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Sentencia AP-226-26 — Registro 20471

Resumen

Se interpuso recurso de amparo en contra de la resolución que resolvió el recurso de apelación en relación a lo resuelto por los delitos de lavado de activo, sustracción, destrucción, ocultamiento o inutilización privilegiada, enriquecimiento ilícito y cuarenta y un (41) delitos de falsificación de documentos públicos en perjuicio del orden socioeconómico, la administración pública y la fe pública del Estado de Honduras.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que las alegaciones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de mayo del año dos mil veintiséis. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY a favor de FRANCIA SOFÍA MEDINA MARTÍNEZ, en contra de la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veintiséis, que resolvió el recurso de apelación presentado en contra de lo resuelto el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en uno (01) de septiembre del año dos mil veinticinco, en relación a la causa instada en contra de FRANCIA SOFÍA MEDINA MARTÍNEZ por suponerla responsable de la comisión de los delitos de LAVADO DE ACTIVO, SUSTRACCIÓN, DESTRUCCIÓN, OCULTAMIENTO O INUTILIZACIÓN PRIVILEGIADA, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO y CUARENTA Y UN (41) DELITOS DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio del ORDEN SOCIECONÓMICO, la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y la FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que de las alegaciones formuladas por el recurrente para sustentar su acción de amparo, se desprende que éste no comparte la resolución dictada por la Alzada, mediante la cual convalida la decisión del A-quo de auto habilitarse en conocer un juicio que debe ser conocido por salas especializadas del circuito de criminalidad organizada, omitiendo aplicar el Acuerdo CSJ-08-2023, relativo a que es competente de conocer el circuito especializado cuando las personas responsables sean funcionarios del Estado o actúen valiéndose de su función, aun cuando no se configure una estructura de grupo delictivo organizado, que inicialmente la relación laboral entre las partes inició con la modalidad de contrato por tiempo determinado antes de ser modificada con la emisión del acuerdo de nombramiento, y es en este sentido que estima debe ser conocido ante dicho órgano jurisdiccional. CONSIDERANDO: Que, del escrito de interposición del recurrente, se puede apreciar que invoca como violentados con el acto contra el cual reclama, la declaración y garantías reconocidos en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado, advierte esta Sala que contrario a lo expuesto por el recurrente, no aprecia vulneración de los derechos que han sido señalados como quebrantados, toda vez que la Alzada en su resolución dispuso de manera motivada y fundada en derecho los motivos por los que no son atendibles los agravios planteados por el actuante, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que el artículo 64 de nuestra carta magna establece: "No se aplicarán leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos, y garantías establecidas en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan". CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que si bien durante el proceso las partes tienen derecho a recurrir, también lo es que la ley dispone presupuestos formales de admisibilidad y procedencia de los recursos mismos que deben ser observados para ser efectivos, en este caso en particular ésta Sala advierte que la Alzada señaló los motivos por los que no atendió los argumentos del recurrente, no advirtiendo la existencia de agravio constitucional alguno, toda vez que el órgano jurisdiccional contra cuya resolución se reclama, ha ejercido sus facultades legales, aplicando la normativa al caso, por lo que ésta Sala no aprecia la violación de los derechos de defensa y debido proceso. CONSIDERANDO: Que el recurrente hace referencia a diversos agravios derivados de otras circunstancias y entes, sobre los cuales esta Sala no emitirá pronunciamiento toda vez que los mismos no derivan del acto reclamado que se examina. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal observa que con la emisión del acto reclamado se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando la obtención de una respuesta judicial motivada, y sobre todo fundada en derecho congruente, por lo que no han sido quebrantadas las normas que relaciona el impetrante, y por tanto no se le deniega alguna garantía constitucional, al haberse dictado la resolución respetando todas las formalidades de derecho y garantías que la ley establece dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las alegaciones de mera legalidad son todas aquellas cuestiones o situaciones que por no ser propias de la materia constitucional quedan circunscritas en cuanto a su regulación y decisión a la normativa de la legislación secundaria, como lo es el planteamiento de asuntos puramente judiciales o bien administrativos, que han sido debidamente resueltos y consistentes en la simple inconformidad con lo decidido en las sentencias jurisdiccionales o bien resoluciones administrativas y solo cabe el conocimiento de los mismos por los órganos encargados de la justicia constitucional, cuando en el procedimiento para su decisión se conculquen los derechos constitucionales de los gobernados; se advierta arbitrariedad o desafuero en el proceder y/o decisión de la autoridad o se menoscaben de cualquier forma derechos fundamentales; a contrariu sensu estas cuestiones corresponden en principio ser juzgadas con exclusividad por la justicia ordinaria, y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben resolverse y decidirse por la autoridad competente, como acontece en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, resolución que ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo cuarenta y seis numerales primero y noveno, es procedente sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal. POR TANTO: Esta Sala Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la y en aplicación de los artículos 80, 183, 303, 304, 313 atribución 5a. y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 1o. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 4, 9, 41, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY a favor de FRANCIA SOFÍA MEDINA MARTÍNEZ, en contra de la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veintiséis, al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad y como su lógica consecuencia, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en el trámite del juicio principal; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se proceda a certificar la misma, se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia y se proceda el archivo de las presentes actuaciones. NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. SONIA MARLINA DUBON VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. MILTON JIMENEZ PUERTO. – ODALYS ALEYDA NAJERA MEDINA. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, ocho de mayo del año dos mil veintiséis. VISTO: el recurso de reposición interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, en contra del sobreseimiento dictado por esta Sala de lo Constitucional en fecha cinco (05) de mayo del año dos mil veintiséis, en el recurso de amparo de mérito que presentara a favor de FRANCIA SOFÍA MEDINA MARTÍNEZ, en contra de la resolución emitida por la CORTE DE APELACIONES PENAL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veintiséis, que resolvió el recurso de apelación presentado en contra de lo resuelto el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en uno (01) de septiembre del año dos mil veinticinco, en relación a la causa instada en contra de FRANCIA SOFÍA MEDINA MARTÍNEZ por suponerla responsable de la comisión de los delitos de LAVADO DE ACTIVO, SUSTRACCIÓN, DESTRUCCIÓN, OCULTAMIENTO O INUTILIZACIÓN PRIVILEGIADA, ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO y CUARENTA Y UN (41) DELITOS DE FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS en perjuicio del ORDEN SOCIECONÓMICO, la ADMINISTRACIÓN PÚBLICA y la FE PÚBLICA DEL ESTADO DE HONDURAS. CONSIDERANDO: Que el recurrente eleva a conocimiento de esta Sala, recurso de reposición por estimar que no concurre en el caso expuesto, la aplicación de la causal de mera legalidad, motivo por el que pide a esta Sala que aclare los motivos que validan dicha decisión, por estimar que se han lesionado los derechos de su representada. CONSIDERANDO: Que este alto Tribunal debe indicar que apreció la concurrencia de la causal de mera legalidad, al percibir que la interpretación y fundamentación de la Alzada; deviene de la aplicación directa de la ley en el caso en específico, así como siguió los lineamientos que con anterioridad emitió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en juicios como el de estudio, en el sentido que los órganos de jurisdicción especial conocerán únicamente de causas en que la comisión de delitos sea realizada por grupos organizados o en colusión con estos, no mediando para dicha decisión solo la calidad de funcionario público de la persona que se encuentre procesada, de manera que al no referir el recurrente que en el juicio acreditó que la procesada se unió a un grupo escrutado para concertar los hechos por los que se le acusa, no se aprecia el quebrantamiento de los derechos fundamentales que señala afectan a su representada. CONSIDERANDO: Que en cuanto a que debió acudirse a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para que esta decidiera sobre el asunto de competencia, esta Sala de lo Constitucional no observa que exista arbitrariedad, toda vez que el Ad-quem refirió que se siguió el criterio vertido por la Sala Penal en casos como el de mérito, así como en atención a la jerarquización de la normas como tal, motivos por los que no se logró percibir la vulneración a la tutela judicial efectiva que refiere el actuante afecta a su representada. CONSIDERANDO: Que, en razón a lo anterior expuesto, esta Sala de lo Constitucional, aprecia que el sobreseimiento impugnado se encuentra apegado a derecho, resultando procedente declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto, al no desprenderse de los argumentos expuestos motivos para proceder a la revocación que se solicita. POR TANTO: La SALA DE LO CONSTITUCIONAL en nombre DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, por UNANIMIDAD DE VOTOS y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado JUAN CARLOS BERGANZA GODOY, en contra del SOBRESEIMIENTO dictado por esta Sala de lo Constitucional en fecha cinco (05) de mayo del año dos mil veintiséis, por no desprenderse razones ni de fondo ni de forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que, una vez notificado el presente auto, se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida por el impetrante. – NOTIFIQUESE. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. - PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. - SONIA MARLINA DUBON VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. ODALYS ALEYDA NAJERA MEDINA. - FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se Extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de mayo del dos mil veintiséis, certificación de las resoluciones de fechas cinco y ocho de mayo del dos mil veintiséis, recaídas en el Recurso de Amparo Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0226-2026.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL