Sentencia AC-1355-23 — Registro 20442
Resumen
Corte de Apelaciones confirmó resolución que declaró con lugar la impugnación de cobro de honorarios profesionales por considerarlos indebidos y por apreciar estar ya prescrita la acción de reclamo. Dicha Corte concluyó en la existencia de varis contratos de servicios profesionales perfeccionados por ambas partes a través de los pagos realizados por el Estado y bien recibidos por la recurrente; por lo que es procedente la oposición por parte de la Procuraduría General de la República.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"tanto el Juez de Letras como el Tribunal Ad Quem, afirman la procedibilidad de declarar con lugar la oposición consistente en impugnación de honorarios por indebidos, -ver artículo 89 del Código Procesal Civil-, y otra por estar prescrita ya la oportunidad de reclamo –ver numeral 1 artículo 2296 del Código Civil-; interpuesta por la Procuraduría General de la República. Se señala que el monto de los honorarios devengados y según la recurrente no han sido pagados, se desprende de la prueba documental aportada al proceso. No obstante, esta Sala manifiesta que el argumento esgrimido en primera instancia por el A-quo y confirmado por el Ad-quem, encuentra un basamento legal y probatorio aplicable, en los hechos acreditados y probados en audiencia. Se determina que ambas instancias han actuado en observancia al principio de legalidad, la existencia de contratos de servicios profesionales perfeccionados por ambas partes a través de los pagos realizados por el Estado y bien recibidos por la recurrente...Ambas instancias valoraron al pasar por el contradictorio los contratos siguientes: “la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, al emitir resolución en fecha veinte da septiembre de dos mil veintiuno, según Expediente 108-2017, realizó un desglose de los contratos de servicios profesionales celebrados por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, con la abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIZ, estableciendo el periodo de estos, (2 de octubre del 2007 al 31 de diciembre de 2007, 2 de octubre del 2008 al 31 de diciembre de 2008, 2 de julio de 2012, a septiembre de 2012, 2 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 2 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 2 da enero de 2013 al 31 de marzo de 2013, 1 de abril al 31 de diciembre de 2013, 2 de enero de 2014 al 31 de marzo del 2014, 1 de abril de 2014 al 30 de junio de 2014, 1 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2014, 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 2 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015, 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 4 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2016, 1 de abril de 2016 al 30 de junio de 2016, 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 2 de enero de 2017 al 30 de junio de 2017) en el cargo, de asesor legal, y las funciones a desempeñar de acuerdo a estos contratos, establece: la de preparar contestaciones de demandas, promovidas en contra del Estado de Honduras, por conducto de la Procuraduría General de la República, sobre la actividad administrativa de la Secretaría General de Vivienda y Urbanismo y ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles.” Es dentro de estos períodos de tiempo mediante los cuales la recurrente realizó labores de representación en juicio como apoderada sustituta de la procuradora General de la República, realizadas en varias demandas y también en la demanda que promovió la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA REGINA S. DE R.L. DE C.V. contra del ESTADO DE HONDURAS y en el cual la abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIZ, fungió como apoderada sustituta de la Procuraduría General de la Republica, es decir en un período de tiempo desde el tres de diciembre de dos mil siete, fecha en que consta se contestó la demanda, al doce de abril de 2016, fecha en que se emitió sentencia por la Sala Laboral-Contencioso administrativo, inadmitiendo el recurso de casación interpuesto por la referida sociedad demandante recurrente. Se coincide con el criterio recurrido, es decir que los servicios profesionales realizados por la recurrente eran en cumplimiento a las clausulas suscritas en los contratos de servicios profesionales, por los cuales recibía una remuneración mensual, aún en los dos contratos en los que la recurrente alega que se lee en las cláusulas que su participación no era ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles, sino que coordinar y resolver las notas o peticiones que se presenten por parte de los órganos judiciales; cuando en los demás contratos de servicios profesionales suscritos, la función fundamental es la de preparar contestaciones de demandas, promovidas en contra del Estado de Honduras, por conducto de la Procuraduría General de la República, sobre la actividad administrativa de la Secretaría General de Vivienda y Urbanismo y ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles. No obstante, se debe manifestar que aun cuando se firmó un nuevo contrato, la recurrente siguió llevando los casos judiciales en los cuales se le había otorgado poder. El otorgamiento y la revocatoria del poder lo hace el Procurador General de la República expresamente, y en tanto éste no lo haga, la recurrente tenía la obligación, como bien lo hizo, de ejercer los actos de procuración, por los cuales recibió remuneración mensual. Lo contrario constituiría una doble retribución de sueldo por el ejercicio de una misma función, reparable por el Tribunal Superior de Cuentas.En ese sentido, la determinación jurídica de declarar con lugar la oposición interpuesta por el Procurador General de la República es garante del debido proceso, por lo que procede denegar el amparo interpuesto. con relación a la segunda y última oposición en la cual el defensor del Estado alega la prescripción de la acción civil de pago de honorarios, se debe mencionar que la normativa aplicable es lo dispuesto en el artículo 2301 del Código Civil que manda: “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio antes los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”, con relación al artículo 414 del Código Procesal Civil, que, entre otros, manda: “…la falta de reclamación administrativa previa, que será subsanable mientras no haya prescrito o caducado de derecho, suspenderá el procedimiento civil, y se tramitará conforme a lo dispuesto en las leyes administrativas.” Se debe mencionar que en el caso sobre el cual se reclaman honorarios, se dictó sentencia el doce de abril de dos mil dieciséis, fecha en que la Sala Laboral-Contencioso administrativo, se emitió sentencia declarando no ha lugar por el recurso de casación interpuesto en dicho juicio, y consta en los antecedentes que el reclamo de honorarios en sede administrativa lo efectuó en fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, sobrepasando por mucho el término estableciendo el artículo 29 del Arancel del Profesional del Derecho, que manda que el reclamo de honorarios profesionales prescribe en un año contado a partir desde que se dejaron de prestarse los respectivos servicios profesionales, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 2296 del Código Civil, el que a su vez dispone que el reclamo para pago a abogados deberá hacerse dentro del transcurso de un año, término que se dejó pasar; siendo procedente denegar el recurso de amparo interpuesto por este alegato..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 95 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 742 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 743 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 751 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 782 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 47 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 52 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"tanto el Juez de Letras como el Tribunal Ad Quem, afirman la procedibilidad de declarar con lugar la oposición consistente en impugnación de honorarios por indebidos, -ver artículo 89 del Código Procesal Civil-, y otra por estar prescrita ya la oportunidad de reclamo –ver numeral 1 artículo 2296 del Código Civil-; interpuesta por la Procuraduría General de la República. Se señala que el monto de los honorarios devengados y según la recurrente no han sido pagados, se desprende de la prueba documental aportada al proceso. No obstante, esta Sala manifiesta que el argumento esgrimido en primera instancia por el A-quo y confirmado por el Ad-quem, encuentra un basamento legal y probatorio aplicable, en los hechos acreditados y probados en audiencia. Se determina que ambas instancias han actuado en observancia al principio de legalidad, la existencia de contratos de servicios profesionales perfeccionados por ambas partes a través de los pagos realizados por el Estado y bien recibidos por la recurrente...Ambas instancias valoraron al pasar por el contradictorio los contratos siguientes: “la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, al emitir resolución en fecha veinte da septiembre de dos mil veintiuno, según Expediente 108-2017, realizó un desglose de los contratos de servicios profesionales celebrados por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, con la abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIZ, estableciendo el periodo de estos, (2 de octubre del 2007 al 31 de diciembre de 2007, 2 de octubre del 2008 al 31 de diciembre de 2008, 2 de julio de 2012, a septiembre de 2012, 2 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 2 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 2 da enero de 2013 al 31 de marzo de 2013, 1 de abril al 31 de diciembre de 2013, 2 de enero de 2014 al 31 de marzo del 2014, 1 de abril de 2014 al 30 de junio de 2014, 1 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2014, 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 2 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015, 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 4 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2016, 1 de abril de 2016 al 30 de junio de 2016, 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 2 de enero de 2017 al 30 de junio de 2017) en el cargo, de asesor legal, y las funciones a desempeñar de acuerdo a estos contratos, establece: la de preparar contestaciones de demandas, promovidas en contra del Estado de Honduras, por conducto de la Procuraduría General de la República, sobre la actividad administrativa de la Secretaría General de Vivienda y Urbanismo y ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles.” Es dentro de estos períodos de tiempo mediante los cuales la recurrente realizó labores de representación en juicio como apoderada sustituta de la procuradora General de la República, realizadas en varias demandas y también en la demanda que promovió la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA REGINA S. DE R.L. DE C.V. contra del ESTADO DE HONDURAS y en el cual la abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIZ, fungió como apoderada sustituta de la Procuraduría General de la Republica, es decir en un período de tiempo desde el tres de diciembre de dos mil siete, fecha en que consta se contestó la demanda, al doce de abril de 2016, fecha en que se emitió sentencia por la Sala Laboral-Contencioso administrativo, inadmitiendo el recurso de casación interpuesto por la referida sociedad demandante recurrente. Se coincide con el criterio recurrido, es decir que los servicios profesionales realizados por la recurrente eran en cumplimiento a las clausulas suscritas en los contratos de servicios profesionales, por los cuales recibía una remuneración mensual, aún en los dos contratos en los que la recurrente alega que se lee en las cláusulas que su participación no era ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles, sino que coordinar y resolver las notas o peticiones que se presenten por parte de los órganos judiciales; cuando en los demás contratos de servicios profesionales suscritos, la función fundamental es la de preparar contestaciones de demandas, promovidas en contra del Estado de Honduras, por conducto de la Procuraduría General de la República, sobre la actividad administrativa de la Secretaría General de Vivienda y Urbanismo y ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles. No obstante, se debe manifestar que aun cuando se firmó un nuevo contrato, la recurrente siguió llevando los casos judiciales en los cuales se le había otorgado poder. El otorgamiento y la revocatoria del poder lo hace el Procurador General de la República expresamente, y en tanto éste no lo haga, la recurrente tenía la obligación, como bien lo hizo, de ejercer los actos de procuración, por los cuales recibió remuneración mensual. Lo contrario constituiría una doble retribución de sueldo por el ejercicio de una misma función, reparable por el Tribunal Superior de Cuentas.En ese sentido, la determinación jurídica de declarar con lugar la oposición interpuesta por el Procurador General de la República es garante del debido proceso, por lo que procede denegar el amparo interpuesto. con relación a la segunda y última oposición en la cual el defensor del Estado alega la prescripción de la acción civil de pago de honorarios, se debe mencionar que la normativa aplicable es lo dispuesto en el artículo 2301 del Código Civil que manda: “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio antes los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”, con relación al artículo 414 del Código Procesal Civil, que, entre otros, manda: “…la falta de reclamación administrativa previa, que será subsanable mientras no haya prescrito o caducado de derecho, suspenderá el procedimiento civil, y se tramitará conforme a lo dispuesto en las leyes administrativas.” Se debe mencionar que en el caso sobre el cual se reclaman honorarios, se dictó sentencia el doce de abril de dos mil dieciséis, fecha en que la Sala Laboral-Contencioso administrativo, se emitió sentencia declarando no ha lugar por el recurso de casación interpuesto en dicho juicio, y consta en los antecedentes que el reclamo de honorarios en sede administrativa lo efectuó en fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, sobrepasando por mucho el término estableciendo el artículo 29 del Arancel del Profesional del Derecho, que manda que el reclamo de honorarios profesionales prescribe en un año contado a partir desde que se dejaron de prestarse los respectivos servicios profesionales, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 2296 del Código Civil, el que a su vez dispone que el reclamo para pago a abogados deberá hacerse dentro del transcurso de un año, término que se dejó pasar; siendo procedente denegar el recurso de amparo interpuesto por este alegato..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 95 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 742 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 743 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 751 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 782 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 47 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 52 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"tanto el Juez de Letras como el Tribunal Ad Quem, afirman la procedibilidad de declarar con lugar la oposición consistente en impugnación de honorarios por indebidos, -ver artículo 89 del Código Procesal Civil-, y otra por estar prescrita ya la oportunidad de reclamo –ver numeral 1 artículo 2296 del Código Civil-; interpuesta por la Procuraduría General de la República. Se señala que el monto de los honorarios devengados y según la recurrente no han sido pagados, se desprende de la prueba documental aportada al proceso. No obstante, esta Sala manifiesta que el argumento esgrimido en primera instancia por el A-quo y confirmado por el Ad-quem, encuentra un basamento legal y probatorio aplicable, en los hechos acreditados y probados en audiencia. Se determina que ambas instancias han actuado en observancia al principio de legalidad, la existencia de contratos de servicios profesionales perfeccionados por ambas partes a través de los pagos realizados por el Estado y bien recibidos por la recurrente...Ambas instancias valoraron al pasar por el contradictorio los contratos siguientes: “la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, al emitir resolución en fecha veinte da septiembre de dos mil veintiuno, según Expediente 108-2017, realizó un desglose de los contratos de servicios profesionales celebrados por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, con la abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIZ, estableciendo el periodo de estos, (2 de octubre del 2007 al 31 de diciembre de 2007, 2 de octubre del 2008 al 31 de diciembre de 2008, 2 de julio de 2012, a septiembre de 2012, 2 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 2 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 2 da enero de 2013 al 31 de marzo de 2013, 1 de abril al 31 de diciembre de 2013, 2 de enero de 2014 al 31 de marzo del 2014, 1 de abril de 2014 al 30 de junio de 2014, 1 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2014, 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 2 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015, 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 4 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2016, 1 de abril de 2016 al 30 de junio de 2016, 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 2 de enero de 2017 al 30 de junio de 2017) en el cargo, de asesor legal, y las funciones a desempeñar de acuerdo a estos contratos, establece: la de preparar contestaciones de demandas, promovidas en contra del Estado de Honduras, por conducto de la Procuraduría General de la República, sobre la actividad administrativa de la Secretaría General de Vivienda y Urbanismo y ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles.” Es dentro de estos períodos de tiempo mediante los cuales la recurrente realizó labores de representación en juicio como apoderada sustituta de la procuradora General de la República, realizadas en varias demandas y también en la demanda que promovió la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA REGINA S. DE R.L. DE C.V. contra del ESTADO DE HONDURAS y en el cual la abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIZ, fungió como apoderada sustituta de la Procuraduría General de la Republica, es decir en un período de tiempo desde el tres de diciembre de dos mil siete, fecha en que consta se contestó la demanda, al doce de abril de 2016, fecha en que se emitió sentencia por la Sala Laboral-Contencioso administrativo, inadmitiendo el recurso de casación interpuesto por la referida sociedad demandante recurrente. Se coincide con el criterio recurrido, es decir que los servicios profesionales realizados por la recurrente eran en cumplimiento a las clausulas suscritas en los contratos de servicios profesionales, por los cuales recibía una remuneración mensual, aún en los dos contratos en los que la recurrente alega que se lee en las cláusulas que su participación no era ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles, sino que coordinar y resolver las notas o peticiones que se presenten por parte de los órganos judiciales; cuando en los demás contratos de servicios profesionales suscritos, la función fundamental es la de preparar contestaciones de demandas, promovidas en contra del Estado de Honduras, por conducto de la Procuraduría General de la República, sobre la actividad administrativa de la Secretaría General de Vivienda y Urbanismo y ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles. No obstante, se debe manifestar que aun cuando se firmó un nuevo contrato, la recurrente siguió llevando los casos judiciales en los cuales se le había otorgado poder. El otorgamiento y la revocatoria del poder lo hace el Procurador General de la República expresamente, y en tanto éste no lo haga, la recurrente tenía la obligación, como bien lo hizo, de ejercer los actos de procuración, por los cuales recibió remuneración mensual. Lo contrario constituiría una doble retribución de sueldo por el ejercicio de una misma función, reparable por el Tribunal Superior de Cuentas.En ese sentido, la determinación jurídica de declarar con lugar la oposición interpuesta por el Procurador General de la República es garante del debido proceso, por lo que procede denegar el amparo interpuesto. con relación a la segunda y última oposición en la cual el defensor del Estado alega la prescripción de la acción civil de pago de honorarios, se debe mencionar que la normativa aplicable es lo dispuesto en el artículo 2301 del Código Civil que manda: “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio antes los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”, con relación al artículo 414 del Código Procesal Civil, que, entre otros, manda: “…la falta de reclamación administrativa previa, que será subsanable mientras no haya prescrito o caducado de derecho, suspenderá el procedimiento civil, y se tramitará conforme a lo dispuesto en las leyes administrativas.” Se debe mencionar que en el caso sobre el cual se reclaman honorarios, se dictó sentencia el doce de abril de dos mil dieciséis, fecha en que la Sala Laboral-Contencioso administrativo, se emitió sentencia declarando no ha lugar por el recurso de casación interpuesto en dicho juicio, y consta en los antecedentes que el reclamo de honorarios en sede administrativa lo efectuó en fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, sobrepasando por mucho el término estableciendo el artículo 29 del Arancel del Profesional del Derecho, que manda que el reclamo de honorarios profesionales prescribe en un año contado a partir desde que se dejaron de prestarse los respectivos servicios profesionales, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 2296 del Código Civil, el que a su vez dispone que el reclamo para pago a abogados deberá hacerse dentro del transcurso de un año, término que se dejó pasar; siendo procedente denegar el recurso de amparo interpuesto por este alegato..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 95 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 742 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 743 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 751 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 782 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 47 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 52 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"tanto el Juez de Letras como el Tribunal Ad Quem, afirman la procedibilidad de declarar con lugar la oposición consistente en impugnación de honorarios por indebidos, -ver artículo 89 del Código Procesal Civil-, y otra por estar prescrita ya la oportunidad de reclamo –ver numeral 1 artículo 2296 del Código Civil-; interpuesta por la Procuraduría General de la República. Se señala que el monto de los honorarios devengados y según la recurrente no han sido pagados, se desprende de la prueba documental aportada al proceso. No obstante, esta Sala manifiesta que el argumento esgrimido en primera instancia por el A-quo y confirmado por el Ad-quem, encuentra un basamento legal y probatorio aplicable, en los hechos acreditados y probados en audiencia. Se determina que ambas instancias han actuado en observancia al principio de legalidad, la existencia de contratos de servicios profesionales perfeccionados por ambas partes a través de los pagos realizados por el Estado y bien recibidos por la recurrente...Ambas instancias valoraron al pasar por el contradictorio los contratos siguientes: “la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, al emitir resolución en fecha veinte da septiembre de dos mil veintiuno, según Expediente 108-2017, realizó un desglose de los contratos de servicios profesionales celebrados por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, con la abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIZ, estableciendo el periodo de estos, (2 de octubre del 2007 al 31 de diciembre de 2007, 2 de octubre del 2008 al 31 de diciembre de 2008, 2 de julio de 2012, a septiembre de 2012, 2 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 2 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 2 da enero de 2013 al 31 de marzo de 2013, 1 de abril al 31 de diciembre de 2013, 2 de enero de 2014 al 31 de marzo del 2014, 1 de abril de 2014 al 30 de junio de 2014, 1 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2014, 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 2 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015, 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 4 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2016, 1 de abril de 2016 al 30 de junio de 2016, 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 2 de enero de 2017 al 30 de junio de 2017) en el cargo, de asesor legal, y las funciones a desempeñar de acuerdo a estos contratos, establece: la de preparar contestaciones de demandas, promovidas en contra del Estado de Honduras, por conducto de la Procuraduría General de la República, sobre la actividad administrativa de la Secretaría General de Vivienda y Urbanismo y ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles.” Es dentro de estos períodos de tiempo mediante los cuales la recurrente realizó labores de representación en juicio como apoderada sustituta de la procuradora General de la República, realizadas en varias demandas y también en la demanda que promovió la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA REGINA S. DE R.L. DE C.V. contra del ESTADO DE HONDURAS y en el cual la abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIZ, fungió como apoderada sustituta de la Procuraduría General de la Republica, es decir en un período de tiempo desde el tres de diciembre de dos mil siete, fecha en que consta se contestó la demanda, al doce de abril de 2016, fecha en que se emitió sentencia por la Sala Laboral-Contencioso administrativo, inadmitiendo el recurso de casación interpuesto por la referida sociedad demandante recurrente. Se coincide con el criterio recurrido, es decir que los servicios profesionales realizados por la recurrente eran en cumplimiento a las clausulas suscritas en los contratos de servicios profesionales, por los cuales recibía una remuneración mensual, aún en los dos contratos en los que la recurrente alega que se lee en las cláusulas que su participación no era ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles, sino que coordinar y resolver las notas o peticiones que se presenten por parte de los órganos judiciales; cuando en los demás contratos de servicios profesionales suscritos, la función fundamental es la de preparar contestaciones de demandas, promovidas en contra del Estado de Honduras, por conducto de la Procuraduría General de la República, sobre la actividad administrativa de la Secretaría General de Vivienda y Urbanismo y ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles. No obstante, se debe manifestar que aun cuando se firmó un nuevo contrato, la recurrente siguió llevando los casos judiciales en los cuales se le había otorgado poder. El otorgamiento y la revocatoria del poder lo hace el Procurador General de la República expresamente, y en tanto éste no lo haga, la recurrente tenía la obligación, como bien lo hizo, de ejercer los actos de procuración, por los cuales recibió remuneración mensual. Lo contrario constituiría una doble retribución de sueldo por el ejercicio de una misma función, reparable por el Tribunal Superior de Cuentas.En ese sentido, la determinación jurídica de declarar con lugar la oposición interpuesta por el Procurador General de la República es garante del debido proceso, por lo que procede denegar el amparo interpuesto. con relación a la segunda y última oposición en la cual el defensor del Estado alega la prescripción de la acción civil de pago de honorarios, se debe mencionar que la normativa aplicable es lo dispuesto en el artículo 2301 del Código Civil que manda: “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio antes los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”, con relación al artículo 414 del Código Procesal Civil, que, entre otros, manda: “…la falta de reclamación administrativa previa, que será subsanable mientras no haya prescrito o caducado de derecho, suspenderá el procedimiento civil, y se tramitará conforme a lo dispuesto en las leyes administrativas.” Se debe mencionar que en el caso sobre el cual se reclaman honorarios, se dictó sentencia el doce de abril de dos mil dieciséis, fecha en que la Sala Laboral-Contencioso administrativo, se emitió sentencia declarando no ha lugar por el recurso de casación interpuesto en dicho juicio, y consta en los antecedentes que el reclamo de honorarios en sede administrativa lo efectuó en fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, sobrepasando por mucho el término estableciendo el artículo 29 del Arancel del Profesional del Derecho, que manda que el reclamo de honorarios profesionales prescribe en un año contado a partir desde que se dejaron de prestarse los respectivos servicios profesionales, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 2296 del Código Civil, el que a su vez dispone que el reclamo para pago a abogados deberá hacerse dentro del transcurso de un año, término que se dejó pasar; siendo procedente denegar el recurso de amparo interpuesto por este alegato..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 95 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 742 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 743 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 751 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 782 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 47 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"tanto el Juez de Letras como el Tribunal Ad Quem, afirman la procedibilidad de declarar con lugar la oposición consistente en impugnación de honorarios por indebidos, -ver artículo 89 del Código Procesal Civil-, y otra por estar prescrita ya la oportunidad de reclamo –ver numeral 1 artículo 2296 del Código Civil-; interpuesta por la Procuraduría General de la República. Se señala que el monto de los honorarios devengados y según la recurrente no han sido pagados, se desprende de la prueba documental aportada al proceso. No obstante, esta Sala manifiesta que el argumento esgrimido en primera instancia por el A-quo y confirmado por el Ad-quem, encuentra un basamento legal y probatorio aplicable, en los hechos acreditados y probados en audiencia. Se determina que ambas instancias han actuado en observancia al principio de legalidad, la existencia de contratos de servicios profesionales perfeccionados por ambas partes a través de los pagos realizados por el Estado y bien recibidos por la recurrente...Ambas instancias valoraron al pasar por el contradictorio los contratos siguientes: “la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, al emitir resolución en fecha veinte da septiembre de dos mil veintiuno, según Expediente 108-2017, realizó un desglose de los contratos de servicios profesionales celebrados por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, con la abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIZ, estableciendo el periodo de estos, (2 de octubre del 2007 al 31 de diciembre de 2007, 2 de octubre del 2008 al 31 de diciembre de 2008, 2 de julio de 2012, a septiembre de 2012, 2 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 2 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 2 da enero de 2013 al 31 de marzo de 2013, 1 de abril al 31 de diciembre de 2013, 2 de enero de 2014 al 31 de marzo del 2014, 1 de abril de 2014 al 30 de junio de 2014, 1 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2014, 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 2 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015, 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 4 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2016, 1 de abril de 2016 al 30 de junio de 2016, 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 2 de enero de 2017 al 30 de junio de 2017) en el cargo, de asesor legal, y las funciones a desempeñar de acuerdo a estos contratos, establece: la de preparar contestaciones de demandas, promovidas en contra del Estado de Honduras, por conducto de la Procuraduría General de la República, sobre la actividad administrativa de la Secretaría General de Vivienda y Urbanismo y ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles.” Es dentro de estos períodos de tiempo mediante los cuales la recurrente realizó labores de representación en juicio como apoderada sustituta de la procuradora General de la República, realizadas en varias demandas y también en la demanda que promovió la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA REGINA S. DE R.L. DE C.V. contra del ESTADO DE HONDURAS y en el cual la abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIZ, fungió como apoderada sustituta de la Procuraduría General de la Republica, es decir en un período de tiempo desde el tres de diciembre de dos mil siete, fecha en que consta se contestó la demanda, al doce de abril de 2016, fecha en que se emitió sentencia por la Sala Laboral-Contencioso administrativo, inadmitiendo el recurso de casación interpuesto por la referida sociedad demandante recurrente. Se coincide con el criterio recurrido, es decir que los servicios profesionales realizados por la recurrente eran en cumplimiento a las clausulas suscritas en los contratos de servicios profesionales, por los cuales recibía una remuneración mensual, aún en los dos contratos en los que la recurrente alega que se lee en las cláusulas que su participación no era ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles, sino que coordinar y resolver las notas o peticiones que se presenten por parte de los órganos judiciales; cuando en los demás contratos de servicios profesionales suscritos, la función fundamental es la de preparar contestaciones de demandas, promovidas en contra del Estado de Honduras, por conducto de la Procuraduría General de la República, sobre la actividad administrativa de la Secretaría General de Vivienda y Urbanismo y ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles. No obstante, se debe manifestar que aun cuando se firmó un nuevo contrato, la recurrente siguió llevando los casos judiciales en los cuales se le había otorgado poder. El otorgamiento y la revocatoria del poder lo hace el Procurador General de la República expresamente, y en tanto éste no lo haga, la recurrente tenía la obligación, como bien lo hizo, de ejercer los actos de procuración, por los cuales recibió remuneración mensual. Lo contrario constituiría una doble retribución de sueldo por el ejercicio de una misma función, reparable por el Tribunal Superior de Cuentas.En ese sentido, la determinación jurídica de declarar con lugar la oposición interpuesta por el Procurador General de la República es garante del debido proceso, por lo que procede denegar el amparo interpuesto. con relación a la segunda y última oposición en la cual el defensor del Estado alega la prescripción de la acción civil de pago de honorarios, se debe mencionar que la normativa aplicable es lo dispuesto en el artículo 2301 del Código Civil que manda: “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio antes los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”, con relación al artículo 414 del Código Procesal Civil, que, entre otros, manda: “…la falta de reclamación administrativa previa, que será subsanable mientras no haya prescrito o caducado de derecho, suspenderá el procedimiento civil, y se tramitará conforme a lo dispuesto en las leyes administrativas.” Se debe mencionar que en el caso sobre el cual se reclaman honorarios, se dictó sentencia el doce de abril de dos mil dieciséis, fecha en que la Sala Laboral-Contencioso administrativo, se emitió sentencia declarando no ha lugar por el recurso de casación interpuesto en dicho juicio, y consta en los antecedentes que el reclamo de honorarios en sede administrativa lo efectuó en fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, sobrepasando por mucho el término estableciendo el artículo 29 del Arancel del Profesional del Derecho, que manda que el reclamo de honorarios profesionales prescribe en un año contado a partir desde que se dejaron de prestarse los respectivos servicios profesionales, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 2296 del Código Civil, el que a su vez dispone que el reclamo para pago a abogados deberá hacerse dentro del transcurso de un año, término que se dejó pasar; siendo procedente denegar el recurso de amparo interpuesto por este alegato..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 95 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 742 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 743 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 751 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 782 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"tanto el Juez de Letras como el Tribunal Ad Quem, afirman la procedibilidad de declarar con lugar la oposición consistente en impugnación de honorarios por indebidos, -ver artículo 89 del Código Procesal Civil-, y otra por estar prescrita ya la oportunidad de reclamo –ver numeral 1 artículo 2296 del Código Civil-; interpuesta por la Procuraduría General de la República. Se señala que el monto de los honorarios devengados y según la recurrente no han sido pagados, se desprende de la prueba documental aportada al proceso. No obstante, esta Sala manifiesta que el argumento esgrimido en primera instancia por el A-quo y confirmado por el Ad-quem, encuentra un basamento legal y probatorio aplicable, en los hechos acreditados y probados en audiencia. Se determina que ambas instancias han actuado en observancia al principio de legalidad, la existencia de contratos de servicios profesionales perfeccionados por ambas partes a través de los pagos realizados por el Estado y bien recibidos por la recurrente...Ambas instancias valoraron al pasar por el contradictorio los contratos siguientes: “la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, al emitir resolución en fecha veinte da septiembre de dos mil veintiuno, según Expediente 108-2017, realizó un desglose de los contratos de servicios profesionales celebrados por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, con la abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIZ, estableciendo el periodo de estos, (2 de octubre del 2007 al 31 de diciembre de 2007, 2 de octubre del 2008 al 31 de diciembre de 2008, 2 de julio de 2012, a septiembre de 2012, 2 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 2 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 2 da enero de 2013 al 31 de marzo de 2013, 1 de abril al 31 de diciembre de 2013, 2 de enero de 2014 al 31 de marzo del 2014, 1 de abril de 2014 al 30 de junio de 2014, 1 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2014, 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 2 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015, 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 4 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2016, 1 de abril de 2016 al 30 de junio de 2016, 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 2 de enero de 2017 al 30 de junio de 2017) en el cargo, de asesor legal, y las funciones a desempeñar de acuerdo a estos contratos, establece: la de preparar contestaciones de demandas, promovidas en contra del Estado de Honduras, por conducto de la Procuraduría General de la República, sobre la actividad administrativa de la Secretaría General de Vivienda y Urbanismo y ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles.” Es dentro de estos períodos de tiempo mediante los cuales la recurrente realizó labores de representación en juicio como apoderada sustituta de la procuradora General de la República, realizadas en varias demandas y también en la demanda que promovió la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA REGINA S. DE R.L. DE C.V. contra del ESTADO DE HONDURAS y en el cual la abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIZ, fungió como apoderada sustituta de la Procuraduría General de la Republica, es decir en un período de tiempo desde el tres de diciembre de dos mil siete, fecha en que consta se contestó la demanda, al doce de abril de 2016, fecha en que se emitió sentencia por la Sala Laboral-Contencioso administrativo, inadmitiendo el recurso de casación interpuesto por la referida sociedad demandante recurrente. Se coincide con el criterio recurrido, es decir que los servicios profesionales realizados por la recurrente eran en cumplimiento a las clausulas suscritas en los contratos de servicios profesionales, por los cuales recibía una remuneración mensual, aún en los dos contratos en los que la recurrente alega que se lee en las cláusulas que su participación no era ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles, sino que coordinar y resolver las notas o peticiones que se presenten por parte de los órganos judiciales; cuando en los demás contratos de servicios profesionales suscritos, la función fundamental es la de preparar contestaciones de demandas, promovidas en contra del Estado de Honduras, por conducto de la Procuraduría General de la República, sobre la actividad administrativa de la Secretaría General de Vivienda y Urbanismo y ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles. No obstante, se debe manifestar que aun cuando se firmó un nuevo contrato, la recurrente siguió llevando los casos judiciales en los cuales se le había otorgado poder. El otorgamiento y la revocatoria del poder lo hace el Procurador General de la República expresamente, y en tanto éste no lo haga, la recurrente tenía la obligación, como bien lo hizo, de ejercer los actos de procuración, por los cuales recibió remuneración mensual. Lo contrario constituiría una doble retribución de sueldo por el ejercicio de una misma función, reparable por el Tribunal Superior de Cuentas.En ese sentido, la determinación jurídica de declarar con lugar la oposición interpuesta por el Procurador General de la República es garante del debido proceso, por lo que procede denegar el amparo interpuesto. con relación a la segunda y última oposición en la cual el defensor del Estado alega la prescripción de la acción civil de pago de honorarios, se debe mencionar que la normativa aplicable es lo dispuesto en el artículo 2301 del Código Civil que manda: “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio antes los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”, con relación al artículo 414 del Código Procesal Civil, que, entre otros, manda: “…la falta de reclamación administrativa previa, que será subsanable mientras no haya prescrito o caducado de derecho, suspenderá el procedimiento civil, y se tramitará conforme a lo dispuesto en las leyes administrativas.” Se debe mencionar que en el caso sobre el cual se reclaman honorarios, se dictó sentencia el doce de abril de dos mil dieciséis, fecha en que la Sala Laboral-Contencioso administrativo, se emitió sentencia declarando no ha lugar por el recurso de casación interpuesto en dicho juicio, y consta en los antecedentes que el reclamo de honorarios en sede administrativa lo efectuó en fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, sobrepasando por mucho el término estableciendo el artículo 29 del Arancel del Profesional del Derecho, que manda que el reclamo de honorarios profesionales prescribe en un año contado a partir desde que se dejaron de prestarse los respectivos servicios profesionales, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 2296 del Código Civil, el que a su vez dispone que el reclamo para pago a abogados deberá hacerse dentro del transcurso de un año, término que se dejó pasar; siendo procedente denegar el recurso de amparo interpuesto por este alegato..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 95 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 742 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 743 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 751 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 782 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
…"…"tanto el Juez de Letras como el Tribunal Ad Quem, afirman la procedibilidad de declarar con lugar la oposición consistente en impugnación de honorarios por indebidos, -ver artículo 89 del Código Procesal Civil-, y otra por estar prescrita ya la oportunidad de reclamo –ver numeral 1 artículo 2296 del Código Civil-; interpuesta por la Procuraduría General de la República. Se señala que el monto de los honorarios devengados y según la recurrente no han sido pagados, se desprende de la prueba documental aportada al proceso. No obstante, esta Sala manifiesta que el argumento esgrimido en primera instancia por el A-quo y confirmado por el Ad-quem, encuentra un basamento legal y probatorio aplicable, en los hechos acreditados y probados en audiencia. Se determina que ambas instancias han actuado en observancia al principio de legalidad, la existencia de contratos de servicios profesionales perfeccionados por ambas partes a través de los pagos realizados por el Estado y bien recibidos por la recurrente...Ambas instancias valoraron al pasar por el contradictorio los contratos siguientes: “la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, al emitir resolución en fecha veinte da septiembre de dos mil veintiuno, según Expediente 108-2017, realizó un desglose de los contratos de servicios profesionales celebrados por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, con la abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIZ, estableciendo el periodo de estos, (2 de octubre del 2007 al 31 de diciembre de 2007, 2 de octubre del 2008 al 31 de diciembre de 2008, 2 de julio de 2012, a septiembre de 2012, 2 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 2 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 2 da enero de 2013 al 31 de marzo de 2013, 1 de abril al 31 de diciembre de 2013, 2 de enero de 2014 al 31 de marzo del 2014, 1 de abril de 2014 al 30 de junio de 2014, 1 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2014, 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 2 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015, 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 4 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2016, 1 de abril de 2016 al 30 de junio de 2016, 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 2 de enero de 2017 al 30 de junio de 2017) en el cargo, de asesor legal, y las funciones a desempeñar de acuerdo a estos contratos, establece: la de preparar contestaciones de demandas, promovidas en contra del Estado de Honduras, por conducto de la Procuraduría General de la República, sobre la actividad administrativa de la Secretaría General de Vivienda y Urbanismo y ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles.” Es dentro de estos períodos de tiempo mediante los cuales la recurrente realizó labores de representación en juicio como apoderada sustituta de la procuradora General de la República, realizadas en varias demandas y también en la demanda que promovió la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA REGINA S. DE R.L. DE C.V. contra del ESTADO DE HONDURAS y en el cual la abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIZ, fungió como apoderada sustituta de la Procuraduría General de la Republica, es decir en un período de tiempo desde el tres de diciembre de dos mil siete, fecha en que consta se contestó la demanda, al doce de abril de 2016, fecha en que se emitió sentencia por la Sala Laboral-Contencioso administrativo, inadmitiendo el recurso de casación interpuesto por la referida sociedad demandante recurrente. Se coincide con el criterio recurrido, es decir que los servicios profesionales realizados por la recurrente eran en cumplimiento a las clausulas suscritas en los contratos de servicios profesionales, por los cuales recibía una remuneración mensual, aún en los dos contratos en los que la recurrente alega que se lee en las cláusulas que su participación no era ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles, sino que coordinar y resolver las notas o peticiones que se presenten por parte de los órganos judiciales; cuando en los demás contratos de servicios profesionales suscritos, la función fundamental es la de preparar contestaciones de demandas, promovidas en contra del Estado de Honduras, por conducto de la Procuraduría General de la República, sobre la actividad administrativa de la Secretaría General de Vivienda y Urbanismo y ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles. No obstante, se debe manifestar que aun cuando se firmó un nuevo contrato, la recurrente siguió llevando los casos judiciales en los cuales se le había otorgado poder. El otorgamiento y la revocatoria del poder lo hace el Procurador General de la República expresamente, y en tanto éste no lo haga, la recurrente tenía la obligación, como bien lo hizo, de ejercer los actos de procuración, por los cuales recibió remuneración mensual. Lo contrario constituiría una doble retribución de sueldo por el ejercicio de una misma función, reparable por el Tribunal Superior de Cuentas.En ese sentido, la determinación jurídica de declarar con lugar la oposición interpuesta por el Procurador General de la República es garante del debido proceso, por lo que procede denegar el amparo interpuesto. con relación a la segunda y última oposición en la cual el defensor del Estado alega la prescripción de la acción civil de pago de honorarios, se debe mencionar que la normativa aplicable es lo dispuesto en el artículo 2301 del Código Civil que manda: “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio antes los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”, con relación al artículo 414 del Código Procesal Civil, que, entre otros, manda: “…la falta de reclamación administrativa previa, que será subsanable mientras no haya prescrito o caducado de derecho, suspenderá el procedimiento civil, y se tramitará conforme a lo dispuesto en las leyes administrativas.” Se debe mencionar que en el caso sobre el cual se reclaman honorarios, se dictó sentencia el doce de abril de dos mil dieciséis, fecha en que la Sala Laboral-Contencioso administrativo, se emitió sentencia declarando no ha lugar por el recurso de casación interpuesto en dicho juicio, y consta en los antecedentes que el reclamo de honorarios en sede administrativa lo efectuó en fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, sobrepasando por mucho el término estableciendo el artículo 29 del Arancel del Profesional del Derecho, que manda que el reclamo de honorarios profesionales prescribe en un año contado a partir desde que se dejaron de prestarse los respectivos servicios profesionales, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 2296 del Código Civil, el que a su vez dispone que el reclamo para pago a abogados deberá hacerse dentro del transcurso de un año, término que se dejó pasar; siendo procedente denegar el recurso de amparo interpuesto por este alegato..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 95 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 742 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 743 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 751 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 782 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 52 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"…"tanto el Juez de Letras como el Tribunal Ad Quem, afirman la procedibilidad de declarar con lugar la oposición consistente en impugnación de honorarios por indebidos, -ver artículo 89 del Código Procesal Civil-, y otra por estar prescrita ya la oportunidad de reclamo –ver numeral 1 artículo 2296 del Código Civil-; interpuesta por la Procuraduría General de la República. Se señala que el monto de los honorarios devengados y según la recurrente no han sido pagados, se desprende de la prueba documental aportada al proceso. No obstante, esta Sala manifiesta que el argumento esgrimido en primera instancia por el A-quo y confirmado por el Ad-quem, encuentra un basamento legal y probatorio aplicable, en los hechos acreditados y probados en audiencia. Se determina que ambas instancias han actuado en observancia al principio de legalidad, la existencia de contratos de servicios profesionales perfeccionados por ambas partes a través de los pagos realizados por el Estado y bien recibidos por la recurrente...Ambas instancias valoraron al pasar por el contradictorio los contratos siguientes: “la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, al emitir resolución en fecha veinte da septiembre de dos mil veintiuno, según Expediente 108-2017, realizó un desglose de los contratos de servicios profesionales celebrados por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, con la abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIZ, estableciendo el periodo de estos, (2 de octubre del 2007 al 31 de diciembre de 2007, 2 de octubre del 2008 al 31 de diciembre de 2008, 2 de julio de 2012, a septiembre de 2012, 2 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 2 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 2 da enero de 2013 al 31 de marzo de 2013, 1 de abril al 31 de diciembre de 2013, 2 de enero de 2014 al 31 de marzo del 2014, 1 de abril de 2014 al 30 de junio de 2014, 1 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2014, 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 2 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015, 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 4 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2016, 1 de abril de 2016 al 30 de junio de 2016, 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 2 de enero de 2017 al 30 de junio de 2017) en el cargo, de asesor legal, y las funciones a desempeñar de acuerdo a estos contratos, establece: la de preparar contestaciones de demandas, promovidas en contra del Estado de Honduras, por conducto de la Procuraduría General de la República, sobre la actividad administrativa de la Secretaría General de Vivienda y Urbanismo y ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles.” Es dentro de estos períodos de tiempo mediante los cuales la recurrente realizó labores de representación en juicio como apoderada sustituta de la procuradora General de la República, realizadas en varias demandas y también en la demanda que promovió la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA REGINA S. DE R.L. DE C.V. contra del ESTADO DE HONDURAS y en el cual la abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIZ, fungió como apoderada sustituta de la Procuraduría General de la Republica, es decir en un período de tiempo desde el tres de diciembre de dos mil siete, fecha en que consta se contestó la demanda, al doce de abril de 2016, fecha en que se emitió sentencia por la Sala Laboral-Contencioso administrativo, inadmitiendo el recurso de casación interpuesto por la referida sociedad demandante recurrente. Se coincide con el criterio recurrido, es decir que los servicios profesionales realizados por la recurrente eran en cumplimiento a las clausulas suscritas en los contratos de servicios profesionales, por los cuales recibía una remuneración mensual, aún en los dos contratos en los que la recurrente alega que se lee en las cláusulas que su participación no era ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles, sino que coordinar y resolver las notas o peticiones que se presenten por parte de los órganos judiciales; cuando en los demás contratos de servicios profesionales suscritos, la función fundamental es la de preparar contestaciones de demandas, promovidas en contra del Estado de Honduras, por conducto de la Procuraduría General de la República, sobre la actividad administrativa de la Secretaría General de Vivienda y Urbanismo y ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles. No obstante, se debe manifestar que aun cuando se firmó un nuevo contrato, la recurrente siguió llevando los casos judiciales en los cuales se le había otorgado poder. El otorgamiento y la revocatoria del poder lo hace el Procurador General de la República expresamente, y en tanto éste no lo haga, la recurrente tenía la obligación, como bien lo hizo, de ejercer los actos de procuración, por los cuales recibió remuneración mensual. Lo contrario constituiría una doble retribución de sueldo por el ejercicio de una misma función, reparable por el Tribunal Superior de Cuentas.En ese sentido, la determinación jurídica de declarar con lugar la oposición interpuesta por el Procurador General de la República es garante del debido proceso, por lo que procede denegar el amparo interpuesto. con relación a la segunda y última oposición en la cual el defensor del Estado alega la prescripción de la acción civil de pago de honorarios, se debe mencionar que la normativa aplicable es lo dispuesto en el artículo 2301 del Código Civil que manda: “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio antes los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”, con relación al artículo 414 del Código Procesal Civil, que, entre otros, manda: “…la falta de reclamación administrativa previa, que será subsanable mientras no haya prescrito o caducado de derecho, suspenderá el procedimiento civil, y se tramitará conforme a lo dispuesto en las leyes administrativas.” Se debe mencionar que en el caso sobre el cual se reclaman honorarios, se dictó sentencia el doce de abril de dos mil dieciséis, fecha en que la Sala Laboral-Contencioso administrativo, se emitió sentencia declarando no ha lugar por el recurso de casación interpuesto en dicho juicio, y consta en los antecedentes que el reclamo de honorarios en sede administrativa lo efectuó en fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, sobrepasando por mucho el término estableciendo el artículo 29 del Arancel del Profesional del Derecho, que manda que el reclamo de honorarios profesionales prescribe en un año contado a partir desde que se dejaron de prestarse los respectivos servicios profesionales, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 2296 del Código Civil, el que a su vez dispone que el reclamo para pago a abogados deberá hacerse dentro del transcurso de un año, término que se dejó pasar; siendo procedente denegar el recurso de amparo interpuesto por este alegato..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 80 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 4 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 5 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, art. 95 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 742 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 743 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 751 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 782 (Jerarquía Ordinaria)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 42 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 44 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 45 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 52 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice.” CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. – Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de marzo de dos mil veintiséis.- VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo Civil interpuesto por la Abogada VANIA WALDYNA AGUILUZ SOLIZ a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones De Lo Civil Del Departamento De Francisco Morazán, en fecha diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación al “…RECLAMO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS Y NO PAGADOS, POR LO QUE SON DEBIDOS Y QUE GOZAN DE DERECHO PREFERENTE. SE PRESENTA CERTIFICACION DE AGOTAMIENTO DE TRAMITE ADMINISTRATIVO…”, promovido por la Abogada VANIA WALDYNA AGUILUZ SOLIZ contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) ahora denominada SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP). (Exp.0801-2022-03342-CPCV).- A N T E C E D E N T E S.- 1) En fecha veinticinco (25) de mayo del dos mil veintidós (2022), la Abogada VANIA WALDYNA AGUILUZ SOLIZ, comparecido ante el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, presentando “…RECLAMO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS Y NO PAGADOS, POR LO QUE SON DEBIDOS Y QUE GOZAN DE DERECHO PREFERENTE. SE PRESENTA CERTIFICACION DE AGOTAMIENTO DE TRAMITE ADMINISTRATIVO…”, actuando en causa PROPIA, contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) ahora denominada SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP). (Folios 1-7 del antecedente). 2) En fecha trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023), el Juzgado de Letras Civil del Departamento de Francisco Morazán, dictó resolución mediante la cual dispuso lo siguiente: PARTE DISPOSITIVA: Visto los argumentos facticos y jurídicos esgrimidos en líneas anteriores se resuelve: PRIMERO: Es procedente estimar y en consecuencia se declara CON LUGAR la impugnación realizada por el Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, en su condición Procurador General de la República y representante legal del ESTADO DE HONDURAS, por considerarse indebidos los honorarios reclamados a su representado por la cantidad de CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (L.50,384,223.36) por parte de la Abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIS, actuando por si en el ejercicio de su profesión. SEGUNDO: El presente auto es recurrible en apelación. NOTIFIQUESE.” (Folios 159-161 del antecedente). 3) La Corte primera de Apelaciones Civil del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecisiete (17) de agosto de dos mil veintitrés (2023), conociendo recurso de apelación interpuesto por la Abogada VANIA WALDYNA AGUILUZ SOLIZ, contra la resolución relacionada en el numeral que antecede, en fecha trece (13) de marzo del dos mil veintitrés (2023), dictó sentencia mediante la cual falló: PARTE DISPOSITIVA Por tanto, esta Corte Primera de Apelaciones de lo Civil, del Departamento de Francisco Morazán, en nombre del Estado de Honduras, POR UNANIMIDAD DE VOTOS, siendo ponente el Magistrado MEMBREÑO VILLELA, FALLA: PRIMERO: Declarando sin lugar el recurso de apelación interpuesto. SEGUNDO: Confirmando la resolución recurrida bajo los argumentos aludidos por esta Corte. TERCERO: Con costas a la parte recurrente, en segunda instancia. Y MANDA: Que, una vez notificadas las partes de esta resolución, se devuelva la primera pieza al Juzgado de su procedencia con certificación de la presente Sentencia para su ejecución. NOTIFÍQUESE.” (Folios 18, 19, 20 vuelto del expediente del Ad-quem).- 4) En fecha veinte (20) de octubre del dos mil veintitrés (2023), compareció ante este Tribunal, la abogada VANIA WALDYNA AGUILUZ SOLIZ, presentando recurso de amparo a favor DE SI MISMA, contra la sentencia referida en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 64,70, 82, 90 de la Constitución de la República.- 5) En fecha siete de agosto de dos mil veinticuatro, esta Sala tuvo por formalizado en tiempo y forma, el escrito presentado la Abogada VANIA WALDYNA AGUILUZ SOLIZ, y en fecha diecinueve de agosto de dos mil veinticuatro, ordenándole a la Secretaría de este Tribunal poner a la vista las presentes diligencias por el término de 48 horas para que el Fiscal emitiera su dictamen. (Folio 53 del recurso de mérito). 6)En fecha veinticinco de septiembre de dos veinticuatro, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, desprendiéndose de la apreciación jurídica lo siguiente: VI.- OPINIÓN: a Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que NO SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por no existir las vulneraciones Constitucionales invocadas por la Lamparista. (Folios 56-61 del expediente de mérito).- CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003.- CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley.- CONSIDERANDO (3): Que este caso comienza con la presentación de un “…RECLAMO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS Y NO PAGADOS, POR LO QUE SON DEBIDOS Y QUE GOZAN DE DERECHO PREFERENTE. SE PRESENTA CERTIFICACION DE AGOTAMIENTO DE TRAMITE ADMINISTRATIVO…”, promovido por la Abogada VANIA WALDYNA AGUILUZ SOLIZ contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) ahora denominada SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP). Dicho reclamo de pago de honorarios profesionales asciende a la cantidad de CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (L.50,384,223.36).- CONSIDERANDO (4): Corre a folio 98 de la primera pieza, el escrito de oposición al reclamo de cobro de honorarios profesionales, impugnación que hace la Procuraduría General de la República, por cobro indebido y por estar ya prescritos. Se lee a folios 159 en delante de la primera pieza, la resolución a la oposición opuesta por el ente defensor del Estado, emitida el trece de marzo del año dos mil veintitrés. Se transcriben los fundamentos de derecho de la misma: “…FUNDAMENTOS DE DERECHO: PRIMERO: Por disposición del artículo 89 del Código Procesal Civil, en relación al cobro de Honorarlos, establece: 1. Los profesionales del derecho podrán reclamar de sus clientes el pago de los honorarios que hubieren devengado en el asunto por la defensa efectuada y por la representación procesal asumida, presentando minuta detallada de los conceptos reclamados, la cual deberá ser calculada de acuerdo al Arancel o al convenio de honorarios respectivos y manifestando formalmente que esos honorarios le son debidos y no han sido satisfechos, especificando en diversos apartados los conceptos por los que se reclama, en su caso. 2. Presentada esta reclamación, se requerirá al deudor para que pague dicha suma, con las costas, o impugne la cuenta, en el plazo de cinco (5) días, bajo apercibimiento de apremio si no pagare ni formulare impugnación. 3. Si, dentro del citado plazo, los honorarios se impugnaren por indebidos, resolverá el juzgado o tribunal con base en la documentación aportada fijando la cantidad debida, mediante auto. Haciendo aplicación del artículo 227.3 y 4 de la indicada normativa, al haberse impugnado por indebidos los honorarios reclamados, se convocó a las partes a una audiencia, seguida conforme a las disposiciones del juicio abreviado. SEGUNDO: Una de las razones por las cuales el requerido a impugnado el reclamo de honorarios es por considerarlos indebidos, entre otros por la existencia de contrato de servicios profesionales suscrito entre la reclamante Abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIS y el ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP). A este respecto del pago de honorarios, la parte peticionaria refirió en el hecho segundo de su solicitud, que el tres de diciembre de dos mil siete, en escrito de contestación de demanda, la Procuradora del Estado de Honduras, Abogada Rosa América Miranda, le sustituyó poder para la representación judicial, en demanda interpuesta contra el Estado, esto ocurrió cuando ostentaba la calidad de empleada por contrato en la Asesoría Legal de la Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOTRAVI) en la ciudad de San Pedro Sula, pero que no fue contratada como procuradora legal, esta era una función diferente a la que fue nombrada y que desempeñaba, que tramitó demanda, recursos interpuestos, hasta recurso de casación, si bien la parte Impugnante presentó como medios de prueba contratos de fechas (2 de enero de 2013) y de fecha posterior a la culminación de la causa por la que ahora se reclaman honorarios (enero y julio de 2017) también consta en autos como prueba documental propuesta y practicada por la parte actora, que al tramitar Reclamo Administrativo para el pago de honorarios profesionales devengados no pagados, la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, al emitir resolución en fecha veinte da septiembre de dos mil veintiuno, según Expediente 108-2017, realizó un desglose de los contratos de servicios profesionales celebrados por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, con la abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIZ, estableciendo el periodo de estos, (2 de octubre del 2007 al 31 de diciembre de 2007, 2 de octubre del 2008 al 31 de diciembre de 2008, 2 de julio de 2012, a septiembre de 2012, 2 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 2 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 2 da enero de 2013 al 31 de marzo de 2013, 1 de abril al 31 de diciembre de 2013, 2 de enero de 2014 al 31 de marzo del 2014, 1 de abril de 2014 al 30 de junio de 2014, 1 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2014, 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 2 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015, 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 4 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2016, 1 de abril de 2016 al 30 de junio de 2016, 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 2 de enero de 2017 al 30 de junio de 2017) en el cargo, de asesor legal, y las funciones a desempeñar de acuerdo a estos contratos, establece: la de preparar contestaciones de demandas, promovidas en contra del Estado de Honduras, por conducto de la Procuraduría General de la República, sobre la actividad administrativa de la Secretaría General de Vivienda y Urbanismo y ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles. Por lo anterior se considera que las labores de representación en juicio como apoderada sustituta realizadas en la demanda que promovió la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA REGINA S. DE R.L. DE C.V. contra del ESTADO DE HONDURAS y en el cual la abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIZ, fungió como apoderada sustituta de la Procuraduría General de la Republica, (que datan desde el tres de diciembre de dos mil siete, fecha en que consta se contestó la demanda, al doce de abril de 2016, fecha en que se emitió sentencia por la Sala Laboral-Contencioso administrativo, inadmitiendo el recurso de casación interpuesto por la referida sociedad demandante recurrente) por los servicios profesionales realizados por la solicitante se encontraban amparados en los contratos de servicios profesionales y que suscribiera con su poderdante, por lo que no es propio reclamar una doble remuneración por el servicio prestado, al establecerse con la Impugnación que los actos de procuración realizados por la solicitante y por los cuales reclama el pago de servicios profesionales, estaban establecidos como parte de las funciones a desempeñar de acuerdo a los contratos por ella suscritos. Lo anterior en aplicación al artículo 48 del Código de Ética del Profesional del Derecho, 1539, 1547, 1552 del Código Civil. Reclamo de honorarios que además se realizó en sede administrativa en fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, cuando la sentencia que le puso fin al juicio y dictada por la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral Contencioso Administrativa, data de abril de dos mil dieciséis, estableciendo el artículo 29 del Arancel del Profesional del Derecho, que el reclamo de honorarios profesionales prescribe en un año contado a partir desde que se dejaron de prestarse los respectivos servicios profesionales, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 2296 del Código Civil…”. (Lo remarcado en negritas es nuestro).- CONSIDERANDO (5): La decisión antes trascrita fue impugnada vía recurso de apelación, y sostiene la recurrente que dentro de todos los contratos de servicios profesionales suscritos existen dos en los cuales la función a desempeñar como abogada, en el inciso 9) de ambos contratos, según expone en su expresión de agravios, es coordinar y resolver las notas o peticiones que se presenten por parte de los órganos judiciales; y en los demás contratos de servicios profesionales suscritos, la función fundamental es la de preparar contestaciones de demandas, promovidas en contra del Estado de Honduras, por conducto de la Procuraduría General de la República, sobre la actividad administrativa de la Secretaría General de Vivienda y Urbanismo y ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles. Asimismo, impugna la decisión de declarar con lugar la prescripción peticionada por la Procuraduría General de la República. El Tribunal de alzada, confirmó la resolución emitida en primera instancia, mediante la cual declara con lugar la impugnación realizada por el Abogado MANUEL ANTONIO DIAZ GALEAS, en su condición de Procurador General de la República y representante legal del ESTADO DE HONDURAS, por considerarse indebidos los honorarios reclamados a su representado, por la cantidad de CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (L.50,384,223.36) por parte de la Abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIS, actuando por si en el ejercicio de su profesión; asimismo declara con lugar la oposición de prescripción, por haber interpuesto la demanda de mérito después del término de un año que manda el artículo 2296 del Código Civil. CONSIDERANDO (6): La recurrente en su interposición y formalización del recurso de amparo, sostiene dos puntos como conceptos de violación al debido proceso y derecho a la defensa, en primer lugar, alega una interpretación errónea del artículo 2301 del Código Civil que manda: “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio antes los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”. Asimismo, el artículo 414 del Código Procesal Civil, que, entre otros, manda: “…la falta de reclamación administrativa previa, que será subsanable mientras no haya prescrito o caducado de derecho, suspenderá el procedimiento civil, y se tramitará conforme a lo dispuesto en las leyes administrativas.” Alega la recurrente que el reclamo administrativo previo que interrumpe la prescripción es el realizado en fecha veinticuatro de noviembre del dos mil diecisiete ante la Secretaria de Estado en los despachos de infraestructura u servicios públicos INSEP, debido a que en fecha doce de enero del dos mil diecisiete, se interpuso ante el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, de San Pedro Sula, un reclamo de honorarios profesionales. Sostiene que lo interpuso hasta esa fecha, porque hasta entonces le fue notificada una sentencia emitida en el recurso de casación le fue notificado hasta el veintiuno de septiembre del dos mil dieciséis, es decir cuatro meses después, asegurando que esta acción interrumpió la prescripción. En segundo lugar, sostiene la recurrente que existen dos contratos de servicios profesionales, suscritos durante el tiempo que duró el proceso civil por el cual exige el pago de honorarios por la cantidad de CINCUENTA MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS (L.50,384,223.36); y aduce que estos contratos no contienen las clausulas en las cuales se impone la obligación de llevar casos en defensa del Estado, sino que se le contrató únicamente, para contestar notas administrativas de coordinación entre la Procuraduría y los órganos jurisdiccionales. CONSIDERANDO (7): Que un examen detenido de los autos, revela que, tanto el Juez de Letras como el Tribunal Ad Quem, afirman la procedibilidad de declarar con lugar la oposición consistente en impugnación de honorarios por indebidos, -ver artículo 89 del Código Procesal Civil-, y otra por estar prescrita ya la oportunidad de reclamo –ver numeral 1 artículo 2296 del Código Civil-; interpuesta por la Procuraduría General de la República. Se señala que el monto de los honorarios devengados y según la recurrente no han sido pagados, se desprende de la prueba documental aportada al proceso. No obstante, esta Sala manifiesta que el argumento esgrimido en primera instancia por el A-quo y confirmado por el Ad-quem, encuentra un basamento legal y probatorio aplicable, en los hechos acreditados y probados en audiencia. Se determina que ambas instancias han actuado en observancia al principio de legalidad, la existencia de contratos de servicios profesionales perfeccionados por ambas partes a través de los pagos realizados por el Estado y bien recibidos por la recurrente. Ambas instancias valoraron al pasar por el contradictorio los contratos siguientes: “la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, al emitir resolución en fecha veinte da septiembre de dos mil veintiuno, según Expediente 108-2017, realizó un desglose de los contratos de servicios profesionales celebrados por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos, con la abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIZ, estableciendo el periodo de estos, (2 de octubre del 2007 al 31 de diciembre de 2007, 2 de octubre del 2008 al 31 de diciembre de 2008, 2 de julio de 2012, a septiembre de 2012, 2 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 2 de octubre de 2012 al 31 de diciembre de 2012, 2 da enero de 2013 al 31 de marzo de 2013, 1 de abril al 31 de diciembre de 2013, 2 de enero de 2014 al 31 de marzo del 2014, 1 de abril de 2014 al 30 de junio de 2014, 1 de julio de 2014 al 31 de agosto de 2014, 1 de septiembre de 2014 al 31 de diciembre de 2014, 2 de enero de 2015 al 30 de junio de 2015, 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2015, 4 de enero de 2016 al 31 de marzo de 2016, 1 de abril de 2016 al 30 de junio de 2016, 1 de julio de 2016 al 31 de diciembre de 2016, 2 de enero de 2017 al 30 de junio de 2017) en el cargo, de asesor legal, y las funciones a desempeñar de acuerdo a estos contratos, establece: la de preparar contestaciones de demandas, promovidas en contra del Estado de Honduras, por conducto de la Procuraduría General de la República, sobre la actividad administrativa de la Secretaría General de Vivienda y Urbanismo y ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles.”. Es dentro de estos períodos de tiempo mediante los cuales la recurrente realizó labores de representación en juicio como apoderada sustituta de la procuradora General de la República, realizadas en varias demandas y también en la demanda que promovió la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA REGINA S. DE R.L. DE C.V. contra del ESTADO DE HONDURAS y en el cual la abogada VANIA WALDINA AGUILUZ SOLIZ, fungió como apoderada sustituta de la Procuraduría General de la Republica, es decir en un período de tiempo desde el tres de diciembre de dos mil siete, fecha en que consta se contestó la demanda, al doce de abril de 2016, fecha en que se emitió sentencia por la Sala Laboral-Contencioso administrativo, inadmitiendo el recurso de casación interpuesto por la referida sociedad demandante recurrente. Se coincide con el criterio recurrido, es decir que los servicios profesionales realizados por la recurrente eran en cumplimiento a las clausulas suscritas en los contratos de servicios profesionales, por los cuales recibía una remuneración mensual, aún en los dos contratos en los que la recurrente alega que se lee en las cláusulas que su participación no era ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles, sino que coordinar y resolver las notas o peticiones que se presenten por parte de los órganos judiciales; cuando en los demás contratos de servicios profesionales suscritos, la función fundamental es la de preparar contestaciones de demandas, promovidas en contra del Estado de Honduras, por conducto de la Procuraduría General de la República, sobre la actividad administrativa de la Secretaría General de Vivienda y Urbanismo y ejercer la representación en juicio como apoderada sustituta de la Procuraduría, con motivo de las demandas en la que la Secretaría sea parte tanto en asuntos contenciosos administrativo como civiles. No obstante, se debe manifestar que aun cuando se firmó un nuevo contrato, la recurrente siguió llevando los casos judiciales en los cuales se le había otorgado poder. El otorgamiento y la revocatoria del poder lo hace el Procurador General de la República expresamente, y en tanto éste no lo haga, la recurrente tenía la obligación, como bien lo hizo, de ejercer los actos de procuración, por los cuales recibió remuneración mensual. Lo contrario constituiría una doble retribución de sueldo por el ejercicio de una misma función, reparable por el Tribunal Superior de Cuentas. En ese sentido, la determinación jurídica de declarar con lugar la oposición interpuesta por el Procurador General de la República es garante del debido proceso, por lo que procede denegar el amparo interpuesto.- CONSIDERANDO (8): Que con relación a la segunda y última oposición en la cual el defensor del Estado alega la prescripción de la acción civil de pago de honorarios, se debe mencionar que la normativa aplicable es lo dispuesto en el artículo 2301 del Código Civil que manda: “La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio antes los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor”, con relación al artículo 414 del Código Procesal Civil, que, entre otros, manda: “…la falta de reclamación administrativa previa, que será subsanable mientras no haya prescrito o caducado de derecho, suspenderá el procedimiento civil, y se tramitará conforme a lo dispuesto en las leyes administrativas.” Se debe mencionar que en el caso sobre el cual se reclaman honorarios, se dictó sentencia el doce de abril de dos mil dieciséis, fecha en que la Sala Laboral-Contencioso administrativo, se emitió sentencia declarando no ha lugar por el recurso de casación interpuesto en dicho juicio, y consta en los antecedentes que el reclamo de honorarios en sede administrativa lo efectuó en fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, sobrepasando por mucho el término estableciendo el artículo 29 del Arancel del Profesional del Derecho, que manda que el reclamo de honorarios profesionales prescribe en un año contado a partir desde que se dejaron de prestarse los respectivos servicios profesionales, de conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 2296 del Código Civil, el que a su vez dispone que el reclamo para pago a abogados deberá hacerse dentro del transcurso de un año, término que se dejó pasar; siendo procedente denegar el recurso de amparo interpuesto por este alegato.- POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD de votos, haciendo aplicación de los Artículos 2, 18 de la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre; 8 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 82, 86, 90, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, 17 del Código Civil, numeral 7 del artículo 792 del Código Procesal Civil; 1707 del Código del Código de Comercio, 166 de la Ley del Sistema Financiero, FALLA: DENEGANDO el recurso de amparo interpuesto por la Abogada VANIA WALDYNA AGUILUZ SOLIZ a favor de SI MISMA, contra la resolución dictada por la Corte Primera de Apelaciones De Lo Civil Del Departamento De Francisco Morazán, en fecha diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, que declaró sin lugar un recurso de apelación interpuesto contra actuaciones dictada por el JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL DE LA SECCION JUDICIAL DE TEGUCIGALPA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, con relación al “…RECLAMO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEVENGADOS Y NO PAGADOS, POR LO QUE SON DEBIDOS Y QUE GOZAN DE DERECHO PREFERENTE. SE PRESENTA CERTIFICACION DE AGOTAMIENTO DE TRAMITE ADMINISTRATIVO…”, promovido por la Abogada VANIA WALDYNA AGUILUZ SOLIZ contra el ESTADO DE HONDURAS a través de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI) ahora denominada SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP). Y MANDA: Que con certificación del presente fallo se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. Redactó Magistrado Vallecillo Paredes.-NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. - LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL.- FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los trece días del mes de mayo del año dos mil veintiséis, certificación de Fallo de fecha dieciocho de marzo del año dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Amparo Civil, registrado en este tribunal con el número SCO-1355-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL