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Sentencia RP-207-23 — Registro 20371

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria por el delito de: trata de personas agravado en la modalidad de explotación sexual comercial en perjuicio de testigo protegido KSPS-1 quedando la pena concreta de once (11) años de tres meses reclusión.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CINCO (5): Sobre la aplicación de la ley intermedia. En relación a la ley intermedia. Se les denomina así, ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que en el caso sub examine, el peticionario, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veinte(20) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que fue condenada por el delito de TRATA DE PERSONAS EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL estando vigente el artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, precepto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 219. Trata de Personas. Debe ser castigado con la pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, quien empleando violencia, intimidación, engaño o, abusando de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control de la misma, la capta, transporta, traslada, acoge o recibe, dentro o fuera del territorio nacional, con cualquiera de las finalidades siguientes: 1)… 2) La explotación sexual forzada; 3)… 4)… 5)… 6)… El consentimiento de la víctima es irrelevante cuando se ha recurrido a alguno de los medios indicados en el párrafo primero de este artículo. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios indicados en el párrafo primero, se considera trata de personas cualquiera de las acciones indicadas cuando se lleva a cabo respecto de menores de dieciocho (18) años con cualquiera de los fines de explotación previstos.” No obstante a ello, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 219 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de “Trata de Personas: Incurre en el delito de trata de personas y será castigado con una pena de prisión de diez (10) a quince (15) años, quien facilite, promueva o ejecute la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, con la finalidad de que sean utilizadas o forzadas a cualquier tipo de explotación incluyendo: 1)… 2)La explotación sexual o comercial. 3)… 4)… 5)… 6)… 7)… En el caso sujeto a estudio nos encontramos ante la situación de la aplicación de una ley más benigna en relación que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, ello es así pues la señor MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA, fue condenado por el delito de Trata de personas agravado, en su modalidad de explotación Sexual Comercial estando vigente el artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Trata de Personas y posteriormente entra en vigencia el Decreto 93-2021, que de nuevo aumenta la pena para el delito de Trata de Personas como líneas arriba se dijo, pero solo en relación a la pena de Prisión, sin embargo queda derogada en cuanto a la pena de Multa que señalaba de ciento cincuenta (150) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos. CONSIDERANDO SIETE (7): Esta Sala Constitucional considera que una vez iniciado un trámite de Revisión materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del Recurso, se deberá ejecutar la norma que fue invocada por el recursista y que al momento de peticionar estaba en vigencia, asimismo al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso) y en el caso de que en el lapsus de presentación del Recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada fuese derogada o reformada, se tomará en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Esto atendiendo el mandato constitucional, que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado. Así también, bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, así como en el caso de mérito, se encuentran varias posibilidades en debate, el juez deberá preferir, aquella que contenga mejores protecciones, o que sean más favorables para el individuo. Por tanto, se debe aplicar la norma que más favorezca al encausado, puesto que su petición se realizó al amparo "

Legislación citada

  • Ley contra la trata de personas, art. 52 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Penal No. 130-17, art. 219 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CINCO (5): Sobre la aplicación de la ley intermedia. En relación a la ley intermedia. Se les denomina así, ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que en el caso sub examine, el peticionario, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veinte(20) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que fue condenada por el delito de TRATA DE PERSONAS EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL estando vigente el artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, precepto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 219. Trata de Personas. Debe ser castigado con la pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, quien empleando violencia, intimidación, engaño o, abusando de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control de la misma, la capta, transporta, traslada, acoge o recibe, dentro o fuera del territorio nacional, con cualquiera de las finalidades siguientes: 1)… 2) La explotación sexual forzada; 3)… 4)… 5)… 6)… El consentimiento de la víctima es irrelevante cuando se ha recurrido a alguno de los medios indicados en el párrafo primero de este artículo. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios indicados en el párrafo primero, se considera trata de personas cualquiera de las acciones indicadas cuando se lleva a cabo respecto de menores de dieciocho (18) años con cualquiera de los fines de explotación previstos.” No obstante a ello, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 219 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de “Trata de Personas: Incurre en el delito de trata de personas y será castigado con una pena de prisión de diez (10) a quince (15) años, quien facilite, promueva o ejecute la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, con la finalidad de que sean utilizadas o forzadas a cualquier tipo de explotación incluyendo: 1)… 2)La explotación sexual o comercial. 3)… 4)… 5)… 6)… 7)… En el caso sujeto a estudio nos encontramos ante la situación de la aplicación de una ley más benigna en relación que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, ello es así pues la señor MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA, fue condenado por el delito de Trata de personas agravado, en su modalidad de explotación Sexual Comercial estando vigente el artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Trata de Personas y posteriormente entra en vigencia el Decreto 93-2021, que de nuevo aumenta la pena para el delito de Trata de Personas como líneas arriba se dijo, pero solo en relación a la pena de Prisión, sin embargo queda derogada en cuanto a la pena de Multa que señalaba de ciento cincuenta (150) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos. CONSIDERANDO SIETE (7): Esta Sala Constitucional considera que una vez iniciado un trámite de Revisión materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del Recurso, se deberá ejecutar la norma que fue invocada por el recursista y que al momento de peticionar estaba en vigencia, asimismo al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso) y en el caso de que en el lapsus de presentación del Recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada fuese derogada o reformada, se tomará en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Esto atendiendo el mandato constitucional, que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado. Así también, bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, así como en el caso de mérito, se encuentran varias posibilidades en debate, el juez deberá preferir, aquella que contenga mejores protecciones, o que sean más favorables para el individuo. Por tanto, se debe aplicar la norma que más favorezca al encausado, puesto que su petición se realizó al amparo de una norma más benigna que al momento de interponer el Recurso se encontraba en vigencia.”

Legislación citada

  • Ley contra la trata de personas, art. 52 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Penal No. 130-17, art. 219 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO CINCO (5): Sobre la aplicación de la ley intermedia. En relación a la ley intermedia. Se les denomina así, ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que en el caso sub examine, el peticionario, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veinte(20) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que fue condenada por el delito de TRATA DE PERSONAS EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL estando vigente el artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, precepto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 219. Trata de Personas. Debe ser castigado con la pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, quien empleando violencia, intimidación, engaño o, abusando de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control de la misma, la capta, transporta, traslada, acoge o recibe, dentro o fuera del territorio nacional, con cualquiera de las finalidades siguientes: 1)… 2) La explotación sexual forzada; 3)… 4)… 5)… 6)… El consentimiento de la víctima es irrelevante cuando se ha recurrido a alguno de los medios indicados en el párrafo primero de este artículo. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios indicados en el párrafo primero, se considera trata de personas cualquiera de las acciones indicadas cuando se lleva a cabo respecto de menores de dieciocho (18) años con cualquiera de los fines de explotación previstos.” No obstante a ello, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 219 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de “Trata de Personas: Incurre en el delito de trata de personas y será castigado con una pena de prisión de diez (10) a quince (15) años, quien facilite, promueva o ejecute la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, con la finalidad de que sean utilizadas o forzadas a cualquier tipo de explotación incluyendo: 1)… 2)La explotación sexual o comercial. 3)… 4)… 5)… 6)… 7)… En el caso sujeto a estudio nos encontramos ante la situación de la aplicación de una ley más benigna en relación que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, ello es así pues la señor MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA, fue condenado por el delito de Trata de personas agravado, en su modalidad de explotación Sexual Comercial estando vigente el artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Trata de Personas y posteriormente entra en vigencia el Decreto 93-2021, que de nuevo aumenta la pena para el delito de Trata de Personas como líneas arriba se dijo, pero solo en relación a la pena de Prisión, sin embargo queda derogada en cuanto a la pena de Multa que señalaba de ciento cincuenta (150) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos. CONSIDERANDO SIETE (7): Esta Sala Constitucional considera que una vez iniciado un trámite de Revisión materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del Recurso, se deberá ejecutar la norma que fue invocada por el recursista y que al momento de peticionar estaba en vigencia, asimismo al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso) y en el caso de que en el lapsus de presentación del Recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada fuese derogada o reformada, se tomará en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Esto atendiendo el mandato constitucional, que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado. Así también, bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, así como en el caso de mérito, se encuentran varias posibilidades en debate, el juez deberá preferir, aquella que contenga mejores protecciones, o que sean más favorables para el individuo. Por tanto, se debe aplicar la norma que más favorezca al encausado, puesto que su petición se realizó al amparo de una norma más benigna que al momento de interponer el Recurso se encontraba en vigencia.”

Legislación citada

  • Ley contra la trata de personas, art. 52 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Penal No. 130-17, art. 219 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “ III. Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, parcialmente, ya que en relación a la pena de prisión, se encuentra dentro del mismo marco punible; sin embargo en relación a la pena de Multa le favorece, lo que no implica fragmentación de normas ya que la pena de prisión en ambas legislaciones aplicables se encuentra en mismo rango punible ,Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, al haberse derogado la pena de Multa como pena principal conforme la legislación vigente, el Decreto 93-2021. por lo que es procedente la aplicación retroactiva en el presente caso, haciendo aplicación y conforme al artículo 101.4 del La Ley sobre Justicia Constitucional para que se proceda a emitir un nuevo cómputo de pena por parte del Juzgado de Ejecución competente solo en relación a la pena de multa derogada para este delito conforme la presente legislación.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los treinta días del mes de enero del dos mil veintiséis, los Magistrados de la Sala Constitucional Pronuncian: En nombre del Estado de Honduras La sentencia que resuelve el Recurso de Revisión Penal, número 0207-2023 Interpuesto por los Abogados SIONY GUSTAVO DIAZ PADILLA Y MAYNOR ALEXANDER PALMA RODRIGUEZ a favor del Señor MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA, contra la sentencia condenatoria dictada por JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha seis de febrero de dos mil veinte, mediante la cual FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al imputado MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA, de generales conocidas, como responsable en concepto de autor de la comisión del delito de: TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO KSPS-1 quedando la pena concreta de ONCE (11) AÑOS DE TRES MESES RECLUSIÓN, pena que deberán cumplir en el Centro Penal que designe el Instituto Nacional Penitenciario sujeta a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario. SEGUNDO: CONDENAR al señor MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA, a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. TERCERO: MULTAR al señor MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA, por suponerlo responsable de la comisión del delito de: TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL a pagar la multa de 168.75 salarios Mínimos. - CUARTO: No procede la condena en costas personales ni procesales. Son partes: 1) Los Abogados SIONY GUSTAVO DIAZ PADILLA Y MAYNOR ALEXANDER PALMA RODRIGUEZ, en su condición de revisionistas a favor del señor MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA 2) La abogada ROSANA RODRIGUEZ ESPINAL en su condición de Fiscal del Ministerio Publico. HECHOS PROBADOS DE LA SENTENCIA QUE SE REVISA PRIMERO. Que el señor MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA, realiza acciones como tratante de mujeres y niñas, como propietario del negocio denominado 2KE3, en esta Ciudad, negocios donde realizaba mediante pago de remuneración económica tanto para el negocio del señor Vidal, actividades sexuales con los clientes del Bar, 2KE3.- Asimismo se le tomó declaración a la TESTIGO PROTEGIDO KSPS-01, quien confirma que fueron captadas por GIGI quien le manifestó que él trabajaba como DJ en el bar 2KE3 y fue quien le presentó al señor VIDAL ALBERTO GARCIA propietario del negocio, quien le dio empleo como mesera, y le dio un Acta de Nacimiento para que se hiciera pasar como una mujer mayor de edad, le comento que iba a atender a los clientes, manteniendo relaciones sexuales con ellos a cambio de mil lempiras, y que quinientos eran para ella, y quinientos para el negocio.-ANTECEDENTES 1) Del inicio del Proceso penal.-Que en fecha Cuatro (04) de agosto del dos mil dieciocho (2018), EL Ministerio público a través de la abogada TANIA LIZBETH LOPEZ NIETO presentó ante el Juzgado de letras Penal de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, requerimiento fiscal contra de VIDAL ALBERTO GARCIA PEÑA Y MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA ALIAS GIGI, por la comisión del ilícito penal de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL en perjuicio de la TESTIGO PROTEGIDO KSPS-1, remitiendo posteriormente el expediente judicial al Juzgado de Letras con Competencia Territorial Nacional. (Folios 1-6 del recurso de mérito) 2) De la sentencia condenatoria.- Que en fecha seis de febrero del dos mil veinte, el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al imputado MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA, de generales conocidas, como responsable en concepto de autor de la comisión del delito de: TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO KSPS-1 quedando la pena concreta de ONCE (11) AÑOS DE TRES Meses de RECLUSIÓN, pena que deberán cumplir en el Centro Penal que designe el Instituto Nacional Penitenciario sujeta a trabajar por el tiempo que dure la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el sistema penitenciario. SEGUNDO: CONDENAR al señor MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA, a las penas accesorias de INHABILITACION ESPECIAL E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. TERCERO: MULTAR al señor MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA, por suponerlo responsable de la comisión del delito de: TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL a pagar la multa de 168.75 salarios Mínimos.- CUARTO: No procede la condena en costas personales ni procesales.- Notifíquese la presente sentencia a las partes procesales y una vez firme envíese copia de la misma a la unidad de Antecedentes Penales, debiéndose remitir la causa al juzgado de Ejecución para los efectos legales correspondientes. (Folios 32-al 36 del recurso de mérito) 3) De la interposición del recurso de revisión penal y de su admisión por la Sala de lo Constitucional.- En fecha veinte de febrero del dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por recibido el recurso de Revisión Penal interpuesto por los Abogados SIONY GUSTAVO DIAZ PADILLA Y MAYNOR ALEXANDER PALMA RODRIGUEZ a favor del señor MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA, acción interpuesta contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable al sentenciado, por lo que admitió y ordenó el trámite correspondiente (folios 1 al 3 del recurso de mérito). 4) De la audiencia de Oposición y presentación de pruebas. En fecha veintisiete (27) de noviembre del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante FELIPE RENE SPEER LAINEZ con la comparecencia de la abogada ROSANA RODRIGUEZ ESPINAL , en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado SIONY GUSTAVO DIAZ PADILLA actuando en su condición de Apoderada Legal del señor MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA; El Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que los Revisionistas en su escrito de interposición del recurso, solicitan que se revea la Sentencia Definitiva, dictada por el Juzgado de Letras Con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, el seis (6) de febrero del dos mil veinte (2020), en contra del señor MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA quien fue inculpado por el delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL EN PERJUICIO DE TESTIGO PROTEGIDO KSPS-1 a la pena de once (11) años tres (6) meses de reclusión, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Nuevo Código Penal Vigente, el delito por el cual fue condenado su representado es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)., 2).., 3) ..., 4)..,5)..., 6) .. 7) ..., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna...", relacionado con los artículos 615 y 616 del Nuevo Código Penal, que señalan: Artículo 615: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se Juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que consideren que le favorece y rechazando lo que perjudique... De lo expuesto por la revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL. En el Código Penal Decreto 130-2017 en el artículo 219, dispone: "TRATA DE PERSONAS. Debe ser castigado con la pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, quien empleando violencia, intimidación, engaño o, abusando de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control de la misma, la capta, transporta, traslada, acoge o recibe, dentro fuera del territorio nacional, con cualquiera de las finalidades siguientes: 1) La explotación en condiciones de esclavitud, servidumbre, servicios o trabajos forzados, incluida la mendicidad la obligación de realizar actividades delictivas; 2) La explotación sexual forzada; 3) Realizar matrimonio o unión de hecho servil o forzado; 4) Provocar un embarazo forzado; 5) La extracción de sus órganos o tejidos corporales, o de sus componentes derivados; 0, 6) La experimentación para la aplicación de medicamentos, fármacos, sustancias o técnicas clínicas. El consentimiento de la víctima es irrelevante cuando se ha recurrido a alguno de los medios indicados en el párrafo primero de este artículo. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios indicados en el párrafo primero, se considera trata de personas cualquiera de las acciones indicadas cuando se lleva cabo respecto de menores de dieciocho (18) años con cualquiera de los fines de explotación previstos. ARTÍCULO 220 AGRAVANTES ESPECÍFICAS. Se debe incrementar la pena en un tercio (1/3) cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 1) Se pone en peligro la vida, la integridad física o psíquica o la salud de la víctima: 2) La víctima es especialmente vulnerable por razón de la edad, enfermedad, discapacidad o es mujer embarazada; 0, 3) El culpable pertenece a un grupo delictivo organizado. Se debe imponer, además de la pena de prisión correspondiente, la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dure la pena de prisión, a quienes realizan los hechos prevaliéndose de su condición de funcionario o empleado público. Este delito fue reformado bajo el DECRETO 93-2021, norma que se encuentra en vigencia a la fecha en que fue presentado el respectivo recurso de revisión y que a su letra dispone: "ARTÍCULO 219. - TRATA DE PERSONAS. Incurre en el delito de trata de personas y será castigado con una pena de prisión de diez (10) a quince (15) años, quien facilite, promueva o ejecute la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, con la finalidad de que sean utilizadas o forzadas a cualquier tipo de explotación incluyendo: 1) La explotación en condiciones de esclavitud, servidumbre, servicios o trabajos forzados, incluida la mendicidad y la obligación de realizar actividades delictivas, así como cualquier otra práctica equivalente o similares; 2) La explotación sexual forzada o comercial; 3) Realizar matrimonio ...; 4) Provocar ...; 5) La extracción ...; 6) La experimentación .; o 7) Cualquier otra finalidad contemplada en la Ley Contra la Trata de Personas. Se agravará en un tercio (1/3) la pena cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Empleando violencia, intimidación, engaño o, abusando de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima; 2) Mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control de la víctima; 3) Que la víctima sea menor de 18 años El consentimiento. Aun cuando.... En base a este ordenamiento jurídico penal, se le aplicó al señor MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA, la pena de once (11) años tres (3) meses por haber aceptado el delito bajo la modalidad de Procedimiento Abreviado. El nuevo Código establece como pena para ese delito prisión de diez (10) a quince (15) años, y como el delito es Agravado se aumenta en un tercio. La pena abstracta quedaría de 15 años a 20 años y si, a la pena mínima le rebajamos1/ 4 del Procedimiento Abreviado la pena a imponer es de 11 años tres meses lo que no resulta más beneficioso al hoy condenado, por ser la misma pena a imponer que la que se le aplicó en la sentencia venida a revisión. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 27-30 vuelto del recurso de mérito) FUNDAMENTACION CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la garantía Constitucional de revisión y el principio de retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos, sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía Constitucional del recurso extraordinario de revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO TRES (3): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de Revisión Penal, se celebró en fecha veintisiete (27) de Noviembre de dos mil veinticuatro (2024), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia del abogado SIONY GUSTAVO DIAZ PADILLA, a favor del señor MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA, como revisionista; y la Abogada ROSANA RODRIGUEZ ESPINAL, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. El abogado Diaz Padilla, solicita la revisión de la pena y que se aplique el principio de retroactividad de la ley; ya que la pena impuesta por el A-quo fue de 11 años tres meses de reclusión y una multa equivalente a 168.75 salarios mínimos ; tomando en cuenta las nuevas penas vigentes en el Decreto 130-2017, que si bien es cierto hubo una reforma en el decreto 93-2021, ya no se establece pena de multa, lo que favorece al condenado, y procede la aplicación retroactiva de la nueva ley penal. El Ministerio Púbico manifestó que este delito fue reformado bajo el DECRETO 93-2021, norma que se encuentra en vigencia a la fecha en que fue presentado el respectivo recurso de revisión y que a su letra dispone: "ARTÍCULO 219. - TRATA DE PERSONAS. Incurre en el delito de trata de personas y será castigado con una pena de prisión de diez (10) a quince (15) años, quien facilite, … 2) La explotación sexual forzada o comercial, y Se agravará en un tercio (1/3) la pena cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: 1) Empleando violencia, intimidación, engaño o, abusando de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima; 2) Mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control de la víctima; 3) Que la víctima sea menor de 18 años aun con consentimiento. En base a este ordenamiento jurídico penal, se le aplicó al señor MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA, la pena de once (11) años tres (3) meses por haber aceptado el delito bajo la modalidad de Procedimiento Abreviado. El nuevo Código establece como pena para ese delito prisión de diez (10) a quince (15) años, y como el delito es Agravado se aumenta en un tercio. La pena abstracta quedaría de 15 años a 20 años y si, a la pena mínima le rebajamos1/ 4 del Procedimiento Abreviado, la pena a imponer es de 11 años tres meses lo que no resulta más beneficioso al hoy condenado, por ser la misma pena a imponer que la que se le aplicó en la sentencia venida a revisión; por lo que es de parecer que no se otorgue la presente acción de revisión CONSIDERANDO CUATRO (4): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio, nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a. Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones; no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b. Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. c. Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. CONSIDERANDO CINCO (5): Sobre la aplicación de la ley intermedia. En relación a la ley intermedia. Se les denomina así, ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso hondureño no hablamos específicamente de una ley per se, empero se presenta una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”. CONSIDERANDO SEIS (6): Que en el caso sub examine, el peticionario, compareció ante este Alto Tribunal en fecha veinte(20) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), presentando recurso de Revisión de una sentencia condenatoria penal y en consecuencia la aplicación de la ley más benigna vigente en ese momento, el Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal, en consideración a que fue condenada por el delito de TRATA DE PERSONAS EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL estando vigente el artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, precepto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. La nueva norma penal establecía en el artículo 219. Trata de Personas. Debe ser castigado con la pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, quien empleando violencia, intimidación, engaño o, abusando de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control de la misma, la capta, transporta, traslada, acoge o recibe, dentro o fuera del territorio nacional, con cualquiera de las finalidades siguientes: 1)… 2) La explotación sexual forzada; 3)… 4)… 5)… 6)… El consentimiento de la víctima es irrelevante cuando se ha recurrido a alguno de los medios indicados en el párrafo primero de este artículo. Aun cuando no se recurra a ninguno de los medios indicados en el párrafo primero, se considera trata de personas cualquiera de las acciones indicadas cuando se lleva a cabo respecto de menores de dieciocho (18) años con cualquiera de los fines de explotación previstos.” No obstante a ello, entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 219 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de “Trata de Personas: Incurre en el delito de trata de personas y será castigado con una pena de prisión de diez (10) a quince (15) años, quien facilite, promueva o ejecute la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, con la finalidad de que sean utilizadas o forzadas a cualquier tipo de explotación incluyendo: 1)… 2)La explotación sexual o comercial. 3)… 4)… 5)… 6)… 7)… En el caso sujeto a estudio nos encontramos ante la situación de la aplicación de una ley más benigna en relación que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, ello es así pues la señor MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA, fue condenado por el delito de Trata de personas agravado, en su modalidad de explotación Sexual Comercial estando vigente el artículo 52 de la Ley Contra la Trata de Personas, aprobada en decreto No. 59-2012, de fecha 25 de abril de 2012, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Trata de Personas y posteriormente entra en vigencia el Decreto 93-2021, que de nuevo aumenta la pena para el delito de Trata de Personas como líneas arriba se dijo, pero solo en relación a la pena de Prisión, sin embargo queda derogada en cuanto a la pena de Multa que señalaba de ciento cincuenta (150) a doscientos cincuenta (250) salarios mínimos. CONSIDERANDO SIETE (7): Esta Sala Constitucional considera que una vez iniciado un trámite de Revisión materia penal, al momento de aplicar las normas penales a la sustanciación del Recurso, se deberá ejecutar la norma que fue invocada por el recursista y que al momento de peticionar estaba en vigencia, asimismo al momento de comparar las normas penales, como es el caso de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, se deberá comparar con la norma que fue aplicada en la sentencia (norma considerada derogada en el momento de interposición del recurso) y en el caso de que en el lapsus de presentación del Recurso y la emisión de la resolución final, la norma invocada fuese derogada o reformada, se tomará en consideración la más benigna, ya que el cambio de circunstancias es por causas ajenas al peticionario. Esto atendiendo el mandato constitucional, que coloca a la persona humana y su protección como fin y prioridad del Estado. Así también, bajo la órbita del principio pro homine, ampliamente reconocido por la Sala Constitucional, cuando exista la posibilidad de tomar diferentes decisiones, así como en el caso de mérito, se encuentran varias posibilidades en debate, el juez deberá preferir, aquella que contenga mejores protecciones, o que sean más favorables para el individuo. Por tanto, se debe aplicar la norma que más favorezca al encausado, puesto que su petición se realizó al amparo de una norma más benigna que al momento de interponer el Recurso se encontraba en vigencia. CONSIDERANDO OCHO (8): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. I. Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que efectivamente señor MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA, fue condenado por el JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante sentencia definitiva y firme de fecha seis(6) de febrero del dos mil veinte (2020), a la pena de ONCE AÑOS, TRES MESES DE RECLUSION y una MULTA de 168.75 salarios mínimos por el delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL en perjuicio de testigo protegido KSPS-1,más las accesorias DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL por el doble del tiempo que dure la condena. II.-Conforme las disposiciones del Código Penal Decreto 130-2017, el delito de TRATA DE PERSONAS, previsto en el artículo 219 dispone: “Trata de Personas. Debe ser castigado con la pena de prisión de cinco (5) a ocho (8) años, No obstante a ello , entró en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 219 del Decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de “Trata de Personas: Incurre en el delito de trata de personas y será castigado con una pena de prisión de diez (10) a quince (15) años, quien facilite, promueva o ejecute la captación el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas dentro o fuera del territorio nacional, con la finalidad de que sean utilizadas o forzadas a cualquier tipo de explotación incluyendo: 1)… 2)La explotación sexual o comercial. aun cuando no se recurra a ninguno de los medios indicados, se considera Trata de personas, siendo agravante especifica poner en peligro la vida, la integridad física o psíquica de la víctima, y al ser especialmente vulnerable, por lo que se incrementa en un tercio resultando una pena de quince (15) a veinte(20) años de prisión; y rebajada en un cuarto por aplicación de procedimiento abreviado resulta una pena de ONCE AÑOS TRES MESES DE PRISON sin embargo este código penal 130-2017, reformado mediante decreto 93-2021 deroga la pena de multa. III. Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número 8, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, por cuanto es evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma favorable, parcialmente, ya que en relación a la pena de prisión, se encuentra dentro del mismo marco punible; sin embargo en relación a la pena de Multa le favorece, lo que no implica fragmentación de normas ya que la pena de prisión en ambas legislaciones aplicables se encuentra en mismo rango punible ,Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, Procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, al haberse derogado la pena de Multa como pena principal conforme la legislación vigente, el Decreto 93-2021. por lo que es procedente la aplicación retroactiva en el presente caso, haciendo aplicación y conforme al artículo 101.4 del La Ley sobre Justicia Constitucional para que se proceda a emitir un nuevo cómputo de pena por parte del Juzgado de Ejecución competente solo en relación a la pena de multa derogada para este delito conforme la presente legislación. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero, 101 y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; Artículo 24, 25, 35, 38, 53, 58 y 219 reformado mediante decreto 93-2021 del Código Penal vigente. FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los abogados SIONY GUSTAVO DIAZ PADILLA Y MAYNOR ALEXANDER PALMA RODRIGUEZ , a favor del señor MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA; II) SE ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme dictada por JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha seis (6) de febrero de dos mil veinte (2020) y, III) SE REFORMA la sentencia definitiva y firme revisada, impuesta al SEÑOR MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA, por el delito TRATA DE PERSONA AGRAVADO en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO KSPS-1, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA : PRIMERO: Que debemos condenar y condenamos a MAVERICK JACKSEL PERDOMO MEDINA, por ser autor responsable penalmente del delito de TRATA DE PERSONAS AGRAVADO EN LA MODALIDAD DE EXPLOTACION SEXUAL COMERCIAL en perjuicio de testigo protegido KSPS-1, a las penas siguientes: i. ONCE AÑOS TRES MESES DE PRISION a la cual deberá deducirse el tiempo en que el condenado haya estado privado de su libertad por la misma causa criminal y que deberá cumplirla de conformidad con el Código Penal 130-2017; ii. así como la pena accesoria de inhabilitación absoluta por el doble de tiempo de la pena de reclusión, así como a la suspensión de la ciudadanía, por el tiempo señalado para el cumplimiento de la pena de prisión, por disposición constitucional (Artículo 41.2). Y MANDA: Que la secretaría del despacho notifique lo resuelto a los recurrentes para los efectos legales que en derecho correspondan. Redacto la magistrada. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los seis días del mes de marzo de dos mil veintiséis, certificación de la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-207-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL