Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia RP-765-23 — Registro 20323

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal, numero contra la sentencia condenatoria dictada de la comisión de los delitos de asesinato acompañado de robo agravado.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

... "CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala, a continuación, hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal, esta Sala aprecia, que efectivamente el señor CARLOS SALOMON RIVAS DUARTE, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la sentencia definitiva y firme, de fecha dos de agosto de dos mil diez, a la pena de cuarenta (40) años de reclusión, por el delito de Asesinato acompañado de Robo Agravado, en perjuicio de MARIO DONALDO RUIZ MALDONADO; y como penas accesorias inhabilitación absoluta, interdicción civil y a trabajo obligatorio dentro de la Penitenciaria Nacional, donde cumplirá las penas impuestas, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 117, último párrafo del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió los delitos de Asesinato seguido de Robo Agravado. II. En relación al delito de Asesinato, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de Asesinato, enmarcado en el artículo 117 establece la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad; y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 193 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años y si concurriere la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, la pena de prisión debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años; pena que es menos gravosa para el condenado. El Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de robo agravado, enmarcado en los artículos 218 y 219 del Código Penal decreto 144-1983, establece una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de reclusión aumentada en 1/3 por la concurrencia de las causales 1 y 2 del referido artículo 219; y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 361 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta, pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. Agravándose dicha pena si concurren agravantes específicas, pudiendo llegar la pena de ocho (8) hasta diez (10) años ocho meses de prisión; Ponderando el quantum de la pena, es palmario que, en el marco de penas abstractas, tomando en cuenta la concurrencia de la causal 9 contemplada en el artículo 363 del nuevo Código Penal, corresponde aplicar la pena de ocho (8) años tres (3) meses de prisión por delito de Robo con violencia e intimidación Agravado. III. El sentenciado, al tenor de los artículos 193, y 361 antes referidos, del nuevo Código Penal cometió los delitos de Asesinato y Robo Agravado, puesto que participó en calidad de autor responsable en los delitos antes referidos. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada. IV. En vista de las circunstancias de los hechos y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada. Asimismo, en relación al delito de Asesinato concurren las agravantes del artículo 32 numerales 1) De alevosía, 2) Ejecutar el hecho mediante abuso de superioridad, en este caso, eran varios los malhechores, 4) Ejecutar el hecho mediante disfraz, ya que andaban indumentaria militar; asimismo, concurren las circunstancias de tiempo y lugar para facilitar su ejecución o la impunidad del delincuente; Debiéndose aplicar el límite máximo conforme el artículo 70 numeral 1 inciso e) de la norma penal en comento por este delito; y la pena mínima por delito de Robo con Violencia e Intimidación. Vl. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo cómputo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice.”.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte de febrero del dos mil veintiséis.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Revisión Penal, numero SCO-0765-2023, interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS a favor del señor CARLOS SALOMON RIVAS DUARTE, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha dos de agosto de dos mil diez, mediante la cual: FALLA: PRIMERO: ABSOLVER de toda responsabilidad criminal al señor CARLOS SALOMÓN RIVAS DUARTE, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por el que vino siendo acusado. SEGUNDO Que debemos CONDENAR y al afecto CONDENAMOS al señor CARLOS SALOMON RIVAS DUARTE, de generales conocidas en el preámbulo do esta sentencia, a la pena de CUARENTA AÑOS DE RECLUSIÓN, como pena principal, por considerarlo AUTOR responsable de la comisión de los delitos de ASESINATO acompañado de ROBO AGRAVADO, en perjuicio del señor MARIO DONALDO RUIZ MALDONADO, conforme al artículo 117 párrafo final del Código Penal vigente... Como consecuencia de la pena de reclusión, se le condena a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la misma, TERCERO: Se declara al condenado CARLOS SALOMÓN RIVAS DUARTE, responsable civilmente, lo que deberá ser reclamado de conformidad a lo establecido en él artículo 432 y siguientes del Código Procesal Penal. (Exp. No. 198-2011).-Son partes: 1. Los abogados Ramón Matamoros y Ricardo Antonio Pineda Mejía, en su condición de defensores públicos en representación del señor CARLOS SALOMON RIVAS DUARTE, como revisionistas.- 2. La abogada Claudia Suyapa Mejía Mejía, en su condición de representante del Ministerio público.- HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA QUE SE REVISA.- “UNICO.- El día seis de septiembre del años dos mil cuatro, a eso de las dos de la mañana, el señor MARIO DOLANDO RUIZ MALDONADO, se encontraba junto a su familia, descansando en su casa de habitación localizada en la Colonia Suyapa, Sector Chamelecón, a ciento cincuenta metros de la estación de bomberos, frente a ODEF, de esta ciudad, cuando llegaron cuatro sujetos vestidos con fatigas de militares, los rostros cubiertos y armas de fuego, estos dijeron que eran policías y que iban a hacer un cateo en la casa, por lo que les exigieron que abrieran la puerta, al no recibir respuesta la abrieron a golpes y patadas, Ya en el interior, encendieron la luz tomaron a MARIO y lo golpearon, mientras que a su esposa le decían que no los viera, que agachara su cabeza. Posteriormente procedieron a tomar artículos de la vivienda y exigieron que se les entregara también el dinero en efectivo que tuvieran, tomaron varios artículos de la casa y sacaron a MARIO de la casa, en vista de que este había reconocido a CARLOS SALOMON RIVAS DUARTE (Carlitos), y a otros solo conocidos como EDWIN OSORIO alias KILLER. quien falleció el veinte de junio del año dos mil nueve, y otros identificados solamente como TAINER v SCRAPY. Al verse reconocidos, estos se quitaron los cobertores que usaban en sus caras, CARLOS le quitó a MARIO DONALDO la cadena que portaba y un anillo, procedieron a subir los artículos (televisor, equipo de sonido y mercadería varia) a un vehículo cabina y medio de paila color ocre. Antes de partir, todos incluyendo a CALOS SALOMON RIVAS DUARTE, le dijeron a KILLER, que matara a MARIO, porque ya los había reconocido, y lo llevaron al patio de la casa, donde lo arrodillaron y el KILLER, le disparó con el arma de fuego, infiriéndole cuatro proyectiles en la región de la cabeza y otros dos, uno en cada pierna, lo que causó la muerte del señor MARIO DONALDO RUIZ MALDONADO, luego se alejaron del lugar en el vehículo en que llevaban los objetos que sacaron de la vivienda”.- ANTECEDENTES.- 1. Que en fecha dos (02) de agosto del dos mil diez (2010) el Agente de Tribunales del Ministerio Público, abogado MANUEL DE JESUS RAMIREZ P, comparece presentando REQUERIMIENTO FISCAL en contra de los señores CARLOS SALOMON RIVAS DUARTE, MARIA ELENA FAJARDO GONZALES (TAMBIEN CONOCIDA COMO CLAUDIA YOLANDA FAJARDO), JOSÉ WILFREDO GOMEZ CASTAÑEDA Y "GERLIN MAURICIO ORELLANA, por considerarlos responsables a título de autor, del delito de HOMICIDIO en perjuicio de MARIO DONALDO RUIZ HERNANDEZ. (Folios 01-04 del recurso de mérito).- 2. Que en fecha dos (02) de agosto del dos mil diez (2010), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, CORTES, dictó sentencia mediante la cual, FALLA: PRIMERO: ABSOLVER de toda responsabilidad criminal al señor CARLOS SALOMÓN RIVAS DUARTE, de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, por los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS, en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, por el que vino siendo acusado. SEGUNDO Que debemos CONDENAR y al afecto CONDENAMOS al señor CARLOS SALOMON RIVAS DUARTE, de generales conocidas en el preámbulo do esta sentencia, a la pena de CUARENTA AÑOS DE RECLUSIÓN, como pena principal, por considerarlo AUTOR responsable de la comisión de los delitos de ASESINATO acompañado de ROBO AGRAVADO, en perjuicio del señor MARIO DONALDO RUIZ MALDONADO, conforme al artículo 117 párrafo final del Código Penal vigentes misma que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional de esta Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, quedando sujeto a participar en obras públicas o las labores que regula el régimen penitenciario, computándose el abono del tiempo que se ha encontrado en prisión preventiva por esta causa. Como consecuencia de la pena de reclusión, se le condena a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la misma, TERCERO: Se declara al condenado CARLOS SALOMÓN RIVAS DUARTE, responsable civilmente, lo que deberá ser reclamado de conformidad a lo establecido en el artículo 432 y siguientes del Código Procesal Penal. CUARTO: No se condena en costas procesales, personales ni gastos ocasionados por el juicio. QUINTO: No se declara el comiso. SEXTO: Declarar el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor de EDWIN FELIPE OSORTO, de generales ya agregadas en el preámbulo de esta sentencia, y quien venía siendo acusado por los delitos de ROBO AGRAVADO y ASESINATO en perjuicio de MARIO DONALDO RUIZ MALDONADO, y por los delitos de ASOCIACIÓN ILÍCITA Y PORTACIÓN ILEGAL DE ARMAS en perjuicio de LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS; en vista, de haberse acreditado que falleció en fecha veinte de junio del año dos mil nueve. QUEDAN NOTIFICADAS EN ESTRADO DE ESTA SENTENCIA LAS PARTES PROCESALES. (Folios 353-363 del recurso de mérito). 3. Que en fecha siete de junio del dos mil veintitrés, compareció el abogado Ramón Matamoros, solicitando la revisión penal de la sentencia dictada en fecha dos de agosto del dos mil diez, por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, manifestando el recurrente, que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-03 del recurso).- 4. En fecha dieciséis (16) de mayo del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por la Magistrada Integrante MARTA DELIA MERINO CONDE, con la comparecencia de la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado RICARDO ANTONIO PINEDA MEJIA, actuando en su condición de Apoderado Legal del señor CARLOS SALOMON RIVAS DUARTE; Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva antes citada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad con el nuevo Código Penal, el delito por el cual fue condenado su representado es sancionado con una pena más baja, por lo que es procedente aplicar la Ley que más le favorezca, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Lev Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1) .., 2) .., 3).., 4)...,5) ..., 6) ... 7)..., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal. De lo expuesto por el revisionista, y al examinar el fallo condenatorio sub- judice se extrae que el señor CARLOS SALOMON RIVAS DUARTE, fue condenado a una pena de 40 AÑOS DE RECLUSIÓN por el delito de ASESINATO acompañado de ROBO AGRAVADO, en virtud que la legislación penal derogada (artículo 117 último párrafo) establecía una pena para el delito de asesinato seguido de Robo, de treinta (30) años a prisión de por vida de la libertad. Conforme al Nuevo Código Penal Vigente dichas penas deben ser impuestas en concurso real de conformidad a lo establecido en los artículos siguientes: ARTÍCULO 193. - ASESINATO. Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años: Si concurre la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria la pena de prisión debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años. Por su parte, el delito de ROBO se encuentra regulado en el ARTÍCULO 361. ROBO CON VIOLENCIA O INTIMIDACIÓN. Quien, con ánimo de lucro, se apodera de cosa mueble ajena empleando violencia ㅇ intimidación en las personas, debe ser castigado con la pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, sin perjuicio de la que corresponde de los actos de violencia que realice. Artículo 363. - AGRAVANTES ESPECIFICAS. Las penas de hurto o Robo se deben aumentar en un tercio (1/3) cuando concurra, entre otras, la circunstancia señalada en el numeral 9) se cometen los hechos empleando armas Y otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto. AL examinar el fallo sub-judice y de conformidad a las normas transcritas se extrae que la pena a imponer en el delito de ASESINATO es de VEINTE (20) A VEINTICINCO (25) ANOS y en cuanto al delito de ROBO es sancionado con una pena de cuatro (4) a ocho (8) años de prisión y al concurrir la agravante establecida en el artículo 363 numeral 9 del nuevo Código Penal, se aumenta en 1/3, La cual de conformidad a las reglas establecidas en el artículo 69 del nuevo Código Penal, resulta una pena mínima de OCHO 8 AÑOS A 10 AÑOS a MESES. Al aplicar lo establecido en el artículo 66 del nuevo código penal, se debe imponer todas las Penas correspondientes por las Infracciones cometidas por lo que queda una pena concreta de VEINTIOCHO (28) AÑOS A TREINTA Y CINCO AÑOS OCHO (8) MESES. En virtud de lo cual al realizar el análisis comparativo entre la pena impuesta en la presente causa y las penas aplicables conforme el nuevo Código Penal, se aprecia que esta última le resulta más favorable al hoy condenado, en ese sentido se estima que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. OPINION: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 58-60 vuelto del recurso de mérito).- FUNDAMENTOS DE DERECHO CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de Revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.- CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega, que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha establecido que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que: “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que: “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” .- CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro (2024), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del Abogado RICARDO ANTONIO PINEDA MEJIA, quien actúa en su condición de Defensor Público del señor CARLOS SALOMON RIVAS DUARTE, como revisionista; y, la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. El abogado Pineda Mejía, funda su petición en que se le apliquen a su representado la retroactividad de la Ley Penal vigente, Decreto Legislativo 130-2017, en relación a los artículos 96 y 186 de la Constitución de la República; 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, señalando que ratifica lo solicitado, ya que el señor CARLOS SALOMON RIVAS DUARTE, fue sentenciado por los delitos de Asesinato y Robo Agravado, a la pena de cuarenta años de reclusión, en base al Decreto 144-83 del Código Penal, y siendo que, conforme al Decreto 130-2017, las penas por estos delitos suman en total veintiocho años de prisión, solicita se aplique la retroactividad de la ley penal en favor de su representado. La agente fiscal del Ministerio Público expuso, en síntesis, que el revisionista solicita que se revea la sentencia definitiva, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor de la persona condenada, de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Código Penal vigente, el cual sanciona con una pena más benigna a los tipos penales en relación. Al hacer un estudio de la causa, se observa que la sentencia contra la que se solicita el recurso de Revisión, es la sentencia definitiva de fecha dos de agosto de dos mil diez, dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la cual se condenó al señor CARLOS SALOMON RIVAS DUARTE, por los delitos de Asesinato acompañado de Robo Agravado en perjuicio de MARIO DONALDO RUIZ MALDONADO, a la pena de 40 años de reclusión, por considerarlo responsable del delito de Asesinato acompañado, del delito de Robo Agravado, conforme el último párrafo del artículo 117 párrafo final, del Código penal, Decreto 144-83, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil y se declara la responsabilidad civil del condenado. Al hacer un análisis comparativo de ambas leyes penales, se establece que el Código Penal derogado sancionaba el delito de Asesinato en su artículo 117, con una pena de 20 a 30 años de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria o se acompañase de robo o violación, la pena será de 30 años a privación de por vida de la libertad. Para el cual se impuso una pena de 40 años de reclusión. De los hechos descritos, el revisionista solicita la aplicación del artículo 193, que establece: Quien da muerte a una persona concurriendo alevosía o ensañamiento, debe ser castigado con la pena de prisión de 20 a 25 años. Al aplicar lo establecido en el artículo 66 del nuevo código penal, se debe imponer todas las penas correspondientes por las infracciones cometidas, en este caso, El Código Penal vigente, establece el delito de Robo con Violencia e Intimidación, en el artículo 361, con una pena de 4 a 8 años, sin perjuicio de los actos con violencia que realice y en atención al artículo 363 numeral 9, el delito se cometió empleando armas u otros medios o instrumentos igualmente peligrosos que llevare el sujeto, incrementando la pena en 1/3 por ser agravado, quedando una nueva pena de 8 a 10 años ocho meses. Al revisar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la ley mas favorable contenidos en el artículo 616 del Código Penal, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal resultan mas favorables para el sentenciado, quedando una pena concreta por ambas infracciones cometidas de veintiocho (28) años a treinta y cinco (35) años ocho meses de prisión. Por lo que, es procedente aplicar el principio de retroactividad de la Ley Penal, preceptuado en el artículo 96 párrafo tercero de la Constitución de la República, en cuanto dispone: La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado, mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por esa razón, esta representante del Ministerio Público es de la opinión que SE OTORGUE la presente acción de revisión penal.- CONSIDERANDO CUATRO (4): El sistema jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas, las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho, cuando al señalar las fuentes formales de éste, agrega a las leyes un orden aplicable. Asimismo, es importante señalar, que la Revisión de sentencias en materia penal, es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización, en el caso de esta garantía, se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual, en materia de Revisión Penal, se debe hacer una integración entre la Constitución de la República, la Ley Sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón, se procede a aplicar el artículo 186 del Constitución de la República. Artículo 95 y 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. Y lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020) en el artículo 1, párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código, se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código, los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido, no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás.- CONSIDERANDO CINCO (5): Que el texto del artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior.- CONSIDERANDO SEIS (6): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir, la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente, deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello, como se ha señalado, implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes..." Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable.- CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así, que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo” -Lo negrito y subrayado es nuestro-. CONSIDERANDO OCHO (8): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el Principio de Retroactividad, ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable, tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar, que el Principio de Retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”.- CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad, exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo, en la Constitución Política de Honduras, en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario, transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente, la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley.- CONSIDERANDO DIEZ (10): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el tribunal debe hacer dos borradores de sentencia –uno sobre la base de cada ley- a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado”. Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas.- CONSIDERANDO ONCE (11): Por lo que, esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017, de fecha 18 de enero de 2018, publicado en el Diario Oficial La Gaceta N.º 34,940, de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la República, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.- CONSIDERANDO DOCE (12): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala, a continuación, hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I. Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de Revisión Penal, esta Sala aprecia, que efectivamente el señor CARLOS SALOMON RIVAS DUARTE, fue condenado por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, mediante la sentencia definitiva y firme, de fecha dos de agosto de dos mil diez, a la pena de cuarenta (40) años de reclusión, por el delito de Asesinato acompañado de Robo Agravado, en perjuicio de MARIO DONALDO RUIZ MALDONADO; y como penas accesorias inhabilitación absoluta, interdicción civil y a trabajo obligatorio dentro de la Penitenciaria Nacional, donde cumplirá las penas impuestas, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 117, último párrafo del Código Penal decreto 144-1983, estimando que el condenado cometió los delitos de Asesinato seguido de Robo Agravado. II. En relación al delito de Asesinato, el Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de Asesinato, enmarcado en el artículo 117 establece la pena de veinte (20) a treinta (30) años de reclusión y cuando se cometiese mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria, o se acompañase de robo o violación, la pena será de treinta (30) años a privación de por vida de la libertad; y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 193 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años y si concurriere la circunstancia de precio, recompensa o promesa remuneratoria, la pena de prisión debe ser de veinticinco (25) a treinta (30) años; pena que es menos gravosa para el condenado. El Código Penal Decreto 144-1983, derogado, conforme las disposiciones del tipo penal de robo agravado, enmarcado en los artículos 218 y 219 del Código Penal decreto 144-1983, establece una pena abstracta de diez (10) a quince (15) años de reclusión aumentada en 1/3 por la concurrencia de las causales 1 y 2 del referido artículo 219; y el Código Penal vigente Decreto 130-2017, en su artículo 361 establece para la misma conducta delictiva la pena abstracta, pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. Agravándose dicha pena si concurren agravantes específicas, pudiendo llegar la pena de ocho (8) hasta diez (10) años ocho meses de prisión; Ponderando el quantum de la pena, es palmario que, en el marco de penas abstractas, tomando en cuenta la concurrencia de la causal 9 contemplada en el artículo 363 del nuevo Código Penal, corresponde aplicar la pena de ocho (8) años tres (3) meses de prisión por delito de Robo con violencia e intimidación Agravado. III. El sentenciado, al tenor de los artículos 193, y 361 antes referidos, del nuevo Código Penal cometió los delitos de Asesinato y Robo Agravado, puesto que participó en calidad de autor responsable en los delitos antes referidos. Dicho precepto legal encuadra con los hechos probados y fundamentación jurídica plasmada en la sentencia revisada. IV. En vista de las circunstancias de los hechos y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada. Asimismo, en relación al delito de Asesinato concurren las agravantes del artículo 32 numerales 1) De alevosía, 2) Ejecutar el hecho mediante abuso de superioridad, en este caso, eran varios los malhechores, 4) Ejecutar el hecho mediante disfraz, ya que andaban indumentaria militar; asimismo, concurren las circunstancias de tiempo y lugar para facilitar su ejecución o la impunidad del delincuente; Debiéndose aplicar el límite máximo conforme el artículo 70 numeral 1 inciso e) de la norma penal en comento por este delito; y la pena mínima por delito de Robo con Violencia e Intimidación. Vl. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del nuevo Código Penal, procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo cómputo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la garantía constitucional de Revisión Penal interpuesta por abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor CARLOS SALOMON RIVAS DUARTE. II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por el Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar las penas impuestas al señor CARLOS SALOMON RIVAS DUARTE, por el delito Asesinato acompañado de Robo Agravado, en perjuicio MARIO DONALDO RUIZ MALDONADO; y como penas accesorias, la inhabilitación absoluta, interdicción civil y trabajo obligatorio dentro de la Penitenciaria Nacional donde cumplirá las penas impuestas; la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor CARLOS SALOMON RIVAS DUARTE, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, por el delito ASESINATO en perjuicio de en perjuicio de MARIO DONALDO RUIZ MALDONADO, a la pena de VEINTICINCO (25) AÑOS DE PRISION. SEGUNDO: CONDENANDO al señor CARLOS SALOMON RIVAS DUARTE, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, por el delito ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACION AGRAVADO, en perjuicio de MARIO DONALDO RUIZ MALDONADO, a la pena de OCHO (8) AÑOS tres (3) MESES DE PRISION. Mas las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil durante el tiempo de la condena y trabajo obligatorio dentro de la Penitenciaria Nacional de Comayagua donde cumplirá las penas impuestas. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y ORDENA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado vallecillo Paredes. - NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. -. WAGNER VALLECILLO PAREDES.- FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a veintidós días del mes de abril del año dos mil veintiséis, certificación de Fallo de fecha veinte de febrero del año dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-0765-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL