasionar un beneficio penal comparativo para el penado, daría lugar a un cálculo descomunal, no proporcional y no menor a CINCO MILLONES DE LEMPIRAS (L 5,000, 000.00), por cada uno de los delitos concursados. La nueva pena a aplicar, de proceder de conformidad a la retroactividad penal solicitada, agregada en concurso real, establecería un máximo de cumplimiento garantizado de TREINTA (30) AÑOS, de conformidad con el artículo 66, párrafo cuarto, del Código Penal vigente. Asimismo, es claro que, conforme al artículo 68 del Código Penal, párrafo primero, de tratarse de un Delito Continuado, como ocurre en el presente caso, éste debe ser castigado con la pena señalada para la infracción más grave, la cual se debe imponer en su mitad superior, “… pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3).” En consecuencia, la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al señor JOSUAN WILFREDO SUAZO CASTRO, a VEINTICINCO (25) AÑOS y a una MULTA DE OCHENTA Y TRES PUNTO TRES (83.3) SALARIOS MINIMOS, según decreto de salario vigente a la fecha, y el Decreto 93-2021, vigente al momento de interposición del Recurso de revisión; permite concluir en que este último prevé sanciones más gravosas para el penado, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal 0 CONSIDERANDO (12): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. Que, el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que autoriza la aplicación retroactiva de una norma penal más favorable; no resultando procedente la aplicación retroactiva de la ley penal a favor del señor JOSUAN WILFREDO SUAZO CASTRO, al no resultarle más benignas las penas que establecen el artículo 373, con relación al artículo 374, numeral 1), ambos contenidos en la reforma del nuevo Código Penal (Decreto No. 93-2021); con relación a las penas que se encontraban vigentes al momento de dictarse el fallo condenatorio en ejecución, mismo que es objeto de la presente garantía constitucional de Revisión."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 1 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA el Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de enero de dos mil veintiséis. VISTO: Para dictar sentencia en los Recursos de Revisión Penal (Acumulados) Interpuestos: 1º por el Abogado RAMON MATAMOROS a favor del señor JOSUAN WILFREDO SUAZO CASTRO (Reg. No. 932-2022); y, 2° Interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADAES a favor del Señor JOSUAN WILFREDO SUAZO CASTRO (Reg. No. 1689-2022), ambos recursos contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha seis de diciembre de dos mil diecisiete, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor JOSUAN WILFREDO SUAZO CASTRO por el delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO S-69. ANTECEDENTES 1) Que en fecha catorce (14) de mayo del dos mil quince (2015), el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el abogado, WILMER NUÑEZ, presentando REQUERIMIENTO FISCAL, en contra de los Señores JOSUAN WILFREDO SUAZO CASTRO y ELEAZAR NAHUN SANABRIA ARITA, a quienes se les supone responsables, a título de autor de la comisión del delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "S-69" ( folios 1 al 6 de la pieza de los antecedentes del A-quo). 2) Que en fecha seis (06) de diciembre del dos mil diecisiete (2017), comparecieron ante el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES; dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: Que CONDENAMOS al señor JOSUAN WILFREDO SUAZO CASTRO, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por la comisión del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO S.69, a las penas principales de veinticinco (25) años de reclusión, la que deberá cumplir en la Penitenciaría que corresponde, de conformidad a la ley que rige el sistema penitenciario de Honduras, quedando sujeto a obras públicas o las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva y a una MULTA DE 83.33 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES, la que autorizada para tal fin. deberá ser enterada en el Banco Central de Honduras o en la institución financiera SEGUNDO: Que CONDENAMOS al señor ELEAZAR NAHUN SANABRIA ARITA, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por la comisión del delito de EXTORSIÓN CONTINUADA en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO S-69, a las penas principales de veinticinco (25) años de reclusión, la que deberá cumplir en la Penitenciaría que corresponde, de conformidad a la ley que rige el sistema penitenciario de Honduras, quedando sujeto a obras públicas o las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva y a una MULTA DE 83.33 SALARIOS MÍNIMOS MENSUALES, la que deberá ser enterada en el Banco Central de Honduras o en la institución financiera autorizada para tal fin. TERCERO: De igual manera se les condena a los señores JOSUAN WILFREDO SUAZO CASTRO Y ELEAZAR NAHUN SANABRIA ARITA; a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena principal. CUARTO: Se declara a los condenados, responsables civilmente, lo que deberá ser reclamado de conformidad a lo establecido en el artículo 432 y siguientes del Código Procesal Penal. QUINTO: No procede la condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio.- SEXTO: Se ordena el comiso de un billete de quinientos lempiras (Lps.500.00) que fue puesto a la orden del Tribunal como evidencia física. ASÍ POR NUESTRA SENTENCIA, LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS. (Folios 201 al 210 de la pieza de los antecedentes) 3) Que en fecha catorce (14) de junio del dos mil veintidós (2022), se recibió el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS interponiendo recurso de revisión penal a favor del señor JOSUAN WILFREDO SUAZO CASTRO, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA , CORTES en fecha seis (06) de diciembre del dos mil veinte (2020) ,con relación a la causa que se instruyó contra lo que se resolvió al condenar al señor JOSUAN WILFREDO SUAZO CASTRO responsable del delito de EXTORSION CONTINUADA , en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO S-69, Solicitando objetivamente , citar a las partes que deberá de celebrarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la recepción de los antecedentes ,dictar nueva sentencia aplicando el nuevo código penal vigente decreto 130-2017 y en definitiva resolver conforme a derecho corresponde declarando con lugar dicha petición. (Folios 01 al 04 de la pieza del recurso)4) Que en fecha veintiuno (21) de noviembre del dos mil veintidós (2022), se recibió el recurso de revisión penal interpuesto por el Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLEDARES interponiendo recurso de revisión penal a favor del señor JOSUAN WILFREDO SUAZO CASTRO, en la causa que se le siguió y condeno por los delitos de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO 6-69 Solicitando realizar nuevo escrito y computo de la pena.- Solicitando la aplicación del beneficio de la retroactividad de la ley penal porque favorece a el imputado. (Folios 22 al 28 de la pieza de recurso). 5) En fecha quince (15) de agosto del dos mil veintidós (2022), esta Sala tuvo por admitido el presente recurso interpuesto por el abogado RAMON MATAMOROS, contra la sentencia dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES; de fecha seis de Diciembre del dos mil diecisiete (2017), así mismo en fecha treinta de enero de dos mil veintitrés (2023) esta Sala tuvo por admitido el presente recurso interpuesto por el abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, contra la sentencia dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEL DEPARTAMENTO DE CORTES de fecha seis de Diciembre del dos mil diecisiete (2017).- (Folios 16 y 30 de la pieza del recurso). 6)En fecha veintisiete (27) de noviembre del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL, con la comparecencia de la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES actuando en su condición de Apoderado Legal del señor, JOSUAN WILFREDO SUAZO CASTRO; manifestando el abogado Defensor que de acuerdo a la retroactividad de la Ley Penal más favorable de acuerdo al artículo 615 del Código Penal y el 96 numeral 6 y 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, solicitando una nueva pena, de acuerdo al decreto 130-2017, en base al artículo 373 del Código Penal vigente, tomando en cuenta las circunstancias concurrentes en la causa. El Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de Interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha seis (06) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Nuevo Código Penal Vigente, el delito por el cual fue condenado su representado es sancionado con una pena más benigna, por 10 que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más les favorezca, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1) ., 2) ., 3)..., 4) ...,5).... 6) ... 7) .., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna.", relacionado con los artículos 615 y 616 del Nuevo Código Penal, que señalan: Articulo 615: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY penal MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente código se Juzgan conforme a las normas penales que se derogan, exento si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando sobre los cuales no hubiere recaído sentencia constituyen delito o falta el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique... De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de EXTORSION CONTINUADA por el cual se condenó a JOSUAN WILFREDO SUAZO CASTRO. Por el Delito de EXTORSION: el artículo 222 del Código Penal derogado, establecía: "Comete el delito de Extorsión, quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero, el culpable de extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS y multa de cincuenta salarios mínimos, en su nivel más alto, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizadas. La extorsión se considera consumada y corresponderá como autores con independencia de si se ha logrado o no el objetivo percibido con la violencia o intimidación, el que realiza la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva, así como quien participe en la recolección de dinero de forma personal, por medio transferencias electrónicas o a través de sus cuentas financieras o reciba bienes o cualquier tipo de beneficio, producto del delito". Relacionado con el artículo 37 del sismo cuerpo legal que establecía: Cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos o más veces, bien sea en un solo momento o en momentos diversos, mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se consideraran como uno solo continuado. En tal situación se aplicará al agente la pena más grave, aumentada en dos tercios (2/3). En caso de duda, se tendrá por más grave la pena que tenga señalado el máximo más alto... En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de EXTORSIÓN se encuentra regulado en el artículo 373, reformado a través del Decreto 93-2021 EXTORSIÓN. "Comete el delito de extorsión, quien, con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación". En virtud de que el supra señalado Artículo 616 del Código Penal vigente señala que para determinar la Ley más favorable se debe comparar la pena que hubiera podido corresponder en el caso concreto con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor, no siendo admisible la fragmentación de las dos normas en análisis, y siendo que nos encontramos ante un delito continuado, al tenor del mismo artículo 616, en caso de delito continuado se observa la misma regla que en el caso de concurso real, expuesto de la siguiente manera en los párrafos séptimos al noveno: "Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado" En el supuesto de concurso real en el que entre en acción limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente así la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación.". En este sentido, y siendo que de conformidad a la Declaración de Hechos Probados que contiene la sentencia de fecha seis (06) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), emitida por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, y cuya revisión se solicita, el señor JOSUAN WILFREDO SUAZO CASTRO fue encontrado responsable a título de autor de la comisión de varias acciones de EXTORSIÓN, las cuales se llevaron a cabo mediante amenazas de causarle daño al ofendido y a sus familiares, a entregar la cantidad de 300 lempiras semanales, desde una fecha no determinada del año 2013 hasta el 13 de mayo de 2015, razón por la cual fue condenado por el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, en ese sentido y a la luz del artículo 616 del Código Penal vigente, para efectos de determinar la ley penal más favorable la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley, siendo la pena global impuesta en la sentencia la de VEINTICINCO (25) AÑOS y una multa de 83.33 salarios mínimos; y la pena que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley conforme a lo solicitado por el revisionista, sería de varias acciones las cuales se desarrollaron a través de entregas de TRESCIENTOS LEMPIRAS (Lps. 300.00) desde una fecha no determinada del año 2013 al 13 de mayo de 2015, de ahí que la pena de 15 a 20 años por cada delito que se produjo en varias ocasiones, supera la pena Impuesta con el Código Penal derogado, estando el máximo de cumplimiento determinado que no puede exceder de TREINTA (30) AÑOS de conformidad con el artículo 66 del Código Penal vigente: en cuanto a la pena de multa si se le hubiese impuesto la pena mínima de QUINIENTOS (500) DÍAS EN SU NIVEL MÁS ALTO por cada delito, siendo el nivel más alto señalado por el artículo 53 del mismo Código, el valor de CINCO MIL LEMPIRAS (LPS. 5,000.00) por lo que la pena mínima sería el equivalente a DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS L.2,500,000.00, por cada delito, que se produjo en varias ocasiones desde una fecha no determinada de 2013 hasta el 13 de mayo del 2015. Esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado al resultar las penas por el delito de Extorsión Continuada más gravosas, por aplicarse en concurso real, por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 47 al 50 de la pieza del Recurso de Amparo). CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen de alegaciones expuestas por el garantista en promoción de la presente garantía constitucional de Revisión Penal. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna; exponiendo el peticionario en Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas, Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, apoderado legal del señor JOSUAN WILFREDO SUAZO CASTRO, quién solicita la modificación de la pena concreta impuesta a su poderdante, a la pena mínima en base al artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional y en base al artículo 615 del Código Penal Vigente a título de autor penalmente responsable del delito consumado de EXTORSIÓN CONTINUADA; en base a la retroactividad de la Ley Penal más favorable. El Ministerio Público, conforme a lo establecido en el artículo 373 del nuevo Código Penal, que prescribe una pena de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a un mil (1000) días, vigente a partir del 1 de noviembre de 2021; con relación a concurso real se aplicaría la nueva pena, estando vigente el decreto 93-2021, en aplicación de la ley intermedia pena que, al aumentarle un tercio puede exceder de treinta (30) años; mientras que, con respecto a la multa, sí se le hubiese impuesto la pena de multa con la pena mínima de QUINIENTOS DIAS EN SU NIVEL MAS ALTO; por cada delito, siendo el nivel más alto por cada delito, siendo el nivel más alto señalado por el artículo 53 del mismo código, el valor de 5,000.00, por lo que la pena mínima sería el equivalente a DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (2,500.000.00); por cada delito que se produjo en varias ocasiones desde la fecha no determinada desde el 2013 hasta el 13 de mayo del 2015.- Tal la pretensión jurídica garantista fue contestada por parte de la Fiscalía del Ministerio Público, a través de la Agente de Tribunales compareciente a la Audiencia de oposición y presentación de pruebas, en fecha veintisiete de noviembre del dos mil veinticuatro; quien fue de la opinión no se otorgue la presente acción de revisión en los términos supra señalados. CONSIDERANDO (4): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b.Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación, entre lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada; teniendo, como consecuencia, la aplicación de la norma que resulte más favorable al reo. CONSIDERANDO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (6): PARÁMETROS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MÁS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, el artículo 222 del Código Penal derogado, y lo establecido en el artículo 373 del nuevo Código Penal, rezan de la siguiente forma. Artículo 222 “Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencias y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes u otros servicios, obligue a una persona natural o jurídica a: 1. Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2. Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; 3. Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrá una pena de reclusión de 15 a 20 años y multa de 50 salarios mínimos, más los accesorios jurídicos que correspondan. Si con ocasión de cometerse estos delitos, se da por muerta la víctima, a su cónyuge, a su compañera de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se le impondrá al culpable, la pena de privación de libertad de por vida. La figura de extorsión se considerará un delito de crimen organizado”. En cuanto a la forma comisiva que da lugar al delito continuado, el Código Penal derogado, estipulaba. “Artículo 37. Cuando se cometa un mismo delito contra la propiedad dos (2) o más veces, bien sea en un sólo momento o en momentos diversos, mediante acciones u omisiones ejecutadas en cumplimiento de un plan preconcebido o aprovechando idénticas o similares circunstancias, dichos delitos se considerarán como un solo continuado. En tal situación se aplicará al agente la pena más grave, aumentada en dos (2/3) tercios. En caso de duda, se tendrá por más grave la pena que tenga señalado el máximo más alto. Lo dispuesto en el párrafo anterior no se aplicará si le resulta más favorable al reo la imposición de todas las penas aplicables a los delitos concurrentes. Lo prescrito en la última parte del segundo párrafo de este artículo y en el párrafo anterior, será aplicable a lo estatuido en el artículo 36.” Mientras tanto, el nuevo Código penal, tipificaba así el delito de Extorsión: Artículo 373. “Extorsión. Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyuge, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad”. El artículo 374 prescribía las Agravantes Específicas que concurren al delito de Extorsión, cuyo numeral 1 establece: Artículo 374. “Agravantes Específicas. Se deben aumentar las penas en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado; …”.No obstante, el artículo 373 del Código Penal vigente, que tipifica el delito de Extorsión, fue reformado por medio del Decreto No. 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta Núm. 35,760 de fecha uno de noviembre del año 2021 y vigente al día siguiente de su publicación, cuyo nuevo texto dispone: ARTÍCULO 373.- “EXTORSION. Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga a trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. Mientras tanto, el artículo 374 reformado, prescribe las circunstancias que agravarían específicamente la pena concurrente al delito: ARTÍCULO 374.- “AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Las penas del artículo anterior se incrementarán en un tercio (1/3) al concurrir alguna de las siguientes circunstancias: 1.Si el culpable es miembro de un grupo delictivo organizado o se ejecuta el delito procurando favorecer el grupo delictivo organizado;…”. CONSIDERANDO (7): Que, el Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo resaltado y subrayado es nuestro-CONSIDERANDO (8): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario se transgrediría el Principio de Legalidad. CONSIDERANDO (9): CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA LEY INTERMEDIA. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa. Para el jurista René SUAZO LAGOS reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema, otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”. CONSIDERANDO (10): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. I. Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan a la garantía constitucional de revisión penal, se observa que el señor JOSUAN WILFREDO SUAZO CASTRO, fue sentenciado por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en fecha seis de Diciembre del dos mil diecisiete, con relación a la causa seguida en su contra, por el delito de EXTORSION CONTINUADA, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO S-69; pena actualmente en ejecución, según se desprende de la Reforma de Cómputo de Pena emitido por el Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de San Pedro Sula, a los veintiocho días del mes de Abril del dos mil veintiuno; la que asciende a VEINTICINCO (25) AÑOS DE RECLUSIÓN más una pena de MULTA DE 83.33 SALARIOS MÍNIMOS a enterar o pagar a favor del ESTADO DE HONDURAS. Para la Sala de lo Constitucional, sin embargo, el presente caso no se subsume en el artículo 96 causal número ocho de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una ley intermedia que no resulte beneficiosa. Ello a la luz del brocardo latino Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se relaciona con el que dice: Iura novit curiae (El juzgador conoce el derecho), como se verá; en virtud de no ser más benigna la legislación penal contenida en el Decreto No. 93-2021, en vigencia al momento de presentarse la presente garantía constitucional de Revisión Penal; que la normativa penal vigente al momento de dictarse la sentencia condenatoria en relación. CONSIDERANDO (11): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. II. Que, sostiene el anterior aserto, conforme a las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, prevé en el artículo 373 una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; de no concurrir la Agravante Específica al delito de Extorsión, contenida en el numeral 1) del artículo 374 de la misma norma. Tal norma penal fue reformada, posteriormente, mediante el Decreto 93-2021, publicada en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021, con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. En ese orden de ideas, aun y cuando no lo hubiere peticionado el garantista, Abogado JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, en promoción del presente Recurso de Revisión, al momento de presentarlo se encontraban ya en vigencia las reformas al Código Penal vigentes, mediante el aludido Decreto 93-2021, el cual incrementa nuevamente las penas para el delito de EXTORSIÓN CONTINUADA, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; concurriendo asimismo la agravante específica de ser el culpable miembro de un grupo delictivo organizado, contenida en el artículo 374, caso en el cual la pena se debe incrementar en un tercio (1/3). Por lo tanto, la pena abstracta a imponer, quedaría agravada de veinte (20) a veintiséis (26) años, ocho (8) meses de prisión y multa de un mil (1,000) a mil treinta y tres (1,333) días en su nivel más alto. Asimismo, tómese en cuenta que, al aplicarse el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, al calcularse sobre su nivel más alto, se concretizaría sobre la base de CINCO MIL LEMPIRAS (L 5,000.00) POR CADA DÍA DE MULTA; lo cual, lejos de ocasionar un beneficio penal comparativo para el penado, daría lugar a un cálculo descomunal, no proporcional y no menor a CINCO MILLONES DE LEMPIRAS (L 5,000, 000.00), por cada uno de los delitos concursados. La nueva pena a aplicar, de proceder de conformidad a la retroactividad penal solicitada, agregada en concurso real, establecería un máximo de cumplimiento garantizado de TREINTA (30) AÑOS, de conformidad con el artículo 66, párrafo cuarto, del Código Penal vigente. Asimismo, es claro que, conforme al artículo 68 del Código Penal, párrafo primero, de tratarse de un Delito Continuado, como ocurre en el presente caso, éste debe ser castigado con la pena señalada para la infracción más grave, la cual se debe imponer en su mitad superior, “… pudiendo llegarse hasta una pena superior en un tercio (1/3).” En consecuencia, la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al señor JOSUAN WILFREDO SUAZO CASTRO, a VEINTICINCO (25) AÑOS y a una MULTA DE OCHENTA Y TRES PUNTO TRES (83.3) SALARIOS MINIMOS, según decreto de salario vigente a la fecha, y el Decreto 93-2021, vigente al momento de interposición del Recurso de revisión; permite concluir en que este último prevé sanciones más gravosas para el penado, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal 0 CONSIDERANDO (12): Fundamentación y motivación de la Sala de lo Constitucional. III. Que, el caso sub judice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que autoriza la aplicación retroactiva de una norma penal más favorable; no resultando procedente la aplicación retroactiva de la ley penal a favor del señor JOSUAN WILFREDO SUAZO CASTRO, al no resultarle más benignas las penas que establecen el artículo 373, con relación al artículo 374, numeral 1), ambos contenidos en la reforma del nuevo Código Penal (Decreto No. 93-2021); con relación a las penas que se encontraban vigentes al momento de dictarse el fallo condenatorio en ejecución, mismo que es objeto de la presente garantía constitucional de Revisión. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 1, 2, 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 66, 373, 374, 615 y 616 del Código Penal vigente (Decreto Legislativo No. 130-2017), y sus reformas contenidas en el Decreto 93-2021, publicado en La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021, FALLA: DECLARANDO NO HA LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMON MATAMOROS Y EL ABOGADO JOSE ALEJANDRO NUÑEZ VALLADARES, a favor del señor JOSUAN WILFREDO SUAZO CASTRO; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. - NOTIFÍQUESE. “FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días de abril del dos mil veintiséis, Certificación del Fallo de fecha treinta de enero del dos mil veintiséis recaído en el Recurso de Revisión Penal (Acumulados) Registrado en este Tribunal con el número SCO-932 y 1689-2022
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL