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Sentencia RP-558-23 — Registro 20583

Resumen

Revisión de sentencia condenatoria en aplicabilidad del principio de retroactividad de la Ley en materia penal por el delito de extorsión,la Sala Constitucional concluye que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al Código Penal vigente, y en lo que respecta a la pena de multa la misma resulta más gravosa respecto de la que le fue impuesta en la sentencia que se pretende reveer, Por lo que no es procedente aplicar el Principio Retroactividad de la Ley Penal.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. I-En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a CRISTHIAN ADOLFO CRESPO SOZA Y PAULINO ALFREDO ANTÚNEZ DOMÍNGUEZ, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y una multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, equivalente a (lps.445,535.50) por ser autores penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido RL06-2018; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. II-La conducta por la cual fueron condenados CRISTHIAN ADOLFO CRESPO SOSA Y PAULINO ALFREDO ANTÚNEZ DOMÍNGUEZ , está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, en su nivel más alto, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por ende, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Pena."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Sentencia de revisión penal. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de enero del año dos mil veintiséis (2026), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el Magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos pronuncia: En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el recurso de revisión penal SCO-0558-2023, promovido por el Abogado Ramón Matamoros, en favor de los señores CRISTHIAN ADOLFO CRESPO SOZA Y PAULINO ALFREDO ANTUNEZ DOMINGUEZ, contra la sentencia de fecha siete(7) de octubre de dos mil diecinueve (2019), dictada por Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, mediante la cual falló: 1. CONDENAR a los señores CHRISTIAN ADOLFO CRESPO SOZA Y PAULINO ALFREDO ANTUNEZ DOMINGUEZ, de generales ya conocidas por el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO RL06-2018 a una PENA DE ONCE (11) AÑOS (3) TRES MESES DE RECLUSIÓN y una multa de cincuenta salarios mínimos, lo que equivale a 445,535.50 como penas principales más las penas accesorias que corresponden según lo que señala la Ley, debiendo cumplir dicha pena en el centro penal de La Ceiba, Atlántida misma que se aplicará con descuento del tiempo que haya permanecido en efectiva prisión, debiendo los condenados a trabajar por ese tiempo en obras públicas, o en labores dentro del establecimiento penal de acuerdo con la ley que regula el Sistema Penitenciario. - 2.- CONDENAR a los señores CHRISTIAN ADOLFO CRESPO SOZA Y PAULINO ALFREDO ANTUNEZ DOMINGUEZ de generales conocidas a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena. Son partes: 1) El Abogado Ramón Matamoros y la abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA en su condición de defensores públicos, de los condenados CRISTHIAN ADOLFO CRESPO SOZA Y PAULINO ALFREDO ANTUNEZ DOMINGUEZ, como revisionistas. 2) La Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, fiscal del Ministerio Público. A N T E C E D E N T E S 1) Del Inicio del proceso: Que en fecha veintiséis (26) de enero del dos mil dieciocho (2018) La Agente de Tribunales del Ministerio Público, la abogada LIANA LOURDES SOTO compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, presentando REQUERIMIENTO FISCAL, en contra de los señores CHRISTIAN ADOLFO CRESPO SOZA y PAULINO ALFREDO ANTUNEZ DOMINGUEZ por el delito de EXTORSION CONTINUADA en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "RL06-2018" Habiéndose recalificado dicha acción en el trámite del proceso por el delito de Extorsión Simple al haber los imputados aceptado los hechos y su comisión en aplicación de un procedimiento abreviado. (Folios 1-3 del recurso de mérito) 2) De la sentencia Condenatoria: El JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCION JUDICIAL DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, dictó sentencia en procedimiento abreviado mediante la cual FALLA: CONDENAR a los señores CHRISTIAN ADOLFO CRESPO SOZA Y PAULINO ALFREDO ANTUNEZ DOMINGUEZ, de generales ya conocidas por el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO RL06-2018 a una PENA DE ONCE (11) AÑOS (3) TRES MESES DE RECLUSIÓN y una multa de cincuenta salarios mínimos, lo que equivale a 445,535.50 como penas principales más las penas accesorias que corresponden según lo que señala la Ley, debiendo cumplir dicha pena en el centro penal de La Ceiba. Atlántida misma que se aplicara con descuento del tiempo que haya permanecido en efectiva prisión debiendo los condenados a trabajar por ese tiempo en obras públicas, o en labores dentro del establecimiento penal de acuerdo con la ley que regula el Sistema Penitenciario. - 2.- CONDENAR a los señores CHRISTIAN ADOLFO CRESPO SOZA Y PAULINO ALFREDO ANTUNEZ DOMINGUEZ de generales conocidas a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL, por el tiempo que dure la condena. (Folios 118-121 del recurso de mérito) 3) De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional. El recurrente Abogado RAMON MATAMOROS, compareció ante este Tribunal en fecha cinco (5) de mayo del dos mil veintitrés(2023), presentando recurso de revisión penal a favor CHRISTIAN ADOLFO CRESPO SOZA Y PAULINO ALFREDO ANTUNEZ DOMINGUEZ contra la sentencia condenatoria en fecha siete (7) de octubre del dos mil diecinueve (2019), dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba departamento de Atlántida; mismo que fue admitido por esta Sala de lo Constitucional mediante el auto de fecha quince de mayo del año dos mil veintitrés (2023), ordenándose, en consecuencia, la celebración de la audiencia respectiva. 4.-De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. Que en fecha nueve (9) de mayo del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante FELIPE RENE SPEER LAINEZ con la comparecencia de la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada GIOVANEZZA DUBOIS ZAVALA actuando en su condición de Apoderada Legal de los señores CRISTHIAN ADOLFO CRESPO SOZA Y PAULINO ALFREDO ANTÚNEZ DOMÍNGUEZ. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en virtud que sus representados fueron condenados por delito de Extorsión Simple, por ende solicita la aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de sus representados, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), previo a las reformas del decreto 93-2021 .- La representante del Ministerio Público, concluyó que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables a los sentenciados, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior, por lo fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE el recurso de revisión,…”. (Folios 25 al 28 del recurso de mérito) Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado, en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha nueve (9) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada GIOVINEZZA DUBOIS ZAVALA, en representación de CRISTHIAN ADOLFO CRESPO SOZA Y PAULINO ALFREDO ANTÚNEZ DOMÍNGUEZ como revisionista; y la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA en su condición de Fiscal del Ministerio Público, como representante de los intereses de la sociedad hondureña. La abogada Dubois Zavala, funda su petición en el precepto autorizante contenido en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. Arguye en síntesis que sus representados fueron condenados por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, a una pena de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y una multa de L. 445,534.50, por ser autores penalmente responsables de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido RL06-2018; ratifica su acción de revisión y pide se aplique el principio de retroactividad de la ley penal intermedia y se imponga a sus representados una pena de diez (10) a quince (15) años de prisión conforme la reforma del artículo 373, y multa de quinientos (500) a mil (1000) días a razón de veinte lempiras (L 20.00) por día; la que rebajada en un cuarto por la aplicación del procedimiento abreviado quedaría una pena mínima de siete (7) años seis meses y multa de 375 días que en razón de veinte Lempiras. La representante del Ministerio Público, al hacer un análisis de lo peticionado, expresa que el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1) .., 2)....3) ., 4) -, 5) .., 6) … 7).., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna.", relacionado con los artículos 615 y 616 del Nuevo Código Penal, que señalan: Artículo 615: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique... De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de EXTORSION por el cual se condenó a CRISTHIAN ADOLFO CRESPO SOZA Y PAULINO ALFREDO ANTUNEZ DOMINGUEZ. El artículo 222 del Código Penal derogado, establecía: "Comete el delito de Extorsión, quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero, el culpable de extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y UNA MULTA DE CINCUENTA SALARIOS MINIMOS EN SU NIVEL MAS ALTO, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que se pudieran imponerse por los actos de violencia física realizadas. La extorsión Se considera consumada y corresponderá como autores con independencia de si se ha logrado o no el objetivo percibido con la violencia o intimidación, el que realiza la amenaza, la exigencia o cualquier acto característico de cualquier modalidad extorsiva, así como quien participe en la recolección de dinero de forma personal, por medio de transferencias electrónicas o a través de sus cuentas financieras o reciba bienes o cualquier tipo de beneficio producto del delito". En el Nuevo Código Penal Vigente el delito de EXTORSION se encuentra regulado en el artículo 373, reformado a través del decreto 93-2021.- EXTORSION. "Comete el delito de extorsión, quien con violencia, amenazas o intimidación y ánimo de lucro, haciendo uso de cualquier medio, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto, servicio o negocio jurídico, entregar dinero o un bien inmueble, en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, para sí o para cualquier organización delictiva, debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MÁS ALTO, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados, si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. La extorsión se considera consumada con independencia de si, se ha logrado o no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación". El Nuevo Código Penal Vigente dispone en el artículo 53.- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona cantidad de dinero al Estado de condenada a pagar una Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (5, 000). Por lo que la pena de quince (15) años de reclusión y quinientos (500) días multa su MINIMO, equivale a DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2, 500,000.00) ya que es en su nivel más alto. Por lo que habiéndose sometido los encausados al Procedimiento abreviado, se procede realizar una rebaja quedando una nueva pena abstracta de ONCE (11) AÑOS TRES (3) MESES A QUINCE (15) AÑOS, Y TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (375) DÍAS MULTA, EQUIVALENTE A IA CANTIDAD DE UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L. 1,875,000.00). por lo tanto, concluye que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no Son más favorables al sentenciado, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta conforme la legislación derogada, resulta también imponible con arreglo al Código Penal vigente, y en lo que respecta a la pena de multa la misma resulta más gravosa respecto de la que le fue impuesta en la sentencia que se pretende reveer (L. 445, 535.50). Por lo que no es procedente aplicar el Principio Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 25-28 vuelto del recurso de mérito) CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultará a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. I-En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a CRISTHIAN ADOLFO CRESPO SOZA Y PAULINO ALFREDO ANTÚNEZ DOMÍNGUEZ, las penas principales de once (11) años y tres (3) meses de reclusión y una multa de treinta y siete punto cinco (37.5) salarios mínimos, equivalente a (lps.445,535.50) por ser autores penalmente responsable de un delito de extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido RL06-2018; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. II-La conducta por la cual fueron condenados CRISTHIAN ADOLFO CRESPO SOSA Y PAULINO ALFREDO ANTÚNEZ DOMÍNGUEZ , está prevista en el Código Penal 130-2017 como delito de Extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Estas penas principales al ser rebajadas en un cuarto (1/4) por la aplicación del procedimiento abreviado (artículo 404 del Código Procesal Penal), nos da como resultado una pena de once (11) años y tres (3) meses de prisión y una multa de trescientos setenta y cinco (375) días a razón de cinco mil lempiras (L 5, 000.00) por cada día multa, en su nivel más alto, dando un total de un millón ochocientos setenta y cinco mil lempiras (L 1,875,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por ende, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado Ramón Matamoros y la abogada Giovinezza Dubois Zavala ambos defensores públicos, en favor de los condenados CRISTHIAN ADOLFO CRESPO SOZA Y PAULINO ALFREDO ANTÚNEZ DOMÍNGUEZ, contra la sentencia de fecha siete de octubre del dos mi diecinueve, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida. Y MANDA: Que la secretaria del despacho notifique lo resuelto y se devuelvan al Juzgado de su procedencia para los efectos legales que en derecho corresponda. Notifíquese. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de abril de dos mil veintiséis, certificación de la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-558-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL