Sentencia AP-917-24 — Registro 20349
Resumen
Se interpuso Recurso de Amparo Vía correo electrónico contra las resoluciones que resolvió no ha lugar recurso de apelación y reposición interpuesto contra la resolución dictada por los delitos de lavado de activos, sustracción, destrucción, ocultación inutilización de documentos en custodia, uso de información privilegiada, enriquecimiento ilícito y 37 delitos de falsificación de documentos públicos en perjuicio del orden socioeconómico, la administración pública y la fe pública. Declarado sin lugar.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (19): A prima facie, esta Sala de lo Constitucional ha procedido a dar respuesta a las pretensiones plasmadas por el recurrente en la acción constitucional de amparo impetrada; este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor ya sea en primera o segunda instancia y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la CORTE DE APELACIONES CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCION, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a declarar Sin lugar el recurso de Apelación interpuesto, confirmando el Auto de Formal Procesamiento.- CONSIDERANDO (20): En ese orden de ideas este Alto Tribunal concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde dentro del marco de la tutela judicial constitucional, pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del auto de formal procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; a menos claro está que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de sub iudice no ha sucedido, aprecia además que, la resolución dictada por el Iudex Ad-Quem contiene, el razonamiento suficiente conforme a derecho, es por ello, que garantizando los derechos fundamentales de las partes así como el derecho internacional de los derechos humanos contenidos en los tratados y/o Convenciones suscritos y ratificados por el Estado, estima que la acción de Amparo debe Denegarse; sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa de la encausada para aportar pruebas y formular alegatos en otras etapas ulteriores del proceso, en orden a mantener incólume la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución le garantiza, así como también, sin menoscabo de la valoración que a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal les corresponda efectuar en el momento procesal oportuno sobre los elementos probatorios aportados por las partes, teniendo en cuenta que en la etapa procesal en la que se ha dictado el auto de formal procesamiento recurrido, no se exige un estado de certeza en el Juzgador sobre la culpabilidad del procesado, sino la constatación que existe una probabilidad razonable y por lo tanto un juicio esencialmente provisional e hipotético, de que aquél ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito.- CONSIDERANDO (21): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, la resolución recurrida esta apegada en estricto cumplimiento al principio de legalidad, prevaleciendo el debido proceso y derecho de defensa; consecuentemente la efectiva tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, si la resolución le fue adversa a las pretensiones de una de las partes, no es ejemplo de vulneración de derechos y garantías como lo pretende el impetrante, es por ello que la Sala estima procedente Denegar el Recurso de Amparo que se ha hecho mérito.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
… “CONSIDERANDO (19): A prima facie, esta Sala de lo Constitucional ha procedido a dar respuesta a las pretensiones plasmadas por el recurrente en la acción constitucional de amparo impetrada; este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor ya sea en primera o segunda instancia y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la CORTE DE APELACIONES CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCION, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a declarar Sin lugar el recurso de Apelación interpuesto, confirmando el Auto de Formal Procesamiento.- CONSIDERANDO (20): En ese orden de ideas este Alto Tribunal concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde dentro del marco de la tutela judicial constitucional, pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del auto de formal procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; a menos claro está que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de sub iudice no ha sucedido, aprecia además que, la resolución dictada por el Iudex Ad-Quem contiene, el razonamiento suficiente conforme a derecho, es por ello, que garantizando los derechos fundamentales de las partes así como el derecho internacional de los derechos humanos contenidos en los tratados y/o Convenciones suscritos y ratificados por el Estado, estima que la acción de Amparo debe Denegarse; sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa de la encausada para aportar pruebas y formular alegatos en otras etapas ulteriores del proceso, en orden a mantener incólume la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución le garantiza, así como también, sin menoscabo de la valoración que a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal les corresponda efectuar en el momento procesal oportuno sobre los elementos probatorios aportados por las partes, teniendo en cuenta que en la etapa procesal en la que se ha dictado el auto de formal procesamiento recurrido, no se exige un estado de certeza en el Juzgador sobre la culpabilidad del procesado, sino la constatación que existe una probabilidad razonable y por lo tanto un juicio esencialmente provisional e hipotético, de que aquél ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito.- CONSIDERANDO (21): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, la resolución recurrida esta apegada en estricto cumplimiento al principio de legalidad, prevaleciendo el debido proceso y derecho de defensa; consecuentemente la efectiva tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, si la resolución le fue adversa a las pretensiones de una de las partes, no es ejemplo de vulneración de derechos y garantías como lo pretende el impetrante, es por ello que la Sala estima procedente Denegar el Recurso de Amparo que se ha hecho mérito.”
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 89 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 56 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice.”.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. – Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de febrero de dos mil veintiséis.- VISTO: Para dictar Sentencia el Recurso de Amparo, Interpuesto Vía correo electrónico por el Abogado RENE ADAN TOME ROSALES a favor de la señora FRANCIA SOFIA MEDINA MARTÍNEZ, contra las resoluciones dictadas por la CORTE DE APELACIONES CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCIÓN, en fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), que resolvió un RECURSO DE APELACIÓN Y REPOSICIÓN interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCIÓN, con relación a la causa que se instruyó contra la Señora FRANCIA SOFIA MEDINA MARTÍNEZ por los delitos de LAVADO DE ACTIVOS, SUSTRACCIÓN, DESTRUCCIÓN, OCULTACIÓN INUTILIZACION DE DOCUMENTOS EN CUSTODIA, USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y 37 DELITOS DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio del ORDEN SOCIOECONÓMICO, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA.- A N T E C E D E N T E S.- 1)Que en fecha treinta (30) de noviembre del dos mil veintitrés (2023), compareció ante el Juzgado de Letras con Competencia Nacional en Materia Penal de Criminalidad y Corrupción de San Pedro Sula , Cortes el abogado CESAR AVARENGA en su condición de Agente de Tribunales del Ministerio Público, presentando requerimiento fiscal en contra, FRANCIA SOFIA MEDINA MARTÍNEZ por suponerla responsable de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS ;SUSTRACCION ,DESTRUCCION ,OCULTACION O INUTILIZACION DE DOCUMENTO EN CUSTODIA , USO DE INFORMACION PRIVILEGIADA ,ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y 37 DELITOS DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio DEL ORDEN SOCIO ECONOMICO ; LA ADMINISTRACION Y LA FE PUBLICA; y contra ADELA MARIA SCHNEIDER por el delito de TESTAFERRATO en perjuicio del ORDEN SOCIO ECONOMICO.(Folio 01-05 de la pieza de antecedentes). 2) Que en fecha veinte (20) de mayo del dos mil veinticuatro (2024), la corte de apelaciones de lo penal con competencia nacional en materia de extorsión dictando resolución, en la cual: En atención a toda la fundamentación y motivación antes expuesta, esta Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, ejerciendo la potestad emanada del pueblo de impartir justicia de forma gratuita en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD DE VOTOS, RESUELVE PRIMERO: Declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa. SEGUNDO: CONFIRMAR la resolución recurrida. Y MANDA PRIMERO: Que la Secretaria del Despacho notifique esta resolución a las partes personadas, en el día de su emisión o al día siguiente hábil; y no siendo ello posible, que la notificación se realice mediante cédula en el lugar o el correo electrónico designado por las partes al realizar su personamiento. De igual forma, en el acto de la notificación deberá hacerse saber a las partes que, contra esta resolución cabe el recurso de reposición, que deberá interponerse en el acto de la notificación o por escrito separado, a más tardar el día hábil siguiente al de dicha notificación. SEGUNDO: Una vez firme la resolución recaída en el Recurso de Apelación interpuesto, devuélvase el expediente de mérito al Juzgado de su procedencia para que continúe con el curso normal del proceso. NOTIFÍQUESE. (Folio 286-308 de la pieza de antecedentes).- 3) Que la abogada DEXA ESTELA ANTUNEZ FLORES en su condición de apoderada defensora de la señora FRANCIA SOFIA MEDINA MARTÍNEZ compareció ante la citada corte, interponiendo recurso de apelación contra la resolución de la que se ha hecho relación en el numeral que precede de fecha veintidós (22) de mayo del dos mil veinticuatro (2024),.- 4) Que la corte de apelaciones de lo penal con competencia nacional en materia de extorsión en apelación con sus antecedentes dictó resolución en fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), en la cual: Por lo antes expuesto, esta Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción, por UNANIMIDAD DE VOTOS, RESUELVE PRIMERO: Tener por interpuesto en tiempo y forma el Recurso de Reposición de parte de la Abogada DEXA ESTELA ANTÚNEZ FLORES, en su condición de Defensora Privada de la señora FRANCIA SOFÍA MEDINA MARTÍNEZ; contra la Resolución de fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), emitida por esta Corte de Apelaciones con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción. SEGUNDO: Declarar SIN LUGAR el Recurso de Reposición interpuesto por la Defensora Privada de la señora FRANCIA SOFÍA MEDINA MARTÍNEZ y confirmar la resolución de fecha veinte (20) de mayo del año en curso, en la que se declara NO HA LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la Defensa Privada de la procesada. NOTIFÍQUESE. (Folios 313 al 314 de la pieza de apelaciones).- 5) Que en fecha veintinueve (29) de julio de dos mil veinticuatro (2024), comparecieron ante la Sala de lo Constitucional, el abogado RENÉ ADAN TOMÉ ROSALES ,interponiendo Recurso de Amparo a favor de la señora FRANCIA SOFIA MEDINA MARTINEZ contra la resolución de reposición de fecha 27 de mayo del 2024 y de la resolución de apelación de fecha 20 de mayo del mismo mes y año, solicitando otorgar el amparo solicitado ordenando a la corte de apelaciones con competencia nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción infractora, mantener o restituir a la señora FRACIA SOFIA MEDINA MARTINEZ en el goce y disfrute de sus derechos humanos y demás legislación nacional, establecen a su favor y beneficio. (Folios 01 al 09 del presente Recurso).- 6) Que en fecha veintiocho (28) de febrero de dos mil veinticinco (2025), este alto Tribunal tuvo por formalizado en tiempo y forma el recurso de amparo de mérito, omitiendo dar vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho, de conformidad a lo establecido por el artículo 37 de la Ley del Ministerio Público. (Folio 108-126 del Presente Recurso).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 No.2 Constitucional, relacionado con el Artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.- CONSIDERANDO (3): Que, en fecha tres (03) de diciembre del año dos mil veintitrés (2023) se efectuó audiencia inicial en donde las defensas privadas de la encausada FRANCIA SOFIA MEDINA MARTINEZ, planteo ante ese órgano judicial Nulidad de Actuaciones bajo el fundamento del artículo 166.5 del Código Procesal Penal, nulidad que versa en que el ente acusado del Estado al inicio del proceso penal presento una diligencia investigativa ante el Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de la ciudad de San Pedro Sula, en turno extraordinario, el 29 de noviembre del 2023, diligencia que fue resuelta en esa misma fecha por el Juez de Turno donde autorizaba la convalidación de un allanamiento de morada realizada a la casa de habitación de la hoy imputada ubicada en Residencial Valle del Sol, San Pedro Sula departamento de Cortes, de conformidad al articulo 212 del CPP, por lo que le genera agravio a su representada, el yerro que supuestamente cometido el agente fiscal al presentar una diligencia prejudicial en un juzgado que no era competente para conocer el proceso, siendo el correcto el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada Medio Ambiente y Corrupción de San Pedro Sula, donde en la actualidad se ventila el proceso, de ahí que, la nulidad previamente desarrollada, por lo tanto solicita la declinatoria para que el Juzgado que autorizo la primera diligencia investigativa pueda seguir conociendo el fondo el proceso penal, por su parte el Ministerio Publico alega, que el allanamiento se realizó bajo los parámetros establecidos en la normativa procesal penal en su articulo 212, al hacer notar un estado de urgencia ya que peligraban la perdida u ocultamiento de pruebas o evidencias a fin de lograr la detención de los supuestos implicados, agregando además que al momento de solicitar la diligencia investigativa el único juzgado que estaba funcionado era el juzgado de turno extraordinario ya que fue presentada a las 4:00 a.m.(antes del meridiano) y que una vez convalidada por un juez debidamente autorizado para esa función, no es necesario realizarse ante otro, solo es de realizar el arrastre y/o acumulación de las diligencias porque se encuentran debidamente legitimadas, por lo tanto, a su criterio no vulnerarían ningún principio rector del proceso penal y el debido proceso, ni mucho menos deja en indefensión a la imputada de autos. A lo que el Juez de Garantías estimo denegar el incidente de Nulidad antes desarrollada, siendo del criterio que no se ha violentado ninguna garantía constitucional ya que el articulo 14 de la Ley Especial de la creación de los Juzgados Especializados con Competencia Nacional provee la intervención de los juzgados de letras penales y seccionales para que puedan conocer cualquier tipo de solicitud prejudicial.- CONSIDERANDO (4): Continuando con la Audiencia Inicial, la Iudex A-Quo emite resolución motivada en fecha cuatro (01) de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024) donde determino según la valoración de los medios de prueba testificales, periciales y documentales los cuales fueron propuestos y evacuados en tiempo y forma por las partes procesales que existe elementos subjetivos y objetivos de los tipos penales que se acusan a la imputada, siendo evidente el incremento patrimonial familiar por más de un millón de lempiras en el periodo que fungía como funcionaria publica, ostentando un estilo de vida incompatible con su salario de agente de fiscal, adquiriendo casas, vehículos, joyas de gran valor, viajes, etc., no tiendo una justificación licita de su origen, utilizando a co-imputados para ocultar y transformar los bienes adquiridos y dar apariencia de licitud, sustrayendo además alrededor de 37 evidencias del Banco Central, evidencias consistentes en dinero en efectivo que había sido decomisado en proceso penales a los cuales ella estuvo a cargo cuando fungía su roll de agente fiscal del Ministerio Publico, sustrayendo documentación importante en otro procesos de investigación que tenía activo la fiscalía contra el crimen organizado a la cual pertenecía, también desde esa posición la cual estaba asignada en la oficina contra el Crimen Organizado manejaba información privilegiada sobre los casos y dineros que habían sido decomisados y depositados en cuentas del Banco Central, acción que le llevo a emitir oficios a dicho Banco junto a cadenas de custodia para que se autorizara la devolución de sendas cantidades de dinero, dando apariencia de veracidad al referido documento, constituyendo una infracción típica de falsedad en contra del Estado de Honduras; con todo ese material indiciario se efectuó una mínima actividad probatoria sobre la posible participación de los hechos que fueron puestos a su conocimiento; en consecuencia estima Decretar un auto de formal procesamiento en contra de la señora FRANCIA SOFIA MEDINA MARTINEZ por suponerla responsable de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS, ENRIQUECIMIENTO ILICITO, SUSTRACCION, DESTRUCCION. OCULTACION O INUTILIZACION DE DOCUMENTOS EN CUSTODIA, USO DE INFORMACION PRIVILEGIADA Y 41 DELITOS DE FALSIFICACION DE DOCUMENTOS PUBLICOS en perjuicio de EL ORDEN SOCIOECONOMICO, LA ADMINISTRACION Y LA FE PUBLICA; imponiendo la Medida Cautelar de Prisión Preventiva.-CONSIDERANDO (5): Por su parte, el Iudex A-Quem en fecha veinte (20) de mayo del año dos mil veinticuatro (2024) emite resolución que se desprende de la interposición del recurso de apelación de las defensas privadas de la imputada la señora FRANCIA SOFIA MEDINA MARTINEZ, agravios que en resumen establecen, que en el desarrollo de la audiencia inicial el Ministerio Publico con todo el acervo probatorio desplegado no pudo acreditar los indicios suficientes para que se le dictara un auto de formal procesamiento, alega que a la evacuación de esos medios probatorios existe demasiadas inconsistencias, siendo que sus ingresos no solo se nutren con el salario devengado como agente fiscal sino de otras fuentes como bonificaciones, prestamos, etc., sostiene que a su criterio debe de declararse la nulidad desde el allanamiento realizado el cual fue autorizado por el Juzgado de Turno Extraordinario de fecha 29 de noviembre del 2023, según afirma que el Agente de Investigación que estuvo a cargo de dicho allanamiento no fue juramentado por el Juez de Garantías tal como lo exige la legislación procesal penal, de ahí que esa prueba se volvería inadmisible e ilegal en base a la teoría del fruto envenenado. Por su parte el Ministerio Publico sostiene, en resumen, que se acredito que todas las actuaciones realizadas por la imputada FRANCIA SOFIA MEDINA MARTINEZ van encaminadas a perfeccionar el tipo penal de Lavado de Activos ya que utiliza a interpósita persona para adquirir, vender, donar y ocultar bienes inmuebles dando apariencia de legalidad, impidiendo la determinación verdadera del origen de estos, los cuales se probo que, para su adquisición, se utilizó las evidencias sustraídas del Banco Central, aduce que no es necesaria la intervención del Tribunal Superior de Cuentas para poder iniciar la investigación del delito de enriquecimiento ilícito, ya que este tipo penal es precedente al delito de lavado de activos, es decir son dos tipologías autónomas pero que ambas pueden coexistir, además establece que el allanamiento y registro de morada efectuado a la imputada se encuentra amparada a derecho y bajo todas las formalidades y garantías legales en vista que corre agregado al expediente de merito la diligencia prejudicial No. 164-2023 en donde fue juramentado el Juez Ejecutor -Agente de la ATIC- Santos Lucio Baquedano, por ello que todo lo actuado esta ceñido bajo los parámetros de legalidad y debido proceso.- CONSIDERANDO (6): Sobre esa base el tribunal de alzada estimo que la valoración de prueba realizada en audiencia inicial por la juez A-Quo fue de manera armónica y en su conjunto aplicable al caso concreto; establece, en resumen, que la conducta desplegada por la encausada no está asociada a actividades de ilícito comercio sino que se le atribuyen como Fiscal del Ministerio Publico, la cual sustrajo, mediante documentación fraudulenta cuantiosas cantidades de dinero del Banco Central que constituían evidencia de varios casos en los que, en su mayoría, ella no era la fiscal asignada y que dicho dinero, un parte se le encontró en efectivo en su casa de habitación, otras en cuantas bancarias y con otra parte compro una vivienda que se registro a nombre de una tercer persona, quien posteriormente se traspaso mediante donación para ocultar su origen, asimismo compro vehículos, joyas y otros artículos, todo esto, con el dinero que retiro de las bóvedas del Banco Central de Honduras, situaciones propias del delito de lavado de activos, agrega que, según dictamen preliminar financiero la suma retirada de dichas bóvedas ascienden a la cantidad de OCHENTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (L. 88,613,000.64) por lo que se le atribuye además los delitos de Enriquecimiento Ilícito y Falsificación de Documentos Públicos, ya que la imputada utilizo documentación membretada de la institución, que en ese momento laboraba para retirar todos esos valores sin tener la autorización del superior jerárquico, con respecto a lo alegado por las defensas privadas que previo a la persecución penal del delito de enriquecimiento ilícito debe ser escuchado el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la alzada es contundente, al establecer que la labor constitucional del TSC es en relación a la fiscalización a posterior de los bienes, fondos o recursos públicos, pero que se desprende del caso de estudio, el tipo penal de enriquecimiento ilícito que se imputa a la encausada, deviene de bienes de origen privado, que constituían en evidencias y que solo se encontraban en depósito o custodia en el Banco Central de Honduras, es decir, que no constituían bienes, fondos o recursos públicos y que la misma los obtuvo aprovechándose de su cargo privilegiado como fiscal asignada a la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado pero sin tener autoridad funcional para retirar dichos valores, es decir utilizo información privilegiada para obtenerlos porque ella sabían, en su condición antes indicada, en que procesos se habían decomisado cantidades de dinero como material indiciario, de ahí que, el ministerio público se encuentra legitimado para instar la persecución penal; con respecto al incidente de nulidad absoluta de actuación a partir del allanamiento practicado a la vivienda de la acusada el Agente de la ATIC, establece que no se han violentado derechos fundamentales, puesto que, la juramentación exigida por la defensa privada del Juez Ejecutor, la misma se realiza por costumbre judicial pero que dentro de la normativa procesal penal no existe asidero jurídico que indique que debe realizarse, sin lugar a dudas, la juramentación ante el juez competente a diferencia de los peritos, que la norma procesal taxativamente indica que debe de realizarse en presencia de las parte intervinientes del proceso y ante un juez de garantías, siendo que el juez ejecutor asume un papel del juez de allanamiento y establece los resultado en actas, no siendo equiparable las actuaciones de un perito, ya que este tiene un papel diferente, el cual es emitir dictamen sobre puntos de hecho para cuya apreciación se necesiten conocimientos especiales no jurídicos, de naturaleza técnica, científica o artística, por lo tanto el juez ejecutor solo vela por la legalidad de los acto, en este caso por el allanamiento efectuado. Siendo del criterio de no tener por recibido ninguno de los agravios expuestos por la defensa privada, por lo que si existe fundamentos razonables para CONFIRMAR el AUTO DE FORMAL PROCESAMIENTO y que se prosiga el curso procesal de la causa instruida contra FRANCIA SOFIA MEDINA MARTINEZ por suponerla responsable de la comisión de los delitos de LAVADO DE ACTIVOS, SUSTRACCIÓN, DESTRUCCIÓN, OCULTACIÓN INUTILIZACION DE DOCUMENTOS EN CUSTODIA, USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y 37 DELITOS DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio del ORDEN SOCIOECONÓMICO, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA.- CONSIDERANDO (7): Que la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado RENE ADAN TOME ROSALES a favor de la señora FRANCIA SOFIA MEDINA MARTÍNEZ, contra las resoluciones dictadas por la CORTE DE APELACIONES CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCIÓN, en fechas veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), que resolvió un RECURSO DE APELACIÓN Y REPOSICIÓN interpuesto contra la resolución dictada por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCIÓN, con relación a la causa que se instruyó contra la Señora FRANCIA SOFIA MEDINA MARTÍNEZ por los delitos de LAVADO DE ACTIVOS, SUSTRACCIÓN, DESTRUCCIÓN, OCULTACIÓN INUTILIZACION DE DOCUMENTOS EN CUSTODIA, USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y 37 DELITOS DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio del ORDEN SOCIOECONÓMICO, LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LA FE PÚBLICA.- CONSIDERANDO (8): Que, el postulante en su formalización, motiva como vulnerados los derechos constitucionales contenidos en los artículos 82 y 90 de Carta Magna relativos al derecho de defensa y debido proceso, al señalar que la corte impugnada vulnero el derecho a la defensa al establecer que a su representada al no resolverle conforme a derecho le impiden el acceso a la justicia, porque no le permiten seguir ejerciendo las acciones en la forma señalada por la Constitución de la Republica concernientes dentro del proceso penal, al considerar que en las instancias impugnadas el Ministerio Publico no pudo acreditar los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal de que es acusada su poderdante, siendo que la tesis acusatoria es débil al no especificar cual de los verbos rectores se subsumen los hechos previamente acusados a la señora FRANCIA SOFIA MEDINA MARTINEZ realizando una calificación incorrecta de los mismos, atentando con esto el derecho de defensa protegido constitucionalmente. Considera además que el Tribunal de Alzada también vulnera el debido proceso al no declarar Con Lugar el Recurso de Apelación, en vista de haber procesado a una persona sin haber agotada la vía administrativa previa (prejudicialidad administrativa) ante el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) deviene la violación flagrante no solo del debido proceso sino del principio de legalidad.- CONSIDERANDO (9): Que la Constitución de la República al desarrollar el capítulo atinente al Poder Judicial establece que la potestad de impartir justicia emana del pueblo y se imparte en nombre del Estado, por magistrados y jueces independientes únicamente sometidos a la Constitución y las Leyes, como que corresponde a los órganos jurisdiccionales aplicar las leyes a casos concretos, juzgar y ejecutar lo juzgado.- CONSIDERANDO (10): Que los órganos jurisdiccionales están en la obligación de motivar sus resoluciones judiciales y en el caso particular de la jurisdicción penal, conforme lo establece el Artículo 141 del Código Procesal Penal la motivación expresará los hechos y los fundamentos de derecho en que se basa la resolución, y en su caso, las pruebas tenidas en cuenta, así como las razones del valor probatorio que se les haya atribuido, función ésta que compete realizarla al juez o tribunal que conoce concretamente del asunto.- CONSIDERANDO (11): Que, la Constitución de la Republica de Honduras en su artículo 82 reconoce que “El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes”. Derecho que se encuentra privilegiado no solo en el marco constitucional sino en convenios internacionales como lo establece la Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 8.1 que establece “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”. Garantía que también se encuentra desarrollada en los artículos 2 y 14 del Código Procesa Penal, siendo requisito “sine qua non” la intervención del imputado y su apoderado legal en todos los actos del proceso donde se incorporen elementos de prueba, así como de formular peticiones que consideran oportunas sin que estos perjudiquen al curso normal del proceso. Esto tiene relación directa con el artículo 90 constitucional el cual refiere “...Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece...” Garantías Constitucionales que son ineludibles para conservar el estado de inocencia de una persona dentro del proceso penal.- CONSIDERANDO (12): Sobre esa base, este alto tribunal constitucional al estudiar el caso sub iudice deviene en la obligación de determinar la existencia de las violaciones señaladas por el recurrente por lo que debe realizar un estudio a in extenso sobre la resolución tanto del Juez A-Quo como del Tribunal A-quem, específicamente la realizada la CORTE DE APELACIONES CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCIÓN, en fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil veinticuatro (2024) que declaró SIN LUGAR el Recurso de Apelación presentada por la defensa privada de la encausada la señora FRANCIA SOFIA MEDINA MARTINEZ, en contra del Auto de Formal Procesamiento emitido por el JUZGADO DE LETRAS PENAL CON COMPETENCIA NACIONAL EN CRIMINALIDAD ORGANIZADA, MEDIO AMBIENTE Y CORRUPCION DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES; se aprecia en la misma, que el tribunal impugnado hizo expresa mención de las circunstancias esenciales objetivas y subjetivas de los tipos penales en controversia, es decir, efectuarse una mínima actividad probatoria, una probable participación de hechos con base a la aportación de material indiciario y su relevancia jurídica penal, lleven a la convicción al Juez Conocedor de la causa que existen indicios suficientes para continuar su tramitación, tal como lo refiere el articulo 294 del Código Procesal Penal. Refiriéndose concretamente a la etapa preparatoria, lo que se valora es la probabilidad razonable de que la encausada ha podido incurrir en la comisión de un hecho delictivo, no exigiéndose, por lo tanto, la presencia de un estado anímico de certeza en el juzgador, concluyendo que la señora FRANCIA SOFIA MEDINA MARTINEZ, pudo realizar actos concretos que deriven la existencia de responsabilidad penal.- CONSIDERANDO (13): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; no consiste en querer que el órgano jurisdiccional comparta el criterio, como lo desea la parte, como parece entenderlo el recurrente; sino que es el conjunto de garantías que buscan asegurar a los interesados que han acudido a los Jueces o a la Administración Pública, una recta y cumplida decisión sobre sus derechos.-CONSIDERANDO (14): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta.- CONSIDERANDO (15): Que, mediante la Opinión Consultiva OC-9/87, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que el artículo 8 de la Convención consagra los lineamientos del llamado "debido proceso legal", entendido éste como "el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. De esta manera, para que en un proceso existan verdaderamente las garantías judiciales también conocidas como garantías procesales, es preciso que se observen todos los requisitos que "sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho", es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. De acuerdo con el Tribunal, "los principios y actos del debido proceso legal constituyen un conjunto irreductible y estricto que puede ampliarse a la luz de nuevos avances en el Derecho de los derechos humanos"- CONSIDERANDO (16): Que, continuando con el análisis de establecer si se ha vulnerado o no los derechos constitucionales invocados por el garantista, es menester relacionar que la finalidad de los medios de prueba es el establecimiento de la verdad de los hechos y su circunstancia, mediante el estricto cumplimiento de las disposiciones de la ley procesal penal; asimismo los hechos y circunstancias relacionados con los delitos objeto del proceso, podrán ser demostrados utilizando cualquier medio probatorio aunque no se encuentre expresamente regulado en el Código Procesal Penal, siempre y cuando sean objetivamente confiables. En ese orden de ideas el artículo 202 del Código Procesal Penal, determina: “Valoración de las Pruebas. La Sana Crítica. Las pruebas serán valoradas con arreglo a la sana crítica. El órgano jurisdiccional formará su convicción valorando en forma conjunta y armónica toda la prueba producida”, de la lectura de la citada norma procesal penal se desprende que la prueba será valorada con arreglo a la sana crítica, conforme a ello, el juez al valorar la prueba debe sujetarse a criterios de pensamiento racionales y lógicos, que haya adquirido a lo largo de su formación humana e íntimamente relacionado con el devenir en la resolución de conflictos que se presentan a diario en los tribunales y sometidos a su conocimiento. CONSIDERANDO (17): Que el conjunto de pruebas, aportadas por las partes, deben ser valoradas al momento de celebrarse la audiencia inicial y por ende al tomarse la decisión de si procede dictar o no, el respectivo auto de formal procesamiento contra la persona imputada; tenemos entonces que el juzgador aplicando la regla de la sana crítica deviene obligado a darle el crédito que tales pruebas le merezcan, sobre lo cual éste deberá razonar de manera motivada en el momento procesal antes mencionado; entendemos entonces que el espíritu y sentido de nuestra legislación procesal penal, es únicamente pretender que en esa fase se establezca la probabilidad razonable, más no la certeza, de que el imputado ha podido participar en la comisión del delito que se le atribuye. - CONSIDERANDO (18): De esta forma, la valoración de los elementos de prueba, en orden a determinar si procede dictar un auto de formal procesamiento, y con ello decidir sobre la probable atribución de un delito a los imputados en una causa penal, es una tarea que en esencia corresponde ejercer a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal; de ahí que el Tribunal Constitucional sólo ha de intervenir, cuando se han quebrantado las formas esenciales del procedimiento penal y con ello se han vulnerado derechos fundamentales señalados en la Constitución de la República. El recurrente promueve amparo contra la resolución dictada por el Iudex A-Quem, quien declara Sin Lugar el Recurso de Apelación y Confirma el Auto de Formal Procesamiento; argumentando el impetrante que no solo se vulnera el debido proceso y como consecuencia de esa decisión se vulneraria el principio de legalidad, al dictar una resolución carente de fundamento legal y no valorar la discrepancia de la prueba en su conjunto; asimismo arguye vulneración del derecho de defensa, al afirmar que tanto el Juez de Garantías como el Tribunal de Alzada no han valorado de manera adecuada los medios de prueba evacuados en Audiencia Inicial; por ello, para esta Sala es importante entonces recordar lo establecido en el Artículo 297 del Código Procesal Penal, en cuanto a que la tarea de determinar si procede o no decretar Auto de Formal Procesamiento, corresponde a los órganos jurisdiccionales de instancia; sin olvidar que la finalidad de los medios de prueba, es el establecimiento de la verdad de los hechos, pudiendo estos últimos ser demostrados utilizando cualquier medio de prueba, siempre que éstos sean objetivamente confiables; tal confiablidad y credibilidad le corresponde concederla a los tribunales de instancias, a quienes les compete el resolver las pretensiones expuestas por las partes, sobre los asuntos que son llevados a los tribunales. CONSIDERANDO (19): A prima facie, esta Sala de lo Constitucional ha procedido a dar respuesta a las pretensiones plasmadas por el recurrente en la acción constitucional de amparo impetrada; este Alto Tribunal arriba a la conclusión que la valoración de la prueba debe realizarse libremente por el Juez decisor ya sea en primera o segunda instancia y conforme a ello no puede pronunciarse esta Sala de lo Constitucional, en establecer cómo se hará la valoración de la prueba evacuada, pues ello es una cuestión de instancia, que corresponde resolverse ante los órganos jurisdiccionales correspondientes; en ese sentido analizada que ha sido la resolución proferida por la CORTE DE APELACIONES CON COMPETENCIA NACIONAL EN MATERIA DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA Y CORRUPCION, se observa que se ha realizado en conjunto la valoración de la prueba producida en Audiencia Inicial, que se han observado y respetado las reglas de la sana crítica, asimismo la resolución impugnada se encuentra debidamente motivada y razonada de una manera lógica y coherente, a efecto de producir en las partes la convicción respecto a la decisión de fondo adoptada, en tal sentido luego de la valoración de la prueba, el Tribunal de Alzada ha formado su convicción y ha procedido a declarar Sin lugar el recurso de Apelación interpuesto, confirmando el Auto de Formal Procesamiento.- CONSIDERANDO (20): En ese orden de ideas este Alto Tribunal concluye, como ya lo ha hecho en reiteradas ocasiones, que no le corresponde dentro del marco de la tutela judicial constitucional, pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia del auto de formal procesamiento dictado, ya que esto es actividad exclusiva de los órganos jurisdiccionales de primera y segunda instancia; a menos claro está que el mismo se haya dictado lesionando garantías constitucionales, situación que el caso de sub iudice no ha sucedido, aprecia además que, la resolución dictada por el Iudex Ad-Quem contiene, el razonamiento suficiente conforme a derecho, es por ello, que garantizando los derechos fundamentales de las partes así como el derecho internacional de los derechos humanos contenidos en los tratados y/o Convenciones suscritos y ratificados por el Estado, estima que la acción de Amparo debe Denegarse; sin perjuicio del derecho que le asiste a la defensa de la encausada para aportar pruebas y formular alegatos en otras etapas ulteriores del proceso, en orden a mantener incólume la presunción de inocencia que el artículo 89 de la Constitución le garantiza, así como también, sin menoscabo de la valoración que a los Juzgados y Tribunales de instancia del orden penal les corresponda efectuar en el momento procesal oportuno sobre los elementos probatorios aportados por las partes, teniendo en cuenta que en la etapa procesal en la que se ha dictado el auto de formal procesamiento recurrido, no se exige un estado de certeza en el Juzgador sobre la culpabilidad del procesado, sino la constatación que existe una probabilidad razonable y por lo tanto un juicio esencialmente provisional e hipotético, de que aquél ha podido incurrir en la comisión de un hecho tipificado como delito.- CONSIDERANDO (21): Que, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala de lo Constitucional deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, la resolución recurrida esta apegada en estricto cumplimiento al principio de legalidad, prevaleciendo el debido proceso y derecho de defensa; consecuentemente la efectiva tutela de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución de la República, si la resolución le fue adversa a las pretensiones de una de las partes, no es ejemplo de vulneración de derechos y garantías como lo pretende el impetrante, es por ello que la Sala estima procedente Denegar el Recurso de Amparo que se ha hecho mérito. - POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD DE VOTOS, en nombre del Estado de Honduras, y con fundamento en los Artículos 1, 64, 69, 80, 82, 89, 90, 94, 99, 183, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 2, 3 No. 2), 5, 7, 8, 9.2, 41, 54 y 56 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1, 8, 13, 14, 212, 231.4, 294 y 297.1 del Código Procesal Penal; FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo de que se ha hecho mérito. Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes a su lugar de procedencia.- Redactó el magistrado VALLECILLO PAREDES.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.- LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES.- FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintiséis días del mes de marzo del año dos mil veintiséis, certificación de Fallo de fecha veinte de febrero del año dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal bajo el número SCO-0917-2024.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL