Sentencia AP-985-23 — Registro 20350
Resumen
La Corte de Apelaciones por mayoría de votos revocó sobreseimiento definitivo y ordenó dictar auto de formal procesamiento contra el acusado, por considerar que no actuó motivado por miedo insuperable y legítima defensa, no apreciando causal de eximente de responsabilidad penal. El voto disidente sostuvo que hay legítima defensa, al cumplirse los tres supuestos legales; mismos que fueron establecidos por el Juez de Instancia concurriendo motivos eximentes de la responsabilidad penal. El Magistrado en disenso consideró declarar no ha lugar el recurso de apelación y confirmar el sobreseimiento definitivo, ya que el miedo es una emoción natural de las personas y no necesita acreditarse mediante dictamen psicológico o psiquiátrico como lo sugirió el Fiscal. La Sala de lo Constitucional considera que el sobreseimiento definitivo dictado por el Juez de instancia fue acertado por cumplir los requisitos del código penal, contrario a la resolución emitida en Segunda Instancia que realizó una interpretación restrictiva respecto a los presupuestos del miedo insuperable al considerar que no existió una amenaza real; ha quedado evidenciado que el actuar del acusado fue producto de una legítima defensa y del miedo insuperable; el cual debió analizarse en el contexto del cuadro fáctico como tal; por lo que se han quebrantado derechos constitucionales por la mayoría de miembros de la Corte de Apelaciones; en consecuencia, procede otorgar el recurso de amparo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, por mayoría de votos ha externado su parecer en cuanto a considerar que de la prueba aportada se aprecia que el estímulo ante la cual reaccionó el acusado, es el mal causado a los vehículos de su propiedad, los cuales se encontraban prendidos en llamas cuando este salió a la calle, es decir, la amenaza que supuestamente provocó su reacción era inexistente, ya había dejado de ser efectiva, real, seria e inminente; por lo que no acontece la causal de eximente de responsabilidad penal, considerando que el daño ya se había causado y no existía peligro alguno para el acusado o sus bienes. En el caso de autos y luego del estudio del voto disidente del magistrado Iván Elías Castelar; esta Sala concuerda con el parecer del mismo, al considerar que ciertamente, el imputado actuó en legítima defensa, puesto que existió un ataque inminente ya que como quedó evidenciado, que el hoy occiso prendió fuego a los vehículos propiedad del señor Turcios Padilla y este no tuvo otro recurso para evitar dicho ataque del agresor que dispararle con un arma de fuego..."..."el artículo 30 del Código Penal establece las causas eximentes de responsabilidad penal, siendo los numerales 4 y 5 aplicables al presente caso; los cuales contemplan que: 4) Quien obra en defensa de la persona o derechos propios o extraños, siempre que concurran los requisitos siguientes: a) agresión ilegitima actual, b) necesidad razonable de los medios empleados para impedir o repeler la agresión y c) falta de provocación suficiente de quien se defiende. Se entiende que concurren las tres (3) circunstancias anteriores respecto de quien rechaza el escalamiento o fractura de cercados, paredes, entradas de una casa o apartamento habitado o de sus dependencias, o emplea violencia contra la persona extraña a ella cuando sea sorprendido dentro de los indicados lugares y; 5) Miedo Insuperable: Quien obra impulsado por miedo insuperable..."..."se estima que la decisión tomada por el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán fue acertada al otorgar sobreseimiento definitivo al señor Roberto Antonio Turcios Padilla, puesto que se aprecia la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 30 del Código Penal numerales 4 y 5; de los cuales se ha hecho referencia en el considerando anterior, siendo estos eximentes de responsabilidad penal; por tanto, se considera que la Corte de Apelaciones Penal realizó una interpretación restrictiva respecto a los presupuestos del miedo insuperable al considerar que en el presente caso no existió una amenaza real..."..."esta Sala de lo Constitucional no coincide con el parecer de la mayoría de miembros de la Corte de Apelaciones Penal ya referida, puesto que ha quedado debidamente evidenciado que el actuar del señor Roberto Antonio Turcios Padilla fue producto de una legítima defensa y del miedo insuperable; el cual debe ser analizado en el contexto del cuadro fáctico como tal, es decir, del análisis de las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, ya que los mismos se desarrollaron el milésimas de segundos, sin existir tiempo suficiente para reflexionar sobre las posibles consecuencias que pudieran ocurrir, puesto que lo único que pretendía el señor Turcios Padilla era salvaguardar su vida y la de su familia de la agresión causada por el hoy occiso..."..."esta Sala estima que se han infringido las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, puesto que, al haber actuado el señor Roberto Antonio Turcios Padilla en legítima defensa, entendiéndose esta según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico como la causa de justificación que ampara a quien actúa impidiendo o repeliendo una agresión ilegítima y actual a sus bienes jurídicos o los de un tercero, es decir, en defensa de los mismos, y con ello también del derecho atacado, de un modo racionalmente necesario; situación que aconteció en el caso de marras. En consecuencia, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al advertir una vulneración manifiesta y evidente que han disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se otorgue la acción de amparo interpuesta por el recurrente..."..."la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 297 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 30.4 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 30.5 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, por mayoría de votos ha externado su parecer en cuanto a considerar que de la prueba aportada se aprecia que el estímulo ante la cual reaccionó el acusado, es el mal causado a los vehículos de su propiedad, los cuales se encontraban prendidos en llamas cuando este salió a la calle, es decir, la amenaza que supuestamente provocó su reacción era inexistente, ya había dejado de ser efectiva, real, seria e inminente; por lo que no acontece la causal de eximente de responsabilidad penal, considerando que el daño ya se había causado y no existía peligro alguno para el acusado o sus bienes. En el caso de autos y luego del estudio del voto disidente del magistrado Iván Elías Castelar; esta Sala concuerda con el parecer del mismo, al considerar que ciertamente, el imputado actuó en legítima defensa, puesto que existió un ataque inminente ya que como quedó evidenciado, que el hoy occiso prendió fuego a los vehículos propiedad del señor Turcios Padilla y este no tuvo otro recurso para evitar dicho ataque del agresor que dispararle con un arma de fuego..."..."el artículo 30 del Código Penal establece las causas eximentes de responsabilidad penal, siendo los numerales 4 y 5 aplicables al presente caso; los cuales contemplan que: 4) Quien obra en defensa de la persona o derechos propios o extraños, siempre que concurran los requisitos siguientes: a) agresión ilegitima actual, b) necesidad razonable de los medios empleados para impedir o repeler la agresión y c) falta de provocación suficiente de quien se defiende. Se entiende que concurren las tres (3) circunstancias anteriores respecto de quien rechaza el escalamiento o fractura de cercados, paredes, entradas de una casa o apartamento habitado o de sus dependencias, o emplea violencia contra la persona extraña a ella cuando sea sorprendido dentro de los indicados lugares y; 5) Miedo Insuperable: Quien obra impulsado por miedo insuperable..."..."se estima que la decisión tomada por el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán fue acertada al otorgar sobreseimiento definitivo al señor Roberto Antonio Turcios Padilla, puesto que se aprecia la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 30 del Código Penal numerales 4 y 5; de los cuales se ha hecho referencia en el considerando anterior, siendo estos eximentes de responsabilidad penal; por tanto, se considera que la Corte de Apelaciones Penal realizó una interpretación restrictiva respecto a los presupuestos del miedo insuperable al considerar que en el presente caso no existió una amenaza real..."..."esta Sala de lo Constitucional no coincide con el parecer de la mayoría de miembros de la Corte de Apelaciones Penal ya referida, puesto que ha quedado debidamente evidenciado que el actuar del señor Roberto Antonio Turcios Padilla fue producto de una legítima defensa y del miedo insuperable; el cual debe ser analizado en el contexto del cuadro fáctico como tal, es decir, del análisis de las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, ya que los mismos se desarrollaron el milésimas de segundos, sin existir tiempo suficiente para reflexionar sobre las posibles consecuencias que pudieran ocurrir, puesto que lo único que pretendía el señor Turcios Padilla era salvaguardar su vida y la de su familia de la agresión causada por el hoy occiso..."..."esta Sala estima que se han infringido las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, puesto que, al haber actuado el señor Roberto Antonio Turcios Padilla en legítima defensa, entendiéndose esta según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico como la causa de justificación que ampara a quien actúa impidiendo o repeliendo una agresión ilegítima y actual a sus bienes jurídicos o los de un tercero, es decir, en defensa de los mismos, y con ello también del derecho atacado, de un modo racionalmente necesario; situación que aconteció en el caso de marras. En consecuencia, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al advertir una vulneración manifiesta y evidente que han disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se otorgue la acción de amparo interpuesta por el recurrente..."..."la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 297 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 30.4 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 30.5 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, por mayoría de votos ha externado su parecer en cuanto a considerar que de la prueba aportada se aprecia que el estímulo ante la cual reaccionó el acusado, es el mal causado a los vehículos de su propiedad, los cuales se encontraban prendidos en llamas cuando este salió a la calle, es decir, la amenaza que supuestamente provocó su reacción era inexistente, ya había dejado de ser efectiva, real, seria e inminente; por lo que no acontece la causal de eximente de responsabilidad penal, considerando que el daño ya se había causado y no existía peligro alguno para el acusado o sus bienes. En el caso de autos y luego del estudio del voto disidente del magistrado Iván Elías Castelar; esta Sala concuerda con el parecer del mismo, al considerar que ciertamente, el imputado actuó en legítima defensa, puesto que existió un ataque inminente ya que como quedó evidenciado, que el hoy occiso prendió fuego a los vehículos propiedad del señor Turcios Padilla y este no tuvo otro recurso para evitar dicho ataque del agresor que dispararle con un arma de fuego..."..."el artículo 30 del Código Penal establece las causas eximentes de responsabilidad penal, siendo los numerales 4 y 5 aplicables al presente caso; los cuales contemplan que: 4) Quien obra en defensa de la persona o derechos propios o extraños, siempre que concurran los requisitos siguientes: a) agresión ilegitima actual, b) necesidad razonable de los medios empleados para impedir o repeler la agresión y c) falta de provocación suficiente de quien se defiende. Se entiende que concurren las tres (3) circunstancias anteriores respecto de quien rechaza el escalamiento o fractura de cercados, paredes, entradas de una casa o apartamento habitado o de sus dependencias, o emplea violencia contra la persona extraña a ella cuando sea sorprendido dentro de los indicados lugares y; 5) Miedo Insuperable: Quien obra impulsado por miedo insuperable..."..."se estima que la decisión tomada por el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán fue acertada al otorgar sobreseimiento definitivo al señor Roberto Antonio Turcios Padilla, puesto que se aprecia la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 30 del Código Penal numerales 4 y 5; de los cuales se ha hecho referencia en el considerando anterior, siendo estos eximentes de responsabilidad penal; por tanto, se considera que la Corte de Apelaciones Penal realizó una interpretación restrictiva respecto a los presupuestos del miedo insuperable al considerar que en el presente caso no existió una amenaza real..."..."esta Sala de lo Constitucional no coincide con el parecer de la mayoría de miembros de la Corte de Apelaciones Penal ya referida, puesto que ha quedado debidamente evidenciado que el actuar del señor Roberto Antonio Turcios Padilla fue producto de una legítima defensa y del miedo insuperable; el cual debe ser analizado en el contexto del cuadro fáctico como tal, es decir, del análisis de las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, ya que los mismos se desarrollaron el milésimas de segundos, sin existir tiempo suficiente para reflexionar sobre las posibles consecuencias que pudieran ocurrir, puesto que lo único que pretendía el señor Turcios Padilla era salvaguardar su vida y la de su familia de la agresión causada por el hoy occiso..."..."esta Sala estima que se han infringido las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, puesto que, al haber actuado el señor Roberto Antonio Turcios Padilla en legítima defensa, entendiéndose esta según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico como la causa de justificación que ampara a quien actúa impidiendo o repeliendo una agresión ilegítima y actual a sus bienes jurídicos o los de un tercero, es decir, en defensa de los mismos, y con ello también del derecho atacado, de un modo racionalmente necesario; situación que aconteció en el caso de marras. En consecuencia, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al advertir una vulneración manifiesta y evidente que han disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se otorgue la acción de amparo interpuesta por el recurrente..."..."la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 30.4 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 30.5 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 297 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, por mayoría de votos ha externado su parecer en cuanto a considerar que de la prueba aportada se aprecia que el estímulo ante la cual reaccionó el acusado, es el mal causado a los vehículos de su propiedad, los cuales se encontraban prendidos en llamas cuando este salió a la calle, es decir, la amenaza que supuestamente provocó su reacción era inexistente, ya había dejado de ser efectiva, real, seria e inminente; por lo que no acontece la causal de eximente de responsabilidad penal, considerando que el daño ya se había causado y no existía peligro alguno para el acusado o sus bienes. En el caso de autos y luego del estudio del voto disidente del magistrado Iván Elías Castelar; esta Sala concuerda con el parecer del mismo, al considerar que ciertamente, el imputado actuó en legítima defensa, puesto que existió un ataque inminente ya que como quedó evidenciado, que el hoy occiso prendió fuego a los vehículos propiedad del señor Turcios Padilla y este no tuvo otro recurso para evitar dicho ataque del agresor que dispararle con un arma de fuego..."..."el artículo 30 del Código Penal establece las causas eximentes de responsabilidad penal, siendo los numerales 4 y 5 aplicables al presente caso; los cuales contemplan que: 4) Quien obra en defensa de la persona o derechos propios o extraños, siempre que concurran los requisitos siguientes: a) agresión ilegitima actual, b) necesidad razonable de los medios empleados para impedir o repeler la agresión y c) falta de provocación suficiente de quien se defiende. Se entiende que concurren las tres (3) circunstancias anteriores respecto de quien rechaza el escalamiento o fractura de cercados, paredes, entradas de una casa o apartamento habitado o de sus dependencias, o emplea violencia contra la persona extraña a ella cuando sea sorprendido dentro de los indicados lugares y; 5) Miedo Insuperable: Quien obra impulsado por miedo insuperable..."..."se estima que la decisión tomada por el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán fue acertada al otorgar sobreseimiento definitivo al señor Roberto Antonio Turcios Padilla, puesto que se aprecia la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 30 del Código Penal numerales 4 y 5; de los cuales se ha hecho referencia en el considerando anterior, siendo estos eximentes de responsabilidad penal; por tanto, se considera que la Corte de Apelaciones Penal realizó una interpretación restrictiva respecto a los presupuestos del miedo insuperable al considerar que en el presente caso no existió una amenaza real..."..."esta Sala de lo Constitucional no coincide con el parecer de la mayoría de miembros de la Corte de Apelaciones Penal ya referida, puesto que ha quedado debidamente evidenciado que el actuar del señor Roberto Antonio Turcios Padilla fue producto de una legítima defensa y del miedo insuperable; el cual debe ser analizado en el contexto del cuadro fáctico como tal, es decir, del análisis de las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, ya que los mismos se desarrollaron el milésimas de segundos, sin existir tiempo suficiente para reflexionar sobre las posibles consecuencias que pudieran ocurrir, puesto que lo único que pretendía el señor Turcios Padilla era salvaguardar su vida y la de su familia de la agresión causada por el hoy occiso..."..."esta Sala estima que se han infringido las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, puesto que, al haber actuado el señor Roberto Antonio Turcios Padilla en legítima defensa, entendiéndose esta según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico como la causa de justificación que ampara a quien actúa impidiendo o repeliendo una agresión ilegítima y actual a sus bienes jurídicos o los de un tercero, es decir, en defensa de los mismos, y con ello también del derecho atacado, de un modo racionalmente necesario; situación que aconteció en el caso de marras. En consecuencia, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al advertir una vulneración manifiesta y evidente que han disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se otorgue la acción de amparo interpuesta por el recurrente..."..."la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 30.4 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 30.5 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 297 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, por mayoría de votos ha externado su parecer en cuanto a considerar que de la prueba aportada se aprecia que el estímulo ante la cual reaccionó el acusado, es el mal causado a los vehículos de su propiedad, los cuales se encontraban prendidos en llamas cuando este salió a la calle, es decir, la amenaza que supuestamente provocó su reacción era inexistente, ya había dejado de ser efectiva, real, seria e inminente; por lo que no acontece la causal de eximente de responsabilidad penal, considerando que el daño ya se había causado y no existía peligro alguno para el acusado o sus bienes. En el caso de autos y luego del estudio del voto disidente del magistrado Iván Elías Castelar; esta Sala concuerda con el parecer del mismo, al considerar que ciertamente, el imputado actuó en legítima defensa, puesto que existió un ataque inminente ya que como quedó evidenciado, que el hoy occiso prendió fuego a los vehículos propiedad del señor Turcios Padilla y este no tuvo otro recurso para evitar dicho ataque del agresor que dispararle con un arma de fuego..."..."el artículo 30 del Código Penal establece las causas eximentes de responsabilidad penal, siendo los numerales 4 y 5 aplicables al presente caso; los cuales contemplan que: 4) Quien obra en defensa de la persona o derechos propios o extraños, siempre que concurran los requisitos siguientes: a) agresión ilegitima actual, b) necesidad razonable de los medios empleados para impedir o repeler la agresión y c) falta de provocación suficiente de quien se defiende. Se entiende que concurren las tres (3) circunstancias anteriores respecto de quien rechaza el escalamiento o fractura de cercados, paredes, entradas de una casa o apartamento habitado o de sus dependencias, o emplea violencia contra la persona extraña a ella cuando sea sorprendido dentro de los indicados lugares y; 5) Miedo Insuperable: Quien obra impulsado por miedo insuperable..."..."se estima que la decisión tomada por el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán fue acertada al otorgar sobreseimiento definitivo al señor Roberto Antonio Turcios Padilla, puesto que se aprecia la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 30 del Código Penal numerales 4 y 5; de los cuales se ha hecho referencia en el considerando anterior, siendo estos eximentes de responsabilidad penal; por tanto, se considera que la Corte de Apelaciones Penal realizó una interpretación restrictiva respecto a los presupuestos del miedo insuperable al considerar que en el presente caso no existió una amenaza real..."..."esta Sala de lo Constitucional no coincide con el parecer de la mayoría de miembros de la Corte de Apelaciones Penal ya referida, puesto que ha quedado debidamente evidenciado que el actuar del señor Roberto Antonio Turcios Padilla fue producto de una legítima defensa y del miedo insuperable; el cual debe ser analizado en el contexto del cuadro fáctico como tal, es decir, del análisis de las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, ya que los mismos se desarrollaron el milésimas de segundos, sin existir tiempo suficiente para reflexionar sobre las posibles consecuencias que pudieran ocurrir, puesto que lo único que pretendía el señor Turcios Padilla era salvaguardar su vida y la de su familia de la agresión causada por el hoy occiso..."..."esta Sala estima que se han infringido las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, puesto que, al haber actuado el señor Roberto Antonio Turcios Padilla en legítima defensa, entendiéndose esta según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico como la causa de justificación que ampara a quien actúa impidiendo o repeliendo una agresión ilegítima y actual a sus bienes jurídicos o los de un tercero, es decir, en defensa de los mismos, y con ello también del derecho atacado, de un modo racionalmente necesario; situación que aconteció en el caso de marras. En consecuencia, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al advertir una vulneración manifiesta y evidente que han disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se otorgue la acción de amparo interpuesta por el recurrente..."..."la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 30.4 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 30.5 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 297 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, por mayoría de votos ha externado su parecer en cuanto a considerar que de la prueba aportada se aprecia que el estímulo ante la cual reaccionó el acusado, es el mal causado a los vehículos de su propiedad, los cuales se encontraban prendidos en llamas cuando este salió a la calle, es decir, la amenaza que supuestamente provocó su reacción era inexistente, ya había dejado de ser efectiva, real, seria e inminente; por lo que no acontece la causal de eximente de responsabilidad penal, considerando que el daño ya se había causado y no existía peligro alguno para el acusado o sus bienes. En el caso de autos y luego del estudio del voto disidente del magistrado Iván Elías Castelar; esta Sala concuerda con el parecer del mismo, al considerar que ciertamente, el imputado actuó en legítima defensa, puesto que existió un ataque inminente ya que como quedó evidenciado, que el hoy occiso prendió fuego a los vehículos propiedad del señor Turcios Padilla y este no tuvo otro recurso para evitar dicho ataque del agresor que dispararle con un arma de fuego..."..."el artículo 30 del Código Penal establece las causas eximentes de responsabilidad penal, siendo los numerales 4 y 5 aplicables al presente caso; los cuales contemplan que: 4) Quien obra en defensa de la persona o derechos propios o extraños, siempre que concurran los requisitos siguientes: a) agresión ilegitima actual, b) necesidad razonable de los medios empleados para impedir o repeler la agresión y c) falta de provocación suficiente de quien se defiende. Se entiende que concurren las tres (3) circunstancias anteriores respecto de quien rechaza el escalamiento o fractura de cercados, paredes, entradas de una casa o apartamento habitado o de sus dependencias, o emplea violencia contra la persona extraña a ella cuando sea sorprendido dentro de los indicados lugares y; 5) Miedo Insuperable: Quien obra impulsado por miedo insuperable..."..."se estima que la decisión tomada por el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán fue acertada al otorgar sobreseimiento definitivo al señor Roberto Antonio Turcios Padilla, puesto que se aprecia la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 30 del Código Penal numerales 4 y 5; de los cuales se ha hecho referencia en el considerando anterior, siendo estos eximentes de responsabilidad penal; por tanto, se considera que la Corte de Apelaciones Penal realizó una interpretación restrictiva respecto a los presupuestos del miedo insuperable al considerar que en el presente caso no existió una amenaza real..."..."esta Sala de lo Constitucional no coincide con el parecer de la mayoría de miembros de la Corte de Apelaciones Penal ya referida, puesto que ha quedado debidamente evidenciado que el actuar del señor Roberto Antonio Turcios Padilla fue producto de una legítima defensa y del miedo insuperable; el cual debe ser analizado en el contexto del cuadro fáctico como tal, es decir, del análisis de las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, ya que los mismos se desarrollaron el milésimas de segundos, sin existir tiempo suficiente para reflexionar sobre las posibles consecuencias que pudieran ocurrir, puesto que lo único que pretendía el señor Turcios Padilla era salvaguardar su vida y la de su familia de la agresión causada por el hoy occiso..."..."esta Sala estima que se han infringido las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, puesto que, al haber actuado el señor Roberto Antonio Turcios Padilla en legítima defensa, entendiéndose esta según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico como la causa de justificación que ampara a quien actúa impidiendo o repeliendo una agresión ilegítima y actual a sus bienes jurídicos o los de un tercero, es decir, en defensa de los mismos, y con ello también del derecho atacado, de un modo racionalmente necesario; situación que aconteció en el caso de marras. En consecuencia, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al advertir una vulneración manifiesta y evidente que han disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se otorgue la acción de amparo interpuesta por el recurrente..."..."la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 68 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 183 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Código Penal, art. 30.4 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Penal, art. 30.5 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Penal, art. 297 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de enero del dos mil veintiséis. VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo Interpuesto por los Abogados RAUL ROLANDO SUAZO BARILLAS Y ANA ROSA PONCE a favor del señor ROBERTO ANTONIO TURCIOS PADILLA contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN CON JURISDICCION NACIONAL, en fecha veintiocho de mayo dos mil veintitrés, que declaro ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación a la causa instruida contra el señor ROBERTO ANTONIO TURCIOS PADILLA por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio del señor OSCAR ORLANDO BARAHONA MIRANDA. Estimando el recurrente, que la decisión del Ad-quem violenta en perjuicio de su representado, los Artículos 59, 60, 62, 64, 80, 82, 90, 119, 321 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1) Que el Ministerio Público, a través de su Agente de Tribunales Abogado JULIO HUMBERTO NUÑEZ, compareció ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de septiembre del dos mil veintiuno, presentando Requerimiento Fiscal contra el señor ROBERTO ANTONIO TURCIOS PADILLA, por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO en perjuicio de OSCAR ORLANDO BARAHONA MIRANDA. (Folios 01 al 08 de la pieza de antecedentes). 2) Que, habiéndose celebrado la Audiencia Inicial, Juzgado De Letras Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución, en fecha dieciocho de octubre del dos mil veintidós, resolvió: “…LA SUSCRITA JUEZ RESUELVE: 1) Se Decreta SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO, a favor de ROBERTO ANTONIO TURCIOS PADILLA, a quien se le instruyó proceso por suponerlo responsable del delito de HOMICIDIO, en perjuicio de OSCAR ROLANDO BARAHONA MIRANDA. 2) Se decreta el cese de las medidas cautelares contempladas en el artículo 173 numeral 5, 6, 7 y 10 impuesta al encausado ROBERTO ANTONIO TURCIOS PADILLA. 3) Se Ordena al secretario del Despacho extender la respectiva CARTA DE LIBERTAD DEFINITIVA, a favor del señor ROBERTO ANTONIO TURCIOS PADILLA y que las diligencias de mérito sean remitidas al Archivo Histórico. Lo anterior sin perjuicio de que se interpongan los recursos que las partes consideren pertinentes. Se da por terminada la audiencia quedando las partes notificadas en estrado, firmando ante la suscrita Juez y el secretario que DA FE.” (Folio 187 de la de la pieza de antecedentes) 3) Que el Abogado JULIO HUMBERTO NUÑEZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público su condición de agente de Tribunales del Ministerio Público, compareció ante el citado Juzgado, en fecha veinte de octubre del dos mil veintidós, interponiendo recurso de apelación contra la resolución de la que se ha hecho relación en el numeral que precede. (Folios 190 y 198 de la pieza de antecedentes). 4) Que conociendo del recurso de apelación interpuesto el Abogado JULIO HUMBERTO NUÑEZ en su condición de Fiscal del Ministerio Público, la Corte de Apelaciones de lo Penal de Francisco Morazán, mediante Auto de fecha veinticinco de mayo del dos mil veintitrés, emitió resolución en la cual Resolvió: “…PARTE DISPOSITIVA: Esta Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, administrando justicia en nombre del Estado de Honduras, por mayoría de votos de sus miembros, siendo disidente el abogado Iván Elías Castelar López, RESUELVE: 1) Declarar HA LUGAR el recurso de apelación impetrado por el Ministerio Público. 2) REVOCAR el Sobreseimiento Definitivo dictado. 3) Que se dicte auto de formal procesamiento contra ROBERTO ANTONIO TURCIOS PADILLA por el delito de HOMICIDIO en perjuicio OSCAR ORLANDO BARAHONA MIRANDA. 4) Se resuelve hasta esta fecha por exceso de trabajo. MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique de oficio personalmente a las partes personadas, este mismo día o a más tardar al día siguiente al de su fecha; de no ser esto posible, por medio de Cédula de Notificación al lugar que hayan designado para ello. Se resuelve en esta fecha por exceso de trabajo NOTIFIQUESE.” (Folios 221 al 224 de la pieza de antecedentes). 5) Que en fecha veintisiete de julio del dos mil veintitrés, compareció ante la Sala de lo Constitucional, los Abogados RAUL ROLANDO SUAZO BARILLAS Y ANA ROSA PONCE, interponiendo Recurso de Amparo a favor del señor ROBERTO ANTONIO TURCIOS PADILLA contra la Resolución de fecha veinticinco de mayo del dos mil veintitrés, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, de la que se ha hecho relación en el numeral que antecede, por considerar que la misma es violatoria de los Artículos 59, 60, 62, 64, 80, 82, 90, 119, 321 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 17 del presente Recurso). 6) Que en fecha uno de noviembre del dos mil veinticuatro, este alto Tribunal tuvo por formalizado el recurso de mérito, ordenándose continuar con el procedimiento de ley correspondiente omitiendo dar vista de las presente diligencias al fiscal del Despacho para que emita su dictamen de conformidad a lo establecido en el artículo 37 de la ley del Ministerio Público. (Folio 75 al 86 de la pieza de amparo). CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley. CONSIDERANDO (3): Que se conoce en Amparo la resolución proferida por la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán en fecha veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, mediante la cual se declaró ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público, revocando el sobreseimiento definitivo y que se dicte auto de formal procesamiento contra el señor Roberto Antonio Turcios Padilla por el delito de homicidio en perjuicio del señor Oscar Orlando Barahona Miranda. CONSIDERANDO (4): Que exponen los recurrentes en la interposición del presente recurso que la resolución impugnada es violatoria del principio Pro Homine y de los derechos constitucionales del debido proceso y principio de legalidad, ya que la misma no cumple con el requisito de razonabilidad del medio empleado para impedir o repeler la agresión, estableciendo que no se configura por la cantidad de disparos realizados y porque el ataque ya había pasado, indicando que el occiso no portaba arma de fuego y que este ya se había retirado del lugar. Asimismo, la Corte de Apelaciones violenta las reglas del debido proceso en virtud que no puede sacar de contexto las declaraciones de la testigo y mucho menos agregar dichos que nunca fueron declarados en juicio. Además, es importante determinar que la Corte de Apelaciones realiza una interpretación restrictiva de los presupuestos del miedo insuperable, violentando lo dispuesto en el artículo 29-B de la Convención Americana de Derechos Humanos, todo para afirmar que no existió el mismo. Por lo que la Corte realizar una interpretación restrictiva en perjuicio del señor Roberto Turcios, en virtud de que el miedo insuperable no puede ser analizado fuera del contexto y de la dinámica y el tiempo de los hechos, estableciendo esta representación que quien debió probar que no hubo eximente con relación al miedo insuperable, era la fiscalía; porque es la dinámica de los hechos la que conlleva a la determinación de los eximentes de responsabilidad penal. CONSIDERANDO (5): Que la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán expone en los fundamentos jurídicos de su resolución, que, en el presente caso, el A-Quo dictó sobreseimiento definitivo al señor Roberto Antonio Turcios Padilla por el delito de homicidio en perjuicio de Oscar Orlando Barahona Miranda por considerar que actuó movido por miedo insuperable y en legítima defensa. De acuerdo a la doctrina dominante, por agresión ilegitima debemos entender la puesta en peligro de forma real, seria y grave de la vida o de los derechos propios o extraños, es decir, debe ser real, directa e injusta; no basta con una lejana percepción del peligro por parte de la víctima, ni podrá considerarse como agresión ilegitima, aquellas actividades simplemente amenazadoras, cuando no van acompañadas de la racional convicción de un peligro real inmediato. La normal penal, además requiere que la agresión sea actual, es decir, que sea apremiante y que persista al momento de la defensa, que su reacción defensiva acontezca en el momento mismo en que el injusto agresor lesiona el derecho del defensor. Si el sujeto ya ha sido agredido o la agresión cesó, su réplica o defensa no será amparada por el derecho, pues el daño ya está hecho y lo que se pretende con la defensa es paliar el daño y que cese el ataque, por tanto, si el sujeto actúa para proteger nada, pues la agresión ya aconteció; se entiende que lo hace para vengarse del atacante, como represalia, pero no para defender su derecho. CONSIDERANDO (6): Continúa manifestando la referida Corte de Apelaciones que otro de los requisitos de la legitima defensa, es la necesidad razonable del medio empleado para impedir o repeler la agresión; estableciendo que la defensa debe ser racional a la agresión inicial y que debe existir un equilibrio entre el mal que ha de evitarse y el causado para impedir o repeler tal agresión; apuntando del testimonio del acusado y su hermana que cuando el acusado reaccionó, ya no existía defensa alguna, pues el ataque a los vehículos de su propiedad ya se había consumado, puesto que ya se encontraban en llamas, es decir, el daño ya estaba hecho; por tanto, su reacción no era para evitar un mal. Asimismo, se requiere la necesidad razonable del medio empleado para impedir o repeler la agresión, es decir, la defensa no será de cualquier manera, sino que deberá ser proporcional, pero en el sentido de ponderar si existía o no una posibilidad de evitar la agresión del primero de un modo menos lesivo, esto es, que la respuesta o defensa sea equivalente a los actos de ataque, de manera que no resulte la misma desproporcional o excesiva. CONSIDERANDO (7): Por último, expone la Corte de Apelaciones que de acuerdo a la doctrina, el miedo insuperable acontece cuando, producto de los hechos existe en el sujeto activo un miedo tal que provoque terror, pavor, pánico, que conlleve a una gran perturbación de las facultades psíquicas de modo que existe una anulación del nivel de conciencia y anulación de la voluntad, pero además que esa reacción sea equivalente a la misma forma que lo hubiere hecho la mayoría de las personas en esas mismas circunstancias. De la prueba aportada se aprecia que el estímulo ante el cual reacciono el acusado, es el mal causado a los vehículos de su propiedad, los cuales, cuando el salió ya estaban prendidos en llamas, es decir, la amenaza que supuestamente provocó su reacción era inexistente, ya había dejado de ser efectiva, real, seria e inminente; por lo que no acontece la causal de eximente de responsabilidad penal, considerando que el daño ya se había causado y no existía peligro alguno para el acusado o sus bienes. Por ello, es importante establecer que, cuando existen alegaciones de la concurrencia de causas eximentes de responsabilidad penal, las mismas no pueden presumirse, sino que deben ser probadas, partiendo que existe un juicio de certeza que el sujeto activo realizó la conducta antijurídica y que lo que resulta necesario acreditar es, si esa conducta se encuentra amparada o no en una causa que le exime de responsabilidad. En consecuencia, esta Corte de Apelaciones, considerando que el artículo 297 del Código Procesal Penal y 92 de la Constitución de la República exigen que para dictar auto de formal procesamiento concurra evidencia probatoria de la existencia del delito y los indicios suficientes de la posible participación del acusado en el mismo y habiéndose acreditado la existencia del delito de homicidio, se declara ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público y se ordena se dicte auto de formal procesamiento contra el señor Roberto Antonio Turcios Padilla. CONSIDERANDO (8): Que en virtud de disentir del parecer del resto de los miembros de la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, el magistrado Iván Elías Castelar López, emite su voto disidente en el que expone que para que existe legítima defensa se deben dar tres supuestos: A) Agresión ilegítima actual, lo que es el ataque inminente, real, no provocado, injustificado y antijurídico; en este caso, se aprecia que el occiso llegó a la casa del imputado y le prendió fuego al vehículo de el y de su hermana, los cuales se encontraban aparcados frente a la casa. B) Necesidad razonable de los medios empleados para impedir o repeler la agresión; esto significa que la víctima no tendría otro recurso que defenderse para evitar el ataque del agresor y sus consecuencias. Al analizar el contexto del cuadro fáctico, vemos que el occiso llegó a las 8:30pm a casa del imputado, vestido de negro, en una motocicleta, con casco en la cabeza (necesidad de defensa y miedo insuperable) y le prende fuego a los dos vehículos ya referidos y el imputado, quien es una persona común, sin entrenamiento especial en armas de fuego, frente a su domicilio (falta de provocación) y al salir a la calle y se encuentra frente a la persona que acaba de prenderle fuego a ambos vehículos (agresión ilegítima); el imputado comienza a dispararle y le impacta doce veces; recordemos que estas acciones se desenvuelven en cuestión de segundos, en donde la adrenalina corre rápidamente y en ese momento no hay tiempo de reflexionar si una o dos heridas harán que el agresor desista de su acción; puesto que lo que se pretende es salvar su vida de una agresión injusta (sin poder saber el imputado que había acertado con el disparo puesto que era de noche), por lo que no es la cantidad de heridas la que establece si hay o no efecto intensivo en una legítima defensa, sino las circunstancias propias en las que se desarrollaron los hechos. C) Falta de provocación suficiente de quien se defiende, esto implica que la persona que ejerce la legitima defensa, no debe haber provocado al agresor. En este caso, el imputado se encontraba en su casa descansando y el occiso llegó hasta allí y prendió fuego a los vehículos. El A-Quo al establecer que el imputado al abrir la puerta de la casa y percatarse que los vehículos se estaban quemando y percibir la presencia del autor; actuó impulsado por el temor que pudiese andar armado y atentar no solo contra su vida sino también de las personas que se encontraban en la casa; esta apreciación hecha por el juez, del análisis del cuadro fáctico, ya que el miedo es una emoción natural de las personas, no necesita acreditarse mediante dictamen psicológico o psiquiátrico como lo sugiere el fiscal; por lo que se considera procedente declarar no ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el fiscal y confirmar el sobreseimiento definitivo a favor del señor Roberto Antonio Turcios Padilla. CONSIDERANDO (9): Que la Constitución de la República de Honduras inicia declarando en el artículo 1 que: “Honduras es un Estado de Derecho, soberano, constituido como república libre, democrática e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social”, el artículo indicado contiene todas las aspiraciones a las que anhela todo persona que habita en el territorio hondureño; abarca las garantías y derechos que reconoce la misma Constitución, dirigidos tanto en forma individual como colectiva al individuo, de allí que la normativa constitucional desarrolla en el Título III, las DECLARACIONES, DERECHOS y GARANTÍAS, estableciendo el Capítulo II lo relativo a los Derechos Individuales y específicamente el artículo 69 establece: “La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”. CONSIDERANDO (10): Que nuestra Constitución privilegia la persona humana al declarar que constituye “el fin supremo de la sociedad y del Estado y que su dignidad es inviolable, estableciendo por tanto la obligación de todos de respetarla y protegerla”. En virtud de lo cual la interpretación que se haga del texto constitucional deberá ponderar los postulados pro homine que en nuestra ley fundamental constituyen un eje transversal, en consonancia con los instrumentos internacionales relativos a protección de derechos humanos celebrados por Honduras. CONSIDERANDO (11): Que Honduras hace suyo los Tratados y Convenios Internacionales en procura del respeto de los derechos fundamentales de sus habitantes, con el fin de lograr la consolidación de un verdadero Estado de Derecho. El reconocimiento de los Derechos Fundamentales no es un mero catálogo de buenas intenciones por parte de los Estados. Son derechos que se derivan directamente de tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Convención Americana sobre Derechos Humanos determina en su Artículo 7 el derecho a la libertad personal, indicando que nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. CONSIDERANDO (12): Que esta Sala de lo Constitucional después del estudio de los antecedentes y del fallo que hoy se impugna en esta vía constitucional, encuentra que básicamente la Corte de Apelaciones Penal del departamento de Francisco Morazán, por mayoría de votos ha externado su parecer en cuanto a considerar que de la prueba aportada se aprecia que el estímulo ante la cual reaccionó el acusado, es el mal causado a los vehículos de su propiedad, los cuales se encontraban prendidos en llamas cuando este salió a la calle, es decir, la amenaza que supuestamente provocó su reacción era inexistente, ya había dejado de ser efectiva, real, seria e inminente; por lo que no acontece la causal de eximente de responsabilidad penal, considerando que el daño ya se había causado y no existía peligro alguno para el acusado o sus bienes. En el caso de autos y luego del estudio del voto disidente del magistrado Iván Elías Castelar; esta Sala concuerda con el parecer del mismo, al considerar que ciertamente, el imputado actuó en legítima defensa, puesto que existió un ataque inminente ya que como quedó evidenciado, que el hoy occiso prendió fuego a los vehículos propiedad del señor Turcios Padilla y este no tuvo otro recurso para evitar dicho ataque del agresor que dispararle con un arma de fuego. CONSIDERANDO (13): Que el artículo 30 del Código Penal establece las causas eximentes de responsabilidad penal, siendo los numerales 4 y 5 aplicables al presente caso; los cuales contemplan que: 4) Quien obra en defensa de la persona o derechos propios o extraños, siempre que concurran los requisitos siguientes: a) agresión ilegitima actual, b) necesidad razonable de los medios empleados para impedir o repeler la agresión y c) falta de provocación suficiente de quien se defiende. Se entiende que concurren las tres (3) circunstancias anteriores respecto de quien rechaza el escalamiento o fractura de cercados, paredes, entradas de una casa o apartamento habitado o de sus dependencias, o emplea violencia contra la persona extraña a ella cuando sea sorprendido dentro de los indicados lugares y; 5) Miedo Insuperable: Quien obra impulsado por miedo insuperable. CONSIDERANDO (14): En ese orden de ideas, se estima que la decisión tomada por el Juzgado de Letras Penal del departamento de Francisco Morazán fue acertada al otorgar sobreseimiento definitivo al señor Roberto Antonio Turcios Padilla, puesto que se aprecia la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 30 del Código Penal numerales 4 y 5; de los cuales se ha hecho referencia en el considerando anterior, siendo estos eximentes de responsabilidad penal; por tanto, se considera que la Corte de Apelaciones Penal realizó una interpretación restrictiva respecto a los presupuestos del miedo insuperable al considerar que en el presente caso no existió una amenaza real. CONSIDERANDO (15): Que una vez analizado exhaustivamente el fallo que hoy se recurre en amparo, esta Sala de lo Constitucional no coincide con el parecer de la mayoría de miembros de la Corte de Apelaciones Penal ya referida, puesto que ha quedado debidamente evidenciado que el actuar del señor Roberto Antonio Turcios Padilla fue producto de una legítima defensa y del miedo insuperable; el cual debe ser analizado en el contexto del cuadro fáctico como tal, es decir, del análisis de las circunstancias de cómo ocurrieron los hechos, ya que los mismos se desarrollaron el milésimas de segundos, sin existir tiempo suficiente para reflexionar sobre las posibles consecuencias que pudieran ocurrir, puesto que lo único que pretendía el señor Turcios Padilla era salvaguardar su vida y la de su familia de la agresión causada por el hoy occiso.CONSIDERANDO (16): En ese sentido, una vez revisados los antecedentes del caso, esta Sala estima que se han infringido las garantías constitucionales invocadas por el impetrante, puesto que, al haber actuado el señor Roberto Antonio Turcios Padilla en legítima defensa, entendiéndose esta según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico como la causa de justificación que ampara a quien actúa impidiendo o repeliendo una agresión ilegítima y actual a sus bienes jurídicos o los de un tercero, es decir, en defensa de los mismos, y con ello también del derecho atacado, de un modo racionalmente necesario; situación que aconteció en el caso de marras. En consecuencia, por todas las razones anteriormente expuestas, esta Sala de lo Constitucional, al advertir una vulneración manifiesta y evidente que han disminuido o quebrantado derechos o garantías constitucionales por parte del Tribunal de Alzada, es del criterio porque se otorgue la acción de amparo interpuesta por el recurrente. CONSIDERANDO (17): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución, obliga a que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta, lo cual conlleva implícita la garantía de legalidad en sentido estricto, cuando de determinar deberes y derechos en sede de adjudicación penal se trate. CONSIDERANDO (18): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 59, 68, 80, 82, 90, 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1, y 321 de la Constitución de la República; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales, y; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; 30 numerales 4 y 5 del Código Penal; FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiocho días de abril del dos mil veintiseis, certificación del Fallo de fecha treinta de enero del dos mil veintiséis recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0985-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL