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Sentencia AC-247-25 — Registro 20444

Resumen

Con relación a demanda de ejecución hipotecaria promovida por recurrente, se aprecia que insta la garantía de mérito por estimar que con la emisión del acto reclamado se vulneran los derechos al debido proceso y propiedad privada,por no acatar lo ordenado en la sentencia de recurso de amparo dictada por esta Sala de lo Constitucional, referente a emitir nueva resolución suficientemente motivada sobre el fondo del asunto y dando respuesta a todos los agravios expuestos por el recurrente con respecto a los preceptos establecidos en la Ley Procesal Civil a efecto de garantizar la Tutela Judicial efectiva, concerniente a la ejecución de dos inmuebles puestos a disposición de impetrante, a criterio de la Sala Constitucional Que el acto reclamado ha sido dictado en los términos y bajo las formalidades exigidas por la ley, contrario a lo que arguye el recurrente, el Aq-quem ha garantizado los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como antecede en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, los que han sido debidamente motivados, respetándose en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley, mismas que hoy se alegan violentadas por la recurrente.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, por lo cual resulta inadmisible de conformidad con la ley ya referida y resulta procedente en consecuencia sobreseer el recurso de mérito al constar en autos la causal de inadmisibilidad."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como antecede en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, los que han sido debidamente motivados, respetándose en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley, mismas que hoy se alegan violentadas por la recurrente.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, por lo cual resulta inadmisible de conformidad con la ley ya referida y resulta procedente en consecuencia sobreseer el recurso de mérito al constar en autos la causal de inadmisibilidad..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veintitrés de febrero del año dos mil veintiséis.- VISTOS los antecedentes del recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ ANTONIO BARAHONA ZELAYA, a favor de la sociedad mercantil denominada EMPRESA DE SERVICIOS DIVERSOS S.A., en su división INMOBILIARIA SUPERACION PROGRESEÑA (INSUPRO), en contra de la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinticinco, que resolvió un recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES emitida en fecha quince (15) de agosto del año dos mil veintidós; con relación a la demanda de ejecución hipotecaria promovida por la sociedad mercantil denominada EMPRESA DE SERVICIOS DIVERSOS S.A., en su división INMOBILIARIA SUPERACION PROGRESEÑA (INSUPRO) en contra de ONEYDA PAZ PINEDA y OSBALDO RIVERA PAZ.- CONSIDERANDO: Que revisados los alegatos expuestos por el recurrente en su escrito de interposición, se aprecia que insta la garantía de mérito por estimar que con la emisión del acto reclamado se vulneran los derechos al debido proceso y propiedad privada de su representada, y sin actar lo ordenado en la sentencia de recurso de amparo dictada por esta Sala de lo Constitucional, en fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil veinticuatro, referente a emitir nueva resolución suficientemente motivada sobre el fondo del asunto y dando respuesta a todos los agravios expuestos por el recurrente con respecto a los preceptos establecidos en la Ley procesal civil a efecto de garantizar la tutela judicial efectiva, concerniente a la ejecución de los dos inmuebles que fueron puestos a disposición de la agraviada, no obstante, a entender del recurrente, se niega la efectividad de lo otorgado sobre uno de los inmuebles de manera injustificada. CONSIDERANDO: Que revisadas que han sido los antecedentes como el acto reclamado dictado por la Alzada, se advierte que este fue emitido atendiendo el lineamiento dictado por esta Sala mediante la sentencia de amparo de fecha veintiocho (28) de agosto del año dos mil veinticuatro, y contiene el razonamiento y fundamentos de derecho que garantiza los derechos que refiere el actuante como quebrantados, valorando los aspectos puntuales del caso y pese a que dicha decisión resulta contraria a los intereses del recurrente, dicho extremo no acarrea necesariamente la vulneración de los derechos de su representada, motivo por el cual resulta procedente sobreseer la presente acción constitucional.- CONSIDERANDO: Que la garantía genérica del debido proceso, consagrada en el artículo 90 de la Constitución de la Republica, el cual se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, de tal manera que puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, las cuales considera esta Sala no han sido lesionados.- CONSIDERANDO: Que la garantía constitucional de la propiedad privada es un derecho amplio, sujeto a restricciones, no obstante, estas limitaciones son aquellas que ya establece la ley, y que derivan de la necesidad o interés público; es así como el Estado deviene obligado a garantizar a sus propietarios el derecho del goce y disfrute de sus bienes, frente a perturbaciones que pudiesen sufrir por parte de otros particulares. - CONSIDERANDO: Que la acción de Amparo es una garantía constitucional de carácter extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de esta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO: Que el acto reclamado ha sido dictado en los términos y bajo las formalidades exigidas por la ley, contrario a lo que arguye el recurrente, el Aq-quem ha garantizado los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la Ley establece dentro del marco legal aplicable.- CONSIDERANDO: Que las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, como antecede en el caso de autos, en el que ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, los que han sido debidamente motivados, respetándose en todo momento el derecho de defensa y las formalidades exigidas por la ley, mismas que hoy se alegan violentadas por la recurrente.- CONSIDERANDO: Que conforme lo establece la Ley Sobre Justicia Constitucional, en su artículo 46 numeral 1), es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que el recurrente alega una violación de mera legalidad, por lo cual resulta inadmisible de conformidad con la ley ya referida y resulta procedente en consecuencia sobreseer el recurso de mérito al constar en autos la causal de inadmisibilidad.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la Republica; 1º. 78 atribución 5a. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46 numeral 1), 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; RESUELVE: SOBRESEER el recurso de amparo interpuesto por el Abogado JOSÉ ANTONIO BARAHONA ZELAYA, a favor de la sociedad mercantil denominada EMPRESA DE SERVICIOS DIVERSOS S.A., en su división INMOBILIARIA SUPERACION PROGRESEÑA (INSUPRO), en contra de la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, en fecha veinte (20) de enero del año dos mil veinticinco; al apreciar esta Sala que el recurrente alega violaciones de mera legalidad, al existir pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los ocho días del mes de mayo del año dos mil veintiséis, certificación de Resolución de fecha veintitrés de febrero del año dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Amparo civil, registrado en este tribunal con el número SCO-0247-2025.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL