Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia RP-1121-23 — Registro 20578

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia con relación a la causa que se instruyó por el delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido. Imponiéndole una pena de quince (15) años de reclusión que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de Támara, asimismo, se les impone la pena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos, equivalentes a quinientos treinta y cinco mil, sesenta y siete lempiras, (L 535,067.00) que deberá pagar a favor del Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO ONCE (11): En el caso sub examine, el peticionario abogado JUAN FERNANDO ANDRADE MARTINEZ, compareció ante este Tribunal, el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, presentando acción de Revisión de una sentencia condenatoria penal, solicitando la aplicación de la ley más benigna, (Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el Nuevo Código Penal), en consideración a que sus representados los señores JOSE LUIS CARCAMO CARCAMO Y MARIO JACOBO FLORES REYES, fueron condenados por el delito de EXTORSIÓN estando vigente el Decreto 144-83, reformado por el decreto 116-2012, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. Sin embargo, este Tribunal Constitucional advierte que la nueva norma penal que establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, al momento en que fue presentada la acción de revisión penal, ya no estaba vigente, porque el decreto 93-2021 que entró en vigencia el dos de noviembre de dos mil veintiuno ya había reformado la pena más benigna, es decir, antes de que se solicitara la revisión penal, distinto sería el caso, si en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, hubiese entrado en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del Nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. Sin embargo, en el caso sujeto a estudio, nos encontramos ante la pretensión de que se aplique una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, incluso no se encontraba vigente al momento de la presentación del recurso de revisión, ello es así porque los señores JOSE LUIS CARCAMO CARCAMO Y MARIO JACOBO FLORES REYES, fueron condenados por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83 reformado por el decreto 116-2012, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia nuevamente una pena de prisión igual a la que originalmente fue condenado. En ese orden de ideas, el Ministerio Público ha reprochado la aplicación del decreto 130-2017, dado que la norma vigente actualmente es la del decreto 93-2021, advirtiendo que la norma sustantiva vigente no le es favorable en virtud de contemplar una pena de prisión igual a la que fue sentenciado, poniendo de manifiesto una discusión doctrinal en relación a si la ley intermedia más favorable debe tenerse en cuenta o no, pues corresponde a una concepción jurídica inexistente en el momento del hecho y que ya no se profesa, “sin embargo, la doctrina española, de modo prácticamente unánime entiende que dichas leyes surten efectos retroactivos en cuanto benefician al reo”, en ese sentido, el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. Sin embargo, en el caso subjúdice no podría adoptarse ese criterio doctrinal, porque ya no estaba vigente la norma más benigna cuando se solicitó la revisión, ni cuando se dicta la presente sentencia. CONSIDERANDO DOCE (12): Esta Sala Constitucional estima que en el presente caso, una vez iniciado el trámite de Revisión penal, al momento de decidir la aplicación de las normas penales deberá tomarse en cuenta únicamente la norma en la que se basó el Tribunal de Sentencia para condenar al imputado y la que se encuentra vigente actualmente que resulta ser la misma que regía cuando se presentó la acción de revisión penal, en ese orden de ideas, esta Sala observa que efectivamente el señor JOSE LUIS CARCAMO CARCAMO Y MARIO JACOBO FLORES REYES fue condenado mediante la sentencia definitiva y firme de fecha dieciséis (16)de noviembre de dos mil veintiuno (2021) a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS por un delito de extorsión en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “EF 363”; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL y las penas que contempla actualmente el artículo 373 es, prisión de quince (15) a veinte (20) años Y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; Conforme el fallo emitido, los sentenciados cometieron el delito de Extorsión el cual está previsto en el artículo 373 reformado del Código Penal vigente; también resulta que conforme a los hechos probados del fallo es posible establecer la pertenencia de los condenados a un grupo delictivo organizado; circunstancia considerada en el artículo 374 preámbulo y numeral 1) como AGRAVANTES ESPECIFICA, debiendo aumentarse las pena en un tercio (1/3). Al realizar la comparación de penas entre la legislación derogada y la vigente se observa que, de conformidad con los artículos 53, 69, 373, 374 numeral 1; 615, 616 del Código Penal vigente, la pena privativa de libertad con el aumento de 1/3 resulta de veinte (20) a veintiséis (26) años ocho (8) meses de prisión. Asimismo, se agrava la pena de multa al realizar el aumento de 1/3 resultando una pena de 1000 a 1333 días multa, resultando a todas luces que sería mucho más gravosa la pena con la nueva ley que la impuesta en la sentencia. Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia es mucho menor que la que correspondería imponerle con la nueva ley penal y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 reformado, el importe pecuniario excede por mucho el señalado en la sentencia de instancia venida en revisión, por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de febrero del año dos mil veintiséis. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Abogado JUAN FERMANDO ANDRADE MARTINEZ a favor de los Señores JOSE LUIS CARCAMO CARCAMO y MARIO JACOBO FLORES REYES, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN. MATERIA DE EXTORSION, en fecha Noviembre 16 de noviembre de 2021 con relación a la causa que se instruyó contra los Señores JOSE LUIS CARCAMO CARCAMO Y MARIO JACOBO FLORES REYES por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTECIDO EF 363. (Exp.126-2023). ANTECEDENTES 1)En fecha dieciocho (18) de mayo del dos mil diecinueve (2019), el Ministerio Público, a través del agente del ministerio público el abogado JUAN FERNANDO ANDRADE MARTINEZ, compareció ante EL JUZGADO DE LETRAS DE LO PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSION presentando requerimiento fiscal contra los señores JOSE LUIS CARCAMO CARCAMO y MARIO JACOBO FLORES REYES a quien se les supone responsables, a título de autor de la comisión de la Infracción Penal de EXTORSION, En perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE "EF-363" (Folios 1-5 del recurso de mérito) 2) En fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA EN MATERIA DE EXTROSION dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: Debemos condenar y condenamos, por conformidad expresa de las partes, a los señores JOSÉ LUÍS CÁRCAMO CÁRCAMO y MARIO JACOBO FLORES REYES, cuyas generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autores responsables de un delito de EXTORSIÓN SIMPLE, en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO EF 363, imponiéndole una pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN que deberán cumplir en la Penitenciaría Nacional de Támara, esto sin perjuicio de la facultad que tienen las autoridades Penitenciarias de trasladar los reclusos en el momento que consideren oportuno y a la que se le ha de descontar el tiempo en que los imputados han estado privado de libertad. Asimismo, se les impone la pena de MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS, equivalentes a quinientos treinta y cinco mil, sesenta y siete lempiras, (Lps 535,067.00) que deberá pagar a favor del Estado de Honduras a través de la Tesorería General de la República, en la fase de ejecución de esta sentencia. SEGUNDO: Debemos condenar y condenamos a los señores JOSÉ LUIS CÁRCAMO CÁRCAMO Y MARIO JACOBO FLORES REYES como consecuencia de la condena de reclusión, a la pena accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA, por el tiempo que dure la condena principal, así como también a trabajar por el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penitenciario de conformidad con la ley que regula el Sistema Penitenciario Nacional. TERCERO: Procede declarar y declaramos la responsabilidad civil de los señores JOSÉ LUÍS CÁRCAMO CÁRCAMO y MARIO JACOBO FLORES REYES la que será determinada en la fase de ejecución de la sentencia. SEXTO: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio, a los señores JOSÉ LUÍS CÁRCAMO CÁRCAMO y MARIO JACOBO FLORES REYES. SÉPTIMO: No procede el comiso de ningún objeto relacionado con el delito en virtud de no haberlo solicitado el Ministerio Público. OCTAVO: Notifíquese esta sentencia a las partes procesales y una vez firme se remita el expediente al juzgado de ejecución correspondiente, una copia certificada de esta sentencia a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial, y una copia al centro penal donde se encuentran recluidos los señores JOSÉ LUÍS CÁRCAMO CÁRCAMO y MARIO JACOBO FLORES REYES. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. (Folios 130-133 del recurso de mérito) 3) En fecha veintitrés de agosto de dos mil veintitrés compareció el abogado JUAN FERNANDO ANDRADE MARTINEZ en representación de los señores JOSE LUIS CARCAMO CARCAMO Y MARIO JACOBO FLORES REYES, interponiendo acción Constitucional de REVISION EN MATERIA PENAL, pidiendo la aplicación retroactiva del artículo 373 del nuevo código penal creado mediante decreto 130-2017. 4) En fecha treinta (30) de octubre del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante MARVIN RIGOBERTA ESPINAL PINEL con la comparecencia del abogado JUAN FERNANDO ANDRADE MARTINEZ actuando en su condición de Apoderada Legal de los señores JOSE LUIS CARCAMO CARCAMO Y MARIO JACOBO FLORES y de la abogada ROSANA RODRIGUEZ ESPINAL, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; En el uso de la palabra el abogado JUAN FERNANDO ANDRADE MARTINEZ actuando en su condición de Apoderada Legal de los señores JOSE LUIS CARCAMO CARCAMO Y MARIO JACOBO FLORES, manifiesta que la pena que contenía el código derogado para el delito de extorsión era de 15 a 20 años entrando en vigencia posteriormente el artículo 373 del nuevo código que establecía una pena que oscilaba de 10 a quince años, sin embargo el tribunal de sentencia decidió imponer la pena en base al código penal derogado aún y cuando era procedente la aplicación del nuevo código; El Ministerio Público, por su parte, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva antes citada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Código Penal vigente, el cual sanciona con una pena más benigna el tipo penal de EXTORSIÓN, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1).., 2) ..,.3) ..5) ..,6)..,7) ..,8) Proceda la aplicación retroactiva de ley penal por ser más benigna... relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo código Penal. Que del análisis comparativo de ambas leyes penales y de ambos delitos, en primer término, se aprecia que el Código Penal derogado regulaba el delito de EXTORSION en su artículo 222, el cual disponía lo siguiente: "Debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados", razón por la cual el Tribunal de Sentencia le impuso quince años de reclusión Y multa de cincuenta salarios mínimo se inhabilitación absoluta interdicción civil; mientras que el Código Penal Vigente (Decreto 130-2017) regula esa misma conducta penal en el Artículo 373 reformado mediante Decreto 93-2021, que señala: "Debe ser castigado con la pena de prisión de quince (15) años a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil( 1000) días, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por actos de violencia física o intimidación realizados. En cuanto a la pena principal de multa, el Código Penal Vigente dispone en el artículo 53.- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (15, 000). Al examinar lo peticionado por el revisionista y al realizar la comparación de las penas, es visible que la nueva norma penal sanciona el delito en referencia con una pena más gravosa, en virtud que el Código Penal vigente estable como agravantes las establecidas en el artículo 374 que dispone que deberá aumentarse en un 1/3 cuando concurran cualquiera de las circunstancias siguientes : "1) Cuando los hechos se cometa en el ámbito de un grupo delictivo organizado ., tal como acontece en el presente caso, ya que al realizar el análisis de los Hechos declarados como Probados, se establece que el hoy imputado se identificó como miembro de la mara MS-13 exigiendo el pago de gente mil lempiras, en concepto de Impuesto de guerra y que no hacerlo corría peligro la vida del testigo protegido AD- 146; de lo que resulta una pena de veinte años (20) a veintiséis (26) años seis (6) meses lo que resulta menos favorable. De lo antes descrito, ésta representación fiscal estima que la norma sustantiva vigente no es más favorable al hoy condenado, por lo que lo peticionado por el revisionista no encuentra conforme Ley, no cumpliéndose las disposiciones contenidas en el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la ley penal por no ser esta más benigna al condenado. III.OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 27-29 vuelto del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. CONSIDERANDO DOS (2) Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “Procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” CONSIDERANDO TRES (3). De conformidad con el artículo 96 preámbulo y numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, entre otros casos, cuando: “proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna”, y el artículo 99 de la misma ley, dispone que, la Sala de lo Constitucional, según proceda, declarará sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada. CONSIDERANDO CUATRO (4): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño de la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.CONSIDERANDO CINCO (5): El Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”, asimismo, el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO SEIS (6): El Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior, en consecuencia, cumpliéndose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello implicaría una aplicación parcial de dos normas penales y con ello el juzgador estaría creando una nueva norma penal. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena.-CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. El artículo 616 del Código Penal prevé que: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena. Si la imposición de la pena dependiera de un dato que no obra en las actuaciones, se solicita el correspondiente dictamen para que el Órgano Jurisdiccional competente pueda determinar la cuantía de la nueva pena que habrá de sustituir a la anterior. Si el dictamen no llegara a ser conclusivo y se tratara de una pena de multa proporcional, para calcular la que correspondiera en el presente Código se ésta a lo dispuesto en el Artículo 54 de éste. En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación. Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el condenado. En todos los supuestos en los que a criterio del Órgano Jurisdiccional competente proceda la revisión de la condena es inexcusable oír al condenado; por ello, no lo es en el supuesto en el que se considere que la legislación anterior es más beneficiosa, en cuyo caso se puede dictar directamente Auto declarando la improcedencia de la revisión. Sin embargo y aún en esta última ocasión, el Órgano Jurisdiccional competente puede si lo considera, dar audiencia al condenado”. CONSIDERANDO OCHO (8): Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”.CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo mullen crimen, nula pena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: al establecer que “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario se transgrediría el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): Sobre la aplicación de la ley penal intermedia. Se le denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso de marras se trata de una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”. CONSIDERANDO ONCE (11): En el caso sub examine, el peticionario abogado JUAN FERNANDO ANDRADE MARTINEZ, compareció ante este Tribunal, el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, presentando acción de Revisión de una sentencia condenatoria penal, solicitando la aplicación de la ley más benigna, (Decreto Legislativo No. 130-2017 que contiene el Nuevo Código Penal), en consideración a que sus representados los señores JOSE LUIS CARCAMO CARCAMO Y MARIO JACOBO FLORES REYES, fueron condenados por el delito de EXTORSIÓN estando vigente el Decreto 144-83, reformado por el decreto 116-2012, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017. Sin embargo, este Tribunal Constitucional advierte que la nueva norma penal que establecía en el artículo 373 una pena más benigna para el delito de Extorsión: -prisión de diez (10) a quince (15) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días, al momento en que fue presentada la acción de revisión penal, ya no estaba vigente, porque el decreto 93-2021 que entró en vigencia el dos de noviembre de dos mil veintiuno ya había reformado la pena más benigna, es decir, antes de que se solicitara la revisión penal, distinto sería el caso, si en el ínterin de la petición del recurso de Revisión Penal promovido y el dictado de la presente sentencia, hubiese entrado en vigencia el Decreto Legislativo No.93-2021, mismo que contiene disposiciones que reforman el artículo 373 del Decreto 130-2017 contentivo del Nuevo Código Penal y agrava nuevamente la pena para el delito de Extorsión: -prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto. Sin embargo, en el caso sujeto a estudio, nos encontramos ante la pretensión de que se aplique una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, incluso no se encontraba vigente al momento de la presentación del recurso de revisión, ello es así porque los señores JOSE LUIS CARCAMO CARCAMO Y MARIO JACOBO FLORES REYES, fueron condenados por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83 reformado por el decreto 116-2012, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia nuevamente una pena de prisión igual a la que originalmente fue condenado. En ese orden de ideas, el Ministerio Público ha reprochado la aplicación del decreto 130-2017, dado que la norma vigente actualmente es la del decreto 93-2021, advirtiendo que la norma sustantiva vigente no le es favorable en virtud de contemplar una pena de prisión igual a la que fue sentenciado, poniendo de manifiesto una discusión doctrinal en relación a si la ley intermedia más favorable debe tenerse en cuenta o no, pues corresponde a una concepción jurídica inexistente en el momento del hecho y que ya no se profesa, “sin embargo, la doctrina española, de modo prácticamente unánime entiende que dichas leyes surten efectos retroactivos en cuanto benefician al reo”, en ese sentido, el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. Sin embargo, en el caso subjúdice no podría adoptarse ese criterio doctrinal, porque ya no estaba vigente la norma más benigna cuando se solicitó la revisión, ni cuando se dicta la presente sentencia. CONSIDERANDO DOCE (12): Esta Sala Constitucional estima que en el presente caso, una vez iniciado el trámite de Revisión penal, al momento de decidir la aplicación de las normas penales deberá tomarse en cuenta únicamente la norma en la que se basó el Tribunal de Sentencia para condenar al imputado y la que se encuentra vigente actualmente que resulta ser la misma que regía cuando se presentó la acción de revisión penal, en ese orden de ideas, esta Sala observa que efectivamente el señor JOSE LUIS CARCAMO CARCAMO Y MARIO JACOBO FLORES REYES fue condenado mediante la sentencia definitiva y firme de fecha dieciséis (16)de noviembre de dos mil veintiuno (2021) a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSION Y MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS por un delito de extorsión en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO “EF 363”; asimismo a las penas ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCION CIVIL y las penas que contempla actualmente el artículo 373 es, prisión de quince (15) a veinte (20) años Y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto; Conforme el fallo emitido, los sentenciados cometieron el delito de Extorsión el cual está previsto en el artículo 373 reformado del Código Penal vigente; también resulta que conforme a los hechos probados del fallo es posible establecer la pertenencia de los condenados a un grupo delictivo organizado; circunstancia considerada en el artículo 374 preámbulo y numeral 1) como AGRAVANTES ESPECIFICA, debiendo aumentarse las pena en un tercio (1/3). Al realizar la comparación de penas entre la legislación derogada y la vigente se observa que, de conformidad con los artículos 53, 69, 373, 374 numeral 1; 615, 616 del Código Penal vigente, la pena privativa de libertad con el aumento de 1/3 resulta de veinte (20) a veintiséis (26) años ocho (8) meses de prisión. Asimismo, se agrava la pena de multa al realizar el aumento de 1/3 resultando una pena de 1000 a 1333 días multa, resultando a todas luces que sería mucho más gravosa la pena con la nueva ley que la impuesta en la sentencia. Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia es mucho menor que la que correspondería imponerle con la nueva ley penal y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017 reformado, el importe pecuniario excede por mucho el señalado en la sentencia de instancia venida en revisión, por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 222 del código penal derogado; 373, 615, 616 del nuevo código penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada JUAN FERNANDO ANDRADE MARTINEZ, en favor del señor el señor JOSE LUIS CARCAMO CARCAMO Y MARIO JACOBO FLORES REYES, contra la sentencia dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE EXTORSIÓN en fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), con relación a la causa que se instruyó contra los señores JOSE LUIS CARCAMO CARCAMO Y MARIO JACOBO FLORES REYES por el delito de EXTORSION SIMPLE en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO EF 363. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. - NOTIFÍQUESE. “FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días de junio del dos mil veintiséis, certificación del Fallo de fecha veinte de febrero del dos mil veintiséis recaído en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-1121-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL