Sentencia EP-30-26 — Registro 20472
Resumen
Privados de libertad que se encuentra con medidas cautelar de prisión preventiva por la supuesta comisión de los delitos de Usurpación y Desplazamiento forzado lo cuales son integrantes del pueblo indígena Lenca, quienes realizan acciones de reivindicación territorial vinculadas a la defensa de sus derechos ancestrales. Argumentan que acusación interpuesta en su contra constituye un grave caso de criminalización de personas defensoras de derechos humano.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que, del informe presentado ante esta Sala de Justicia Constitucional, por parte de la Juez Ejecutora, Abogada JOSEFINA PAVON DURÓN; se desprende la no acreditación de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; al no encontrarse detenidas ilegalmente las personas beneficiarias del presente recurso constitucional de Exhibición Personal o Habeas Corpus; en vista a no haberse constatado la restricción ilegal o arbitraria a la libertad y seguridad de los agraviados; entrevistándose a los mismos, en el trámite de la presente garantía constitucional, quienes negaron haber sido sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, tormentos o vejámenes en contra de su humanidad, por parte de la autoridad recurrida. Habiéndose reiterado documentalmente y mediante las referidas entrevistas, por otra parte, que los internos beneficiarios del presente recurso fueron sujetos a examinación médica oficial, a la prescripción de tratamientos y visitas médicas especializadas; lo cual fue constatado, al momento de rendirse el respectivo informe por parte de la Juez Ejecutora. Desestimándose, por ende, concurra mérito para el otorgamiento de la presente garantía constitucional..."
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 13 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 24 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que, del informe presentado ante esta Sala de Justicia Constitucional, por parte de la Juez Ejecutora, Abogada JOSEFINA PAVON DURÓN; se desprende la no acreditación de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; al no encontrarse detenidas ilegalmente las personas beneficiarias del presente recurso constitucional de Exhibición Personal o Habeas Corpus; en vista a no haberse constatado la restricción ilegal o arbitraria a la libertad y seguridad de los agraviados; entrevistándose a los mismos, en el trámite de la presente garantía constitucional, quienes negaron haber sido sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, tormentos o vejámenes en contra de su humanidad, por parte de la autoridad recurrida. Habiéndose reiterado documentalmente y mediante las referidas entrevistas, por otra parte, que los internos beneficiarios del presente recurso fueron sujetos a examinación médica oficial, a la prescripción de tratamientos y visitas médicas especializadas; lo cual fue constatado, al momento de rendirse el respectivo informe por parte de la Juez Ejecutora. Desestimándose, por ende, concurra mérito para el otorgamiento de la presente garantía constitucional..."
Jerarquía: Reiterativa
..."Que, del informe presentado ante esta Sala de Justicia Constitucional, por parte de la Juez Ejecutora, Abogada JOSEFINA PAVON DURÓN; se desprende la no acreditación de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; al no encontrarse detenidas ilegalmente las personas beneficiarias del presente recurso constitucional de Exhibición Personal o Habeas Corpus; en vista a no haberse constatado la restricción ilegal o arbitraria a la libertad y seguridad de los agraviados; entrevistándose a los mismos, en el trámite de la presente garantía constitucional, quienes negaron haber sido sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, tormentos o vejámenes en contra de su humanidad, por parte de la autoridad recurrida. Habiéndose reiterado documentalmente y mediante las referidas entrevistas, por otra parte, que los internos beneficiarios del presente recurso fueron sujetos a examinación médica oficial, a la prescripción de tratamientos y visitas médicas especializadas; lo cual fue constatado, al momento de rendirse el respectivo informe por parte de la Juez Ejecutora. Desestimándose, por ende, concurra mérito para el otorgamiento de la presente garantía constitucional..."
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinte días del mes de febrero de dos mil veintiséis. VISTO: Para dictar sentencia en el recurso de exhibición personal, Recibido con procedencia del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, Interpuesto por el señor SANTOS DAVID MARTÍNEZ en su condición de representante del MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA a favor de los señores JOSÉ CRUZ DEL CID y WILFREDO DÍAZ GARCÍA, quienes se encuentran bajo la medida cautelar de prisión preventiva, en el marco del expediente No. 310-2025, por la supuesta comisión de los delitos de USURPACIÓN y DESPLAZAMIENTO FORZADO; acción constitucional de exhibición personal dirigida contra actuaciones del Director del Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto”, ubicado en la localidad de Tamara, departamento de Francisco Morazán, en virtud que "...las personas acusadas son integrantes del pueblo indígena Lenca, quienes realizan acciones de reivindicación territorial vinculadas a la defensa de sus derechos ancestrales. En este contexto, la acusación interpuesta en su contra constituye un grave caso de criminalización de personas defensoras de derechos humanos, situación que se ha intensificado en la zona ante el creciente número de procesos dirigidos contra poblaciones indígenas y líderes comunitarios…”. A N T E C E D E N T E S 1) Que en fecha veintiocho de noviembre del dos mil veinticinco, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, departamento de Francisco Morazán, el Señor SANTOS DAVID MARTINEZ en su condición de representante del MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA a favor de los señores JOSE CRUZ DEL CID Y WILFREDO DIAZ GARCIA, en el marco del expediente No. 310-2025, por la supuesta comisión de los delitos de USURPACIÓN y DESPLAZAMIENTO FORZADO; acción constitucional dirigida contra actuaciones del Director del Centro Penitenciario “Marco Aurelio Soto”, ubicado en la localidad de Tamara, departamento de Francisco Morazán, en virtud que "...las personas acusadas son integrantes del pueblo indígena Lenca, quienes realizan acciones de reivindicación territorial vinculadas a la defensa de sus derechos ancestrales. En este contexto, la acusación interpuesta en su contra constituye un grave caso de criminalización de personas defensoras de derechos humanos, situación que se ha intensificado en la zona ante el creciente número de procesos dirigidos contra poblaciones indígenas y líderes comunitarios…”. Adicionalmente, manifiesta el garantista, que, según información proporcionada por sus familiares, las autoridades penitenciarias han suspendido las visitas de manera indefinida, con motivo en las restricciones adoptadas por las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025. Como consecuencia, no se ha podido constatar el estado real de salud de los referidos internos y si reciben atención médica o tratamiento para sus enfermedades de base. (Folio 01-05 del recurso) 2) Que, en esa misma fecha, el citado Juzgado de Letras, admitió el recurso de exhibición personal de mérito, designando como Juez Ejecutor 2.-) Nómbrese a la Abogada JOSEFINA PAVON, quien actúa como en su condición de Defensora Publica de la Corte Suprema de Justicia, de este Departamento, inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras con carnet N0.7021, como Juez Ejecutora, a quien deberá librársele la debida Comunicación con las inserciones del caso, 3.-) Asimismo se le hará saber el nombramiento en ella recaído, para su aceptación y demás efecto legales, a fin de que adopte las medidas necesarias para la averiguación del caso, debiendo personarse ante este juzgado de inmediato para su juramentación, 4.-) Una vez que el Juez Ejecutora rinda su informe, remítanse las presentes actuaciones a la Sala Constitucional de la Honorable Corte Suprema de Justicia, para que sigan conociendo de la misma, en virtud de que este Juzgado, por la urgencia del caso conoce a prevención de dicha Garantía. (Folio 6-7 de los antecedentes) 3) Que la Abogada JOSEFINA PAVON DURÓN, en su condición antes indicada, y en el ejercicio de las funciones inherentes a su cargo, rindió el informe correspondiente en fecha doce de diciembre del dos mil veinticinco, en el cual consignó lo siguiente: “…RESOLUCION CONSIDERANDO: Que en entrevista realizada a los privados de libertad José Cruz Del Cid Guzmán refiere: "No me han torturado los guardias nos tratan con respeto y no han puesto en peligro mi vida" Soy diabético tomo metformina y me la consigue el coordinador del módulo tomo para la presión hibersartan de 300 ml y también me la consigue el coordinador. Estoy en el Modulo Procesados 1 Hogar 7.- Wilfredo Díaz Garcia refiere: "No he sufrido tormentos ni torturas los guardias nos tratan con respeto", no he puesto denuncias, enferme de fiebre y calentura no me he presentado al hospital del Centro Penal porque siempre que he querido venir me dicen que no hay consulta, agrega que estuvo 4 días con calentura y nunca me trajeron al hospital solo me daba pastillas el coordinador del módulo para la tos y la calentura. Estoy en Sentenciados 1 hogar 11. CONSIDERANDO: Según informe rendido por el abogado José Abraham Rosa Sánchez en su condición de Juez de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción dando cumplimiento al requerimiento realizado informa lo siguiente: En fecha 15 de octubre del año 2025 se presentó requerimiento fiscal en contra de José Cruz Del Cid Guzmán, Wilfredo Díaz García. Realizándose audiencia de Declaración de Imputado en la cual se les impuso la medida cautelar de Detención Judicial, ordenándose ese día su traslado al Centro Penal. -En fecha 20 de octubre del año 2025 se llevó a cabo Audiencia Inicial, decretándose Auto de Formal Procesamiento, en contra de José Cruz Del Cid Guzmán y de Wilfredo Díaz Garcia por suponerlos responsables de los delitos de Usurpación Agravada, Desplazamiento Forzado en perjuicio de Los Herederos Calix imponiéndose como medida cautelar la Prisión Preventiva. Se dictó Sobreseimiento Definitivo por el delito de Asociación para Delinquir en perjuicio de Otros Derechos Fundamentales En fecha 27 de noviembre del año 2025 se realizó audiencia de Revisión de Medidas Cautelar la cual se declaró Sin Lugar en virtud de no haber desacreditado los presupuestos que dieron origen a la medida de Prisión Preventiva. Cabe destacar que la defensa estuvo presente por medio de zoom por lo que no presento ningún tipo de documentación correspondiente al arraigo, asimismo no consta en el expediente de mérito alguna solicitud realizada a medicina forense para la realización de examen físico, como al centro penitenciario con el fin de darle seguimiento a sus tratamientos ambulatorios. CONSIDERANDO: Que según Dictamen Numero 2025080101011191 en el cual se le realiza numo cuba ya (54) evaluación médica a WILFREDO DIAZ GARCIA por la Perito Oficial del Ministerio Publico Doctora Claudia Maria Diaz Lopez con registro del Colegio Médico No. 10894 concluye entre otras: "Al momento de la evaluación física el evaluado se encontraba lucido, consciente, orientado en espacio, tiempo y persona, en buen estado general, hemodinámica cardiopulmonar y neurológicamente estable, con signos y síntomas menores de un proceso respiratorio, por lo cual se recomienda ser evaluado por médicos del centro penitenciario donde se encuentra privado de libertad para que le brinden tratamiento oportuno". CONSIDERANDO: Que según Dictamen Numero 2025080101011192 en el cual se le realiza evaluación médica a JOSE CRUZ DEL CID GUZMAN por el Perito Oficial del Ministerio Publico Doctor Luis Ivan Fu Flores con registro del Colegio Médico No. 2895 concluye entre otras "Evaluado en tratamiento para Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus los medicamentos son proporcionados en el centro penitenciario, refiere tener apego al tratamiento médico - Al examen físico evaluado lucido, consciente, cooperador, orientado en la persona, tiempo y espacio, con sobre peso sin signos y síntomas de enfermedad aguda ni de descompensación de su enfermedad base. CONSIDERANDO: El informe del Director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara recibido el 09/12/2025 en el cual refiere: Se recibió el Oficio CPNT DM 308-2025, de fecha 04 de diciembre del 2025, suscrito por el Doctor Pedro Alejandro Meraz Sánchez Jefe de La Unidad de Salud de este Centro Penitenciario Nacional de Tamara, donde realiza evaluación médica al privado de libertad José Cruz del Cid y CONCLUYE: Paciente adulto mayor, con patologías crónicas antes descritas, cumpliendo con su tratamiento mensualmente, hoy deambulando, afebril en buen estado general, tolerando vía oral.- Asimismo, realiza evaluación médica al privado de libertad Wilfredo Díaz García y Diagnostica Paciente Sano y CONCLUYE: Paciente sano con glicemia normal presión arterial normal al momento de la evaluación. CONSIDERANDO: Que el Estado reconoce la garantía de Habeas Corpus o Exhibición Personal, y procede cuando una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida o cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad y cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO: Que el Artículo 24: de las Privaciones de Libertad que se Consideran Ilegales y Arbitrarias: Es Ilegal y Arbitraria: 1.-) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad. 2.-) Toda orden de prisión o arresto que no emane de una autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por los motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley. 3.-) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. CONSIDERANDO: Que Honduras es suscriptor de La Convención Americana de Derechos Humanos la que una vez en vigor forma parte del derecho interno por lo tanto El Estado se compromete a respetar los derechos, libertades y disposiciones reconocidos en ella. El artículo 25 de La Convención establece el derecho a la protección judicial y señala: "Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por La Constitución, La Ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales". CONSIDERANDO: Que La Constitución de La Republica garantiza la libertad personal, al establecer en el artículo 69 que la libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente CONSIDERANDO: que el Artículo 38 de La ley Sobre Justicia Constitucional establece: Se declarara con lugar la exhibición personal, cuando se constate la violación de alguno (s) de los supuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de esta Ley. En caso contrario se declarará sin lugar. Artículo 13: El Habeas Corpus o Exhibición Personal procede: A.-) Cuando una persona se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad. B.-) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestias innecesarias para su seguridad individual o para el orden de la prisión. Artículo 24: de las Privaciones de Libertad que se Consideran llégales y Arbitrarias: Es Ilegal y Arbitraria: 1.-) Toda orden verbal de prisión o arresto, salvo si tiene como finalidad impedir la inminente comisión de un delito, la fuga de quienes hayan participado en aquel o evitar daños graves a las personas o a la propiedad. 2.-) Toda orden de prisión o arresto que no emane de una autoridad competente o que haya sido expedida sin las formalidades legales o por los motivos que no hayan sido previamente establecidos en la ley. 3.-) Toda detención o arresto que no se cumpla en los centros destinados para el efecto por el Estado. CONSIDERANDO: Que de la información recibida: del señor Juez de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción, del Director del Centro Penitenciario Nacional de Tamara, de la entrevista realizada a los señores José Cruz Del Cid Guzmán y Wilfredo Díaz Garcia y de los Dictámenes de Evaluación Médica realizados por Peritos Oficiales de la Dirección de Medicina Forense se determina que los ciudadanos José Cruz Del Cid Guzmán y Wilfredo Díaz Garcia no son objeto de tratos crueles, torturas y mucho menos se les está socavando su integridad personal, en virtud que los guardias del Centro Penal los tratan con respeto y al momento de la evaluación médica ambos están sanos guardando prisión preventiva por orden de autoridad competente en un centro destinado por el estado para tal efecto. POR TANTO: La suscrita Jueza Ejecutora en base a lo anteriormente expuesto y habiendo cumplido con lo requerido en la Acción DE EXHIBICIÓN PERSONAL O HABEAS CORPUS NUMERO 2612-2025 JUEZ 10 DEL BLOQUE B DE MGA a favor de a favor de los ciudadanos JOSE CRUZ DEL CID y WILFREDO DIAZ GARCIA en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 182 de La Constitución de la Republica, 11, 13, 17, 18, 24, 25, 26, 38 y demás aplicables de la Ley de Justicia Constitucional DECLARA: NO HA LUGAR La Acción del Recurso de Exhibición Personal o Habeas Corpus interpuesta por SANTOS DAVID MARTINEZ a favor de los ciudadanos JOSE CRUZ DEL CID y WILFREDO DIAZ GARCIA, por no encontrarse los hechos denunciados dentro de los presupuestos legitimadores de la acción dado en la Ley Sobre Justicia Constitucional y estando debidamente cumplimentada se devuelve a la Sala de lo Constitucional de La Corte Suprema de Justicia con las copias de informe que se acompañan CUMPLASE.” (folios del 12-60 de la pieza del recurso) 4) Que en fecha siete de enero del dos mil veintiséis fueron recibidas en esta Sala de lo Constitucional las referidas actuaciones. (Ver folio 61 de la pieza del recurso) CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia a través de su Sala Constitucional el conocimiento de las acciones de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, acorde a lo preceptuado en los artículos 182 y 316 numeral uno de la Constitución de la República, en relación a lo preceptuado en los artículos 3 numeral uno y 13 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, resultando procedente la misma cuando se constate que la persona agraviada se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad, o bien, cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción o molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión. CONSIDERANDO (2): Que la Constitución de la República en el artículo precitado, establece en su literalidad: “El Estado reconoce la garantía de Hábeas Corpus o Exhibición Personal, y de Hábeas Data. En consecuencia en el Hábeas Corpus o Exhibición Personal toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta tiene derecho a promoverla; y en el Hábeas Data únicamente puede promoverla la persona cuyos datos personales o familiares consten en los archivos, registros públicos o privados de la siguiente manera: 1) EL HÁBEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL: a) Cuando se encuentre ilegalmente presa, detenida, cohibida de cualquier modo en el goce de su libertad; y, b) Cuando en su detención o prisión legal, se apliquen al detenido o preso, tormentos, torturas, vejámenes, exacción ilegal y toda coacción, restricción molestia innecesaria para su seguridad individual o para el orden de la prisión”… CONSIDERANDO (3): Que la justicia constitucional tiene por objeto desarrollar las garantías y las defensas del orden jurídico constitucional. En virtud de ello, en la aplicación de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las disposiciones allí contenidas se interpretarán y aplicarán siempre de manera que aseguren una eficaz protección de los derechos humanos y el adecuado funcionamiento de las defensas del orden jurídico constitucional. De igual manera, la justicia constitucional se aplicará e interpretará de conformidad con los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos vigentes en la República de Honduras, tomando en consideración las interpretaciones que de ellos hagan los tribunales internacionales. CONSIDERANDO (4): Que el Estado de Honduras es suscriptor originario de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH, en lo sucesivo), la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el artículo 5 el Derecho a la integridad personal y textualmente señala: “1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 2. Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano…”. En congruencia a lo postulado por la Carta de San José, nuestra Carta Magna declara en su artículo 59 que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado, sosteniendo la obligación de respetarla y protegerla, siendo en consecuencia inviolable la dignidad del ser humano, declaración íntimamente relacionada con el derecho individual que recoge la normativa constitucional en el artículo 68, que textualmente establece: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, síquica y moral”. CONSIDERANDO (5): Que, en ese orden de ideas y aun con mayor intensidad, señala la jurisprudencia interamericana en materia de derechos humanos, que toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal. Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la misma. Asimismo, con base al principio de no discriminación, el derecho a la vida de las personas privadas de libertad también implica la obligación del Estado de garantizar la salud física y mental de las personas privadas de libertad. En congruencia a lo anterior, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha establecido que cuando los Estados detienen a una persona asumen una especial responsabilidad de su vida, por lo que corresponde asegurar su protección; estándar de derechos humanos que no puede ser objeto de suspensión, aun en caso de estado de emergencia o excepción legalmente decretado. CONSIDERANDO (6): Que, en congruencia a lo anterior, la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) garantiza que el alcance de las restricciones permitidas, acorde con dicha Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma: “… no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas”. La doctrina convencional se refiere a este respecto, no sólo enfatizando la obligación estatal de que la implementación de tales restricciones obedezca al principio de legalidad, sino que también sea acorde al principio de proporcionalidad; es decir, que se ejerzan sólo en la medida indispensable en que una sociedad, que se precie de democrática, pueda permitírselo: … para impedir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública o los derechos y libertades de los demás”. CONSIDERANDO (7): Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha proscrito la infracción del derecho a la integridad personal en sus dimensiones física y psíquica, al declarar, que: “toda persona privada de libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y a la integridad personal. En consecuencia, el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos…”. CONSIDERANDO (8): Que, en atinencia a lo anterior, se sigue categóricamente el deber del Estado de Honduras de respetar, garantizar y promover el goce y ejercicio de los derechos fundamentales, optimizando así la declaración constitucional de que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado; coadyuvando al cumplimiento efectivo de lo establecido en el bloque de convencionalidad, a favor de la persona humana. CONSIDERANDO (9): Que, en el plano de la legalidad procesal constitucional, el artículo 39 de la Ley Sobre Justicia Constitucional indica los efectos de la procedencia de la garantía de hábeas corpus, existe un deber legal de ordenar el cese de toda restricción, vejamen, trato cruel, inhumano o degradante, amenaza, apremio ilegal o cualquier otra coacción, restricción o molestia innecesaria para la seguridad individual, o para el orden de la prisión, también se podrá ordenar la libertad del agraviado. CONSIDERANDO (10): Que, del informe presentado ante esta Sala de Justicia Constitucional, por parte de la Juez Ejecutora, Abogada JOSEFINA PAVON DURÓN; se desprende la no acreditación de los presupuestos establecidos en los artículos 13 y 24 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; al no encontrarse detenidas ilegalmente las personas beneficiarias del presente recurso constitucional de Exhibición Personal o Habeas Corpus; en vista a no haberse constatado la restricción ilegal o arbitraria a la libertad y seguridad de los agraviados; entrevistándose a los mismos, en el trámite de la presente garantía constitucional, quienes negaron haber sido sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, tormentos o vejámenes en contra de su humanidad, por parte de la autoridad recurrida. Habiéndose reiterado documentalmente y mediante las referidas entrevistas, por otra parte, que los internos beneficiarios del presente recurso fueron sujetos a examinación médica oficial, a la prescripción de tratamientos y visitas médicas especializadas; lo cual fue constatado, al momento de rendirse el respectivo informe por parte de la Juez Ejecutora. Desestimándose, por ende, concurra mérito para el otorgamiento de la presente garantía constitucional.POR TANTO: La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de Votos de sus Miembros y haciendo aplicación de los artículos 1, 4, 59, 60, 68, 70, 80, 90, 182, 303, 304, 313 atribución 5a., 316, 321 y 323 de la Constitución de la República; 1, 2, 5, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o., 78 atribución 5ª y 137 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 9, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 38, 39, 72 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL impetrado por el señor SANTOS DAVID MARTÍNEZ en su condición de representante del MOVIMIENTO AMPLIO POR LA DIGNIDAD Y LA JUSTICIA a favor de los señores JOSÉ CRUZ DEL CID y WILFREDO DÍAZ GARCÍA, contra actuaciones del Director del CENTRO PENITENCIARIO “MARCO AURELIO SOTO”, ubicado en la localidad de Tamara, departamento de Francisco Morazán. Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente sentencia, se proceda a su archivo en esta Sala de lo Constitucional. Redactó el Magistrado LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticinco días de junio del dos mil veintiséis, certificación del Fallo de fecha veinte de febrero del dos mil veintiséis recaídas en el Recurso de Exhibición Personal registrado en este Tribunal con el número SCO-0030-2026.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL