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Sentencia AL-531-25 — Registro 20459

Resumen

Para sustentar la presente acción de amparo la recurrente alega que no comparte la resolución dictada por la Corte mediante la cual confirma la excepción dilatoria de incompetencia de tribunal opuesta por la parte demandada y se indica que la demanda se mérito debe ser conocida por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por ser de la opinión la actuante, que inicialmente la relación laboral entre las partes empezó con la modalidad de contrato por tiempo determinado antes de ser modificada con la emisión del acuerdo de nombramiento, y es en este sentido que estima debe ser conocida por los Tribunales del Trabajo. Sin lugar el Amparo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad, además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen.”.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cinco de febrero de dos mil veintiséis. VISTOS: Los antecedentes en el recurso de amparo interpuesto por la abogada NANCY DEL CARMEN MIRA COLINDRES a favor de los señores CRISTIAN ALBERTO PINEDA GALEAS y CRHIS AZARIA LAGOS MORADEL, contra la resolución interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha ocho de abril de dos mil veinticinco, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, el veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco; con relación a la demanda laboral promovida por los señores CRISTIAN ALBERTO PINEDA GALEAS y CRHIS AZARIA LAGOS MORADEL, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD (SESAL). CONSIDERANDO: Que para sustentar la presente acción de amparo la recurrente alega que no comparte la resolución dictada por la Alzada, en fecha ocho de abril de dos mil veinticinco, mediante la cual confirma la excepción dilatoria de incompetencia de tribunal opuesta por la parte demandada y se indica que la demanda se mérito debe ser conocida por la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, por ser de la opinión la actuante, que inicialmente la relación laboral entre las partes empezó con la modalidad de contrato por tiempo determinado antes de ser modificada con la emisión del acuerdo de nombramiento, y es en este sentido que estima debe ser conocida por los Tribunales del Trabajo. CONSIDERANDO: Que del escrito de interposición se aprecia que la recurrente estima que el acto contra el cual se reclama violenta los derechos contenidos en los artículos 1, 80, 82, 90, 321 y 323 de la Constitución de la República. CONSIDERANDO: Que del estudio del acto reclamado se desprende que el Ad-quem confirma la resolución impugnada, al apreciar que está acreditada y reconocida la relación de trabajo entre los demandantes y el Estado de Honduras, la cual inició por contrato y posteriormente fue modificada con la emisión de un acuerdo de nombramiento, motivo por el que el conocimiento de la misma no corresponde a la Jurisdicción del Trabajo sino a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conforme lo dispuesto en el artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, referente a que se exceptúan del régimen laboral, los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, los cuales se regirán por las leyes del Servicio Civil. CONSIDERANDO: Que el artículo 64 de nuestra carta magna establece: "No se aplicaran leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier orden, que regulen el ejercicio de las declaraciones, derechos, y garantías establecidas en esta constitución, si los disminuyen, restringen o tergiversan". CONSIDERANDO: Que la violación al derecho de defensa concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso. CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas: dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados. CONSIDERANDO: Que esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados los alegatos presentados por la reclamante en el presente recurso de amparo, logra determinar que estos van dirigidos a que se determine la procedencia o no de un incidente de declinatoria por falta de competencia objetiva del Tribunal ante quien se presentó la demanda, asunto sobre el cual observa éste Alto Tribunal ya existe un pronunciamiento, mismo en que se aprecia se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la ley establece y dentro del marco legal aplicable. CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio. CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su Artículo 46 numerales primero y noveno, es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad, además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 10. Y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización Y Atribuciones de los Tribunales; 710 y 858 del Código del Trabajo; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numerales 1) y 9), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por la abogada NANCY DEL CARMEN MIRA COLINDRES a favor de los señores CRISTIAN ALBERTO PINEDA GALEAS y CRHIS AZARIA LAGOS MORADEL, contra la resolución interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha ocho de abril de dos mil veinticinco, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad, además, continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal; y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia, con certificación de lo resuelto, para los efectos legales consiguientes. NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS.PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL….”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, cuatro de mayo del año dos mil veintiséis. VISTO el recurso de reposición interpuesto por la Abogada NANCY DEL CARMEN MIRA COLINDRES, contra de la resolución dictada por esta Sala en fecha cinco de febrero de dos mil veintiséis, que sobreseyó el recurso de amparo interpuesto por la recurrente a favor de los señores CRISTIAN ALBERTO PINEDA GALEAS y CHRIS AZARIA LAGOS MORADEL, contra la resolución interlocutoria dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha ocho de abril de dos mil veinticinco, que resolvió el recurso de apelación interpuesto contra el auto interlocutorio dictado por el JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, el veinticuatro de febrero de dos mil veinticinco; con relación a la demanda laboral promovida por los señores CRISTIAN ALBERTO PINEDA GALEAS y CHRIS AZARIA LAGOS MORADEL, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través de la SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD (SESAL). CONSIDERANDO: Que la recurrente al solicitar la reposición aludida, alega que el presente recurso es un amparo directo y concentrado, el cual se interpone contra una resolución de autoridad que no ha sido ni consentida ni consumada, ya que fue promovida dentro del plazo que establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, con el fin de salvaguardar derechos fundamentales de su representado, toda vez que, la resolución de la Alzada contraviene preceptos constitucionales y legales consignados en la norma primaria, por lo que la causal en que se fundamenta el sobreseimiento decretado por esta Sala es improcedente, motivo por el cual solicita que por medio del presente recurso de amparo se dé cumplimiento a la disposición jurídica que a su parecer fue inobservada, tal como lo expuso en su escrito de interposición. CONSIDERANDO: Que en razón a los argumentos expuestos por la impetrante en su escrito de reposición, se revisó de nueva cuenta la resolución dictada por esta Sala en fecha cinco de febrero de dos mil veintiséis, así como los antecedentes, apreciándose que dichos argumentos no son de recibo ya que la resolución que pide sea revocada se encuentra apegada a derecho, motivo por el cual no resultan atendibles los agravios planteados por la recurrente. CONSIDERANDO: Que al no advertirse razones de fondo o forma para proceder a la enmienda del sobreseimiento impugnado, resulta oportuno declarar sin lugar el recurso de reposición que ha sido interpuesto. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional en nombre de la Corte Suprema De Justicia, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 183, 313 atribución 5ª, Y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el recurso de reposición interpuesto por la Abogada NANCY DEL CARMEN MIRA COLINDRES, contra de la resolución dictada por esta Sala en fecha cinco de febrero de dos mil veintiséis, por no existir razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que la Secretaría del Despacho notifique lo resuelto a la recurrente para los efectos legales que en derecho correspondan. NOTIFIQUESE. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. PRESIDENTA DE LA SALA CONSTITUCIONAL. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. MILTON DANILO JIMENEZ PUERTO. ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA.FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de junio del año dos mil veintiséis, certificación de Resolución de fecha cinco de febrero de dos mil veintiséis y Resolución de fecha cuatro de mayo del dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Amparo Laboral registrado en este tribunal con el número SCO-0531-2025. “FIRMA Y SELLO.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX.

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.