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Sentencia RP-108-23 — Registro 20365

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal contra la sentencia condenatoria por la comisión del delito de secuestro y asociación ilícita. Declarado con lugar el recurso.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “III. Siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo uso de las fórmulas estatuidas en el artículo 70 del Código Penal vigente, se procede a la aplicación de las agravantes y atenuantes establecidas en el párrafo sexto de la fundamentación jurídica expuesta en la sentencia sometida a Revisión, donde se establece como agravante que el señor WILMER ANTONIO RODRÍGUEZ GIRÓN, también conocido como GUILMER ANTONIO RODRÍGUEZ GIRÓN tiene antecedentes penales por varios delitos; mientras que la defensa técnica no presentó medios de prueba a su favor. Atendiendo las reglas para individualizar las penas, específicamente el acápite b del artículo supra mencionado que dice: “Si solo concurre una (1) o dos (2) circunstancias agravantes y ninguna atenuante, se aplicará la pena media, hasta el límite máximo”. Con esto se concluye que al imputado se le debe imponer la pena superior a la pena media, pero al ser solamente cualificado por una circunstancia agravante genérica, tampoco se le aplicará el límite máximo; correspondiéndole una nueva pena de catorce (14) años de prisión. Asimismo, prohibición de residir o acudir al lugar en que se haya cometido el delito o a aquel en que resida la víctima o su familia por el doble de tiempo de la condena. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.-SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil veintiséis. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por los Abogados SAMMY BLADIMIRO HERRERA MURILLO y LIBIDA DEL CARMEN CALIX a favor de GUILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, en fecha doce de marzo de dos mil dieciocho, con relación a la causa que se instruyó contra el señor GUILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON por el delito de SECUESTRO en perjuicio de SONIA LIZETH MORALES MEDINA. (Exp. No. 88-2618 J/N). ANTECEDENTES 1) Que en fecha veinticinco (25) de septiembre del dos mil catorce (2014) el Agente de Tribunales del Ministerio Público, el abogado, KARLA YANETH ZAVALA MENDOZA, presentando requerimiento Fiscal contra MARCELINO ERAZO VELÁSQUEZ, 'SANDRA JANETH SÁNCHEZ CARRASCO, GUILMER ANTONIO RODRÍGUEZ y ALEX JOSÉ SÁNCHEZ SUAZO, a quienes se les supone responsable de la comisión del delito de SECUESTRO Y ASOCIACION ILICITA en perjuicio de SONIA LIZZETH MORALES MEDINA, (Folios 01-04 del recurso de mérito). 2) Que en fecha doce (12) de marzo del dos mil dieciocho (2018), el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: Condenar como en efecto condenamos a los señores ALEX JOSE SANCHEZ SUAZO, conocido también en este proceso como ALEX JOSUE SANCHEZ SUAZO Y WILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, conocido en este proceso también como GUILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como coautores responsables de un delito de SECUESTRO, en perjuicio de la señora SONIA LIZETH MORALES MEDINA, imponiéndoles la pena principal de veintidós (22) Años de Reclusión, debiéndose computar la misma desde el día en que fueron recluidos de manera efectiva en el Centro Penitenciario por esta causa. SEGUNDO: Que debemos condenar y condenamos a los señores ALEX JOSE SANCHEZ SUAZO, conocido también en este proceso como ALEX JOSUE SANCHEZ SUAZO Y WILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, conocido en este proceso también como GUILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, a las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL durante el tiempo de duración de la pena principal, así como también a trabajar por el tiempo de su condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento, de conformidad con la Ley que regula el Sistema Penitenciario. TERCERO Debemos declarar la responsabilidad civil de los condenados ALEX JOSE SANCHEZ SUAZO, conocido también en este proceso como ALEX JOSUE SANCHEZ SUAZO Y WILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, conocido también en este proceso como GUILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, la que será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: se declara el comiso de un teléfono celular marca Blu, modelo talk, color negro con rojo, el cual está bajo custodia del Ministerio Público. QUINTO: Se declara el comiso de un teléfono celular marca Blu, modelo Talk, color negro con rojo, el cual está bajo custodia del Ministerio Público. SEXTO: Absolver como en efecto Absolvemos, a los señores ALEX JOSE SANCHEZ SUAZO, conocido en este proceso también como ALEX JOSUE SANCHEZ SUAZO Y WILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, conocido en este proceso también como GUILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, SANDRA JANETH SANCHEZ CARRASCO y MARCELINO ERAZO VELASQUEZ, por el delito de ASOCIACION ILICITA en perjuicio de la SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO DE HONDURAS, y los señores SANDRA JANETH SANCHEZ CARRASCO y MARCELINO ERAZO VELASQUEZ, por el delito de SECUESTRO en perjuicio de SONIA LIZETH MORALES MEDINA. Que se notifique esta sentencia a las partes procesales que han intervenido, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de casación dentro del término de veinte días. Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos. (Folios 343-366 del recurso de mérito)3)En fecha veintiséis (26) de octubre del dos mil veintitrés (2023), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante MARTA DELIA MERINO CONDE, con la comparecencia de la abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público y el abogado SAMMY BLADIMIRO HERRERA MURILLO actuando en su condición de Apoderado Legal del señor GUILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON; Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva antes citada, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, de conformidad a las disposiciones vigentes contenidas en el nuevo Código Penal, el cual sanciona con una pena más benigna el delito de SECUESTRO, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2)..., 3) ... 4) ...,5) ..., 6) ... 7) ... 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna." relacionado con los artículos 615 y 616 del Código Penal vigente. De lo expuesto por la revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales invocadas por los comparecientes y que señalan las sanciones que corresponden al delito de SECUESTRO, por el cual se emitió la sentencia condenatoria contra el señor WILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, conocido también Como GUILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, por lo que deben analizarse los artículos 239 y 240 del Código Penal vigente, siendo que de conformidad a 10s hechos probados plasmados en la sentencia de mérito, se puede establecer que concurren la agravantes señalada en el numeral 7 del artículo 240, con relación al artículo 136 del mismo cuerpo legal, en virtud que la ofendida fue interceptada por 3 personas del sexo masculino quienes la mantuvieron cautiva en una zona boscosa del municipio del Rosario, Comayagua, en donde este custodiada por varios individuos desde el día 23 de septiembre de 2014 hasta el día 25 de septiembre de 2014, por lo que la pena a aplicar seria la impuesta por el delito de SECUESTRO AGRAVADO, según el artículo 240 del Código Penal Vigente, que establece que al concurrir dos o más agravantes deberá aplicarse la pena de PRISIÓN DE DOCE (12) A QUINCE (15) Años. De lo expuesto, esta Representación fiscal estima que el Código Penal vigente establece una norma penal más favorable al hoy condenado, por 10 que 10 peticionado por el revisionista se encuentra conforme a Ley, tal como lo dispone el artículo 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad de la Ley penal por ser esta más benigna al condenado. III.OPINIÓN: visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque SE OTORGUE la presente acción de revisión. (Folios 19-20 vuelto del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. El Jurista Enrique Flores Valeriano manifiesta: “La revisión es un nuevo examen del caso ya juzgado, diferente de la casación, que no ha obtenido esta condición ejecutoria. También se distinguen en que la casación se autoriza contra fallos que adolecen del vicio de nulidad, y la revisión puede referirse a un juicio que no tiene vicio alguno de esta índole, y aun en el caso de que se haya declarado no haber lugar a la admisión del recurso de casación contra él. La revisión es un recurso excepcional, único, ya que no existe ningún otro que se conceda contra sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada. Constituye, pues una categoría singular, que lo aparta de la clasificación general de recursos extraordinarios (casación, amparo e inconstitucionalidad). Sólo de esa manera se entiende que sean características de la revisión: la restricción de las causas legales contempladas como motivos de su procedencia, las condiciones formales de admisibilidad, y que conozca de ella el Tribunal más alto en la jerarquía judicial. Pero lo que mejor conceptúa esta institución jurídica es el objeto que pretende impugnar: Una sentencia que ha adquirido autoridad de cosa juzgada. Pareciera un contrasentido, y lo es; Sin embargo, tiene una sola explicación: El legislador considera que, en ciertos casos, excepcionales, por cierto, la seguridad jurídica y la estabilidad de los fallos, que constituyen el propósito de la res iudicata, resultan ser valores subalternos frente al valor supremo de la que es la justicia. Son pues, dos valores: Cosa juzgada o justicia, y en los casos previstos debe prevalecer este último. De aquí que la revisión que va a atacar una sentencia firme tiene que ser muy calificada.” Otros precedentes de interés señalan que: a)“el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c)“La revisión penal,… reviste los caracteres de extraordinario y de excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente prevenidos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” Al efecto, el artículo 96 de la referida ley dispone entre otras causales, que la revisión procede en virtud de la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna, dispuesta en el numeral ocho de dicho artículo. La Sala de lo Constitucional, de conformidad a lo que dispone el artículo 99 de la Ley sobre Justicia Constitucional, podrá dictar en la sentencia que ponga fin a la garantía que se declara sin lugar la revisión o que se anula la sentencia impugnada. CONSIDERANDO DOS (2): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño a la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO TRES (3): Resumen sobre los alegatos del Garantista expuestos en su escrito de interposición de la Garantía Constitucional de Revisión. Los recurrentes, abogados SAMMY BLADIMIRO HERRERA MURILLO y LIBIDA DEL CARMEN CÁLIX, actuando en su condición de Apoderados Legales del señor GUILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, fundan su petición en el precepto autorizante contenido en el numeral ocho del artículo 96, de la Ley sobre Justicia Constitucional que establece la procedencia de la acción de revisión penal a favor del condenado cuando en una sentencia firme procede la aplicación retroactiva de una ley penal que le resulta más benigna; señalando, según se desprende de los antecedentes, que señor GUILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON fue condenado por el TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, en fecha 12 de marzo del año dos mil dieciocho, como coautor responsable de un delito de SECUESTRO, en perjuicio de la señora SONIA LIZETH MORALES MEDINA, imponiéndole la pena principal de veintidós (22) Años de Reclusión; pena la cual fue aplicada de conformidad al Código Penal derogado (Decreto No. 144-83). Se solicita la revisión con mérito a lo que establecen los artículos 615 y 616 del Código Penal vigente; con relación a las atribuciones de revisión de oficio de las sentencias condenatorias, que establece el artículo 614 del mismo Código; el cual se estima impone una pena más favorable, con todas sus circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen, en una y en otra legislación, a favor del señor GUILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON; para quien solicita de adecue una nueva sentencia con la pena mínima que la ley penal establece para el delito de SECUESTRO. CONSIDERANDO CUATRO (4): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. Que la audiencia de oposición a la garantía de revisión se celebró el día veintiséis del mes de octubre del año dos mil veintitrés, ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, presidido por la Magistrada Integrante MARTA DELIA MERINO CONDE, con la comparecencia de la abogada XIOMARA YAMILETH OSORIO VELASQUEZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público y del abogado SAMMY BLADIMIRO HERRERA MURILLO actuando en su condición de Apoderado Legal del señor GUILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON. Hizo uso de la palabra la representante del Ministerio Público, quien admitió la procedencia de aplicación de la pena prevista para el delito de SECUESTRO AGRAVADO, según regulado en el artículo 240 del Nuevo Código Penal Vigente; concurriendo la circunstancia de agravación establecida al concurrir dos (2), o más agravantes, supuesto en que deberán aplicarse las penas de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena. En conclusión, señala la Fiscalía del Ministerio Público, que lo peticionado por el revisionista, es conforme a nuestro ordenamiento jurídico, el cual reconoce como principio general que la ley no tiene efectos retroactivos, en el artículo 96, tercer párrafo, de la Constitución de la República; “La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando la nueva Ley favorezca al delincuente o procesado.” De ahí que dicho precepto constitucional contempla el principio de irretroactividad, con la importante excepción del caso en que la nueva ley sea más benéfica o favorable al reo. Por lo cual, al analizarse los artículos 239 y 240 del Nuevo Código Penal (Decreto No. 130-2017), con relación al artículo 136 del mismo Código, se establece con ello, la procedencia de imponer una pena más favorable al sentenciado. Corresponde, a juicio de la fiscalía del Ministerio Público, la imposición de la pena actualmente tipificada para el delito de SECUESTRO AGRAVADO, en el artículo 240 del Código Penal vigente, con relación al artículo 96, numeral 8) de la Ley sobre Justicia Constitucional. Por todo lo cual, estima la representación fiscal, procede SE OTORGUE la presente acción de revisión, según lo peticionado.CONSIDERANDO CINCO (5): Que el Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, vigente a partir del 25 de junio del año dos mil veinte (2020), en su Artículo 615 dispone: “Retroactividad de la ley penal más favorable. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencias del presente código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616 “Criterios para determinar la ley penal más favorable. Para determinar la ley penal más favorable se comparará la pena que hubiere podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas concretas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. “En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique”. “Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. CONSIDERANDO SEIS (6): Así el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO SIETE (7): Que el texto del Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior. CONSIDERANDO OCHO (8): Que dándose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su comisión y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. Que el juzgador, al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello como se ha señalado implicaría una aplicación parcial de dos normas penales, que es lo mismo que la creación de una nueva norma penal por parte del juzgador. La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. En cuanto a determinar cuándo es una ley más beneficiosa para el encausado, algunos autores exponen lo siguiente: "...Se establece cuál es la ley más benigna comparando la situación particular de cada persona en relación con ambas leyes...". Por lo tanto, se puntualiza concretamente lo estatuido en la sentencia condenatoria y se hace un ejercicio de comparación con lo estipulado en la nueva norma penal y la norma penal derogada, teniendo como consecuencia la aplicación de la norma que sea más favorable. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena mas leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”. -La negrita y lo subrayado es nuestro- CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la Corte Interamericana en su interpretación sobre el principio de retroactividad ha establecido en la sentencia Ricardo Canese Vs. Paraguay “el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable se encuentra contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, al indicar que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que desincriminan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable”. CONSIDERANDO ONCE (11): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo nullum crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 que dice: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, por la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario, se transgrediría el Principio de Legalidad. CONSIDERANDO DOCE (12): Que esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en aplicación del artículo 614 del Código Penal (Decreto 130-2017) de fecha 18 de enero de 2018 publicado en el diario Oficial La Gaceta N.º 34,940 de fecha 10 de mayo de 2019, determina aplicar el control difuso establecido en el artículo 320 de la Constitución de la Republica; por lo que en aplicación de los artículos 186 y 316.1 de la Constitución de la Republica en relación a los artículos 96, 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, emite el presente fallo. CONSIDERANDO TRECE (13): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional. Que la Sala a continuación hace exposición de los argumentos que conforman la motivación que sustenta su decisión, en referencia a la presente garantía constitucional de revisión penal. -I- Que del estudio de la foliada y de los antecedentes que se acompañan con la garantía constitucional de revisión penal esta Sala aprecia que, efectivamente, el señor WILMER ANTONIO RODRÍGUEZ GIRÓN, también conocido como GUILMER ANTONIO RODRÍGUEZ GIRÓN, fue condenado por la SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL, mediante la sentencia definitiva y firme de fecha en fecha doce (12) de marzo del año dos mil dieciocho (2018), a la pena de VEINTIDOS (22) AÑOS DE RECLUSION por el delito de SECUESTRO, más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena. II- Que esta Sala de lo Constitucional constata con los antecedentes y con los alegatos del impetrante, que, en la sentencia condenatoria, firme antes relacionada, el órgano jurisdiccional competente aplicó lo dispuesto en el artículo 194 numeral 2 del Código Penal (Decreto 144-1983), correspondientes a la comisión del delito de SECUESTRO, cuando la privación de la libertad excediere de veinticuatro (24) horas. III- Esta Sala considera que el caso sub judice se subsume en la causal número ocho, del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; haciéndose evidente que procede la aplicación retroactiva de una norma penal favorable, en relación a la norma penal derogada empleada para la emisión de la sentencia condenatoria firme y definitiva, a que se ha hecho relación. CONSIDERANDO CATORCE (14): Que en la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia mediante el Recurso de Revisión, se impuso al señor WILMER ANTONIO RODRÍGUEZ GIRÓN, también conocido como GUILMER ANTONIO RODRÍGUEZ GIRÓN, la pena principal de VEINTIDÓS (22) AÑOS DE RECLUSION más las penas accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL por el tiempo que dure la condena, por haber sido encontrado responsable como autor de un delito de SECUESTRO, en perjuicio dela señora SONIA LIZETH MORALES MEDINA. I. Que la comparativa de penas entre las dos legislaciones penales permiten determinar que, en el presente caso, el Código Penal (Decreto 144-1983), ahora derogado, establecía una pena abstracta de veinte (20) años a privación de la libertad de por vida y el vigente Código Penal (Decreto 130-2017), prevé para la misma conducta delictiva de SECUESTRO AGRAVADO la pena abstracta de doce (12) a quince (15) años de prisión y prohibición de residencia por el doble que dure la condena. Ponderando el quantum de la pena, es palmario que el marco de penas abstractas del Código Penal Vigente es menos gravoso para el encausado. Por lo que, resulta procedente la aplicación retroactiva de la ley penal en favor del señor WILMER ANTONIO RODRÍGUEZ GIRÓN, también conocido como GUILMER ANTONIO RODRÍGUEZ GIRÓN. II. El sentenciado, al tenor del artículo 239 del nuevo Código Penal cometió el delito de Secuestro, puesto que privo de la libertad a otra persona y exigió condición para liberarla, estableciendo la norma penal en el artículo 240 del vigente Código Penal que este se convierte en SECUESTRO AGRAVADO si concurre una circunstancia de las establecidas en el precepto antes mencionado, tal y como acontece en el caso de mérito, cuya premisa fáctica encuadra perfectamente con la circunstancia calificativa de la responsabilidad penal siguiente: “7) El delito se comete en el ámbito de un grupo delictivo organizado; 8)…”. Debiendo imponerse, por lo tanto, al señor WILMER ANTONIO RODRÍGUEZ GIRÓN, también conocido como GUILMER ANTONIO RODRÍGUEZ GIRÓN la pena de prisión de doce (12) a quince (15) años y prohibición de residencia por el doble de tiempo de la condena. III. Siguiendo los parámetros de la aplicación de la retroactividad de la ley penal, y después de hacer la respectiva ponderación, haciendo uso de las fórmulas estatuidas en el artículo 70 del Código Penal vigente, se procede a la aplicación de las agravantes y atenuantes establecidas en el párrafo sexto de la fundamentación jurídica expuesta en la sentencia sometida a Revisión, donde se establece como agravante que el señor WILMER ANTONIO RODRÍGUEZ GIRÓN, también conocido como GUILMER ANTONIO RODRÍGUEZ GIRÓN tiene antecedentes penales por varios delitos; mientras que la defensa técnica no presentó medios de prueba a su favor. Atendiendo las reglas para individualizar las penas, específicamente el acápite b del artículo supra mencionado que dice: “Si solo concurre una (1) o dos (2) circunstancias agravantes y ninguna atenuante, se aplicará la pena media, hasta el límite máximo”. Con esto se concluye que al imputado se le debe imponer la pena superior a la pena media, pero al ser solamente cualificado por una circunstancia agravante genérica, tampoco se le aplicará el límite máximo; correspondiéndole una nueva pena de catorce (14) años de prisión. Asimismo, prohibición de residir o acudir al lugar en que se haya cometido el delito o a aquel en que resida la víctima o su familia por el doble de tiempo de la condena. IV. Siguiendo ese orden de ideas, esta Sala aprecia después del estudio de las presentes diligencias que se cumple con los requisitos exigidos tanto por la Norma Sustantiva como lo estipulado en la Ley Sobre Justicia Constitucional, para otorgar la presente garantía constitucional de revisión. Por consiguiente, procede la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna.POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: I) Declarando CON LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por los abogados SAMMY BLADIMIRO HERRERA MURILLO y LIBIDA DEL CARMEN CALIX a favor de GUILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON; II) ANULA PARCIALMENTE la sentencia definitiva firme proferida por la SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL en fecha 12 de marzo del año 2018; y, III) SE MODIFICA la sentencia revisada, en el único sentido de reformar la pena impuesta al señor GUILMER ANTONIO RODRIGUEZ GIRON, por el delito de SECUESTRO en perjuicio de SONIA LIZETH MORALES MEDINA, la cual deberá leerse de la siguiente manera: FALLA: PRIMERO: CONDENANDO al señor WILMER ANTONIO RODRÍGUEZ GIRÓN, también conocido como GUILMER ANTONIO RODRÍGUEZ GIRÓN, de generales ya expresadas en el preámbulo de la sentencia, por el delito de SECUESTRO a la pena de CATORCE (14) AÑOS DE PRISIÓN, así como la prohibición de residir o acudir al lugar en que se haya cometido el delito o a aquel en que resida la víctima o su familia por el doble de tiempo de la condena. Ratificando la sentencia revisada en sus demás partes y contenidos. Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Juzgado de Ejecución correspondiente para que proceda al cumplimiento del presente fallo. Redactó el Magistrado PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil veintiséis, certificación del Fallo de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Revisión Penal . Registrado en este Tribunal con el número SCO-0108-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL