Sentencia RP-899-23 — Registro 20374
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria por los delitos de asociación ilícita, en su condición de integrante, portación de arma de fuego de uso prohibido y uso de indumentaria policial, en perjuicio de la seguridad interior del estado y la fe pública.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “IV. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal, Decreto 130-2017, sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias donde en los hechos probados y la fundamentación jurídica se estableció que el condenado KEVIN ALEXANDER GONZALES COELLO, es miembro activo de la estructura criminal pandilla dieciocho, agrupados para la comisión de diversidad de ilícitos y asimismo, que al momento de su captura se encontraron armas de uso prohibido e indumentaria policial, al momento de ser perseguidos por los policías que les dieron captura, estimando el Tribunal Juzgador, imponer las penas mínimas por todos los delitos, por no concurrir circunstancias atenuantes y agravantes. En tal sentido, la pena a aplicar SEGÚN ARTICULO 554 del nuevo Código Penal, es de SEIS (6) AÑOS, para el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR y MULTA DE CIEN (100) DÍAS, A RAZÓN DE VEINTE LEMPIRAS (20.00) POR DÍA, EN PERJUICIO DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES. Según el artículo 580 Numeral 2 relacionado con el 584 numeral 1, POR EL DELITO DE TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, CONCURRIENDO AGRAVANTES ESPECIFICAS A LA PENA DE OCHO (8) AÑOS DE PRISION Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE TRES (3) AÑOS, EN PERJUICIO DEL ORDEN PUBLICO; según el artículo 473 POR EL DELITO DE USO INDEBIDO DE INDUMENTARIA POLICIAL MILITAR en perjuicio de la Fe Pública, a la pena de cuatro (4) años y multa de doscientos días, a razón de veinte lempiras por día; y según el artículo 470 por el delito de USURPACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE OTRO en perjuicio de la Fe Pública, a la pena de UN AÑO DE PRISION. V.En tal sentido, esta Sala considera, que se debe imponer la pena mínima para esos ilícitos penales, en base al principio pro homine. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que, es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor KEVIN ALEXANDER GONZALES COELLO, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101.4 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026). VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal, interpuesto por la Abogada HEYDY JULISSA SUAZO CRUZ, a favor del señor KEVIN ALEXANDER GONZALES COELLO, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha cinco de febrero de dos mil veinte, con relación a la causa que se instruyó contra el señor KEVIN ALEXANDER GONZALES COELLO, por los delitos de ASOCIACION ILICITA, EN SU CONDICION DE INTEGRANTE, PORTACION DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO Y USO DE INDUMENTARIA POLICIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO y LA FE PÚBLICA. Son partes: 1. La Abogada HEYDY JULISSA SUAZO CRUZ, en su condición de revisionista, a favor del condenado KEVIN ALEXANDER GONZALES COELLO. 2. La abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. ANTECEDENTES 1. Que en fecha once de mayo del año dos mil diecisiete (2017), el Abogado Reynaldo Canales Moncada, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, compareció ante el Juzgado de Letras de lo Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, presentando Requerimiento Fiscal contra los señores: 1. JORGE ALBERTO MEJIA RIVERA. 2. WILFREDO BARAHONA CHIRINOS. 3. CRISTHIAN RODOLFO MEJIA MIRANDA. 4. VITOR JOSE BANEGAS BANEGAS. 5. XIOMARIA ELIZABETH MANCIA ROMERO. 6. DARWIN DAVID ANDRADE GONZALES, cuyo verdadero nombre es KEVIN ALEXANDER GONZALES COELLO; por los delitos de POSESION DE ARMAS DE FUEGO DE USO COMERCIAL, POSESION DE ARMAS DE FUEGO Y MUNICIONES DE USO PROHIBIDO, ASOCIACION ILICITA, TRAFICO IICITO DE DROGAS, USO INDEBIDO DE IDUMENTARIA MILITAR Y POLICIAL, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, LA SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS Y CONTRA KEVIN ALEXANDER GONZALES COELLO, por el delito de USO DE NOMBRE SUPUESTO en perjuicio de la fe pública. 2. Que en fecha cinco (05) de febrero del dos mil veinte (2020), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES SALA TERCERA, dictó sentencia mediante la cual, FALLA: PRIMERO: Condenar por unanimidad de votos a los señores JORGE ALBERTO MEJIA RIVERA, WILFREDO BARAHONA CHIRINOS CHRISTIAN RODOLFO MEJIA MIRANDA, VICTOR JOSE BANEGAS BANEGAS, KEVIN ALEXANDER GONZALES COELLÓ Y XIOMARA ELIZABETH MANCIA ROMERO cuyas menciones generales de identidad va han sido anteriormente detalladas, del delito de ASOCIACION ILICITA EN SU CONDICION DE INTEGRANTES, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN, a cada uno, más una multa de CIEN MIL LEMPIRAS (100,000.00) a cada uno, que deberá ser enterado a la Tesorería General de la República de Honduras, asimismo a las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil durante el tiempo de la condena, a cada uno. SEGUNDO: Condenar por unanimidad de votos al señor JORGE ALBERTO MEJIA RIVERA cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA Y MUNICIONES PROHIBIDAS, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRES (08) AÑOS DE RECLUSIÓN, más una multa de cinco mil lempiras y las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por tiempo que dure la condena. TERCERO: Condenar por unanimidad de votos al señor JORGE ALBERTO MEJIA RIVERA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas como autor responsable del delito de FACILITACION DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA EL TRAFICO ILICITO DE DROGAS, en perjuicio de la SALUD PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de SEIS (6) AÑOS DE RECLULSION, más una multa de cincuenta mil lempiras más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena. CUARTO: Condenar por unanimidad de votos a los señores WILFREDO BARAHONA CHIRINOS, CHRISTIAN RODOLFO MEJIA MIRANDA VICTOR JOSE BANEGAS BANEGAS, Y KEVIN ALEXANDER GONZALES COELLO, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsables del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA PROHIBIDA, en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de OCHO (08) AÑOS DE RECLUSIÓN, a cada uno, más una multa de cinco mil lempiras por cada arma incautada, a cada uno, más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil por tiempo que dure la condena. QUINTO: Condenar por unanimidad de votos a la señora XIOMARA ELIZABETH MANCIA ROMERO, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable del delito de PORTACION ILEGAL DE ARMA COMERCIAL. en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de TRES (3) AÑOS DE RECLUSION, más las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil, por el tiempo que dure la condena. SEXTO: Condenar por unanimidad de votos a los señores JORGE ALBERTO MEJIA RIVERA, WILFREDO BARAHONA CHIRINOS, CHRISTIAN RODOLFO MEJIA MIRANDA, VICTOR JOSE BANEGAS BANEGAS, Y KEVIN ALEXANDER GONZALES COELLO, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsables del delito de USO DE INDUMENTARIA POLICIAL, en perjuicio de LA FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de CINCO (05) AÑOS DE RECLUSION, a cada uno, más las penas accesorias de Inhabilitación Especial e Interdicción Civil por tiempo que dure la condena. SEPTIMO: Condenar por unanimidad de votos al señor KEVIN ALEXANDER GONZALES COELLO, cuyas menciones de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable del delito de USO DE NOMBRE SUPUESTO, en perjuicio de la FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de DOS (2) años DE RECLUSION más las penas accesorias de inhabilitación ESPECIAL e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena OCTAVO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio. NOVENO: se declara la responsabilidad civil de los condenados señores JORGE ALBERTO MEJIA RIVERA, WILFREDO BARAHONA CHIRINOS, RODOLIO MEJIA MIRANDA, VICTOR JOSE BANEGAS BANEGAS, XIOMARA ELIZABETH MANCIA ROMERO Y KEVIN ALEXANDER CONZALES COELLO la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de la sentencia. DECIMO: Se declara el comiso de los siguiente: a) un arma de fuego tipo fusil AR-15, COLT, color negro sin serio con su respectivo cargador, conteniendo 30 proyectiles sin percutir, b) un arma de fuego tipo pistola, marca TAURUS, con serie KRF18593, con cargador con 5 proyectiles sin percutir, c) un arma de fuego tipo fusil AR-15 marca COLT, serie MH304473, con guarda mano metálico color verde, ¿ arma larga tipo fusil AR-15, COLT sin serie, cargador con 30 proyectiles sin percutir, o) un fusil AR-15 COLT calibre 5.56 color negro y plateado, cargador conteniendo 30 cartuchos sin percutir, f) un arma de fuego tipo fusil Gali5.56, serie 98116334, cargador con 30 proyectiles sin percutir, g) ochenta y seis (86) cartuchos de munición 5.56 sin percutir, tres (3) cargadores de arma de fuego AK-47 sin proyectiles. h) siete (7) teléfonos celulares marca LG, 3 teléfonos celulares marca AMGOO, BLU, 2 teléfonos celulares marca SMOOTH, I) cinco (5) chalecos antibalas con las siglas de la DPI, j) nueve (9)pares de botas, bolsa color negro conteniendo documentos, libreta de ahorro, partidas de nacimiento, fotocopia de identidad, solicitud de apertura de cuenta de ahorro, un RTN a nombre de Xiomara Elizabeth Mancia Romero, k) un saco color rojo azul y amarillo, conteniendo 7 pasamontañas color negro, 3 gorros de uso militar, una boina negra, y diez (10) fatigas de uso militar. L) un maletín color negro con blanco marca ADIDAS conteniendo diez (10) pantalones de uso militar color verde negro. NOTIFÍQUESE LA PRESENTE SENTENCIA A LAS PARTES PROCESALES. ASÍ LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS. (Folios 369-383 del recurso de mérito). Así mismo, consta a folio 390 de la pieza principal, la providencia de fecha once de agosto del dos mil veintuno, donde el Tribunal de Sentencia de San pedro Sula, Cortés, a petición del Juzgado de Ejecución, corrige la resolución de la sentencia que antecede, en su numeral segundo, que establece en letras tres, cuando lo correcto es ocho años de reclusión. 3. Que la recurrente, Abogada HEYDY JULISSA SUAZO CRUZ, compareció ante este Tribunal, en fecha veintinueve de junio del año dos mil veintitrés (2023), presentando recurso de revisión penal a favor del señor KEVIN ALEXANDER GONZALES COELLO, contra la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha cinco (5) de febrero del año dos mil veinte (2020). 4. Que en fecha nueve de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, habiendo comparecido la Abogada HEYDY JULISSA SUAZO CRUZ, en su condición de Apoderada Legal del señor KEVIN ALEXANDER GONZALES COELLO, y la Abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido Recurso de Revisión. Que habiendo manifestando la recurrente que interpone el Recurso de Revisión en aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal, a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017). La representante del Ministerio Público, fue de la opinión que SE OTORGUE la acción de revisión en los términos supra señalados, en virtud de que lo peticionado por el revisionista está conforme a la Ley. FUNDAMENTOS DE DERECH0 CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos; sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido, manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte, el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega, que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano, manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de Revisión en materia penal, constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentación del Garantista expuesta en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Posicionamiento de las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha nueve (09) de mayo del dos mil veinticuatro (2024), ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante MARVIN RIGOBERTO ESPINAL PINEL con la comparecencia de la abogada SANDRA LORENA ZUNIGA GARCIA , en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada HEYDY JULISSA SUAZO CRUZ, actuando en su condición de Apoderada Legal del señor KEVIN ALEXANDER GONZLES COELLO: Que la causal de revisión invocada por el revisionista se encuentra contenida en el numeral 8) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado en cualquiera de los casos siguientes cuándo: 1) ..., 2) .... 3) ..., 4) ..., 5) ... 6) .... 7) ....8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna; así como el principio constitucional contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República, por considerar que con la entrada en vigencia del actual Código Penal, como norma sustantiva, se establecen rebajas significativas a las penas de los delitos por los cuales fue condenado su representado y que le resultan más favorables. Por lo que el apoderado legal del privado de libertad peticiona se revea la sentencia firme dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Cortés, al considerar que la nueva norma penal contempla penas menos gravosas que le favorecen a su representado. El Código Penal derogado regulaba el tipo penal de Asociación Ilícita en el artículo 332 y se castigaba con la pena de 20 a 30 años de reclusión y Multa de 100,000.00 a 300,000.00 lempiras. la nueva norma sustantiva regula dicha acción ilícita en el artículo 554, Asociación para Delinquir estableciendo en el párrafo último lo siguiente: Los simples integrantes de la asociación ilícita deben de ser castigados con las penas de prisión de SEIS (06) a DIEZ (10) años y multa de CIEN (100) a QUINIENTOS (500) días. De lo antes relacionado se advierte que, al haber sido condenado a la pena mínima, le correspondería imponer la pena de Seis (06) años y MULTA de 100 días, que conforme el artículo 53, se establece que cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (15,000), siendo perceptible que el nuevo Código Penal, le es más favorable. El Código Penal Derogado enmarcaba el delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, en el artículo 332-A, que establecía lo siguiente: La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, uso, trafique, ingrese o saque del país, adquiera. suministre o venda, armas, municiones o explosivos. Será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (5000.00) a diez mil (10,000) lempiras por cada arma incautada La nueva norma penal vigente enmarca el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO en el artículo 580 que establece: La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios deben ser castigados con las penas siguientes: 1) _. , 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas y municiones prohibidas. En ese sentido al ser condenado a la pena mínima, se advierte que la nueva norma le favorece. En cuanto al delito de USO INDEBIDO DE INDUMENTARIA POLICIAL MILITAR el Código Penal derogado establecía en el artículo 294-A: A quien fabrique, tenga, almacene, transporte o use sin estar autorizado para ello uniformes, Insignias, condecoraciones y equipo de uso exclusivo de la Policía Nacional, se le impondrá pena de cinco (5) a ocho (8) años de reclusión. En el Código Penal vigentes en el artículo 473 USO INDEBIDO DE UNIFORME, INSIGNIAS Y EQUIPO POLICIAL O MILITAR: Quien sin estar autorizado usa públicamente uniforme, insignias o equipo exclusivamente pertenencias a los cuerpos de seguridad e investigación del Estado o las Fuerzas Armadas, debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años o multa de doscientos (200) a cuatrocientos (400) días. - La pena a imponer debe ser la de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años si el uniforme, insignia o equipo mencionados en el párrafo anterior se emplean para facilitar o encubrir la comisión de un delito.-Si tales efectos se poseen con dichos fines, la pena de prisión debe ser de dos (02) a cuatro (4) años. Resulta del análisis pertinente que la nueva norma le favorece al contemplar una pena menor a la que fue sentenciado. El delito de USO DE NOMBRE SUPUESTO, se encontraba tipificado en el artículo 294, que establecía: A quine use públicamente nombre supuesto con el objeto de ocultar algún delito, eludir una pena o causar algún perjuicio, se le impondrá reclusión de dos (2) a cinco (5) años. La nueva norma penal tipifica el delito de USURPACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE OTRO en el artículo 470.-, Quien se atribuye la identidad de otra persona o aquellos atributos o cualidades que la identifican Jurídicamente, con la finalidad de obtener provecho para sí o tercero o para causar un perjuicio a otro, debe ser castigado con la pena de prisión de uno (1) a cuatro (4) años. Se advierte que la nueva norma Le favorece al contemplar una pena menor a la que fue sentenciado. Por lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que, en la presente solicitud de revisión, corresponde aplicar la revisión invocada por la recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual código Penal, resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme el código anterior. II. OPINIÓN: El Ministerio Público, con base a 10 antes expuesto, es del parecer QUE SE OTORGUE la presente acción de revisión, que se ha hecho mérito. (Folios 50-53 vuelto del recurso de mérito). CONSIDERANDO CINCO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas, las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho, cuando al señalar las fuentes formales de éste, agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo; por lo cual, en materia de Revisión Penal, se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón, se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020), en su artículo 1, párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El artículo 615 del mismo cuerpo legal, dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617, se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas, dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del artículo 96 de la Constitución política de Honduras, establece que: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir, la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes..." Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así, que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro-. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el Principio de Retroactividad, ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello”. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable, tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que discriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del Principio de Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Cabe destacar, que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente, se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo, en la Constitución Política de Honduras, en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente, la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia –uno sobre la base de cada ley-, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”. Esto permite al Tribunal, realizar una ponderación con identidad de circunstancias, además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE (12): Por lo que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017, de fecha 18 de enero de 2018, publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940, de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República, en relación a los artículos: 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala, a continuación, hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I. Que del estudio de la sentencia emitida por el juzgador primario y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal, esta Sala aprecia, que efectivamente, el señor KEVIN ALEXANDER GONZALES COELLO fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, mediante la sentencia definitiva y firme en fecha cinco (5) de febrero de dos mil veinte, a la pena de VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASOCIACION ILICITA EN SU CONDICION DE INTEGRANTE en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; y a la multa de CIEN MIL DE LEMPIRAS (L.100.000.00) Y por el delito de PORTACION ILEGAL DE ARMAS PROHIBIDA, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de OCHO (8) AÑOS DE RECLUSIÓN y multa de cinco mil lempiras; por delito de USO DE INDUMENTARIA POLICIAL en perjuicio de la FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS, a la pena de CINCO AÑOS DE RECLUSION Y por el delito de USO DE NOMBRE SUPUESTO en perjuicio de la FE PUBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS a la pena de DOS AÑOS DE RECLUSION, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL. II. Que esta Sala de lo Constitucional, constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 332 DEL CODIGO PENAL SOBRE EL DELITO DE ASOCIACION ILICITA y el artículo 332 A, en relación al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, al artículo 294 A, USO INDEBIDO DE INDUMENTARIA POLICIAL MILITAR y 294, USO DE NOMBRE SUPUESTO, del Código Penal, Decreto 144-1983. III. Esta Sala, realiza un examen de ambas normas penales aplicables el caso sub judice para verificar si se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. En relación al tipo penal de Asociación Ilícita en el artículo 332 y se castigaba con la pena de 20 a 30 años de reclusión y multa de 100,000.00 a 300,000.00 lempiras, la nueva norma sustantiva regula dicha acción ilícita en el artículo 554, Asociación para Delinquir, estableciendo en el párrafo último lo siguiente: Los simples integrantes de la asociación ilícita deben de ser castigados con las penas de prisión de SEIS (06) a DIEZ (10) años y multa de CIEN (100) a QUINIENTOS (500) días. De lo antes relacionado se advierte que, al haber sido condenado a la pena mínima, le correspondería imponer la pena de Seis (06) años y MULTA de 100 días, que conforme el artículo 53, se establece que cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (15,000), siendo perceptible que el nuevo Código Penal, le es más favorable. En relación al delito de PORTACIÓN ILEGAL DE ARMA DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, en el artículo 332-A, que establecía lo siguiente: La persona no autorizada que fabrique, almacene, transporte, uso, trafique, ingrese o saque del país, adquiera. suministre o venda, armas, municiones o explosivos. Será sancionado con la pena de ocho (8) a diez (10) años de reclusión y multa de cinco mil (5000.00) a diez mil (10,000) lempiras por cada arma incautada. La nueva norma penal vigente enmarca el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO en el artículo 580 establece: La tenencia de armas de fuego o municiones careciendo de las licencias o permisos necesarios deben ser castigados con las penas siguientes: 1)… 2) De cuatro (4) a seis (6) años y localización permanente de hasta tres (3) años, si se trata de armas y municiones prohibidas. Se aumenta la pena de prisión en un tercio (1/3) a quien porte las anteriores armas de fuego o municiones sin autorización. En ese sentido resulta una pena mínima de seis a ocho años de prisión, y siendo que concurre además la agravante del artículo 584, numeral uno, cuando los hechos son cometidos en el ámbito de un grupo delictivo organizado se aumenta en un tercio, resultando una pena de ocho a diez años con ocho meses de prisión; al ser condenado a la pena mínima, se advierte que la nueva norma queda en el mismo margen de la pena de instancia; sin embargo, al no consignar la pena de multa el nuevo código penal, por este delito, procede aplicar la retroactividad en relación a la multa, y en su defecto conforme el actual código penal, procede la localización permanente hasta por tres años. En cuanto al delito de USO INDEBIDO DE INDUMENTARIA POLICIAL MILITAR, el Código Penal derogado establecía en el artículo 294-A: A quien fabrique, tenga, almacene, transporte o use sin estar autorizado para ello uniformes, Insignias, condecoraciones y equipo de uso exclusivo de la Policía Nacional, se le impondrá pena de cinco (5) a ocho (8) años de reclusión. En el Código Penal vigente en el artículo 473, USO INDEBIDO DE UNIFORME, INSIGNIAS Y EQUIPO POLICIAL O MILITAR: Quien sin estar autorizado usa públicamente uniforme, insignias o equipo exclusivamente pertenencias a los cuerpos de seguridad e investigación del Estado o las Fuerzas Armadas, debe ser castigado con la pena de prisión de dos (2) a cuatro (4) años o multa de doscientos (200) a cuatrocientos (400) días. -La pena a imponer debe ser la de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años si el uniforme, insignia o equipo mencionados en el párrafo anterior se emplean para facilitar o encubrir la comisión de un delito. -Si tales efectos se poseen con dichos fines, la pena de prisión debe ser de dos (02) a cuatro (4) años. Resulta del análisis pertinente que la nueva norma a imponer sería de cuatro (4) años y multa de doscientos días, por lo que la nueva norma le favorece al contemplar una pena de prisión menor a la que fue sentenciado. El delito de USO DE NOMBRE SUPUESTO, se encontraba tipificado en el artículo 294, que establecía: A quine use públicamente nombre supuesto con el objeto de ocultar algún delito, eludir una pena o causar algún perjuicio, se le impondrá reclusión de dos (2) a cinco (5) años. La nueva norma penal tipifica el delito de USURPACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE OTRO, en el artículo 470. Quien se atribuye la identidad de otra persona o aquellos atributos o cualidades que la identifican Jurídicamente, con la finalidad de obtener provecho para sí o tercero o para causar un perjuicio a otro, debe ser castigado con la pena de prisión de uno (1) a cuatro (4) años. Se advierte que la nueva norma le favorece y procede imponer la pena de un año, al contemplar una pena menor a la que fue sentenciado. Bajo este examen, después de revisar el quantum de todas las penas, podemos concluir que las penas del nuevo Código benefician al encausado. IV. En el caso sub examine, siguiendo los lineamientos del artículo 616 del Código Penal, Decreto 130-2017, sobre la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer un análisis de la sentencia en revisión y la respectiva ponderación de penas, haciendo la revisión con identidad de circunstancias donde en los hechos probados y la fundamentación jurídica se estableció que el condenado KEVIN ALEXANDER GONZALES COELLO, es miembro activo de la estructura criminal pandilla dieciocho, agrupados para la comisión de diversidad de ilícitos y asimismo, que al momento de su captura se encontraron armas de uso prohibido e indumentaria policial, al momento de ser perseguidos por los policías que les dieron captura, estimando el Tribunal Juzgador, imponer las penas mínimas por todos los delitos, por no concurrir circunstancias atenuantes y agravantes. En tal sentido, la pena a aplicar SEGÚN ARTICULO 554 del nuevo Código Penal, es de SEIS (6) AÑOS, para el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR y MULTA DE CIEN (100) DÍAS, A RAZÓN DE VEINTE LEMPIRAS (20.00) POR DÍA, EN PERJUICIO DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES. Según el artículo 580 Numeral 2 relacionado con el 584 numeral 1, POR EL DELITO DE TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, CONCURRIENDO AGRAVANTES ESPECIFICAS A LA PENA DE OCHO (8) AÑOS DE PRISION Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE TRES (3) AÑOS, EN PERJUICIO DEL ORDEN PUBLICO; según el artículo 473 POR EL DELITO DE USO INDEBIDO DE INDUMENTARIA POLICIAL MILITAR en perjuicio de la Fe Pública, a la pena de cuatro (4) años y multa de doscientos días, a razón de veinte lempiras por día; y según el artículo 470 por el delito de USURPACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE OTRO en perjuicio de la Fe Pública, a la pena de UN AÑO DE PRISION. V.En tal sentido, esta Sala considera, que se debe imponer la pena mínima para esos ilícitos penales, en base al principio pro homine. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia, después del estudio de las presentes diligencias, que se cumple con los requisitos exigidos, tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, para otorgar la presente garantía constitucional de Revisión; por lo que, es procedente la aplicación retroactiva en favor del señor KEVIN ALEXANDER GONZALES COELLO, de una norma vigente que le resulta más benigna. VI. Como efecto de la aplicación de la nueva ley penal, es procedente emplear lo estipulado en el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional y ordenar al Juzgado de Ejecución que realice la ejecución y cómputo de una nueva pena. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la abogada HEYDY JULISSA SUAZO CRUZ, a favor de señor KEVIN ALEXANDER GONZALES COELLO. II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor KEVIN ALEXANDER GONZALES COELLO, por los delitos que fue condenado, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor KEVIN ALEXANDER GONZALES COELLO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, por el delito de ASOCIACION PARA DELINQUIR, a la pena de SEIS (6) AÑOS de PRISION y MULTA DE CIEN (100) DÍAS, A RAZÓN DE VEINTE LEMPIRAS (20.00) POR DÍA, EN PERJUICIO DE OTROS DERECHOS FUNDAMENTALES. SEGUNDO CONDENANDO al señor KEVIN ALEXANDER GONZALES COELLO por el delito de TENENCIA O PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO DE USO PROHIBIDO, CONCURRIENDO AGRAVANTES ESPECIFICAS A LA PENA DE OCHO (8) AÑO DE PRISION Y LOCALIZACIÓN PERMANENTE DE TRES (3) AÑOS, EN PERJUICIO DEL ORDEN PUBLICO. TERCERO: CONDENADO al señor KEVIN ALEXANDER GONZALES COELLO POR EL DELITO DE USO INDEBIDO DE INDUMENTARIA POLICIAL MILITAR en perjuicio de la Fe Pública, a la pena de cuatro (4) años y multa de doscientos días, a razón de veinte lempiras por día. y CUARTO: CONDENANDO al señor KEVIN ALEXANDER GONZALES COELLO, por el delito de USURPACIÓN DE LA PERSONALIDAD DE OTRO en perjuicio de la Fe Pública, a la pena de UN AÑO DE PRISION. Más las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó Magistrado Wagner Vallecillo.- NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil veintiséis, certificación de la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-899-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL