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Sentencia AP-1030-24 — Registro 20294

Resumen

Se interpuso recurso de amparo contra resolución que declara abandono de defensa en la cual el Juez no tomó en consideración excusa presentada por abogado defensor con antelación, al no poder asistir a convocatoria a audiencia, lo cual le habría hecho incurrir, supuestamente, en conducta manifiesta de deslealtad a la justicia, dejando a la acusada sin su defensor. La Sala Constitucional, confirmó que efectivamente se había cometido infracción a la garantía del debido proceso invocada por recurrente, en virtud de no haber resuelto en tiempo y forma la excusa presentada por éste y no seguir el procedimiento debido. Por ello, ordenó que el juicio continuara, pero esta vez con el abogado reincorporado como defensor.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

(3): Que ha argumentado el Ad-Quem, en sustento a la estimatoria del recurso, que al analizar la resolución emitida se ha podido constatar que el Tribunal de Sentencia A Quo inobservó de hecho las consideraciones jurídicas planteadas por la parte agraviada, infringiendo el debido proceso; al efectuar dicha declaratoria de abandono de la defensa sin observar los requisitos que la ley establece, ante supuesto caso justificado de incomparecencia; en virtud no haber resuelto en tiempo y forma la excusa presentada por el defensor, ulteriormente declarado en abandono de la defensa, por parte del Tribunal de Sentencia concernido. Es convicción del órgano jurisdiccional garantista, que tal quebrantamiento de la expresada formalidad procesal, hizo ien virtud no haber resuelto en tiempo y forma la excusa presentada por el defensor, ulteriormente declarado en abandono de la defensa, por parte del Tribunal de Sentencia concernido; por lo cual procedía el otorgamiento de la presente garantía de amparo, conocida ahora en Consulta.

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
  • Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de enero de dos mil veintiséis. VISTO: En Consulta las diligencias que contienen la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO DE FRACISCO MORAZAN, de fecha uno de agosto de dos mil veinticuatro, que otorgo un recurso de amparo interpuesto por el Abogado MAX CANELAS CASTRO, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en relación a la causa instruida contra la señora LYNDA MARISSA VELASQUEZ ALVARADO Y OTROS por suponerlos responsables del delito de ESTAFA en perjuicio de FREDA NADIME THIEBAUD GARAY. Estima el recurrente que, con el acto reclamado, se han violentado los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha veintidós de marzo de dos mil veintitrés, compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado MAX CANELAS CASTRO, actuando en su condición de apoderado legal de la señora LYNDA MARISSA VELASQUEZ ALVARADO interponiendo recurso de Amparo, contra la resolución de fecha veintisiete de enero de dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, por estimar que la misma es violatoria los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 de la Constitución de la República. (Folios 01 al 20 de la pieza de antecedentes) 2) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, emitió resolución en fecha uno de septiembre de dos mil veintitrés, mediante la cual: “RESUELVE: 1O DECLARARSE INCOMPETENTE para conocer la demanda de amparo interpuesta por el abogado MAX CANELAS CASTRO, a favor de la señora LYNDA MARISSA VELASQUEZ ALVARADO, contra la resolución dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, el veintisiete de enero dedos mil veintitrés, por carecer de competencia para conocer del mismo; 2o Remitir los antecedentes a la CORTE DE APELACIONES de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán; por ser este el Tribunal competente; y MANDA: …” (Folios 30 de los antecedentes) 3) Que en fecha quince de noviembre de dos mil veintitrés, fue recibido en la Corte de Apelaciones de lo Penal del Departamento de Francisco Morazán, el recurso de Amparo Penal interpuesto por el Abogado MAX CANELAS CASTRO a favor de la señora LYNDA MARISSA VELASQUEZ ALVARADO, contra la resolución de fecha veintisiete de enero del año dos mil veintitrés, dictada por el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán. (Folio 34 del antecedente) 4) Que seguido el procedimiento que al efecto determina la Ley Sobre Justicia Constitucional, la referida Corte, en fecha uno de agosto de dos mil veinticuatro, resolvió: FALLA: “OTORGANDO LA ACCION CONSTITUCIONAL DE AMPARO de la cual se ha hecho mérito y que fuera interpuesta por el abogado Max Canelas Castro a favor de Lynda Marissa Velásquez Alvarado contra la resolución dictada en fecha veintisiete (27) de enero de dos mil veintitrés (2023) por la Juez unipersonal Karla Lizeth Romero Dávila de la Sala Tercera del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa por violación al debido proceso dictada en la causa instruida contra LYNDA MARISSA VELASQUEZ ALVARADO y otros por suponerlos responsables del delito de ESTAFA en perjuicio de FREDA NADIME THIEBAUD GARAY. En tutela del debido proceso, que la Juez del Tribunal de Sentencia tenga al abogado Max Canelas Castro como abogado defensor de la señora Velásquez Alvarado y continúe con la tramitación normal del proceso. MANDA: …-” (Folios 53-55 de la pieza del Ad-Quem) 5) Que en fecha veintidós de agosto de dos mil veinticuatro, este alto Tribunal recibió para su consulta, el expediente que contiene el Recurso de Amparo de mérito, de conformidad a lo establecido en el artículo 68 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. CONSIDERANDO (1): Que conforme a la Constitución de la República la acción de amparo tiene como finalidad mantener o restituir a la persona agraviada en el goce de los derechos o garantías de la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; o para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Asimismo, la Ley Sobre Justicia Constitucional manda que las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones, en cualquiera de los supuestos del artículo 68, vengan en trámite de consulta ante la Sala de lo Constitucional. CONSIDERANDO (2): Que, la Acción de Amparo Penal venida en Consulta, fue conocida por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazan, de fecha uno de agosto de dos mil veinticuatro, según promovida por el Abogado MAX CANELAS CASTRO, en su condición de Apoderado Procesal de la señora LYNDA MARISSA VELÁSQUEZ ALVARADO, contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán en fecha veintisiete de enero de dos mil veintitrés, en relación a la causa instruida contra la señora LYNDA MARISSA VELASQUEZ ALVARADO Y OTROS por suponerlos responsables del delito de ESTAFA en perjuicio de FREDA NADIME THIEBAUD GARAY; a cuyo tenor declara abandonada su defensa, por parte del Abogado aquí compareciente como garantista; argumentando que no se atendió la citación que a éste se le hiciera en fecha 18 de enero de 2023, a efecto de que compareciera a la Audiencia convocada por el A Quo, para el 20 de enero de 2023; lo cual le habría hecho incurrir, supuestamente, en conducta manifiesta de deslealtad a la justicia. CONSIDERANDO (3): Que ha argumentado el Ad-Quem, en sustento a la estimatoria del recurso, que al analizar la resolución emitida se ha podido constatar que el Tribunal de Sentencia A Quo inobservó de hecho las consideraciones jurídicas planteadas por la parte agraviada, infringiendo el debido proceso; al efectuar dicha declaratoria de abandono de la defensa sin observar los requisitos que la ley establece, ante supuesto caso justificado de incomparecencia; en virtud no haber resuelto en tiempo y forma la excusa presentada por el defensor, ulteriormente declarado en abandono de la defensa, por parte del Tribunal de Sentencia concernido. Es convicción del órgano jurisdiccional garantista, que tal quebrantamiento de la expresada formalidad procesal, hizo ien virtud no haber resuelto en tiempo y forma la excusa presentada por el defensor, ulteriormente declarado en abandono de la defensa, por parte del Tribunal de Sentencia concernido; por lo cual procedía el otorgamiento de la presente garantía de amparo, conocida ahora en Consulta. CONSIDERANDO (4): Que al tenor de lo dispuesto en el artículo 68 párrafo segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de lo Constitucional, el conocimiento de consulta obligatoria de las sentencias de amparo dictadas por las Cortes de Apelaciones; cuando, como en el presente caso, responda a una garantía de amparo interpuesta al supuesto de violación de los derechos fundamentales cometida por Jueces de Letras Departamentales o seccionales, Jueces de Sentencia, Jueces de Ejecución y Jueces de Paz, en los casos de jurisdicción preventiva; según contemplado en el artículo 10 numeral 2 literal a) de la Ley en referencia, lo que acaece en el presente caso. CONSIDERANDO (5): Que el thema decidendi concierne la vulneración del derecho al debido proceso, según contenido en el artículo 90, párrafo primero, de la Constitución de la República, que señala: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece…”; cuyo respeto, promoción y protección comporta el escrupuloso cumplimiento de una serie de derechos a favor de las partes, que deben ser observados a lo largo de todo proceso; entre los cuales, asegurar que éstas puedan intervenir en un plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la inviolabilidad de la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, inter alia. CONSIDERANDO (6): Que, del estudio de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones concernida, resolviendo la acción constitucional de Amparo invocada, esta Sala observa la plausibilidad y razonabilidad del fallo venido en consulta; dado que la resolución judicial recurrida en amparo ha vulnerado las garantías y derechos constitucionales invocados, en la modalidad y forma planteada por el recurrente; procediendo la estimatoria de la garantía constitucional solicitada cuando las acciones u omisiones de sujetos de derecho público resulten claramente defectuosas, insuficientes o tardías para garantizar los derechos y libertades fundamentales, tal y como se desprende del presente caso. Resultando adecuado a los parámetros convencionales y constitucionales, confirmar la estimatoria del recurso de amparo venido en consulta, en garantía jurisdiccional al debido proceso. CONSIDERANDO (7): Que conforme lo preceptuado en el artículo 69 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, el órgano jurisdiccional competente que conozca de la consulta, fallará con sólo la vista de los autos, reformando, confirmando o revocando la sentencia consultada. En razón a ello, resulta lo procedente CONFIRMAR la sentencia venida en trámite de Consulta obligatoria, ante este Alto Tribunal. POR TANTO: Que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y con fundamento en los artículos 1, 4, 59, 60, 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 numeral 1) y 321 de la Constitución de la República; 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 numeral 2, 4, 5, 7, 8, 10 numeral 2, literal a), 68 y 69 de la Ley sobre Justicia Constitucional. FALLA: CONFIRMANDO la sentencia venida en Consulta, dictada por la Corte de Apelaciones de lo Penal del departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de agosto de dos mil veinticuatro. Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales correspondientes. Redactó el Magistrado PADILLA CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE. FIRMA Y SELLO. WAGNER VALLECILLO PAREDES. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días de abril del dos mil veintiséis, certificación del Fallo de fecha treinta de enero del dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Amparo Penal Venido en consulta registrado en este Tribunal con el número SCO-1030-2024.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL