Sentencia RP-565-23 — Registro 20362
Resumen
Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria con relación a la causa que se por el delito de lavado de activos en perjuicio de la economía del estado de Honduras. (Exp. No. 92-2013-TEG-JN). Se declaro con lugar el recurso de revisión.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “V. En el examen de los hechos concretos y declarados probados en la Sentencia, estampados en el expediente de Revisión Penal, estos no encuadran en el Decreto Legislativo No 93-2021, puesto que en ellos no se establece que por sí o por interpósita persona, la persona haya adquirido, convertido, invertido, posea, utilizado, transformado, resguardado, administrado, custodiado, transportado, transferido, conservado, trasladado, ocultado, o dado apariencia de legalidad o impedido la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero. En tales hechos supra mencionados después de las investigaciones realizadas se establece:” Que el señor WENVIN SU, al ser requerido por las autoridades competentes, al momento de practicarse el registro a su persona quien se encontraba en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales, no pudo justificar la posesión del dinero. Los cuales no tenían causa de justificación legal.” De lo anterior No se describe que los activos sean productos directos o indirectos o provengan de las diferentes acciones que describe el tipo penal. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal. Y siendo que los hechos estatuidos en la sentencia no encuadran en el tipo penal vigente convierten a dicho hecho en atípico. Esto propicia la producción de una sentencia donde no se ejecute la pena anteriormente impuesta ya que los hechos concretos y probados no tienen relevancia jurídico penal en ley Sustantiva Vigente. VI. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión en favor del señor WENBIN SU, por cuanto la pena impuesta por el delito de Lavado de Activos esta no se debe ejecutar en vista de la conducta no tiene relevancia jurídico-penal, en el Código Penal decreto 130-2017 reformado mediante decreto 93-2021. VII. Que, como consecuencia de la procedencia de la acción de revisión penal, el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que: “La Sentencia que dicte la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenará, según el caso: 1)La libertad del condenado …; 2) …; 3) El cese de la inhabilitación y de las penas accesorias, con devolución de los efectos del comiso, si ello fuere posible, y la cesación de las medidas de seguridad…”. Y siendo que, de los antecedentes del caso, específicamente en el (folio 47 del expediente de revisión), se comprueba que en la Parte Dispositiva de la Sentencia que se revisa, se declara el COMISO del dinero objeto del delito, que le fueron decomisados al encausado WENBIN SU, claramente descritos en la sentencia. Por lo que, en aplicación de lo que establece el artículo 101 numerales 1 Y 3 anteriormente citado; Debe Ordenarse la Libertad del Condenado; Asimismo la Devolución de los efectos del Comiso; Y de igual manera debe Declararse el cese de la Inhabilitación Especial e Interdicción Civil a la que fue condenado como pena accesoria. CONSIDERANDO CATORCE (14): Esta Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo.”
Legislación citada
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 320 (Rango Constitucional)
- Código Penal, art. 614 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de febrero del dos mil veintiséis. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Abogado MARVIN ENRIQUE LAINEZ MATUTE a favor del Señor WENBIN SU contra la sentencia condenatoria dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veinte de abril de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor WENBIN SU por el delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS. (Exp. No. 92-2013-TEG-JN). ANTECEDENTES 1).- Que en fecha tres (03) de mayo del dos mil diecisiete (2017), EL JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL CON JURISDICCION NACIONAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL a través del agente del ministerio público el abogado LUIS ALBERTO IRIAS presentando requerimiento fiscal contra de WENBIN SU con número de pasaporte E22420138 por suponerlo responsable del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE HONDURAS. 2).- Que en fecha veinte (20)de abril del año dos mil dieciocho (2018), el JUSGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al imputado WENBIN SU, por haber cometido el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en perjuicio de LA ECONOMIA DEL ESTADO DE HONDURAS, quedando la pena concreta de ONCE (11) AÑOS TRES(3) MESES DE RECLUSIÓN, pena que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de Tamara, Francisco Morazán, sujeto a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario.- SEGUNDO: CONDENAR al señor WENBIN SU, a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. TERCERO: Se declara el comiso del dinero objeto del delito, así la responsabilidad civil del imputado WENBIN SU. - CUARTO: No procede la condena en costas personales ni procesales. - Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales y una vez firme envíese copia de la misma a la unidad de Antecedentes Penales, debiéndose remitir la causa al juzgado de Ejecución para los efectos legales correspondientes. (Folios 308-311 del recurso de mérito). 3).- En fecha cinco (05) de junio del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante AIDA PATRICIA MARTINEZ con la comparecencia de la abogada SAGRARIO ROSIBEL GUTIERREZ MALDONADO, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado MARVIN ENRIQUE LAINEZ MATUTE actuando en su condición de Apoderada Legal del señor WENBIN SU; APRECIACION JURÍDICA: Que la causal de revisión invocada por el revisionista en relación al delito de LAVADO DE ACTIVOS, invocando la causal que se encuentra contenida en el numeral 8) del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional que dispone: Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado en cualquiera de los casos siguientes, cuando: 1) ...., 2) "....3) .... 4) .... 5) ....(6) m. 7) -., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna; así como el principio constitucional contenido en el artículo 96 de la Constitución de la República, con motivo de la aprobación del Decreto 93-2021, en cuanto reforma el artículo 439 del Código Penal que contiene el delito de Lavado de Activos, la cual favorece a su representado al derogarse la tipicidad y antijuridicidad en relación a: 1) Cuando el valor de los activos objeto de lavado no sea superior a Dos Millones de Lempiras (I.2.000,000), se deben imponer las penas de prisión de cinco (5) a ocho (8) años y multa igual al cincuenta por ciento (50%) de dicho valor", por lo que su representado ya cumplió más del tiempo de duración de la nueva pena mínima y que es la que se pide que se aplique al caso concreto. Del examen de los antecedentes, se aprecia que el Tribunal de Sentencia Con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, condenó al acusado en mención por el delito de Lavado de Activos, a la pena antes descrita, respecto a lo cual el recurrente aduce que su representado debe ser beneficiado con la reforma del artículo 439 del Código Penal, por lo que se desprende de los hechos admitidos por las partes procesales, que el acusado en el momento de su detención, le fue encontrado en su poder la cantidad de dinero en efectivo de $ 62,540.00 Dólares Americanos, sin tener causa legal de su procedencia, por lo cual fue condenado el acusado mediante sentencia de Procedimiento abreviado. Al examinar el fallo sub-judice se aprecia que el señor WENBIN SU, en efecto fue condenado por el delito de lavado de activos a una pena de a la pena concreta de ONCE (11) AÑOS, TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN y si bien es cierto, la reforma al artículo 439 del Código Penal vigente, realizada a través del Decreto 93-2021 publicado en el Diario Oficial La Gaceta NO. 35,760, derogó lo atinente "O que no tenga causa o justificación económica o licita de su procedencia." No menos cierto es, que la reforma contraviene disposiciones de carácter convencional al suprimir que no se tengan causa o, justificación económica o lícita de la procedencia del bien, lo que violenta el numeral 7) del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados Partes a considerar la posibilidad de exigir al gel delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que a que lo sea conforme con 1os principios fundamentales de su derecho Interno. Asimismo, la Convención de Palermo expone en que el artículo 12 numeral 7): "Los Estados Partes podrán considerar la posibilidad de exigir a un delincuente que demuestre el origen ilícito del presunto producto del delito o de otros bienes expuestos al decomiso en la medida que ello jea conforme con los principios de su derecho interno y con Índole del proceso Judicial u otras actuaciones conexas". de ahí que al ser el Estado de Honduras, parte de Tratados internacionales en materia de narcotráfico y criminalidad organizada, estos constituyen obligatoriedad de cumpliendo conforme al principio fundamental que los tratados deben ser cumplidos (PACTA SUNT SERVANDA), contemplado en el artículo 26 de la convención de Viena de 1969, que establece: "Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe", mismo que lo encontramos consagrado en el preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas, en el párrafo 2 del artículo 2 que dice: "Sus miembros cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos". En razón a ello, el Ministerio Público solicita a esta Honorable Sala de lo Constitucional aplique el respectivo Control de Convencionalidad y decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el Decreto 93-2021, que dicho sea de paso fue derogado por el Decreto 43-2023, por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte, tal como lo ha señalado este Alto Tribunal, al declarar con lugar por mayoría simple, el recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público, concluyendo que el artículo 439 del código penal fue reformado mediante un proceso legislativo viciado, en el que el honorable Congreso Nacional omitió el Control Constitucional, Previo que impone el artículo 219 de la Constitución de la Republica, determinando la Inconstitucionalidad por razón de forma del artículo 439 del Código Penal es de recibo, en virtud de lo cual su contenido debe retrotraerse a su texto original tal como aparece en el decreto 130-2017, publicado en la gaceta, diario oficial de La republica de Honduras el 10 de mayo de Asimismo la Sala afirma de manera categórica que la redacción del artículo 439 del Código penal, reformado mediante el artículo 4 del decreto 93-2021, no se encuentra dispuesta de conformidad con las obligaciones contraídas por el Estado de Honduras con la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada transnacional o Convención de Palermo y asimismo contraviene de manera directa a las obligaciones contenidas en la Convención de Mérida, como si lo estaba anteriormente en su forma original, asea como se dispone en el decreto Legislativo 130-2017 (Código Penal), es por ello que el primer motivo de inconstitucionalidad por razón de contenido es de recibo, De ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal. III. OPINIÓN: El Ministerio Público, con base a lo antes expuesto, es del parecer QUE NO SE OTORGUE la solicitud presentada conforme los argumentos que anteceden. (Folios 30-32 vuelto del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de Revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía, que se declare sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Recursista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral seis del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor de la condenada cuando el hecho cometido no es punible. Aduciendo que el decreto 93-2021 despenaliza la conducta por la cual fue declarada culpable su patrocinada. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia Oposición y Presentación de Pruebas. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró en fecha cinco (05) de junio del año dos mil veinticuatro (2024), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de el Abogado MARVIN ENRIQUE LAINEZ MATUTE, en su condición de apoderado legal del señor WENBIN SU, quien manifestó lo siguiente: ”Ratifico en cada una de sus partes la solicitud de revisión de sentencia definitiva con base al principio de retroactividad que señala aplicar la ley más favorable a la persona condenada por un delito una vez constatadas las reformas del Código Penal Decreto 130-2017 mediante Decreto 93-2021, su señoría ese recurso de revisión se ha presentado en aplicación a lo que establece la norma constitucional artículo 96, asimismo se contempla la retroactividad artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional en su numeral ocho establece que podrán ser revisadas las sentencias firmes cuando la nueva ley sea más favorable, su señoría el señor WANBIN SU fue condenado mediante procedimiento abreviado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS a una pena concreta de ONCE (11) AÑOS, TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN, pues de catalogarse este delito en el artículo 439 en el nuevo Código Penal, en su momento antes de la reforma este tenía una pena que se enmarcaba en el primer párrafo que venía a considerarse más benigna para mi representado, en donde efectivamente se tiene una pena de 5 a 8 años de reclusión, más la multa correspondiente del 50% de lo defraudado al Estado de Honduras, en ese sentido también hay que hacer mención que la no justificación estaba dentro de este contenido en este artículo y que en el momento de sancionada pues la Ley Penal vigente se aplicó este recurso de revisión dado también, de que mi representado ya ha cumplido más de seis (6) años de privación de la libertad por haber sido condenado y aparte de eso que no se tomó en consideración, pues e que también la no justificación en su momento, pues debía de aplicarse a este delito por esta razón considera esta defensa que este recurso de revisión debe de ser declarado ha lugar, en vista que mi representado ha cumplido más de cinco (5) años de reclusión efectiva hasta el momento que se hace esta audiencia. Por su parte el MINISTERIO PUBLICO, en esta audiencia se pronuncia estableciendo, que del examen de los antecedentes se determina que el señor Wenbin Su, fue condenado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS a una pena concreta de ONCE (11) AÑOS, TRES (3) MESES DE RECLUSIÓN, si bien es cierto, la reforma al artículo 439 del Código Penal vigente, realizada a través del Decreto 093-2021 derogo lo atinente “O que no tenga causa o justificación económica o licita de su procedencia”, no menos cierto es, que la reforma contraviene disposiciones de carácter convencional al suprimir que no tenga causa o justificación económica o licita de su procedencia del bien, lo que violenta el numeral 7) del artículo 5 de la Convención de Viena que exhorta a los Estados Partes a considerar la posibilidad de exigir al delincuente demuestre el origen ilícito del supuesto producto del delito u otros bienes de su propiedad, en la medida que ello sea conforme con los principios fundamentales de su derecho interno, así como en relación con el artículo 12 numeral 7) de la Convención de Palermo. De ahí que al ser el Estado de Honduras parte de tratados internacionales en materia de narcotráfico y criminalidad organizada, estos constituyen obligatoriedad de cumplimiento conforme al principio fundamental que los tratados deben ser cumplidos (PACTA SUNT SERVANDA), contemplado en el artículo 26 de la convención de Viena de 1969, en razón de ello el Ministerio Público solicita a esta Honorable Sala de lo Constitucional aplique el respectivo control de convencionalidad y decrete la inaplicabilidad al caso concreto de la reforma contenida en el Decreto 092-2021, que dicho sea de paso fue derogado por el Decreto 43-2023, por contravenir tratados internacionales de los que Honduras forma parte, tal como lo ha señalado este alto tribunal, al declarar con lugar por mayoría simple el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Ministerio Público, concluyendo que el artículo 439 del código penal fue reformado mediante un proceso legislativo viciado, en el que el Congreso Nacional omitió el control Constitucional previo, que impone el artículo 219 Constitucional, determinando que la inconstitucionalidad por razón de forma del artículo 439 del Código Penal es de recibido, en virtud de lo cual su contenido debe de retrotraerse a su texto original tal como aparece en el Decreto 130-2017. Asimismo la Sala afirma de manera categórica que la redacción del artículo 439 del Código Penal, reformado mediante artículo 4 del Decreto 093-2021, no se encuentra dispuesta de conformidad con las obligaciones contraídas por el Estado de Honduras con la ratificación de la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional o Convención de Palermo y asimismo contraviene de manera directa a las obligaciones contenidas en la Convención de Mérida, como lo estaba anteriormente en su forma original, o sea como se dispone en el Decreto Legislativo 130-2017 (Código Penal), es por ello que el primer motivo de Inconstitucionalidad por razón de contenido es de recibido, de ahí que se estime que lo peticionado por el revisionista no se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 Constitucional y 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley Penal, siendo la OPINION de este Ministerio Público que NO SE OTORGUE la solicitud presentada conforme los argumentos que anteceden. CONSIDERANDO CINCO (5): El Sistema Jurídico de Honduras está conformado por diferentes normas las cuales pueden ser interpretadas e integradas. El legislador hondureño atiende las exigencias de la integración del Derecho cuando al señalar las fuentes formales de éste agrega a las leyes un orden aplicable. La revisión de sentencias en materia penal es un derecho constitucional de configuración legal, es decir, se necesita una norma legal (norma de nivel secundario), para alcanzar plena concreción y ser susceptible de judicialización. En el caso de esta garantía se acude a diferentes normas para su correcto desarrollo, por lo cual en materia de Revisión Penal se debe hacer una integración entre la Constitución de la Republica, la Ley sobre Justicia Constitucional y el Código Penal. Por esta razón se procede a aplicar lo establecido en el Decreto Legislativo No. 130-2017 vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020), que contiene el Código Penal Vigente, así como las reformas al mismo contenido en el Decreto No.93-2021 de fecha 7 de octubre de 2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 1 de noviembre de 2021. En su Artículo 1 párrafo cuarto establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. El Artículo 615 del mismo cuerpo legal dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 dice: Criterios para determinar la ley penal más favorable. “Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. “La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal”. El artículo 617 se refiere a las penas conjuntas: Tratándose de penas conjuntas impuestas por unos mismos hechos, no cabe la revisión de una de ellas dejando subsistentes las demás. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro- CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido”. CONSIDERANDO DIEZ (10): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullun crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establecen que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario transgredirían el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO ONCE (11): La aplicación de una nueva ley penal puede traer conflictos en cuanto a determinar qué ley es más benigna o encuadrar los hechos probados establecidos en la sentencia con la nueva ley. Para determinar la favorabilidad de la nueva norma penal que entró en vigencia, en comparación con la legislación aplicada al momento de la comisión del delito, la doctrina sugiere la siguiente formulación: “En la mayor parte de los casos, para resolver el problema bastará con que el juez decida teniendo en cuenta la totalidad de los factores que intervienen en el caso concreto y son relevantes para la determinación de la pena en conformidad a cada una de las leyes en conflicto. En la práctica, esto significa que el Tribunal debe hacer dos borradores de sentencia – uno sobre la base de cada ley -, a fin de establecer cuál de ellas conduce a un resultado más favorable para el procesado” Esto permite al Tribunal realizar una ponderación con identidad de circunstancias además aplicar las distintas normas penales en igualdad de condiciones en cuanto juzgamiento y determinación de penas, y sobre todo sin trastocar los hechos probados y sin invadir los fundamentos jurídicos esbozados por el juzgador primario. CONSIDERANDO DOCE (12): FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de Revisión Penal. I- Que del estudio de la sentencia y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente el señor WENBIN SU fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante la Sentencia Definitiva y Firme de fecha veinte (20) de abril de dos mil dieciocho (2018) a la pena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSION, como pena principal, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTEDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el Órgano Jurisdiccional Competente aplicó lo dispuesto en el ARTÍCULO 439 NUMERAL 3 DEL CÓDIGO PENAL DECRETO 130-2017, estimando que el sentenciado cometió el delito de Lavado de Activos. III- Esta Sala hace el respectivo examen del caso sub judice para estimar si se subsume en la causal número seis, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, verificando la procedencia de aplicar dicho articulado; en virtud del brocardo latino: Da mihi facta dabo tibi ius (Dame los hechos, yo te daré el derecho), el cual se deriva del que dice: Iura novit curiae, el juzgador conoce el derecho. CONSIDERANDO TRECE (13): I. En la Revisión Penal esta Sala de lo Constitucional procede a realizar una revisión del hecho concreto sometido a enjuiciamiento tal como lo establece el artículo 96.6 de la Ley sobre Justicia Constitucional. Para tal cometido de la Revisión en materia penal por aplicación del numeral 6 del artículo antes mencionado, específicamente que el hecho cometido, no es punible, o se ha despenalizado, se debe tomar en consideración los hechos probados y si estos no encuadran con ningún tipo penal, se razona que el hecho no es castigado por la ley penal. II. El eje central de esta garantía de Revisión Penal gira bajo su característica de ser un Recurso excepcional, no traspasando la línea de lo que le corresponde a un recurso ordinario o extraordinario de instancia. Es así como el ejercicio jurídico que hace esta Sala, para la determinación de benignidad de una nueva Ley Penal no es someter a un nuevo juicio el proceso ya evacuado, detectar vicios o nulidades procesales, valorar medios de prueba, pronunciarse sobre el ejercicio interpretativo realizado por los juzgadores, tampoco dar alcance o interpretaciones sobre los tipos penales u el desarrollo de los elementos de la teoría del delito. La Sala se limita a encuadrar los hechos probados con la nueva norma penal y si esos hechos se encuentran despenalizados en el Nuevo Código Penal. III. Que en la parte resolutiva de la Sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión Penal, se impuso al señor WENBIN SU mediante procedimiento abreviado la pena de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES DE RECLUSION, como pena principal, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, más la pena accesoria de INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCION CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como autor del delito de LAVADO DE ACTIVOS en perjuicio de LA SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE HONDURAS. IV. Que en el caso sub examine, el peticionario, abogado MARVIN ENRIQUE LAINEZ MATUTE, compareció ante este Alto Tribunal en fecha ocho (8) de mayo del año dos mil veintitrés (2023), presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria, por considerar que los hechos ejecutados por su representado no se encuentran enmarcados dentro del Decreto Legislativo No. 93-2021 que contiene reformas al nuevo Código Penal Decreto 130-2017. En consideración a que su patrocinado, el señor WENBIN SU fue condenado por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, contenido en el artículo 439 del Decreto legislativo 130-2017, artículo este que fue derogado por la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que provee disposiciones que reforman el artículo antes citado y hace modificaciones a la descripción del tipo penal para el delito de Lavado de Activos: ARTÍCULO 439. LAVADO DE ACTIVOS. Incurre en lavado de activos quien por sí o por interpósita persona, adquiera, convierta, invierta, posea, utilice, transforme, resguarde, administre, custodie, transporte, transfiera, conserve, traslade, oculte, dé apariencia de legalidad o impida la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero”. V. En el examen de los hechos concretos y declarados probados en la Sentencia, estampados en el expediente de Revisión Penal, estos no encuadran en el Decreto Legislativo No 93-2021, puesto que en ellos no se establece que por sí o por interpósita persona, la persona haya adquirido, convertido, invertido, posea, utilizado, transformado, resguardado, administrado, custodiado, transportado, transferido, conservado, trasladado, ocultado, o dado apariencia de legalidad o impedido la determinación del origen o la verdadera naturaleza, así como la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos productos directos o indirectos de los delitos de tráfico ilícito de drogas, trata de personas, tráfico ilegal de personas o armas de fuego, falsificación de moneda, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a instituciones financieras, estafas o fraudes financieros, secuestro, chantaje, extorsión, financiamiento del terrorismo, terrorismo, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, delitos contra la propiedad intelectual e industrial, el patrimonio cultural, explotación sexual y pornografía infantil, urbanísticos y contrabando, cometidos por él o por un tercero. En tales hechos supra mencionados después de las investigaciones realizadas se establece:” Que el señor WENVIN SU, al ser requerido por las autoridades competentes, al momento de practicarse el registro a su persona quien se encontraba en el Aeropuerto Ramón Villeda Morales, no pudo justificar la posesión del dinero. Los cuales no tenían causa de justificación legal.” De lo anterior No se describe que los activos sean productos directos o indirectos o provengan de las diferentes acciones que describe el tipo penal. Es decir, la conducta descrita en los hechos probados no encaja en la descripción de la nueva norma penal. Y siendo que los hechos estatuidos en la sentencia no encuadran en el tipo penal vigente convierten a dicho hecho en atípico. Esto propicia la producción de una sentencia donde no se ejecute la pena anteriormente impuesta ya que los hechos concretos y probados no tienen relevancia jurídico penal en ley Sustantiva Vigente. VI. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la norma sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para Otorgar la presente Garantía Constitucional de Revisión en favor del señor WENBIN SU, por cuanto la pena impuesta por el delito de Lavado de Activos esta no se debe ejecutar en vista de la conducta no tiene relevancia jurídico-penal, en el Código Penal decreto 130-2017 reformado mediante decreto 93-2021. VII. Que, como consecuencia de la procedencia de la acción de revisión penal, el artículo 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, establece que: “La Sentencia que dicte la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenará, según el caso: 1)La libertad del condenado …; 2) …; 3) El cese de la inhabilitación y de las penas accesorias, con devolución de los efectos del comiso, si ello fuere posible, y la cesación de las medidas de seguridad…”. Y siendo que, de los antecedentes del caso, específicamente en el (folio 47 del expediente de revisión), se comprueba que en la Parte Dispositiva de la Sentencia que se revisa, se declara el COMISO del dinero objeto del delito, que le fueron decomisados al encausado WENBIN SU, claramente descritos en la sentencia. Por lo que, en aplicación de lo que establece el artículo 101 numerales 1 Y 3 anteriormente citado; Debe Ordenarse la Libertad del Condenado; Asimismo la Devolución de los efectos del Comiso; Y de igual manera debe Declararse el cese de la Inhabilitación Especial e Interdicción Civil a la que fue condenado como pena accesoria. CONSIDERANDO CATORCE (14): Esta Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, ante lo establecido en el artículo 614 del Código Penal, Decreto 130-2017 de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta Nº 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica, por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la República en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 6), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Decreto Legislativo No. 93-2021 que contiene reformas al nuevo Código Penal Decreto 130-2017, Articulo 439 del Delito de Lavado de Activos. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado MARVIN ENRIQUE LAINEZ MATUTE a favor del señor WENBIN SU. II) SE REFORMA la Sentencia Definitiva y Firme dictada por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, de fecha veinte (20) de abril del año dos mil dieciocho (2018). III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor WENBIN SU, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: Dejando sin valor ni efecto la pena (Reclusión) impuesta al señor WENBIN SU, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, por el delito de LAVADO DE ACTIVOS, en vista de la conducta no tiene relevancia jurídico-penal, en el Código Penal Decreto 130-2017, reformado mediante Decreto 93-2021. SEGUNDO: Se ordena al Juzgado de Ejecución de Tegucigalpa, Francisco Morazán extienda Carta de Libertad Definitiva y Nota de Excarcelación a favor del señor WENBIN SU. Sin perjuicio que el imputado tenga otros procesos pendientes. TERCERO: Se Ordena la Devolución de los efectos del Comiso, si ello fuere posible, descritos en la parte dispositiva de la sentencia a folio 47 del expediente de revisión. CUARTO: Declararse el Cese de la Inhabilitación Especial e Interdicción Civil a la que fue condenado como pena accesoria el señor WENBIN SU. QUINTO: Ratificando la Sentencia Revisada en sus demás partes y contenidos. Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. REDACTO LA MAGISTRADA BUSTILLO. “Notifíquese y cumplase. “FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días de abril del dos mil veintiséis, certificación del Fallo de fecha veinte de febrero del dos mil veintiséis recaído en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0565-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL