Sentencia RP-506-23 — Registro 20320
Resumen
Se interpuso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria contra el encausado como autor del delito de parricidio, en perjuicio de su compañera de hogar. Se otorga el recurso de revisión.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional en relación al recurso extraordinario de revisión penal .I.- Que, mediante sentencia emitida por Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, departamento de El Paraíso, en fecha siete de octubre de dos mil dieciséis, se le dictó al señor JOSE MOLINA ZAMBRANO, condena penal por el delito de PARRICIDIO en perjuicio de MARIA ENRIQUETA NUÑEZ RAMIREZ con una pena de VEINTIDOS AÑOS SEIS MESES DE RECLUSIÓN, más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Al efectuar la revisión solicitada, debe tenerse en cuenta, la comparación de preceptos penales, entre lo establecido en el artículo 118 del Código Penal derogado y el artículo correlativo del Código Penal vigente; los cuales disponen, por su orden, lo siguiente: “Artículo 118. Es reo de parricidio, quien diere muerte a alguno de sus ascendientes o descendientes, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, y sufrirá la pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión”. Mientras que, el artículo 194 del Código Penal vigente, estimado como más favorable por el garantista, establece; “Artículo 194.- PARRICIDIO. Quien mata a alguno de sus ascendientes, descendientes, a su cónyuge o persona con la que el agraviado mantenga una relación estable de análoga naturaleza a la anterior, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta en un tercio (1/3) cuando la muerte a que hace referencia esta se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato”.II.-De los hechos probados determinados en la sentencia venida en revisión, se aprecia que el sentenciado con su accionar lesionó derechos jurídicamente protegidos, enmarcados en el artículo 194 del nuevo Código Penal, referente al delito de Parricidio, puesto que dio muerte a su compañera de hogar; Estableciendo la norma sustantiva vigente que quien realice dicha conducta debe ser castigado con las penas de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Pena que debe aumentarse un tercio (1/3), cuando la muerte a que hace referencia esta se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato, que en este caso sería: alevosía o enseñamiento; que el artículo 32 del mismo cuerpo legal señala que hay Alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas, empleando medios, modos o formas en la ejecución, que tiendan directamente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido. circunstancias que no se cumplen conforme a los hechos probados de la sentencia; y al aplicar un procedimiento abreviado y rebajar un cuarto de la pena Abstracta resulta una pena mínima de quince (15) a veinte (20) años de prisión como máxima. III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al acusado se le impuso en su término mínimo, LA PENA DE VEINTIDOS AÑOS SEIS MESES DE RECLUSION. Conforme a la legislación actual se debe imponer al condenado la pena de QUINCE AÑOS DE PRISION. Más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA; así como a la suspensión de la ciudadanía, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2).IV. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del Nuevo Código Penal, Procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”
Legislación citada
- Código Penal, art. 32 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 194 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 616 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 101 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Sentencia de Revisión Penal. En la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de febrero de dos mil veintiséis, el pleno de la sala Constitucional presidido por: el Magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos. En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el Recurso de Revisión Penal SCO-0506-2023, promovido por el Abogado RAMON MATAMOROS a favor del Señor JOSE MOLINA ZAMBRANO, contra la sentencia condenatoria dictada por Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, El Paraíso en fecha siete de Octubre del dos mil dieciséis (7-10-2016), mediante la cual Falló: (Sic)“PRIMERO: CONDENAR al encausado JOSE MOLINA ZAMBRANO, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, a la pena de VEINTIDOS (22) AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN, como autor del delito de PARRICIDIO, en perjuicio de su compañera de hogar MARIA ENRIQUETA NUÑEZ RAMIREZ. SEGUNDO: Se condena a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL; asimismo a TRABAJOS EN OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO PENAL, por el tiempo que dure la condena principal. - TERCERO: No procede la condena en costas procesales ni personales, ni gastos ocasionados en el juicio. Son partes: 1)El Abogado RAMON MATAMOROS Y abogado RICARDO ANTONIO PINEDA MEJIA ambos defensores públicos en favor del señor JOSE MOLINA ZAMBRANO, como revisionista;2)La Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, Fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal. PRIMERO: Que de acuerdo a las pruebas documentales y testifical ofertadas por la Fiscalía del Ministerio Publico, está más que probado que el señor JOSE MOLINA ZAMBRANO, ha cometido el delito de PARRICIDIO en perjuicio de su compañera de hogar la señora MARIA ENRIQUETA NUÑEZ RAMIREZ, habiendo aceptado los hechos y la aplicación de un procedimiento abreviado. ANTECEDENTES 1-Del inicio del proceso penal.- 1) En fecha veinticuatro de enero del año dos mil dieciséis, compareció ante el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, la Abogada ANAYANSI MELISSA AVILA ORTIZ, en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal contra el señor JOSE MOLINA ZAMBRANO, por suponerlo responsable del delito de PARRICIDIO, en perjuicio de MARIA ENRIQUETA NUÑEZ RAMIREZ; hecho ocurrido el veintitrés de enero del dos mil dieciséis en horas de la madrugada en la aldea El Cordoncillo, municipio de Yuscarán, departamento de El paraíso, cuando llegó el imputado a su casa de habitación y luego de discutir con su compañera de hogar le infirió un herida en el estómago con arma blanca, que le produjo la muerte. (Folios 1- del expediente del A-quo).2-De la sentencia Condenatoria.- 2) Que en fecha siete de octubre del año dos mil dieciséis, el Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, Departamento de El Paraíso, dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic)“PRIMERO: CONDENAR al encausado JOSE MOLINA ZAMBRANO, de generales ya conocidas en el preámbulo de esta sentencia, a la pena de VEINTIDOS (22) AÑOS SEIS (6) MESES DE RECLUSIÓN, como autor del delito de PARRICIDIO, en perjuicio de su compañera de hogar MARIA ENRIQUETA NUÑEZ RAMIREZ. SEGUNDO: Se condena a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTORIAS E INTERDICCION CIVIL; asimismo a TRABAJOS EN OBRAS PUBLICAS DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO PENAL, por el tiempo que dure la condena principal.- TERCERO: No procede la condena en costas procesales ni personales, ni gastos ocasionados en el juicio. -”. (Folios 90-92 del antecedente) 3.- De la Interposición del recurso de revisión Penal y de su admisión por la sala de lo Constitucional. En fecha veinticuatro de abril del año dos mil veintitrés, el Abogado RAMON MATAMOROS, compareció ante la Sala de lo Constitucional, interponiendo Recurso de Revisión a favor del señor JOSE MOLINA ZAMBRANO, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, solicitando la aplicación del nuevo Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) por considerar que es más benigno para su representado. (Folios 1-2 del recurso de mérito). 4.- De la celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. En fecha dieciséis (16) de mayo del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia de la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado RICARDO ANTONIO PINEDA MEJIA actuando en su condición de Apoderado Legal del señor JOSE MOLINA ZAMBRANO, y cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, a favor de conceder el referido recurso de revisión en aplicación del principio de retroactividad de la ley Penal a favor del condenado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo código Penal Decreto 130-2017. La Representante del Ministerio Público, fue de la opinión porque se otorgue la presente acción de revisión. (folios 22 al 24 del recurso de mérito). Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de revisión penal y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. En fecha dieciséis (16) de mayo del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia de la Abogada, CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el Abogado RICARDO ANTONIO PINEDA MEJIA actuando en su condición de Apoderado Legal del señor JOSE MOLINA ZAMBRANO. El Ministerio Público consideró: “……después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición de recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha siete (7) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a su favor, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Nuevo Código Penal Vigente, el delito por el cual fue condenado es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: “Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)…., 2) …., 3) …, 4) …, 5) …., 6) …., 7) …, 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna…”, relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal, que señalan; Artículo 615: RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuáles no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: “CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la Ley Penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al hecho concreto sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique De lo expuesto por el revisionista el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales, indicando las sanciones correspondientes al delito de PARRICIDIO por el cual fue condenado el señor JOSE MOLINA ZAMBRANO. Según el artículo 118 del Código Penal derogado, establecía: “Es reo de parricidio, quien diere muerte alguno de sus ascendientes o descendientes, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital sufrirá la pena TREINTA (30) AÑOS A CUARENTA (40) AÑOS DE RECLUSIÓN”. Al hacer la rebaja de un cuarto (1/4) por haberse sometido al procedimiento abreviado, la nueva pena abstracta es de VEINTIDOS (22) AÑOS SEIS (6) MESES A TREINTA (30) AÑOS DE RECLUSIÓN, siendo condenado a la pena mínima. En el nuevo Código Penal Vigente el delito de PARRICIDIO se encuentra regulado en el artículo 194.- “Quien mata a alguno de sus ascendientes, descendientes, a su cónyuge o persona con la que el agraviado mantenga una relación estable de análoga naturaleza a la anterior, debe ser castigado con la pena de prisión de VEINTE (20) A VEINTICINCO (25) AÑOS”. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta en un tercio (1/3) cuando la muerte a que hace referencia esta se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato. Al hacer la rebaja de un cuarto (1/4) por haberse sometido al procedimiento abreviado, la nueva pena abstracta es de QUINCE (15) AÑOS A VEINTE (20) AÑOS DE RECLUSIÓN. Ante las premisas expuestas, estima esta representación Fiscal que en el caso sub-examine, las disposiciones contempladas en el Nuevo Código Penal efectivamente establecen una pena más favorable, por lo que lo peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley Penal por ser esta más benigna al condenado.- OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión, por NO ser la misma más favorable para el condenado.”. (Folios 22 al 24 del recurso de mérito). CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme Viejo Código Penal Decreto 144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el Nuevo Código Penal Decreto 130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el Viejo Código Penal 144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del Nuevo Código Penal Decreto 130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultara a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional en relación al recurso extraordinario de revisión penal.I.- Que, mediante sentencia emitida por Juzgado de Letras Seccional de Yuscarán, departamento de El Paraíso, en fecha siete de octubre de dos mil dieciséis, se le dictó al señor JOSE MOLINA ZAMBRANO, condena penal por el delito de PARRICIDIO en perjuicio de MARIA ENRIQUETA NUÑEZ RAMIREZ con una pena de VEINTIDOS AÑOS SEIS MESES DE RECLUSIÓN, más las accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil. Al efectuar la revisión solicitada, debe tenerse en cuenta, la comparación de preceptos penales, entre lo establecido en el artículo 118 del Código Penal derogado y el artículo correlativo del Código Penal vigente; los cuales disponen, por su orden, lo siguiente: “Artículo 118. Es reo de parricidio, quien diere muerte a alguno de sus ascendientes o descendientes, a su cónyuge o a la persona con quien hace vida marital, y sufrirá la pena de treinta (30) a cuarenta (40) años de reclusión”. Mientras que, el artículo 194 del Código Penal vigente, estimado como más favorable por el garantista, establece; “Artículo 194.- PARRICIDIO. Quien mata a alguno de sus ascendientes, descendientes, a su cónyuge o persona con la que el agraviado mantenga una relación estable de análoga naturaleza a la anterior, debe ser castigado con la pena de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. La pena establecida en el párrafo anterior se aumenta en un tercio (1/3) cuando la muerte a que hace referencia esta se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato”.II.-De los hechos probados determinados en la sentencia venida en revisión, se aprecia que el sentenciado con su accionar lesionó derechos jurídicamente protegidos, enmarcados en el artículo 194 del nuevo Código Penal, referente al delito de Parricidio, puesto que dio muerte a su compañera de hogar; Estableciendo la norma sustantiva vigente que quien realice dicha conducta debe ser castigado con las penas de prisión de veinte (20) a veinticinco (25) años. Pena que debe aumentarse un tercio (1/3), cuando la muerte a que hace referencia esta se produzca concurriendo alguna de las circunstancias señaladas para el asesinato, que en este caso sería: alevosía o enseñamiento; que el artículo 32 del mismo cuerpo legal señala que hay Alevosía cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas, empleando medios, modos o formas en la ejecución, que tiendan directamente a asegurarla, sin riesgo para su persona que proceda de la defensa que pudiera hacer el ofendido. circunstancias que no se cumplen conforme a los hechos probados de la sentencia; y al aplicar un procedimiento abreviado y rebajar un cuarto de la pena Abstracta resulta una pena mínima de quince (15) a veinte (20) años de prisión como máxima. III. En vista de las circunstancias del hecho y siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal establecidos en el artículo 616 del Código Penal decreto 130-2017, y después de hacer la respectiva ponderación, y haciendo uso de la fundamentación plasmada en la sentencia revisada, donde al acusado se le impuso en su término mínimo, LA PENA DE VEINTIDOS AÑOS SEIS MESES DE RECLUSION. Conforme a la legislación actual se debe imponer al condenado la pena de QUINCE AÑOS DE PRISION. Más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA; así como a la suspensión de la ciudadanía, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2).IV. En consecuencia, en observancia del artículo 616 del Nuevo Código Penal, Procede la revisión de la sentencia, reformándola y ordenando la práctica de un nuevo computo de la pena, con abono del tiempo que haya estado en prisión; tal como lo ha prescrito el artículo 101.4 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la posición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículos 25, 35, 38, 57, 58, 67, 194, 616, Y Demás aplicables del Código Penal Vigente; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor JOSE MOLINA ZAMBRANO; II) ANULA PARCIALMENTE la Sentencia Definitiva Y Firme de fecha Siete (7) de octubre de dos mil dieciséis(2016), dictada por JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO; III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor JOSE MOLINA ZAMBRANO, por el delito de PARRICIDIO en perjuicio de MARIA ENRIQUETA NUÑEZ RAMIREZ la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor JOSE MOLINA ZAMBRANO, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia por el delito de PARRICIDIO en perjuicio de MARIA ENRIQUETA NUÑEZ RAMIREZ, a la pena de QUINCE AÑOS DE PRISION, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, así como a la suspensión de la ciudadanía, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2). Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que realice el nuevo cómputo de pena y proceda al cumplimiento del presente fallo. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los diez días de abril del dos mil veintiséis, certificación del Fallo de fecha veinte de febrero del dos mil veintiséis recaídas en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0506-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL