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Sentencia AL-1528-23 — Registro 20457

Resumen

Con relación al incidente por declinatoria por incompetencia de tribunal interpuesto en la demanda ordinaria laboral promovió contra impetrante, la Sala Constitucional concluye que aceptar que un contrato de servicios profesionales renovado de manera continua le da permanencia a un servidor público, es aceptar que esto existe dentro de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, lo cual no es así, por lo tanto no se puede otorgar un derecho que nace de una práctica ilegal por parte de la Administración Pública, en ese sentido no tiene permanencia y se debe de otorgar la presente acción de amparo, por considerar que se ha vulnerado el debido proceso, ya que el competente para conocer de esta demanda es el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que Aceptar por lo tanto que un Contrato de Servicios Profesionales renovado de manera continua le da permanencia a un servidor público, es aceptar que esto existe dentro de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, lo cual no es así, por lo tanto no se puede otorgar un derecho que nace de una práctica ilegal por parte de la Administración Pública, en ese sentido no tiene permanencia y se debe de otorgar la presente acción de amparo, por considerar que se ha vulnerado el debido proceso, ya que el competente para conocer de esta demanda seria el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, debiéndose de otorgar la presente acción de amparo.- Esta Sala no se pronuncia con relación a las demás vulneraciones alegadas por la recurrente, en vista que al existir una de ellas, es suficiente para otorgar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta"

Legislación citada

  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de febrero de dos mil veintiséis. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada Mayda Arely Sosa Álvarez, a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de febrero de dos mil veintidós, con relación al incidente por declinatoria por incompetencia de tribunal interpuesto en la demanda ordinaria laboral promovió por el señor Allan Mauricio Agüero Valladares, contra la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), a través de su representante, el señor Oswaldo Guillén. Estimando la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado, los derechos consagrados en los artículos 82, 90 y 303 de la Constitución de la República. A N T E C E D E N T E S 1).- En fecha veintinueve de noviembre de dos mil diez, compareció ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, el señor Allan Mauricio Agüero Valladares, actuando en casusa propia, interponiendo “…DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE EMPLAZAMIENTO PARA QUE EL PATRONO PRUEBE LA SUPUESTA JUSTA CAUSA DE DESPIDO CASO CONTRATIO QUE SEA CONDENADO AL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR EL DESPIDO DE MI PUESTO DE TRABAJO COMO ANALISTA DE CUENTA CORRIENTE…”, contra la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), a través de su representante, el señor José Oswaldo Willen. (Folios 1-4 del expediente del A-quo). 2).- Conociendo del incidente de declinatoria por incompetencia de tribunal ante que quien se interpuso la demanda por razón de la materia y defecto procesal o excepción dilatoria por demanda defectuosa, el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de febrero de dos mil veintidós, dictó sentencia mediante la cual falló: “…1) DECLARAR SIN LUGAR el INCIDENTE DE DECLINATORIA POR INCOMPETENCIA DE TRIBUNAL ANTE QUIEN SE INTERPUSO LA DEMANDA POR RAZÓN DE LA MATERIA Y DEFECTO PROCESAL O EXCEPCIÓN DILATORIA POR DEMANDA DEFECTUOSA denunciados por el representante procesal demandada. 2) Declarar SIN LUGAR las COSTAS en esta instancia. Y MANDA: Que si dentro del término de Ley no se interpone recurso de reposición y subsidiaria apelación quede firme este auto interlocutorio. A partir de la fecha, queda notificado en estrados este auto interlocutorio los representantes procesales de las partes. 3).- Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Gerson Orlando Sierra Portillo, en su condición de representante procesal de la parte demanda, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, dictó sentencia mediante la cual falló: “…: I. DECLARANDO SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado GERSSON ORLANDO SIERRA PORTILLO, representante procesal de la parte demandada. II.- CONFIRMANDO auto Interlocutorio dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento de Francisco Morazán en fecha 02 de febrero de 2022. SIN COSTAS. MANDA: Que en esta misma fecha se tenga por notificados en estrados a los apoderados de las partes en litigio y una vez firme el presente fallo, vuelvan las diligencias de mérito al Juzgado de su procedencia con la certificación de estilo para los efectos legales pertinentes…” (Folios 78-82 del expediente del Ad-quem). 4).- Que en fecha diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, compareció ante esta Sala, la Abogada Mayda Arely Sosa Álvarez, interponiendo recurso de amparo a favor del Estado de Honduras, contra la sentencia que ha sido relacionada en el numeral que antecede, por considerar la peticionaria que le violenta a su representado los derechos consagrados en los artículos 82, 90 y 303 de la Constitución de la República. 5).- Que en fecha veinticuatro de octubre de dos mil veinticuatro, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado por la Abogada Mayda Arely Sosa Álvarez, en consecuencia, ordenó continuar con el procedimiento de ley correspondiente, dando la vista de las diligencias al fiscal para que emitiera su dictamen. (Folio 38 del recurso). 6).- En fecha veintiocho de noviembre de dos mil veinticuatro, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Cladia Mejía Mejía, del que se desprende de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos, lo siguiente: “…Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio exhaustivo del presente caso, establece lo siguiente: Que de la interposición del recurso se desprende que la Amparista, acude a esta instancia aduciendo la violación a las garantías constitucionales contenidas en los artículos 82. 90 Y 303 de la Constitución de la República. Según criterio de la Amparista, es evidente que con las acciones del Ad-quem, se violentan las garantías constitucionales del Debido Proceso y Derecho de Defensa de su representada. El Debido Proceso tiene tres acepciones reguladas de manera coactiva en el artículo 3 del Código Procesal Civil: 1) Que los procesos se desarrollen por los trámites previstos legalmente; 2) Se respeten los derechos procesales establecidos en las normas; y 3) Se dicte una resolución de fondo justa y motivada. La resolución de fondo solo será justa cuando se aplique e interprete adecuadamente el derecho aplicable, no cuando se le dé un sentido totalmente distinto al que resulta de sus propios términos. Que al rechazar de plano la reposición del auto interlocutorio se provoca perjuicio a su representada, ya que se está determinando el sometimiento a una jurisdicción que no es la correspondiente al caso planteado ya que el demandante estaba regido por lo establecido en el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, pues el demandante debió interponer su acción ante los Juzgados Contencioso Administrativo y no ante los Juzgados de instancia laboral, ya que el formalizó su relación con su representada mediante un Contrato de Servicios Profesionales que mantuvo con la extinta Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), contrato que se encuentra sometido a lo establecido en la Ley de Contratación del Estado, al establecer la Corte de Apelaciones del Trabajo en el considerando seis (6) de su sentencia lo siguiente: "Que la sumisión expresa conforme al artículo 39 del Código Procesal Civil únicamente es aplicable a los casos de competencia territorial; la competencia objetiva en los juzgados por especialización no es prorrogable, sino que es exclusiva, conforme al artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que ordena que dicha jurisdicción es improrrogable.- De modo que el argumento de que existe un acuerdo firmado por las partes en el que convienen que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conocerá el asunto, carece de validez, pues la jurisdicción objetiva por especialización de lo Contencioso administrativo no es prorrogable por sumisión expresa, ni tácita. Es la naturaleza de las relaciones jurídicas objeto de decisión la que determina la jurisdicción competente, no la voluntad de las partes plasmada en un contrato documento". Arguye la censora que su representada se ve sorprendida, ya que la autoridad recurrida, realiza una interpretación de los artículos 449 y 454 del Código Procesal Civil y 691 del Código de Trabajo; que vulnera los derechos de defensa y debido proceso de su representado, ya que la misma norma no se sustenta en la norma legal. Al tenor de lo anterior, el articulo 2 numeral 2 del Código del Trabajo exceptúa del régimen general aplicable, que es el Código del Trabajo a los empleados públicos, a los cuales define como aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, Decreto Ejecutivo o Acuerdo Municipal: y en la presente causa el demandante no ha sido contratado bajo ninguna de estas modalidades que excluye la aplicabilidad de dicha norma. Por el contrario, se puede apreciar de la foliada que el demandante fue contratado para desempeñar labores en la Dirección Ejecutiva de ingresos (DEI) en el cargo de Analista de cuenta corriente, donde Laboró mediante la suscripción de contratos continuos e ininterrumpidos, en una labor permanente, sujeta a un horario de trabajo y bajo la subordinación de un superior, aunado al hecho de que firmó contratos consecutivos desde el 8 de noviembre del año 2006 hasta el año 2010. Asimismo, dicha norma señala que son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código, lo cual significa que no puede ser renunciado, modificado por la simple manifestación de la voluntad de los particulares, sumado a ello la jurisdicción es improrrogable. El artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública señala que: Los órganos y entidades de la Administración Pública no podrán: 1. 2, 3, 4) Ejecutar actos que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos y garantías reconocidas por la Constitución de la República. Del análisis de los antecedentes del caso, se logra apreciar que el demandante no reúne la calidad de funcionario o empleado público, pues su relación laboral con el Estado se deriva de un contrato, que reúne las características esenciales para la existencia de un Contrato de Trabajo a que hace alusión el artículo 20 del Código del Trabajo; como ser: a) la actividad personal del trabajador, b) la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto al patrono, C) El salario como retribución o servicio: aunque la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), le haya denominado "Contrato de Prestación de Servicios Profesionales", no deja de ser un contrato de trabajo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen. Pudiéndose apreciar en autos, la naturaleza del vínculo, es decir, la relación contractual entre demandante y demandado, la cual, como se señala fue mediante Contrato. Por su parte el Artículo 109 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, manda: "Solamente podrán impugnarse en vía contencioso administrativo los actos que tengan por objeto la cancelación de un servidor público, cuando este estuviere protegido por una Ley especial. Asimismo, podrán impugnarse por esta vía los actos de cancelación o separación de aquellos servidores públicos que hayan sido nombrados para períodos determinados, cuando aquel acto se hubiere producido antes del vencimiento del período respectivo". Finalmente, es oportuno decir que la Jurisdicción del Trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del Contrato de Trabajo (Articulo 665), esta disposición es de orden público y no puede ser modificada por convenios de los contratantes, y en el caso de autos tal y como se ha dejado establecido, estamos ante una relación laboral entre demandante y demandado, esto de acuerdo al Artículo 3 del Código del Trabajo, que dice: "Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos a las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores. aunque se expresen en un Contrato de Trabajo u otro pacto cualquiera." Asimismo, esta representación fiscal comparte el criterio expuesto por la Alzada, en cuanto al defecto procesal de demanda defectuosa conforme lo establecen los artículos 449 y 454 del Código Procesal Civil y conforme al artículo 691 reformado del Código del Trabajo, que establece:" Las acciones contra una entidad de derecho público, una persona administrativa autónoma, o una institución o entidad de derecho social, podrán iniciarse solo cuando el actor, a su elección, haya agotado bien el procedimiento gubernativo o bien el procedimiento reglamentario correspondiente"; y consta en autos que la parte demandante agotó la vía administrativa ante la misma institución demandada, la cual, emitió resolución en el que plasmó que se le había puesto fin a la vía administrativa, debiendo ejercitar su derecho en los Tribunales de Justicia correspondientes (ver folio 5 del pieza principal), cumpliéndose por ende el requisito exigido por dicha norma. Por lo que al revisar la sentencia recurrida no se aprecia la vulneración de ninguna garantía constitucional invocada por el recurrente. IV.- OPINIÓN: El Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que Se Deniegue el presente amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por la Amparista..." (Folios 41-47 del recurso de mérito). CONSIDERANDO UNO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación al Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO DOS (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO TRES (3): Que se conoce en Amparo la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán de fecha dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de febrero de dos mil veintidós, con relación al incidente por declinatoria por incompetencia de tribunal interpuesto en la demanda ordinaria laboral promovió por el señor Allan Mauricio Agüero Valladares, contra la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), a través de su representante, el señor Oswaldo Guillén. CONSIDERANDO CUATRO (4): Que el recurrente en el recurso de amparo, manifiesta que se violentó por el Tribunal Ad-Quem, el principio constitucional del DEBIDO PROCESO, en vista que el A-Quem en la sentencia que se recurre a través de esta acción específicamente en los CONSIDERANDO (6) y (7), violenta lo antes referido al realizar una interpretación errónea de los artículos 449 y 454 del Código Procesal Civil y 691 del Código del Trabajo, lo cual vulnera los derechos de su representado por no sustentarse en la norma legal, limitando el defecto procesal de demanda defectuosa a los casos en los que exista ambigüedad u oscuridad en el planteamiento de la demanda o de la reconvención; sin embargo este defecto procesal es más amplio en cuanto también comprende aquellos casos en los que la demanda no cumpla con los presupuestos procesales indispensables para su admisión, como es el caso del agotamiento del procedimiento gubernativo o reglamentario correspondiente en materia laboral, cuando la demandada sea la administración pública de conformidad con el artículo 691 del Código del Trabajo. De igual manera señala que se le violenta la TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, al establecer que genera un agravio o vulneración a su representado el hecho de haber visto obstaculizado su derecho de haberse sometido a la Jurisdicción que es realmente la competente para conocer este tipo de casos y no que se nos obligue a permanecer en una Jurisdicción que no es la competente como la laboral.- En relación al DERECHO DE DEFENSA, este se ha vulnerado en el presente caso con la interpretación errónea que hace la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, al no reconocer defectos procesales existentes y eximiendo al demandante de cumplir los requisitos establecidos en la Ley para la interposición de su acción, limitando la defensa de su representado. CONSIDERANDO CINCO (5): Que una vez realizada la vista que conforme a lo establecido en el Artículo 56 la Ley de la Justicia Constitucional debe efectuarse al Ministerio Público, este emitió su dictamen en fecha veintiseis de noviembre de dos mil veinticuatro, siendo del parecer que se deniegue la presente acción de amparo, por no existir vulneración de las garantías invocadas por la amparista. CONSIDERANDO SEIS (6): Que del estudio de la folia se observa que la relación que existía entre el Trabajador o Servidor y el Patrono o Autoridad Nominadora estaba regida por un Contrato de Servicios Profesionales. El contrato de servicios profesionales no encuentra su origen en la legislación social o laboral, sino en la legislación administrativa (Articulo 3 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo), específicamente regulado en la Ley de Servicio Civil y en su Reglamento en su artículo 296. Este contrato de acuerdo a la normativa que se acaba de señalar únicamente es aplicable para aquellas labores realizadas en donde el órgano de la administración pública no tenga persona disponible para desempeñar tal cargo, por lo tanto se entiende tal y como dice la normativa de la Ley de Servicio Civil que son contratos por tiempo determinado. CONSIDERANDO SIETE (7): Que lo que sucede en el presente caso, es que la administración pública ha hecho un mal uso del Contrato de Servicio Profesionales al irlos renovando de manera continua, al contrario de lo que señala el Reglamento de la Ley de Servicio Civil, pero bajo ningún concepto ante esta violación de renovación indeterminada de contrato, la normativa aplicable en este caso da a entender que el trabajador o servidor goza de permanencia, es decir no se pueden aplicar principios propios del derecho Social o Laboral a la parte Administrativa, en donde rigen principios diferentes a la parte social, tomando en consideración de que en este último caso ya cada órgano de la administración publica ésta sujeto a un presupuesto y el mismo es el que dispone la financiación respectiva para su pago. CONSIDERANDO OCHO (8): Que Aceptar por lo tanto que un Contrato de Servicios Profesionales renovado de manera continua le da permanencia a un servidor público, es aceptar que esto existe dentro de la Ley de Servicio Civil y su Reglamento, lo cual no es así, por lo tanto no se puede otorgar un derecho que nace de una práctica ilegal por parte de la Administración Pública, en ese sentido no tiene permanencia y se debe de otorgar la presente acción de amparo, por considerar que se ha vulnerado el debido proceso, ya que el competente para conocer de esta demanda seria el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, debiéndose de otorgar la presente acción de amparo.- Esta Sala no se pronuncia con relación a las demás vulneraciones alegadas por la recurrente, en vista que al existir una de ellas, es suficiente para otorgar la presente acción de amparo. CONSIDERANDO NUEVE (9): Que la garantía del debido proceso que exige nuestra Constitución; exhorta que para que exista una condena o afectación de derechos de los particulares, debe existir un adecuado derecho de defensa en todo proceso. El derecho de defensa implica, entonces: el derecho de ser oído; el conocimiento de la imputación; la necesaria correlación que debe existir entre la imputación y el fallo; la posibilidad de probar y controlar la prueba; y la equiparación de posiciones entre el las partes o entre una parte y el Estado mismo, siempre que sea ante el órgano jurisdiccional competente con imputación y tipificación correcta. CONSIDERANDO DIEZ (10): Que la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que ha sucedido en el presente caso. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos; haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 2, 4, 37 numeral primero, 45, 46, 63, 80, 82, 90, 182 numeral 2), 183, 303, 304, 305, 313 atribución 5ta., 316 numeral 1 y 321 de la Constitución de la República; 1 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 25 literal b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 atribución 5 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3 numeral segundo, 7, 8, 9 numeral tercero, 41, 45, 59 y 63 de la Ley de Justicia Constitucional; 1 y 296 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil; 1 y 3 letra a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. FALLA: PRIMERO: OTORGANDO la presente acción de amparo interpuesta por la Abogada MAYDA ARELY SOSA ALVAREZ, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZAN de fecha dieciocho (18) de septiembre de dos mil veintitrés (2023); SEGUNDO: Se le ordena al órgano recurrido que la conducta que debe de observar es que dicte una nueva sentencia donde revoque la Resolución de primera instancia de fecha dos (2) de febrero del dos mil veintidós (2022) por lo referido en este fallo y declare competente para conocer de esta acción al Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo.- Y MANDA: Que con certificación de la presente sentencia se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- Redactó la Magistrada BUSTILLO HERNANDEZ.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintidós días del mes de abril de dos mil veintiséis, certificación de la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Amparo Laboral bajo el número SCO-1528-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL JP