Sentencia RP-504-23 — Registro 20361
Resumen
Recurso de revisión contra sentencia condenatoria por el delito de Extorsión en perjuicio de testigo protegido AD-378, a una pena de quince (15) años de reclusión, más multa y penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil, declarándo su responsabilidad civil; La Sala de lo Constitucional considera que el caso sub júdice no se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto no procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, en aplicación de una ley intermedia; Por consiguiente, No procede la aplicación retroactiva de una ley penal, en virtud de no ser más benigna la ley en vigencia decreto No. 93-2021.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a OLBAN MISAEL DURON VARELA, las penas principales de QUINCE AÑOS DE RECLUSION y una multa de cincuenta(50) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido AD-378 ; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Según el artículo 222 del Código Penal derogado, que establecía El culpable de extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y UNA MULTA DE CINCUENTA SALARIOS MINIMOS EN SU NIVEL MAS ALTO, más las accesorias que correspondan.II.- En el nuevo Código Penal Vigente el delito de EXTORSION se encuentra regulado en el artículo 373, reformado a través del decreto 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021; cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de Dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por ende, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a OLBAN MISAEL DURON VARELA, las penas principales de QUINCE AÑOS DE RECLUSION y una multa de cincuenta(50) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido AD-378 ; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Según el artículo 222 del Código Penal derogado, que establecía El culpable de extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y UNA MULTA DE CINCUENTA SALARIOS MINIMOS EN SU NIVEL MAS ALTO, más las accesorias que correspondan.II.- En el nuevo Código Penal Vigente el delito de EXTORSION se encuentra regulado en el artículo 373, reformado a través del decreto 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021; cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de Dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por ende, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 99 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
Sentencia de Revisión Penal.
En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026), el pleno de la Sala de lo Constitucional presidido por el Magistrado Luis Fernando Padilla Castellanos pronuncia, En nombre del Estado de Honduras, La sentencia que resuelve el Recurso de Revisión Penal número SCO 0504-2023 interpuesto por el abogado RAMON MATAMOROS, a favor del señor OLBAN MISAEL DURON AVILA contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, en fecha dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, por el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO D-378 en la cual falló: PRIMERO: Que debemos condenar como en efecto condenamos al señor OLBAN MISAEL DURON VARELA, cuyas generales ya han sido mencionadas, por el delito de EXTORSION, en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO AD-378, delito ya definido y circunstanciado en esta sentencia, a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, y la imposición de una MULTA DE CINCUENTA SALARIOS MINIMOS, debiéndose computar esta pena de reclusión, desde el día en que el acusado fue aprehendido por esta causa y la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que la Juez de Ejecución determine. SEGUNDO: Que debemos condenar como en efecto condenamos, al acusado OLBAN MISAEL DURON VARELA, como consecuencia de la pena de reclusión a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. Son partes: El Abogado RAMON MATAMOROS y el abogado RICARDO ANTONIO PINEDA MEJIA ambos defensores Públicos, en favor de OLBAN MISAEL DURON, como revisionistas.La abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, Fiscal del Ministerio Público.HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA VENIDA EN REVISION PENAL PRIMERO: En fecha dos de septiembre del año dos mil quince, el TESTIGO PROTEGIDO AD-378, se presentó a la Jefatura Municipal de El Paraíso, departamento de El Paraíso, a interponer una denuncia en la que manifestaba que al negocio en que trabaja se hicieron presente dos individuos de sexo masculino quienes se identificaron como integrantes de la mara 18, al mismo tiempo exigieron un cobro (impuesto de guerra), por la cantidad de Trescientos Lempiras Exactos (Lps 300.00), que deberían aportar de forma semanal, y de que no hacerlo le iban a matar.SEGUNDO: EL TESTIGO PROTEGIDO AD-378, estableció a la autoridad policial las características físicas de uno de los individuos, el cual vestía con una camisa blanca con el logo del Club Deportivo Olimpia, pantalón jeans color azul oscuro, y además informó que ya había entregado la cantidad de Ciento Cuarenta Lempiras Exactos (Lps 140.00), y mientras el otro individuo aguardaba a las afuera del negocio realizando vigilancia.TERCERO: En esa misma fecha, los agentes policiales realizaban un patrullaje de rutina en el Barrio El Centro de la Ciudad de El Paraíso, departamento de El Paraíso y por medio de una llamada telefónica tuvieron conocimiento de la denuncia y procedieron a desplazarse en búsqueda de los dos individuos, y siendo ubicados en el Restaurante Rong Guang, en donde uno de los individuos presentaba las características físicas y de vestimenta antes señaladas.CUARTO: Los agentes policiales practicaron un registro personal al señor OLBAN MISAEL DURON VARELA, encontrándosele la cantidad de Ciento Cuarenta Lempiras (Lps 140.00), con las denominaciones de Cien Lempiras (Lps 100.00) y dos billetes de Veinte Lempiras (Lps 20.00), los cuales los andaba en la bolsa trasera del lado derecho del pantalón.QUINTO: En la Audiencia de Reconocimiento en Rueda, de fecha ocho de septiembre del dos mil quince, el TESTIGO PROTEGIDO AD-378, reconoció de forma personal al señor OLBAN MISAEL DURON VARELA, como ser la misma persona que había llegado al negocio y haberle entregado los Ciento Cuarenta Lempiras (Lps 140.00). A N T E C E D E N T E S 1).-Del inicio del proceso penal. Que en fecha tres (03) de septiembre del dos mil quince (2015) la Agente de Tribunales del Ministerio Público, la abogada CLAUDIA LIZETH DIAZ MEDINA, compareció ante el Juzgado de Letras Segundo de Danlí, El Paraíso, presentando REQUERIMIENTO FISCAL, en contra los señores DENIS ROBERTO GOMEZ FLORIAN y OLBAN MISAEL DURON VARELA, a quienes se les sindica como responsables de haber cometido el delito de EXTORSION, a título de autores directos en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO AD-378 (Folios 1-4 del recurso de mérito)2) De la Sentencia condenatoria.- 2)Que en fecha dieciséis (16) de octubre del dos mil diecinueve (2019), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE DANLI ,EL PARAISO, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: Que debemos condenar como en efecto condenamos al señor OLBAN MISAEL DURON VARELA, cuyas generales ya han sido mencionadas, por el delito de EXTORSION, en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO AD-378, delito ya definido y circunstanciado en esta sentencia, a la pena principal de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSION, y la imposición de una MULTA DE CINCUENTA SALARIOS MINIMOS, debiéndose computar esta pena de reclusión, desde el día en que el acusado fue aprehendido por esta causa y la que deberá cumplir en la Penitenciaría Nacional que la Juez de Ejecución determine. SEGUNDO: Que debemos condenar como en efecto condenamos, al acusado OLBAN MISAEL DURON VARELA, como consecuencia de la pena de reclusión a las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento de conformidad con la ley que regula el sistema penitenciario. TERCERO: Se declara la RESPONSABILIDAD CIVIL del condenado OLBAN MISAEL DURON VARELA, por el delito por el que cual fue condenado, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: Que se notifique esta sentencia a las partes procesales. Así por esta nuestra Sentencia, la pronunciamos, mandamos y firmamos. (Folios 51-59 del recurso de mérito) 3) De la Interposición del Recurso de revisión Penal y su admisión por la Sala de lo Constitucional. Que en fecha veinticuatro de Abril de dos mil veintitrés, compareció ante la Sala de lo Constitucional, El abogado RAMON MATAMOROS, presentando recurso de revisión penal a favor del señor OLBAN MISAEL DURON AVILA, contra la sentencia condenatoria de fecha dieciséis de octubre del dos mil diecisiete (16-10-2017), dictada por el Tribunal de Sentencia de Danlí El Paraíso, manifestando el recurrente que interpone el presente recurso en base al Principio de Retroactividad de la Ley, a efecto de aplicar las disposiciones más favorables y se proceda a reformar el cómputo de la sentencia de la que se hace relación. (Folio 01-02 del recurso) 4)De la Celebración de la audiencia de oposición y presentación de pruebas. Que en fecha dieciséis de mayo de dos mil veinticuatro, (16-05-2024) se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala constitucional, habiendo comparecido el abogado RICARDO ANTONIO PINEDA MEJIA, en su condición de Defensor público del señor OLMAN MISAEL DURON AVILA y la Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. Y en la que cedida que le fue la palabra a cada una de las partes, expresaron sus razones, tanto a favor como en contra de conceder el referido recurso de revisión; habiendo manifestando el recurrente que interpone el recurso de revisión en virtud que su representado fue condenado por delito de Extorsión Simple, por ende, solicita la aplicación del principio de retroactividad de la Ley Penal a favor de su representado, de conformidad a las nuevas disposiciones vigentes en el nuevo Código Penal (Decreto 130-2017), previo a las reformas del decreto 93-2021 .- La representante del Ministerio Público, concluyó que en la presente causa no concurre la causal de revisión invocada por el recurrente, en vista que las disposiciones en conjunto del actual Código Penal no resultan más favorables al sentenciado, en comparación a las penas que le fueron impuestas conforme al Código anterior, por lo fue de la opinión porque: “NO SE OTORGUE el recurso de revisión,…”. (Folios 27 al 29 del recurso de mérito) FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada.CONSIDERANDO DOS (2):Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales de la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO TRES (3): Fundamentos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. El recurrente funda su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establecen la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos de las partes en audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas. En fecha dieciséis (16) de mayo del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, con la comparecencia de la abogada, CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA , en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado RICARDO ANTONIO PINEDA MEJIA actuando en su condición de Apoderado Legal del señor OLBAN MISAEL DURON AVILA conocido y condenado como OLBAN MISAEL DURON VARELA; El Revisionista en su escrito de Interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha dieciséis (16) de octubre de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia de la ciudad de Danlí, El Paraíso fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, quien fue condenado por el delito de Extorsión Simple, en Perjuicio del Testigo Protegido D-378, Solicitando la pena y multa señalada en el artículo 373 del Código Penal Decreto 130-2017 (Ley Intermedia) en donde establece que para el delito Extorsión la pena es 10-15 años una multa de 500 a 1000 días; solicitando la pena mínima en virtud de no concurrir agravante especificas del artículo 374 del código penal vigente, siendo lo más beneficioso en favor de su representado. La representante del Ministerio Público al hacer el análisis correspondiente, estableció: “que tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1). 2) ....3)..., 4)..,5)..., 6) ... 7) .., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna...., relacionado con los artículos 615 y 616 del Nuevo Código Penal, que señalan: Articulo 615: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique... al revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de EXTORSION SIMPLE por el cual se condenó a OLBAN MISAEL DURON. Según el artículo 222 del Código Penal derogado, establecía: "Comete el delito de Extorsión, quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o de un tercero, el culpable de extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y UNA MULTA DE CINCUENTA SALARIOS MINIMOS EN SU NIVEL MAS ALTO, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizadas. La extorsión se considera consumada y corresponderá como autores con independencia de si se ha logrado O no el objetivo perseguido con la violencia o intimidación". El Nuevo Código Penal Vigente dispone en el artículo 53.- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5, 000). Por lo que la pena de quince (15) años de reclusión y quinientos (500) días multa, equivale a DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (LPS. 2,500,000.) ya que es en su nivel más alto. Siendo que de los hechos probados se desprende que el ahora condenado se identificó como miembro de la “pandilla 18” procede el incremento de un tercio (1/3) de conformidad a lo establecido en el artículo 374 numeral 1, de las Agravantes específicas, 'por lo que la nueva pena a imponer es de VEINTE (20) A VEINTISEIS (26) AÑOS OCHO (8) MESES y una multa de 1000 a 1333 días, y al aplicarse el mínimo do 1000 días en su nivel más alto, equivale a CINCO MILLONES DE LEMPIRAS (LPS, 5,000,000). Al examinar lo peticionado por el revisionista, de conformidad con lo dispuesto en los criterios fijados para determinar la Ley más favorable contenido en el artículo 616 del Código Penal, esta Representación Fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al de las impuestas en La sentencia considerando además que el revisionista solicita se aplique el artículo 373 contemplado en el Decreto 130-2017, sin embargo esta norma ya fue reformada mediante el Decreto legislativo 93-2021. Por lo que no es procedente aplicar el Principio de Retroactividad de la Ley Penal preceptuado en el artículo 96, tercer párrafo de la Constitución de la República, en cuanto dispone: "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado." Mismo que también es regulado en el artículo 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 27-29 vuelto del recurso de mérito)CONSIDERANDO CINCO (5): Reglas de ponderación aplicables. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83 con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83 se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83 es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultará a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO SEIS (6): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO SIETE (7): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -Lo negrito y subrayado es nuestro. CONSIDERANDO OCHO (8): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para denegar el recurso extraordinario de revisión penal. I- En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a OLBAN MISAEL DURON VARELA, las penas principales de QUINCE AÑOS DE RECLUSION y una multa de cincuenta(50) salarios mínimos, por ser autor penalmente responsable de un delito de Extorsión simple, en perjuicio del testigo protegido AD-378 ; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. Según el artículo 222 del Código Penal derogado, que establecía El culpable de extorsión debe ser castigado con la pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y UNA MULTA DE CINCUENTA SALARIOS MINIMOS EN SU NIVEL MAS ALTO, más las accesorias que correspondan.II.- En el nuevo Código Penal Vigente el delito de EXTORSION se encuentra regulado en el artículo 373, reformado a través del decreto 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760 de fecha 1 de noviembre de 2021; cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de Dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por ende, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el abogado RAMON MATAMOROS y el abogado RICARDO ANTONIO PINEDA MEJIA en su condición de defensores públicos, en favor del condenado OLBAN MISAEL DURON VARELA segun la sentencia dictada en fecha dieciséis(16) de octubre del dos mil diecisiete (2017) por el Tribunal de sentencia de la ciudad de Danlí departamento del Paraíso. Y MANDA: Que la secretaria del despacho notifique lo resuelto a la recurrente, y se devuelvan al juzgado de su procedencia para los efectos legales que en derecho corresponda. Notifíquese.PADILLAVILLELABUSTILLODUBÓNVALLECILLO.