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Sentencia RP-88-23 — Registro 20186

Resumen

Sentencia en revisión condenó a recurrente como autor responsable del delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido con clave ER-122, condenándolo a la pena de quince (15) años de reclusión, más penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, imponiéndole multa pecuniaria, declarándole su responsabilidad civil; La Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal, en virtud de no ser más benigna la ley en vigencia, decreto No. 93-2021 al momento de la petición de la Garantía Constitucional de Revisión Penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"de la foliada del escrito de interposición de la Acción Constitucional de Revisión, se advierte que el mismo fue presentado en fecha veinte (20) de Enero del dos mil veintitrés (2023), cuando se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión con una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto-. En el caso en estudio nos encontramos ante la situación de la promulgación de una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, ello es así que el ciudadano MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA, fue condenado por el delito de Extorsión Simple, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal, pero tal petición la realiza en fecha veinte (20) de Enero del dos mil veintitrés (2023), estando vigente el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de extorsión como líneas arriba se dijo..."..."del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el ciudadano ABIAIL MELENDEZ GUERRA, fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE SANTA BARABARA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, mediante la sentencia definitiva y firme, en juicio oral en fecha catorce (14) de Enero del dos mil diecinueve (2019); a la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN y multa de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (LPS 293,489.50),en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO ER-122; así mismo a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena principal..."..."la Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia definitiva condenatoria de fecha catorce (14) de Enero del dos mil diecinueve (2019), a través de la cual se condenó al ciudadano MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA, aplicándose lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de Extorsión Simple. III. Esta Sala considera que el caso sub júdice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en aplicación de una ley intermedia,...esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal, en virtud de no ser más benigna la ley en vigencia, decreto No. 93-2021 al momento de la petición de la Garantía Constitucional de Revisión Penal..."..."en la parte dispositiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al ciudadano MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA, la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN y multa de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (LPS 293,489.50), en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO ER-122; así mismo las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena...Por haber sido encontrado responsable del delito de Extorsión Simple, en perjuicio Testigo Protegido ER-122. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, previsto en el artículo 373, prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.- Si bien el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, disponía penas más benignas en relación con el delito de Extorsión, en comparación con el Decreto 144-1983, con el cual fue condenado el ciudadano MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA, la norma que contiene la tipificación del delito de Extorsión, fue reformada posteriormente mediante Decreto 93-2021, Decreto que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021 y con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial; en ese orden de ideas cuando el garantista peticionó la aplicación de la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, ya se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto que de nuevo incrementa las penas para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto...La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al señor MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA; Y siendo que el decreto 93-2021, estaba vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 ahora derogado, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal intermedia en favor del condenado MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA, en atención a que el recurso de revisión que fue presentado en fecha 20 de Enero del 2023, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"de la foliada del escrito de interposición de la Acción Constitucional de Revisión, se advierte que el mismo fue presentado en fecha veinte (20) de Enero del dos mil veintitrés (2023), cuando se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión con una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto-. En el caso en estudio nos encontramos ante la situación de la promulgación de una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, ello es así que el ciudadano MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA, fue condenado por el delito de Extorsión Simple, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal, pero tal petición la realiza en fecha veinte (20) de Enero del dos mil veintitrés (2023), estando vigente el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de extorsión como líneas arriba se dijo..."..."del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el ciudadano ABIAIL MELENDEZ GUERRA, fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE SANTA BARABARA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, mediante la sentencia definitiva y firme, en juicio oral en fecha catorce (14) de Enero del dos mil diecinueve (2019); a la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN y multa de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (LPS 293,489.50),en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO ER-122; así mismo a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena principal..."..."la Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia definitiva condenatoria de fecha catorce (14) de Enero del dos mil diecinueve (2019), a través de la cual se condenó al ciudadano MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA, aplicándose lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de Extorsión Simple. III. Esta Sala considera que el caso sub júdice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en aplicación de una ley intermedia,...esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal, en virtud de no ser más benigna la ley en vigencia, decreto No. 93-2021 al momento de la petición de la Garantía Constitucional de Revisión Penal..."..."en la parte dispositiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al ciudadano MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA, la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN y multa de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (LPS 293,489.50), en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO ER-122; así mismo las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena...Por haber sido encontrado responsable del delito de Extorsión Simple, en perjuicio Testigo Protegido ER-122. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, previsto en el artículo 373, prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.- Si bien el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, disponía penas más benignas en relación con el delito de Extorsión, en comparación con el Decreto 144-1983, con el cual fue condenado el ciudadano MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA, la norma que contiene la tipificación del delito de Extorsión, fue reformada posteriormente mediante Decreto 93-2021, Decreto que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021 y con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial; en ese orden de ideas cuando el garantista peticionó la aplicación de la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, ya se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto que de nuevo incrementa las penas para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto...La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al señor MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA; Y siendo que el decreto 93-2021, estaba vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 ahora derogado, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal intermedia en favor del condenado MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA, en atención a que el recurso de revisión que fue presentado en fecha 20 de Enero del 2023, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de enero de dos mil veintiséis. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por los Abogados JAVIER ORLANDO ERAZO MEJIA y CATALINA ELISAMA CUEVA MELENDEZ a favor del Señor MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, en fecha catorce de enero de dos mil diecinueve, con relación a la causa que se instruyó contra el señor MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE ER-122. ANTECEDENTES 1) Que en fecha catorce (14) de enero del dos mil diecinueve (2019), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SANTA BARBARA,DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO.- CONDENAR a MARION ABIAIL MELENDEZ GUERRA, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable del delito de EXTORSION, en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE ER-122, a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN, pena que deberá cumplir en el establecimiento penal que corresponda conforme a la ley, quedando sujeto a trabajar en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley, debiéndose descontar el tiempo que ha permanecido recluido por esta causa, más una MULTA DE DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (Lps 293,489.50). SEGUNDO: Como consecuencia de la pena de reclusión impuesta al condenado, se les imponen las penas accesorias de Inhabilitación Absoluta e Interdicción Civil, por el tiempo de duración de la pena principal. TERCERO: Declarar la responsabilidad civil del condenado MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: No procede condenar en costas procesales, personales, ni gastos ocasionado por el juicio. SEXTO: Que se notifique esta sentencia a las partes procesales. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. (Folios 69-76 del recurso de mérito). 2) En fecha veintiuno (21) de septiembre del dos mil veintitrés 2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante MARTA DELIA MERINO CONDE, con la comparecencia de la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado JAVIER ORLANDO ERAZO MEJIA actuando en su condición de Apoderado Legal del señor MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA; manifestando, que su representado fue condenado a la pena de quince años por el delito de Extorsión más una multa de doscientos noventa y tres mil cuatrocientos ochenta y nueve con cincuenta centavos, por el Tribunal de Sentencias de Santa Bárbara de acuerdo al artículo 222 del Código Penal Derogado; por lo que de acuerdo al decreto 130-2017, en el artículo 373, donde establece que la pena es favorable ya que es de 10 a 15 años y una multa de 500 a 1000 días de multa; por lo que en base al artículo 96.8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, en base a la retroactividad penal por ser benigna a favor de su representado. Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha catorce (14) de enero de dos mil diecinueve (2019), dictada por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Nuevo Código Penal Vigente, la pena de multa por la cual fue condenado su representado es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2)..., 3) ... 4)..,5)..., 6) ... 7) .., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna...", relacionado con los artículos 615 y 616 del Nuevo Código Penal, que señalan: Artículo 615:"RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de EXTORSION SIMPLE por el cual se condenó a MARION ABIAIL MELENDEZ GUERRA. Según lo regulado en el artículo 222 del Código Penal derogado, que establecía: "Comete el delito de Extorsión, quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero, el culpable de extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y UNA MULTA DE CINCUENTA SALARIOS MINIMOS EN SU NIVEL MAS ALTO, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que se pudieran imponerse por los actos de violencia física realizadas. La extorsión se considera consumada y corresponderá como autores con independencia de si se ha logrado o no el objetivo percibido con la violencia o intimidación, el que realiza la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva, así como quien participe en la recolección de dinero de forma personal, por medio de transferencias electrónicas o a través de sus cuentas financieras o reciba bienes o cualquier tipo de beneficio producto del delito". En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de EXTORSION se encuentra regulado en el artículo 373, reformado a través del decreto 93-2021,- EXTORSION. "Cometo el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o Intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para al o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MAS ALTO, en perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de Intimidación realizados, al producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorción se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o Intimidación". El Nuevo Código Penal Vigente dispone en el artículo 53,- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la Institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco MI Lempiras (L5, 000). Por 1o que la pena de quince (15) años de reclusión y quinientos (500) días multa, equivale a DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2, 500,000.00) ya que es en su nivel más alto. Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en 1os criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad Impuesta conforme la legislación derogada, resulta también Imponible con arreglo al Código Penal vigente, y en lo que respecta a la pena de multa la misma resulta más gravosa respecto de la que le fue Impuesta en la sentencia que se pretende rever (Lps.293,489.50). Considerando además que el revisionista solicita le aplique el artículo 373 contemplado en el Decreto 130-2017, sin embargo, esta norma ya fue reformada mediante el Decreto legislativo 93-2021. Por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 25-27 de la pieza del recurso de mérito) 3. Que en fecha veinte de Enero del dos mil veintitrés, se presentó ante la Sala de lo Constitucional el Recurso de Revisión Penal, a favor del señor MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA. (Folios 1 al 3 de la pieza del recurso). CONSIDERANDO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. El artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional dispone que la Sala de lo Constitucional podrá declarar sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El garantista funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho (8) del artículo 96 de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley que le resulta más benigna. El garantista expone que el Recurso de Revisión Penal consiste en el cambio de la pena concreta que se impuso al ciudadano MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA, a la pena de 15 años de reclusión y multa de doscientos noventa y tres mil cuatrocientos ochenta y nueve lempiras exactos con cincuenta centavos (LPS. 293,489.50); de acuerdo con lo establecido en el artículo 222 del Código Penal derogado, por la reforma vigente del Código Penal, establecida en el artículo 373 del mismo cuerpo legal; en relación con el principio de la retroactividad de la ley penal, establecida en el artículo 615 y 616, por lo que sería más recomendable imponer una pena conforme a lo que establece nuestra norma penal en el Decreto 130-2017, publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 10 de mayo del año 2020, en su artículo 373 la pena para el delito de Extorsión es de 10 a 15 años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días. CONSIDERANDO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición y presentación de pruebas se celebró en fecha veintiún (21) de septiembre del año dos mil veintitrés (2023), ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado JAVIER ORLANDO ERAZO MEJIA, como garantista a favor del ciudadano MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA; y la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, en representación de los intereses de la sociedad hondureña. Se le cedió la palabra a la parte recurrente, al abogado JAVIER ORLANDO ERAZO MEJIA, para que hiciera uso de su derecho a réplica, expresando lo siguiente: Se solicita muy respetuosamente que se aplique el Principio de la Retroactividad de la Ley penal al señor Marlon Abiail Meléndez Garcia, por el delito de Extorsión, en perjuicio de Testigo Protegido ER-122, a una pena de quince (15) años de reclusión y multa de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (LPS 293,489.50), de acuerdo al artículo 222 del Código Penal derogado. Por lo que solicita que se le sustituya Sustituirle la pena y multa por el artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley Intermedia), en donde establece que para el delito de Extorsión la pena es de 10 a 15 años y una multa de 500 a 1000 días. Que lo más beneficioso para los intereses personales del condenado es la ley intermedia, en donde se solicita una pena mínima de 10 años y una multa de 500 días a razón de 20 lempiras, equivalente diez mil lempiras (10,000.00 lempiras); Seguidamente se le cedió la palabra a la Fiscal del Ministerio Público Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, quien hizo uso de la palabra consideró: … De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando que el delito de EXTORSIÓN por el cual se condenó al señor Marlon Abiail Meléndez Guerra, en aplicación del artículo 222 del Código Penal derogado, que establecía la pena de reclusión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan. En el Código Penal vigente regula el delito de EXTORSIÓN en el artículo 373, reformado a través del Decreto 93-2021, sancionado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MAS ALTO, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados; conforme al fallo emitido al sentenciado que se le condenó por el delito de EXTORSION, sin ninguna agravante correspondiente, resultando que de estas acciones, se penalice con una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años; lo cual no resulta más favorable al sentenciado. Por otra parte, mientras que el código penal vigente (decreto 130-2017) regula la misma conducta delictiva en el artículo 373 reformado, castigado a la misma pena de prisión de quince a veinte años y multa de quinientos (500) a (1000) mil días en su nivel más alto, que al relacionarlo con el artículo 53, se establece que cada día de multa tiene un valor no menor de veinte lempiras (lps.20.00) ni mayor de cinco mil lempiras (lps.5,000.00); quedando en una pena de quince (15) a veinte (20) años de prisión; y con una multa que se le condenó a la cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (LPS 293,489.50), que es más baja de la que podría resultar a la impuesta con el nuevo Código Penal Vigente.- Se concluye entonces que al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los artículos fijados para determinar la ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al Código Penal vigente y en lo que respecta a la pena de multa, la misma resulta más gravosa respecto de la que fue impuesta en la sentencia que se pretende rever, por lo que no es procedente aplicar el principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República. Pronunciamiento Final del Ministerio Público: No se otorgue la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. CONSIDERANDO (5): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel primario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. CONSIDERANDO (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a. Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b. Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c. Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. Dándose los requisitos señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a. Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. c. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "…Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes…". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO (7): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,940 de fecha 10 de mayo de 2020, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la Ley Penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas…”. Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: “PRINCIPIO DE LEGALIDAD…. La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO (8): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MÁS FAVORABLE. Conforme a las disposiciones contenidas en el Artículo 616 del nuevo Código Penal, para determinar cuál sea la Ley más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En ese orden de ideas, el ciudadano MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA, fue condenado mediante sentencia definitiva dictada en fecha catorce de Enero del dos mil diecinueve, por el Tribunal de Sentencia de Santa Bárbara del Departamento de Santa Bárbara, por el delito de Extorsión, tipificado en el Artículo 222 de la norma derogada que disponía: Artículo 222 “Comete el delito de extorsión, quien mediante amenazas, intimidación o violencias y con el fin de obtener para sí o para cualquier organización delictiva, dinero, bienes u otros servicios, obligue a una persona natural o jurídica a: 1. Hacer o dejar de hacer alguna cosa; 2. Suscribir documentos para obtener pagos de dinero; 3. Suscribir, otorgar, entregar o destruir una escritura pública o cualquier otro documento público o privado. Al culpable de este delito se le impondrá una pena de reclusión de 15 a 20 años y multa de 50 salarios mínimos, más los accesorios jurídicos que correspondan. Si con ocasión de cometerse estos delitos, se da por muerta la víctima, a su cónyuge, a su compañera de hogar, a un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad o cualquier otra persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se le impondrá al culpable, la pena de privación de libertad de por vida. La figura de extorsión se considerará un delito de crimen organizado”. La nueva norma en vigencia a partir del veinticinco de junio del año dos mil veinte, tipifica en el artículo 373 el delito de Extorsión el que dispone: Artículo 373. “Extorsión. Quien, con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, debe ser castigado con la pena de prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si se llega a causar, dolosa o imprudentemente la muerte al extorsionado, al cónyuge, compañero de hogar, o un miembro de su familia dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o cualquier persona que tenga una relación laboral con la víctima o con la persona jurídica extorsionada, se debe imponer la pena de prisión a perpetuidad”. El artículo 373 del Código Penal vigente, que tipifica el delito de Extorsión, fue reformado por medio del Decreto No. 93-2021, publicado en el Diario Oficial La Gaceta NUM. 35,760 de fecha uno de noviembre del año 2021 y vigente al día siguiente de su publicación; el nuevo texto dispone: ARTÍCULO 373.- “EXTORSION. Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga a trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien mueble o inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados. Si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación”. El artículo 374.1 se refiere a las Agravantes Específicas; en donde establece que se deben aumentar las penas en 1/3 cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) Cuando los hechos se cometan en el ámbito de un grupo delictivo organizado. CONSIDERANDO (9): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”.-Lo resaltado y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO (11): CONSIDERACIONES EN RELACIÓN A LA LEY INTERMEDIA. Se les denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisionomía normativa. Para el jurista René Suazo Lagos reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”. CONSIDERANDO (12): Que en el caso sub júdice, los peticionarios Abogados JAVIER ORLANDO ERAZO MEJIA Y CATALINA ELISAMA CUEVA MELENDEZ comparecieron ante este Alto Tribunal en fecha veinte (20) de Enero del dos mil veintitrés (2023), presentando recurso de revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que su representado el ciudadano MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA, el cual fue condenado por el delito de Extorsión Simple estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión a saber: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días- por el delito de Extorsión.- En su petición, el garantista solicita la aplicación de la Ley Intermedia, o sea el Decreto 130-2017 que contiene el Nuevo Código Penal, por contener penas más benignas para el delito de Extorsión, no obstante, a ello de la foliada del escrito de interposición de la Acción Constitucional de Revisión, se advierte que el mismo fue presentado en fecha veinte (20) de Enero del dos mil veintitrés (2023), cuando se encontraba en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión con una pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto-. En el caso en estudio nos encontramos ante la situación de la promulgación de una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, ello es así que el ciudadano MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA, fue condenado por el delito de Extorsión Simple, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal, pero tal petición la realiza en fecha veinte (20) de Enero del dos mil veintitrés (2023), estando vigente el Decreto 93-2021 que de nuevo aumenta la pena para el delito de extorsión como líneas arriba se dijo. CONSIDERANDO (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I.- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el ciudadano ABIAIL MELENDEZ GUERRA, fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIAS DE SANTA BARABARA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA, mediante la sentencia definitiva y firme, en juicio oral en fecha catorce (14) de Enero del dos mil diecinueve (2019); a la pena principal de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN y multa de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (LPS 293,489.50),en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO ER-122; así mismo a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la pena principal. Una vez firme la presente sentencia que se libre copia certificada de la misma al Director del Centro Penitenciario de Támara y al Juzgado de Ejecución para los efectos legales correspondientes. II.- Que la Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del garantista, que la sentencia definitiva condenatoria de fecha catorce (14) de Enero del dos mil diecinueve (2019), a través de la cual se condenó al ciudadano MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA, aplicándose lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal, contenido en el Decreto Legislativo Número 144-83, estimando que el condenado cometió el delito de Extorsión Simple. III. Esta Sala considera que el caso sub júdice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en aplicación de una ley intermedia, en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que no se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal, en virtud de no ser más benigna la ley en vigencia, decreto No. 93-2021 al momento de la petición de la Garantía Constitucional de Revisión Penal.CONSIDERANDO (14): Que en la parte dispositiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al ciudadano MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA, la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN y multa de DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CINCUENTA CENTAVOS (LPS 293,489.50), en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO ER-122; así mismo las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena; Una vez firme la presente sentencia que se libre copia certificada de la misma al Director del Centro Penitenciario correspondiente y al Juzgado de Ejecución de la Sección Judicial de Santa Bárbara, para los efectos legales correspondientes. Por haber sido encontrado responsable del delito de Extorsión Simple, en perjuicio Testigo Protegido ER-122. Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de Extorsión, previsto en el artículo 373, prevé una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de prisión y multa de quinientos (500) a mil (1,000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados.- Si bien el Decreto 130-2017, que contiene el nuevo Código Penal, disponía penas más benignas en relación con el delito de Extorsión, en comparación con el Decreto 144-1983, con el cual fue condenado el ciudadano MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA, la norma que contiene la tipificación del delito de Extorsión, fue reformada posteriormente mediante Decreto 93-2021, Decreto que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021 y con vigencia según el artículo 11 del referido Decreto, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial; en ese orden de ideas cuando el garantista peticionó la aplicación de la Ley Intermedia en el Recurso de Revisión promovido, ya se encontraba en vigencia el Decreto 93-2021, Decreto que de nuevo incrementa las penas para el delito de Extorsión, estableciendo como pena abstracta la prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; por lo tanto la pena abstracta a imponer quedaría en quince (15) a veinte (20) años de prisión y multa de 500 a 1,000 días; como bien lo indica la Fiscal del Despacho, en la Audiencia de Oposición celebrada, al aplicar el artículo 53 del nuevo Código Penal, que establece el sistema de Días Multa, determinando la cantidad de cinco mil lempiras (Lps. 5,000.00) de mayor nivel, en consecuencia, al efectuar el cálculo aritmético corresponde una multa de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS.2,500,000.00). La comparativa de penas entre las dos legislaciones penales, es decir el Decreto 144-1983, mediante el cual se condenó al señor MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA; Y siendo que el decreto 93-2021, estaba vigente al momento de interposición del Recurso de revisión, permiten determinar que, este último prevé sanciones más gravosas que las impuestas conforme el Código Penal creado mediante Decreto 144-83 ahora derogado, por lo que NO ES PROCEDENTE la aplicación retroactiva de la ley penal intermedia en favor del condenado MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA, en atención a que el recurso de revisión que fue presentado en fecha 20 de Enero del 2023, encontrándose en vigencia el Decreto 93-2021. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 80, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 53, 69, 249, 373, 374.1, 615 y 616 del Código Penal vigente Decreto Legislativo No. 130-2017; y Decreto 93-2021 publicado en La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre del año 2021. FALLA: I) Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los abogados JAVIER ORLANDO ERAZO MEJIA Y CATALINA ELISAMA CUEVA MELENDEZ, a favor del señor MARLON ABIAIL MELENDEZ GUERRA; Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de marzo de dos mil veintiséis, certificación de la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-0088-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL