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Sentencia AL-1748-22 — Registro 20291

Resumen

Impugnación de costas de ejecución de sentencia con relación a demanda ordinaria para el reconocimiento de antigüedad laboral ,derecho al trabajo y estabilidad laboral promovida contra recurrente, siendo declarada con lugar, concluyendo la Sala de lo Constitucional ,Respecto a lo aseverado por la Alzada, se aprecia que su razonamiento resulta subjetivo y arbitrario, se contrapone a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto Ley 266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno, en cuanto señala que el Estado o sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, estarán exentos del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente, en tal sentido en el caso de autos la parte demandante debió haber acreditado que recurrente actuó con dolo, a efecto de poder ser condenado en costas, tal como lo dispone el referido decreto, lo cual no ha ocurrido en el caso de autos pues no solamente es argumentarlo sino que dicho extremo debe ser acreditado en autos.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."n ese orden de ideas, vemos que la sentencia que hoy es objeto de amparo, ha omitido la interpretación y aplicación del contenido del Decreto 266-2013, específicamente en el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno que dispone que el Estado o sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, estarán exentos del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo, en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente; es decir, que se haya tenido la intención de producir un daño y ser llevada a que se le condene en costas de ejecución; situación que no se aprecia en el caso de autos; pero que aun así, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, aplicó en su resolución lo establecido en el artículo 803 numeral segundo del Código Procesal Civil, el cual dispone que en cualquier caso, las costas de ejecución se impondrán al ejecutado salvo que acredite que hubo causa no imputable a él que le impidió hacer el pago antes de la ejecución; razón por la cual, esta Sala es del parecer que la sentencia recurrida no se encuentra dictada conforme a derecho, violentando las garantías constitucionales invocadas por la impetrante, debiendo en consecuencia otorgar la presente garantía de amparo. CONSIDERANDO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico; por todo lo cual, vistos los antecedentes del caso; esta Sala de lo Constitucional encuentra la vulneración de las garantías constitucionales consideradas por la parte garantista, tal como quedó expresado en los considerandos que anteceden; en consecuencia, debe procederse al otorgamiento de la presente acción de Amparo, por las razones antes expuestas."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 24 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Ley sobre Justicia Constitucional, art. 120 (Rango Constitucional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice.”.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, treinta de enero del dos mil veintiséis. - VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Elisa Carolina Castro Pinto, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tela, departamento de Atlántida, en fecha doce de agosto de dos mil veintidós, con relación a la demanda ordinaria promovida por los señores Carlos Alberto Hernández Antúnez, Katy Lorena López Lovo, Otto Geovanny Artiagas Martinez, contra el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se ha violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 320 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S.- 1) Que en fecha veintidós de julio de dos mil catorce, comparecieron ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tela, departamento de Atlántida, los señores Carlos Alberto Hernández Antúnez, Katy Lorena López Lovo y Otto Geovanny Artiaga Martínez, actuando en causa propia, interponiendo “…DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD LABORAL, DERECHO AL TRABAJO Y ESTABILIDAD LABORAL…”, contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud. (Folios 1-5 del expediente del A-quo).- 2) El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Tela, departamento de Atlántida, en fecha doce de agosto de dos mil veintidós, resolvió: “…PRIMERO: Declarar Sin Lugar la impugnación de Liquidación de Costas de ejecución presentada mediante comparecencia por la representante legal del Estado de Honduras, en virtud de no ser excesiva ni indebida la tasación de la Liquidación de Costas Personales practicada por la secretaria del despacho en fecha 27 de Enero del presente año, en consecuencia se mantiene la misma.-Y MANDA: Que de no interponerse recurso alguno contra la presente resolución una vez firme surta los efectos legales correspondientes. SIN COSTAS.- CEDIDA QUE LE FUE LA PALABRA A LA ABOGADA ELISA CAROLINA CASTRO quien manifestó que por este acto interpongo el recurso de reposición y subsidiaria apelación por no estar conforme con la resolución dictada por este despacho de justicia.- CEDIDA QUE LE FUE LA PALABRA AL ABOGADO DEMANDANTE quien manifestó que esta conforme con la resolución emitida. EL JUZGADO RESUELVE: Visto el recurso de reposición y subsidiaria apelación interpuesto por la apoderada legal de la parte demandada, se declara sin lugar el recurso de reposición por considerar que la resolución emitida se encuentra conforme a derecho, admítase el recurso de apelación interpuesto, remítanse las presentes diligencias a la Honorable Corte de apelaciones de la ciudad de la Ceiba Atlántida lugar a donde deberán recurrir las partes en uso de su derecho en el término legal correspondiente.- En este estado se da por terminada la presente RAS acta quedando notificado en estrados los apoderados legales de las partes ante la suscrita juez secretaria que da fe…” (Folio 270-271 vuelto del expediente del A-quo).- 3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por la Abogada Elisa Carolina Castro, en su condición de Apoderado Legal demandada, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: (Sic) “…PRIMERO: Declarando SIN LUGAR el recurso de apelación Interpuesto por la Abogada ELISA CAROLINA CASTRO, en su condición de Representante Procesal de la parte demandada.- SEGUNDO: CONFIRMA el auto interlocutorio dictado en fecha DOCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDÓS, dictado por el Juzgado de Letras Seccional de la ciudad de Tela, departamento de Atlántida, mediante la cual declaró sin lugar la impugnación de costas presentada por la representante procesal de la parte demandada. SEGUIDAMENTE CEDIDA LE FUE LA PALABRA A LA ABOGADA ELISA CAROLINA CASTRO PINTO, QUIEN EN EL USO DE LA PALABRA MANIFIESTA: En este acto interpongo el Recurso de Reposición y subsidiario amparo…” (Folios 11-21 del expediente del Ad-quem).- 4) Que, en fecha dos de diciembre de dos mil veintidós, compareció la Abogada Elisa Carolina Castro Pinto, interponiendo recurso de amparo a favor del Estado de Honduras, afirmando que la sentencia dictada por el Ad-quem, relacionada en el numeral que antecede, le violenta a su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 90, 303, 304, 313 numeral 5, 316 y 320 de la Constitución de la República. - 5) Que esta Sala, en fecha dos de mayo de dos mil veintitrés, tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por la Abogada Elisa Carolina Castro Pinto, en consecuencia, dispuso continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 40 del recurso).- 6) En fecha trece de noviembre de dos mil veintitrés, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, del que se desprende de su análisis jurídico, lo siguiente: “…Sobre el particular, esta representación del Ministerio Público observa que la resolución venida en amparo vulnera los preceptos constitucionales señalados por la recurrente, ya que lo aseverado por la Alzada al señalar." Por cuanto consta en los antecedentes que la parte demanda tiene la obligación del pago de las costas de ejecución, en virtud de haberse ejecutado la sentencia definitiva sin que la parte demandada haya cumplido voluntariamente con el pago de los derechos laborales de los trabajadores demandantes, quienes debieron hacer el trámite de ejecución de la sentencia firme.., razón por la cual confirma el auto interlocutorio recurrido". Respecto a lo aseverado por la Alzada, se aprecia que su razonamiento resulta subjetivo y arbitrario que se contrapone a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto Ley 266-2013, contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los servicios a la ciudadanía y fortalecimiento de la transparencia en el Gobierno, en cuanto señala que el Estado o sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, estarán exentos del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo; en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente, en tal sentido en el caso de autos la parte demandante debió haber acreditado que la demandada actuó con dolo, a efecto de poder ser condenado en costas, tal como lo dispone el referido decreto, lo cual no ha ocurrido en el caso de autos pues no solamente es argumentarlo sino que dicho extremo debe ser acreditado en autos. Asimismo, es de resaltar que, si bien es cierto, el Código Procesal Civil en su artículo 803 párrafo segundo señala: "En cualquier caso, las costas de la ejecución se impondrán al ejecutado", tal normativa constituye la regla general siendo la excepción a la misma el artículo 8 del decreto citado, por lo que en ese orden de ideas al armonizar ambas disposiciones Legales arribamos a una sola conclusión y es que la entidad demandada se encuentra exenta del pago de las costas impuestas, observando de esta manera que la sentencia recurrida no se encuentra conforme a derecho, y que quebranta el debido proceso y lo dispuesto en el Principio de Legalidad que establece: "Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de la ley es nulo e implica responsabilidad". Por lo que del análisis anterior el Ministerio Público puede determinar que en el caso de autos se han violentado las garantías Constitucionales invocadas por el Amparista. IV.- OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por existir vulneración de las garantías invocadas por la Amparista...” (Folios 43-49 del recurso de mérito).- CONSIDERANDO (1): Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece.- CONSIDERANDO (2): Que con base a la garantía de Amparo toda persona agraviada, o cualquiera en nombre de ésta, tiene derecho a interponer recurso de amparo a efecto se le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; asimismo, de conformidad al artículo 183.2 constitucional y en consonancia con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la Ley.- CONSIDERANDO (3): Que se conoce en amparo la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, que declaró sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada Elisa Carolina Castro en su condición de representante procesal de la parte demandada y confirma el auto interlocutorio de fecha doce de agosto de dos mil veintidós dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo Seccional de Tela, departamento de Atlántida, con relación a la demanda ordinaria laboral promovida por los señores Carlos Alberto Hernández Antúnez, Katy Lorena López Lovo y Otto Geovanny Artiaga Martínez contra el Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud.- CONSIDERANDO (4): Que la recurrente expone su disconformidad con el parecer de la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en su resolución de fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, por considerar que con la ilegitima ejecución de la sentencia interlocutoria emitida en un proceso de costas de ejecución, se deja en indefensión al Estado de Honduras, debido a la falta de aplicación del articulo 222-2 del Código Procesal Civil al declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto, confirmando el auto interlocutorio en fecha doce de agosto de dos mil veintidós, auto en el cual se procedió a realizar la liquidación que supuestamente en derecho correspondía, liquidación que determinó la obligación que mi representado debía pagar la cantidad de un millón doscientos treinta y nueve mil seiscientos ochenta y tres lempiras con setenta y nueve centavos (L.1,239,683.79); cantidad que fue sujeta a requerimiento de pago por parte del Juzgado de Letras del Trabajo en fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, lo que fue imposible cumplimentar en virtud de que dicho requerimiento expresa que el pago deberá hacerse en el acto, lo que provocaría el incumplimiento por parte del Estado de Honduras, ordenándose el embargo de las cuentas bancarias de la Secretaría de Salud por concepto de pago de costas de ejecución, sin tomar en cuenta el A-Quo los alegato al efectuar la oposición a la ejecución de costas en la comparecencia de fecha nueve de febrero de dos mil veintidós; donde se expresaron una serie de razones que justifican que no fueron imputables para el retraso a esta representación en la ejecución.- CONSIDERANDO (5): Continúa manifestando la recurrente que las costas de ejecución fueron tasadas en un 10% de los honorarios que establece el arancel del profesional del derecho en su articulo 55.8, en donde la parte demandante no hace un desglose de los gastos en que incurrió para ejecutar lo ordenado en la sentencia definitiva tal como lo señala el articulo 758.2 del Código Procesal Civil; por lo que no se adeuda a los demandantes en concepto de costas de ejecución y en el presente asunto para que exista condena en costas debe recaer en la misma pretensión, estudios, hechos y circunstancias tal como lo determina la doctrina al establecer que para determinar las costas de ejecución por una parte se debe considerar el desglose práctico para justificar correctamente los gastos efectuados para su ejecución. Asimismo se considera que se ha violentado lo establecido en el articulo 8 del Decreto 266-2013 contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios de la Ciudadanía y el Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en donde se establece que el Estado esta exenta del pago de costas, excepto si existe dolo, lo cual no aplica porque no se ha probado que su mandante actuó con dolo, por lo que la resolución recurrida, quebranta de manera flagrante el debido proceso.- CONSIDERANDO (6): Que la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, en su resolución de fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, expone en su fundamentación jurídica que luego del análisis de los antecedentes concluye que es procedente confirmar el auto interlocutorio dictado por el A-Quo en fecha doce de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se declaró sin lugar la impugnación de costas de ejecución interpuesta por la parte demandada, puesto que tal como consta, la parte demandada tiene la obligación del pago de las costas de ejecución en virtud de haberse ejecutado la sentencia definitiva sin que la parte demandad haya cumplido voluntariamente con el pago de los derechos laborales de los trabajadores demandantes, quienes debieron hacer el trámite de ejecución de la sentencia firme decretada a su favor; por lo que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 314 de la Constitución de la República, faculta a los tribunales de justicia para juzgar y ejecutar lo juzgado hasta la obtención de la plena satisfacción del ejecutante, asimismo, para el eficaz cumplimiento de la sentencia que se encuentra firme, se procedió a requerir a la parte ejecutada para que pagara o consignara la suma adeudada y al no haber cumplido voluntariamente con lo ordenado en dicho fallo, a petición de la parte ejecutante, fue practicado el embargo contra la demandada, ocasionando costas de ejecución de conformidad al artículo 55.8 del arancel del profesional del derecho que establece que por la sentencia se pagará el 10% de las cantidades ejecutadas equivalentes a millón doscientos treinta y nueve mil seiscientos ochenta y tres lempiras con setenta y nueve centavos (L.1,239,683.79);, constituyendo la cuantía final de la demanda.- CONSIDERANDO (7): Continúa manifestando la Corte de Apelaciones que como se aprecia en los autos de primera instancia, la parte ejecutada fue condenada mediante sentencia firme a pagar los derechos laborales de los trabajadores demandantes, incluyendo salarios dejados de percibir, mismos que no fueron cumplidos voluntariamente por el patrono y que la parte demandante debió practicar embargo sobre la cantidad liquidada en virtud de la condena tal como lo manda el articulo 780 del Código del Trabajo, al señalar que una vez solicitado el cumplimiento de la sentencia firme, el juez decretará inmediatamente el embargo y secuestro de los bienes muebles o el mero embargo de inmuebles del deudor, que sean suficientes para asegurar el pago de lo debido y de las costas de ejecución. No obstante, se debe acoger la vía más favorable a la persona en la tutela judicial efectiva de los derechos protegidos del trabajador, como lo dispone el referido articulo 780 del Código del Trabajo y no limitar los derechos al cobro de las costas de ejecución, sobre todo cuando el patrono nunca mostró la mínima intención de cumplir con la sentencia voluntariamente, consecuentemente, es determinante para la inaplicabilidad del decreto 266-2013 por ser contrario a lo que dispone la normativa nacional e internacional aplicable al ámbito interno; por consiguiente, es procedente la tasación de costas de ejecución practicada en el juzgado de primera instancia. En ese sentido, la resolución del A-Quo mediante la cual tiene por válida la tasación practicada por la secretaría de ese despacho en fecha veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Por tanto, por las razones antes expuestas, esta Corte de Apelaciones, en aplicación a las normas y principios jurídicos; se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte procesal demandante; confirmando el auto interlocutorio dictado en fecha doce de agosto de dos mil veintidós- CONSIDERANDO (8): Que en fecha diez de noviembre de dos mil veintitrés el Ministerio Público emite opinión en la cual establece que respecto a lo aseverado por la alzada, se aprecia que su razonamiento resulta subjetivo y arbitrario que se contrapone a lo dispuesto en el articulo 8 del Decreto 266-2013 contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios de la Ciudadanía y el Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, en cuanto señala que el Estado o sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, estarán exentos del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo, en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente; en tal sentido, en el caso de autos, la parte demandante debió haber acreditado que la demandada actuó con dolo, a efecto de poder ser condenado en costas, tal como lo dispone el referido decreto, lo cual no ha ocurrido en el caso de autos, pues no solamente es argumentarlo sino que dicho extremo deber ser acreditado en autos. Asimismo, si bien el Código Procesal Civil en su articulo 803 párrafo segundo señala que “en cualquier caso, las costas de la ejecución se impondrán al ejecutado”; tal normativa constituye la regla general siendo la excepción a la misma el articulo 8 del decreto ya citado, por lo que, en ese orden de ideas, al armonizar ambas disposiciones legales, arribamos a una sola conclusión y es que la entidad demandada se encuentra exenta de pago de las costas impuestas, observando de esta manera que la sentencia recurrida no se encuentra conforme a derecho y que quebranta el principio del debido proceso lo dispuesto en el principio de legalidad. Por lo que, del análisis anterior, el Ministerio Público puede determinar que en el caso de autos se han violentado las garantías constitucionales invocadas por el amparista y opina porque se otorgue la presente acción de amparo.- CONSIDERANDO (9): Que esta Sala, luego del estudio exhaustivo de la presente causa, aprecia que la resolución contra la que se interpone la acción de amparo es la dictada por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida en fecha veinte de octubre de dos mil veintidós, mediante la cual se declara sin lugar el recurso de apelación y confirma el auto interlocutorio de fecha doce de agosto de dos mil veintidós dictado por el Juzgado de Letras Seccional de Tela, departamento de Atlántida mediante el cual se declaró sin lugar la impugnación de costas presentada por la parte demandada. En ese orden de ideas, y luego de la revisión de la foliada, vemos que ciertamente la resolución que hoy se recurrente mediante esta acción de amparo, vulnera las garantías constitucionales invocadas por la impetrante puesto que, obvio la aplicación del Decreto 266-2013 contentivo de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno; el cual dispone en su artículo 8 que: “El Estado o sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, estarán exentos del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo, en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente.”.- CONSIDERANDO (10): Que esta Sala observa que al proferir su fallo el Ad-Quem, deja establecido en los fundamentos de derecho que consta en los antecedentes que la parte demandada, tiene la obligación del pago de las costas de ejecución, en virtud de haberse ejecutado la sentencia definitiva sin que la parre demandada haya cumplido voluntariamente con el pago de los derechos laborales de los demandantes, quienes debieron realizar el trámite de ejecución de la sentencia firme; siendo esta la razón por la que confirmó el auto interlocutorio dictado por el A-Quo en fecha doce de agosto de dos mil veintidós y mediante el cual se declaró si lugar la impugnación de costas de ejecución interpuesta por la parte demandada.- CONSIDERANDO (11): En ese orden de ideas, vemos que la sentencia que hoy es objeto de amparo, ha omitido la interpretación y aplicación del contenido del Decreto 266-2013, específicamente en el artículo 8 de la Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno que dispone que el Estado o sus entidades, en juicios de cualquier naturaleza, estarán exentos del pago de costas, salvo que se haya actuado con dolo, en cuyo caso el funcionario es responsable administrativa, civil y penalmente; es decir, que se haya tenido la intención de producir un daño y ser llevada a que se le condene en costas de ejecución; situación que no se aprecia en el caso de autos; pero que aun así, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, departamento de Atlántida, aplicó en su resolución lo establecido en el artículo 803 numeral segundo del Código Procesal Civil, el cual dispone que en cualquier caso, las costas de ejecución se impondrán al ejecutado salvo que acredite que hubo causa no imputable a él que le impidió hacer el pago antes de la ejecución; razón por la cual, esta Sala es del parecer que la sentencia recurrida no se encuentra dictada conforme a derecho, violentando las garantías constitucionales invocadas por la impetrante, debiendo en consecuencia otorgar la presente garantía de amparo. CONSIDERANDO (12): Que como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, esta Sala deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales, reconocidos en nuestra Carta Magna y el resto del ordenamiento jurídico; por todo lo cual, vistos los antecedentes del caso; esta Sala de lo Constitucional encuentra la vulneración de las garantías constitucionales consideradas por la parte garantista, tal como quedó expresado en los considerandos que anteceden; en consecuencia, debe procederse al otorgamiento de la presente acción de Amparo, por las razones antes expuestas. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, en nombre del Estado de Honduras, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los artículos números 1, 16, 18, 59 reformado, 64, 80, 82, 90, 183 numeral 2), 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 63 y 120 de la Ley de Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito; Y MANDA: Que con certificación de esta Sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ. NOTIFIQUESE. - LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES.- FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días del mes de marzo del año dos mil veintiséis, certificación de Fallo de fecha treinta de enero de dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1748-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL