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Sentencia AC-937-23 — Registro 20340

Resumen

Interpuesto contra revocatoria de otorgamiento de solicitud de separación de hecho fundamentada la misma en la inexistencia de convenio regulador como presupuesto legal, considerando la Sala Constitucional, al emitir pronunciamiento sobre la procedencia sustantiva de la separación solicitada, por corresponder dicha valoración a la jurisdicción ordinaria, se advierte que la decisión impugnada vulneró el derecho de acción y la garantía de tutela judicial efectiva al desestimar la demanda por una causa no prevista en la ley, introduciendo como requisito de procedencia la existencia de acuerdo entre los cónyuges sobre el convenio de regulación.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...": Que si bien no compete a esta Sala emitir pronunciamiento sobre la procedencia sustantiva de la separación solicitada, por corresponder dicha valoración a la jurisdicción ordinaria, se advierte que la decisión impugnada vulneró el derecho de acción y la garantía de tutela judicial efectiva al desestimar la demanda por una causa no prevista en la ley, introduciendo como requisito de procedencia la existencia de acuerdo entre los cónyuges sobre el convenio de regulación, pese a que el artículo 234 del Código de Familia contempla expresamente la hipótesis de desacuerdo y atribuye al juez el deber de resolver lo pertinente.- CONSIDERANDO (16): Que la lesión constitucional que se ha advertido afectó, de manera directa, la posibilidad de obtener la resolución judicial que constituye presupuesto legal para el eventual ejercicio de la causal de divorcio prevista en el artículo 235 del mismo cuerpo normativo. En consecuencia, la restricción impuesta por la Alzada ha excedido el ámbito de la mera legalidad ordinaria y adquiere relevancia constitucional por afectar el contenido esencial del derecho de acceso a la jurisdicción, por lo que, la garantía de amparo solicitada por la recurrente debe ser otorgada, y así debe declararse.-"

Legislación citada

  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 y 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 y 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código de Familia, art. 234 (Jerarquía Ordinaria)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código de Familia, art. 234 (Jerarquía Ordinaria)
  • Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 14 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Código de Familia, art. 234 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...": Que si bien no compete a esta Sala emitir pronunciamiento sobre la procedencia sustantiva de la separación solicitada, por corresponder dicha valoración a la jurisdicción ordinaria, se advierte que la decisión impugnada vulneró el derecho de acción y la garantía de tutela judicial efectiva al desestimar la demanda por una causa no prevista en la ley, introduciendo como requisito de procedencia la existencia de acuerdo entre los cónyuges sobre el convenio de regulación, pese a que el artículo 234 del Código de Familia contempla expresamente la hipótesis de desacuerdo y atribuye al juez el deber de resolver lo pertinente.- CONSIDERANDO (16): Que la lesión constitucional que se ha advertido afectó, de manera directa, la posibilidad de obtener la resolución judicial que constituye presupuesto legal para el eventual ejercicio de la causal de divorcio prevista en el artículo 235 del mismo cuerpo normativo. En consecuencia, la restricción impuesta por la Alzada ha excedido el ámbito de la mera legalidad ordinaria y adquiere relevancia constitucional por afectar el contenido esencial del derecho de acceso a la jurisdicción, por lo que, la garantía de amparo solicitada por la recurrente debe ser otorgada, y así debe declararse.-"

Jerarquía: Reiterativa

...": Que si bien no compete a esta Sala emitir pronunciamiento sobre la procedencia sustantiva de la separación solicitada, por corresponder dicha valoración a la jurisdicción ordinaria, se advierte que la decisión impugnada vulneró el derecho de acción y la garantía de tutela judicial efectiva al desestimar la demanda por una causa no prevista en la ley, introduciendo como requisito de procedencia la existencia de acuerdo entre los cónyuges sobre el convenio de regulación, pese a que el artículo 234 del Código de Familia contempla expresamente la hipótesis de desacuerdo y atribuye al juez el deber de resolver lo pertinente.- CONSIDERANDO (16): Que la lesión constitucional que se ha advertido afectó, de manera directa, la posibilidad de obtener la resolución judicial que constituye presupuesto legal para el eventual ejercicio de la causal de divorcio prevista en el artículo 235 del mismo cuerpo normativo. En consecuencia, la restricción impuesta por la Alzada ha excedido el ámbito de la mera legalidad ordinaria y adquiere relevancia constitucional por afectar el contenido esencial del derecho de acceso a la jurisdicción, por lo que, la garantía de amparo solicitada por la recurrente debe ser otorgada, y así debe declararse.-"

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dicen.”.- CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil veintiséis.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Amparo interpuesto por la Abogada INÉS YADIRA CUBERO GONZALEZ a favor del señor MARIO ALBERTO MALDONADO GARCIA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha doce de mayo de dos mil veintitrés, que declaró con lugar un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones del JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, dictadas en fecha catorce de noviembre de dos mil veintidós, en relación a la solicitud de separación de hecho por la vía de proceso declarativo abreviado no dispositivo promovida por el señor MARIO ALBERTO MALDONADO GARCIA contra la señora SINIA YISSELA MUÑOZ PAZ. Estima la recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representado los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República.- A N T E C E D E N T E S. 1.- Que en fecha doce de mayo de dos mil veintidós, compareció ante el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Cortés, el señor MARIO ALBERTO MALDONADO GARCIA, promoviendo SOLICITUD DE SEPARACIÓN DE HECHO POR LA VÍA DE PROCEDIMIENTO DECLARATIVO ABREVIADO NO DISPOSITIVO, contra la señora YISSEL AURORA MALDONADO MUÑOZ. (Folios 01-4 de la pieza principal, Tomo I, de los antecedentes). 2. Que, seguido el proceso, el Juzgado de Letras de Familia del Departamento de Cortés, dictó fallo en fecha catorce de noviembre de dos mil veintidós en la cual DECIDIÓ: “…1.-ESTIMAR la Demanda de Separación de Hecho por Vía del Proceso Declarativo Abreviado No Dispositivo, presentada por el señor MARIO ALBERTO MALDONADO GARCIA, contra la señora SINIA YISSELA MUÑOZ PAZ, ambos de generales expresadas en el encabezamiento de esta sentencia. 2.- Declaro legalmente Separados de Hecho a los señores MARIO ALBERTO MALDONADO GARCIA y SINIA YISSELA MUÑOZ PAZ, quienes contrajeron matrimonio civil en el municipio de SAN PEDRO SULA departamento de CORTES el día VEINTE de FEBRERO del año MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO (20-02-1998), tal como se acredita con la Certificación de Acta de Matrimonio 0501-1998-00671 ubicada en el folio 085 del tomo 00247 del año 1998, dentro del referido vínculo matrimonial procrearon a sus dos hijos de nombres YISEEL AURORA y MARIO ALBERTO ambos de apellidos MALDONADO MUÑOZ, todos ellos mayores de edad.- 3.- Con respecto del Convenio Regulador ordeno lo siguiente: A) Me abstengo de pronunciarme sobre la liquidación del patrimonio o bienes comunes, por ser éste un efecto de divorcio; B) Me abstengo de pronunciarme respecto a la pensión alimenticia a favor de cualquiera de los cónyuges, por no haber alegado ni acreditado en autos estos extremos que hagan posible un señalamiento en tal sentido; C) Me abstengo de pronunciarme respecto a la patria potestad, guarda y custodia, régimen de comunicación y visitas, en vista de constar en autos que los hijos de nombres YISEEL AURORA y MARIO ALBERTO ambos de apellidos MALDONADO MUNOZ, procreados dentro de dicho matrimonio, son mayores de edad, sin embargo los mismos se encuentran cursando sus estudios universitarios en la ciudad de Cancún, México, por lo tanto señalo una pensión por concepto de estudio por la cantidad de TREINTA Y CINCO MIL LEMPIRAS (L.35,000.00), para ambos hijos, pagaderos de manera quincenal los días 15 y 30 de cada mes respectivamente, mediante depósito, transferencia o giro bancario a nombre de YISEEL AURORA MALDONADO MUÑOZ y/o MARIO ALBERTO MALDONADO MUÑOZ. Ya que considera este Juzgador que está dentro de la capacidad económica del demandante señor MARIO ALBERTO MALDONADO GARCIA, aunado a ello esa es la cantidad que anteriormente depositaba en concepto de educación a sus hijos. - Todo lo antes expuesto debe cumplirse rigurosamente en cada uno de los enunciados. 4.- Ordeno que por medio de la secretaria del Despacho y/o por medio del Receptor de la Central de Citaciones, y/o Emplazamientos, Notificaciones y Requerimientos y Otras Diligencias judiciales de esta Sección Judicial se notifique en legal y debida forma a ambas partes procesales los señores MARIO ALBERTO MALDONADO GARCIA y SINIA YISSELA MUÑOZ PAZ, a través de sus Apoderados legales, de la sentencia recaída. 5.MANDA: A) Que se despache el respectivo mandamiento al Registro Nacional de las Personas del Municipio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, para que efectúe las anotaciones e inscripciones que previene la ley. B) Que se extienda a los interesados Certificación íntegra del presente fallo, sin perjuicio de los recursos legales en contra del mismo. C) Sin Costas. - MODO DE IMPUGNACIÓN: Contra esta Sentencia Definitiva procede el Recurso de Apelación, ante la Corte de Apelaciones de lo Civil, de San Pedro Sula, el cual deberá interponerse en este Juzgado dentro del plazo de diez (10) días contados desde el día siguiente de la notificación del mismo, expresando los agravios que la misma le cause y si dentro del término legal, no se interponen los recursos legales por las partes, quede firme la presente so (Sentencia.-. Arts. 248 reformado del Código de Familia; 195, 196, 197.2, 693 y 707 Código Procesar Civil. NOTIFÍQUESE…” (Folio 18-20 de la pieza principal de las diligencias). 3. Que conociendo del recurso de apelación presentado contra la relación dictada por el A-quo y relacionada en el numeral que antecede, la Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, dictó Sentencia en fecha doce de mayo de dos mil veintitrés, mediante la cual en la cual: “…RESUELVE: 1) Declarar Con lugar el recurso de apelación interpuesto contra la resolución dictada en fecha catorce de noviembre de dos mil veintidós, por el Juzgado de Letras de Familia de esta Sección Judicial.- 2)REVOCAR la sentencia apelada. Dictándola misma declarando Sin Lugar la solicitud de Separación de Hecho promovida por el señor MARIO ALBERTO MALDONADO GARCIA contra la señora SINIA YISSELA MUÑOZ PAZ. - Y MANDA: …”. (Folios 7 al 8 de la segunda pieza de los antecedentes). 4. En fecha once de julio de dos mil veintitrés, compareció ante esta Sala, la Abogada INÉS YADIRA CUBERO GONZALEZ, interponiendo recurso de amparo a favor del señor MARIO ALBERTO MALDONADO GARCIA, contra la sentencia referida en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República. (Folios 1 al 6 de la segunda pieza de los antecedentes). 5. En fecha trece de diciembre de dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por admitido el escrito de formalización presentado por la Abogada INÉS YADIRA CUBERO GONZALEZ, teniéndose por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, ordenándose dar apertura del periodo probatorio por ocho días hábiles, para proponer y evacuar la prueba ofrecida. (Folio 24 del recurso de mérito.).6. En fecha diez de abril de dos mil veintitrés, esta Sala tuvo por propuestos y evacuados los medios de prueba propuestos, decretando el cierre de dicho periodo probatorio y dando continuidad al proceso, se ordenó la vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 36 del recurso de mérito).7. En fecha once de noviembre de dos mil veinticuatro, se tuvo por evacuada la vista concedida y por emitido el dictamen de la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sussy G. Coello Garcia, desprendiéndose del análisis jurídico lo siguiente: “…Que la recurrente aduce que el fallo proferido por la Corte de Apelaciones de Civil, violenta los derechos contenidos en los artículos 80, 82, 90 y 321 de la Constitución de la República, por considerar que se transgredió lo dispuesto en los artículo 233 y 234 del Código de Familia, en virtud que la solicitud de Separación de Hecho no puede negarse bajo ningún argumento, sino que únicamente puede regular los puntos indicados en precitado artículo 233, por lo que el Tribunal de Alzada, apartándose de la facultad que le confiere la ley material de familia, declaro sin lugar la solicitud de separación de hecho por considerar que no se ha cumplido con el marco regulador. Razonamiento que no comparte la amparista, al explicar que lo que la ley faculta al órgano jurisdiccional es el pronunciamiento sobre los puntos del Convenio Regulador, de ahí que no puede desestimar la petición, y si consideraba que el Juzgador infringió disposiciones legales o fácticas sobre el convenio regulador, debí pronunciarse estrictamente sobre este asunto, ya sea ratificándolas, modificándolas o revocando los puntos del convenio, pero no sobre la procedencia o no de la separación de hecho; por lo que al haber declarado sin lugar la petición de mérito, sin tener la facultad de hacerlo, es una clara y llana violación el derecho de tutela judicial efectiva, al desestimar su petición sin fundamento ni facultad. Continúa exponiendo la recurrente, que si el Ad-quem considero que no se tomó una decisión adecuada sobre los puntos del convenio regulador, esto no puede ni debe entenderse como limitadora de la tutela judicial efectiva, equivalente a negarle su derecho a una sentencia justa que resuelva el conflicto interpersonal traídos a estrados, que en definitiva es la petición de separación, a efecto de que el plazo de divorcio comience a contar. De igual manera señala que la violación al principio de legalidad, en virtud que los artículo 233 y 234 del Código de Familia, no faculta al Juez o Tribunal a rechazar la solicitud de separación de hecho, sino que se limita a facultarlo a regular el Convenio Regulador sin dejar de otorgar la separación, contrario a lo acontecido en autos, donde la Corte de Apelaciones, en claro abuso de sus facultades y extralimitándose por sobre la ley, declaro sin lugar la separación de hecho, sin estar facultada para eso. Que de la revisión de la foliada de mérito, encontramos que la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Civil de la Sección Judicial de San Pedro Sula, señala en el apartado de "Motivación Fáctica y Jurídica" numeral tercero, que de la lectura de la resolución dictada por el Juez se puede leer, en los antecedentes expresa que las partes se pusieron de acuerdo en cuanto a la solicitud de separación de hecho, no obstante, en la audiencia que celebro a tal efecto, se lee claramente que no fue así, las partes en ningún momento se pusieron de acuerdo, concluyéndose la audiencia con las partes en discordia. Agrega el Ad-Quem, que el artículo 234 del Código de Familia, establece además, que sí no se pusieren de acuerdo el Juez resolverá lo pertinente, por lo que a criterio de este Tribunal es que se declare sin lugar la solicitud de separación de hecho, al no haberse puesto de acuerdo ambas partes en la propuesta llevada por el solicitante, en consecuencia, estimo procedente revocar y dictar sentencia vista en apelación, en el sentido de declarar con lugar el recurso de apelación planteado, revoca la sentencia apelada y dicta Sin Lugar la solicitud de separación de mérito. Que en la Sección Primera del capítulo Ill, del Título VII del Código de Familia, regula lo concerniente a la figura "De la Separación de hecho" como una de las causales para la terminación del matrimonio, cuya solicitud la pueden presentar los conyugues de común acuerdo o por iniciativa de cualquiera de ellos, tal como acontece en el presente caso, que la solicitud fue presentada por uno solo de los cónyuges, en virtud de lo cual, el artículo 234 manda que se notifique al otro cónyuge, a efecto de que en el plazo que el Juez señale, dispongan de común acuerdo sobre los puntos indicados en el Artículo 233, relativos a nombre del cónyuge que quedará al cuidado de los hijos comunes, los períodos en que podrá ver a sus hijos el cónyuge que no tenga la guarda de ellos, así como el que asumirá la obligación de dar alimentos y la proporción en que estos se darán lo mismo; siendo precisamente sobre este punto en que se centra el objeto de controversia, no obstante, el mismo párrafo segundo del precitado artículo 234 faculta al Juez resolver lo pertinente al Convenio Regular en el caso que las partes no se pusieren de acuerdo. Del examen de las diligencias de mérito se constata que en el caso de autos nos encontramos frente a un asunto en el cual la pretensión por parte del demandante es que se reconozca judicialmente la separación de hecho y consecuentemente como producto de tal reconocimiento judicial podrán cualesquiera de ellos invocar la separación como causa de divorcio; pretensión que fue acompañada por una propuesta de Convenio Regulador suscrito por el señor Mario Alberto Maldonado García (F.5 de la primera pieza), el cual le fue notificado a la señora Sinia Yissela Muñoz Paz en la Audiencia de Separación de Hecho, celebrada en fecha siete (7) de noviembre del año 2022 (F.16 y 17), que en todo momento no acepto la propuesta, argumentado para ello que la educación fue un convenio realizado entre ambos padres al momento de mandarlos al extranjero, quienes tienen un gasto promedio de L. L.150,000.00 mensuales, por lo que no acepta la cantidad de L25,000.00 que plantea proporcionar. Que del estudio de sentencia objeto del recurso en estudio, es menester señalar que el Tribunal de Alzada advierte la apreciación errada por parte del Juzgado de Primera Instancia, en cuanto afirma en el acápite de "Fundamentos de Derecho", específicamente en el numeral quinto: (Sic) "... se escuchó a ambas partes, y siendo que se pusieron de acuerdo en torno al Convenio Regulador, conforme lo establece la ley..."; y reitera en el numeral sexto lo siguiente: (Sic) "La pretensión fijada por la parte demandante se concreta en la separación de hecho para posteriormente solicitar la disolución del vínculo matrimonial y la aprobación de la propuesta del convenio regulador que se adjunto a la referida petición..." (Lo subrayado y en negrilla es nuestro); razonamiento que no deriva de lo probado en autos, ya que del Acta de Audiencia de Separación de Hecho se constata que las partes en ningún momento se pusieron de acuerdo, por lo que se concluyó la audiencia con las partes en discordia. Siguiendo este orden de ideas, si bien es cierto, resulta evidente que el Tribunal de Alzada sustento su parecer de declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto y revocar la sentencia impugnada, en virtud que el juzgador declaro procedente la Declaración de Separación de Hecho bajo el erróneo fundamento que ambas partes dispusieron de común acuerdo sobre los puntos del Convenio Regulador, lo que genera dudas razonables que inciden en el fondo del fallo por parte del Juez que conoce concretamente del asunto, sin embargo, no por ello debe entenderse que la falta de acuerdo entre ambas partes sobre la propuesta llevada por el solicitante sea motivo suficiente para que el Tribunal de Alzada se substraiga de resolver lo pertinente al convenio si las partes no se pusieren de acuerdo. De aquí que el ente fiscal no comparta que en el caso que nos ocupa se haya resuelto por parte del Tribunal de Alzada, declarar sin lugar la solicitud de separación de hecho, al hacerlo asi se vulnera en perjuicio de la demandante el derecho al debido proceso, que consagra el artículo 90 de la Constitución de la República, con relación a los artículos 234 y 235 del Código de Familia, el cual prevé ambas situaciones, al disponer: "Transcurridos dos años de notificación del acuerdo tomado por los cónyuges, o en su caso, de la resolución dictada por el Juez, sin que los cónyuges se hubieren reconciliado, podrán cualesquiera de ellos invocar la separación como causa de divorcio". De conformidad con lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que corresponde a los órganos jurisdiccionales cumplir el mandato constitucional de aplicar las leyes al casos concretos, al tenor de lo dispuesto en el artículo 304 constitucional, lo cual fue inobservado en la sentencia reclamada en amparo, por cuanto de la motivación de su resolución se desprende que el Tribunal de Alzada no se fundamentó en la interpretación sistemática de las disposiciones relativas a la Separación de Hecho contenidas en el Código de Familia; y con ello violenta los derechos invocados por la amparista, siendo que es evidente que el Tribunal de Alzada emitió una resolución no fundada en derecho, ni razonada en el contexto del capítulo VII del Código de Familia, en cuanto faculta al Tribunal resolver lo pertinente sobre los puntos indicados en el Artículo 33, en vista que las partes no se pusieren de acuerdo en cuanto al convenio regulador propuesto, y finalmente emitir la resolución que declare con lugar la separación de hecho solicitada, a efecto que transcurridos dos años de notificación de la resolución dictada por el Ad-quem podrán cualesquiera de ellos invocar la separación como causa de divorcio, tal como se desprende de la debida correspondencia y armonía entre todas las disposiciones relativas a la separación de hecho. IV. CONCLUSIÓN: Por lo anteriormente expuesto, el Ministerio Público, es del parecer por que SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, en virtud de constar la violación a los derechos constitucionales alegados por la amparista, de acuerdo a las motivaciones que preceden.” (Folios 40-44 del expediente de mérito).- CONSIDERANDO (1): Que el Estado reconoce la garantía de amparo y en consecuencia toda persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta tiene derecho a interponer el recurso de amparo: 1. Para que le mantenga o restituya en el goce y disfrute de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y, 2. Para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente, ni es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución de la República.- CONSIDERANDO (2): Que procede la acción de amparo contra las resoluciones, actos y hechos de los Poderes del Estado, incluyendo las entidades descentralizadas, desconcentradas, las sostenidas con fondos públicos y las que actúen por delegación de algún órgano del Estado en virtud de concesión, de contrato u otra resolución válida.- CONSIDERANDO (3): Que en el ejercicio de la justicia constitucional los órganos jurisdiccionales solamente están sometidos a la Constitución de la República y a la ley.- CONSIDERANDO (4): Que a la Sala de lo Constitucional le corresponde la jurisdicción constitucional por mandato de la ley, y, de conformidad con lo que manda el artículo 9.3.b de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es competente para conocer y resolver el presente recurso de amparo, en tanto que se alega una violación de derechos fundamentales cometidos por una Corte de Apelaciones.- CONSIDERANDO (5): Que esta Sala ha establecido que el recurso de amparo supone una afectación, lesión, vulneración o amenaza ilegítima al titular de un derecho o interés legítimo, quien acude ante el juez constitucional para que lo proteja y haga cesar los efectos de esa amenaza o eventual lesión.- CONSIDERANDO (6): Que la Sala ha sostenido también que la tutela judicial efectiva comporta como contenido esencial y primario, el derecho de obtener de los órganos jurisdiccionales integrantes del Poder Judicial, una resolución razonada y fundada en derecho que verse sobre las pretensiones planteadas en juicio, lo cual genera en los jueces, en forma evidente, el deber de cumplir con las exigencias fundamentales del proceso, correspondiendo este derecho además con lo estipulado por el artículo 82 de nuestro texto constitucional, que reconoce no solamente la inviolabilidad del derecho a la defensa, sino que además el acceso a la justicia, al disponer el derecho de toda persona de ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes.. CONSIDERANDO (7): Que la Sala ha declarado además que, en acatamiento de estos postulados constitucionales, las decisiones emanadas de una autoridad jurisdiccional, o incluso administrativa, deberán ser dictadas en consonancia con el ordenamiento jurídico y su contravención conduce a ser causa estimable para el otorgamiento de la garantía de amparo.- CONSIDERANDO (8): Que en el asunto que nos ocupa, la peticionaria sostiene que la decisión del Tribunal de Alzada de declarar sin lugar la solicitud de separación de hecho que fue presentada ante el A Quo, por no existir acuerdo entre los cónyuges respecto del convenio regulador, vulneró inter alia sus derechos de petición, de acceso a la justicia, debido proceso y tutela judicial efectiva. Para la impetrante, la decisión de la Alzada contraviene la regulación legal de la solicitud de separación de hecho que dispone el Código de Familia, en específico el Artículo 234 que establece que en el caso de que la solicitud fuere presentada por uno sólo de los cónyuges, se notificará al otro cónyuge, a efecto de que en el plazo que el Juez señale, dispongan de común acuerdo sobre los puntos indicados en el Artículo [233] anterior. Si no se pusieren de acuerdo el Juez resolverá lo pertinente. - CONSIDERANDO (9): Que el derecho a la tutela judicial efectiva constituye una garantía fundamental que, como ya dijimos, asegura a toda persona que acude ante los órganos jurisdiccionales el derecho a obtener una decisión razonada y fundada en derecho sobre la pretensión deducida Esta Sala ha sostenido en el pasado que la garantía de tutela judicial efectiva se ve afectada cuando en el proceso judicial se imponen exigencias no previstas por la ley o se interpretan las normas procesales de manera tal que impidan injustificadamente el examen del fondo.- CONSIDERANDO (10): Que, del examen del presente asunto, se advierte que, el principal cuestionamiento de la recurrente con respecto a la decisión de la Alzada, es que ésta determinó que la inexistencia de acuerdo entre los cónyuges respecto del convenio regulador constituye presupuesto legal para declarar la improcedencia de la solicitud de separación de hecho.- CONSIDERANDO (11): Que esta Sala aprecia que la separación de hecho constituye una situación jurídica derivada del cese efectivo de la convivencia conyugal y de la voluntad de no reanudarla. El Código de Familia fija los parámetros legales para solicitar la separación de hecho, estableciéndose en su Artículo 233 que, en el caso de la separación de común acuerdo, deberá indicarse expresamente en la solicitud el nombre del cónyuge que quedará al cuidado de los hijos comunes, así como el que asumirá la obligación de dar alimentos y la proporción en que estos se darán lo mismo que la forma y períodos en que podrá ver a sus hijos el cónyuge que no tenga la guarda de ellos, el acuerdo con relación a estos puntos quedan estipulados en lo que se ha entendido como un convenio “regulador”.- CONSIDERANDO (12): Que, del análisis de esta regulación legal en el Código de Familia, entendemos que el precitado convenio regulador no constituye un presupuesto para que se dé la separación de hecho no consensuada, sino más bien un instrumento destinado a regular los efectos que la separación tendrá en el núcleo familiar. Esta Sala estima que la falta de acuerdo sobre dicho convenio no debería habilitar por sí solo el rechazo de la solicitud, por cuanto, conforme con el precitado artículo 234, se estipula que, si no hubiere acuerdo entre los cónyuges respecto de las medidas derivadas de la separación, el juez resolverá lo pertinente; de ahí entonces, vemos que la norma contempla expresamente la posibilidad de desacuerdo y atribuye al órgano jurisdiccional el deber de decidir lo procedente.- CONSIDERANDO (13): Que, por su parte, el artículo 235 del mismo cuerpo legal dispone que, transcurridos dos años desde la notificación del acuerdo o de la resolución judicial de separación, cualquiera de los cónyuges podrá invocar dicha separación como causal de divorcio. De la interpretación conjunta de ambas disposiciones se puede inferir que la resolución judicial de separación constituye presupuesto para la eventual causal de divorcio y que la ausencia de acuerdo no debería impedir su emisión, pues el legislador no lo ha indicado así.- CONSIDERANDO (14): Que, en el caso concreto, la Corte de Apelaciones desestimó de plano la solicitud de separación de hecho ante la inexistencia de acuerdo entre las partes sobre el convenio de regulación. Esta Sala advierte que, aun cuando el juez de primera instancia efectivamente incurrió en error al afirmar la existencia de acuerdo cuando éste no se dio, dicha circunstancia no habilitaba a declarar sin lugar la acción, sino —en su caso— a corregir la fundamentación o fijar directamente las medidas pertinentes conforme al artículo 234. Al supeditar la procedencia de la separación a un consenso inexistente, la autoridad recurrida introdujo un requisito no previsto por el legislador, alterando el sentido normativo de la disposición aplicable y restringiendo indebidamente el derecho de acceso a la justicia en perjuicio de la accionante, siendo tal interpretación, además, incompatible con la garantía de tutela judicial efectiva.- CONSIDERANDO (15): Que si bien no compete a esta Sala emitir pronunciamiento sobre la procedencia sustantiva de la separación solicitada, por corresponder dicha valoración a la jurisdicción ordinaria, se advierte que la decisión impugnada vulneró el derecho de acción y la garantía de tutela judicial efectiva al desestimar la demanda por una causa no prevista en la ley, introduciendo como requisito de procedencia la existencia de acuerdo entre los cónyuges sobre el convenio de regulación, pese a que el artículo 234 del Código de Familia contempla expresamente la hipótesis de desacuerdo y atribuye al juez el deber de resolver lo pertinente.- CONSIDERANDO (16): Que la lesión constitucional que se ha advertido afectó, de manera directa, la posibilidad de obtener la resolución judicial que constituye presupuesto legal para el eventual ejercicio de la causal de divorcio prevista en el artículo 235 del mismo cuerpo normativo. En consecuencia, la restricción impuesta por la Alzada ha excedido el ámbito de la mera legalidad ordinaria y adquiere relevancia constitucional por afectar el contenido esencial del derecho de acceso a la jurisdicción, por lo que, la garantía de amparo solicitada por la recurrente debe ser otorgada, y así debe declararse.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos y haciendo aplicación de los Artículos 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 59, 63, 80, 82, 90, 303, 304, 313 No. 5) y 321 de la Constitución de la República; 1º y 78 atribución 5ª de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y; 1, 2, 3 numeral 2), 5, 9, 41, 45, 48, 49, 51, 63, 65, 66 68, 69, 119 y 120 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la acción de amparo interpuesta por la Abogada INÉS YADIRA CUBERO GONZALEZ a favor del señor MARIO ALBERTO MALDONADO GARCIA, contra la resolución dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LO CIVIL DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, en fecha doce de mayo de dos mil veintitrés, de la cual se ha hecho mérito, por lo que la autoridad recurrida deberá emitir una nueva resolución conforme con los lineamientos de este fallo, pronunciándose sobre la pretensión planteada, conforme a la correcta interpretación de los artículos 234 y 235 del Código de Familia; Y MANDA: Que, con certificación del presente fallo, se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada DUBON VILLEDA. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. -. WAGNER VALLECILLO PAREDES.- FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintinueve días del mes de abril del año dos mil veintiséis, certificación de Fallo de fecha dieciocho de marzo del año dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-0937-2023.LG

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL