Sentencia AC-1177-23 — Registro 20341
Resumen
Corte de Apelaciones declaró con lugar recurso de apelación contra la sentencia apelada que declaró con lugar la demanda de tutela de la tenencia y posesión de un bien inmueble promovida por la Universidad demandante contra demandada; condenó a la demandada a restituir dicho lote de terreno porque la demandante ha estado en posesión del mismo. Dicha Corte revoó el fallo y absolvió a la demandada de toda responsabilidad civil, por considerar que: 1) la demandante carece de soporte y sustentación jurídica, el contrato de compra venta a su favor, fue declarado absolutamente nulo, con carácter de cosa juzgada y dicha parte no ejerció acción de saneamiento por evicción, por lo que el derecho de titularidad dominical y posesión real se retrotrae en favor de la recurrente en apelación; 2) Por orden del Tribunal de Sentencia competente se ejecutó el desalojó dejando a la demandada recurrente en legal posesión del terreno, cuya tenencia reclamó en forma indebida la Universidad demandante; 3) los documentos públicos judiciales y administrativos revelan el dominio y pleno carácter posesorio del lote de terreno a favor de la recurrente en apelación y reitera que a ella le corresponde legítimamente el derecho real. La Sala de lo Constitucional concluye que la Corte de Apelaciones se enfocó en el dominio y omitió la normativa jurídica que establece que, en los juicios posesorios no se toma en cuenta el dominio que por una o por otra parte se alegue. En cuanto al fallo definitivo que anuló un contrato de compra venta de un bien inmueble adquirido por la Universidad Católica, se concluye que ésta no fue parte en ese juicio porque retiraron la demanda contra ella y al no enterarse del resultado donde le anulaban su escritura, se le suprimió la vía de acción de saneamiento por evicción; se advierte que la orden de desalojo se dictó en una causa criminal por el delito de usurpación donde no aparece la Universidad Católica como parte acusada, el desalojo fue de un inmueble a inmediaciones de dicha Universidad, pero no donde ésta se encuentra, lo que fue observado por el juez de instancia y con lo que declaró con lugar la acción posesoria, pero la Corte de Apelaciones no lo apreció así, vulnerando el derecho de defensa y el debido proceso; en consecuencia, procede otorgar la acción de amparo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, pese a que la Corte de Apelaciones recurre al artículo 601.2 del Código Procesal Civil en relación con el 895 del Código Civil, en su análisis se enfoca en el dominio, omitiendo considerar que, “en los juicios posesorios no se tomará en cuenta el dominio que por una o por otra parte se alegue” conforme lo dispone el artículo 902 del Código Civil, sin perjuicio de que se puedan exhibir documentos como prueba de posesión, según dispone ese mismo artículo. La Corte de Apelaciones destaca la sentencia definitiva dictada el 22 de septiembre de 2006, en donde, sin ser parte en ese juicio la UNIVERSIDAD CATOLICA, se anuló, entre otros, el instrumento público número 46 de compraventa suscrito ante los oficios del notario JUAN VICENTE RAUDALES, en donde MARIA INES PAMANES CONOCIDA COMO MARIA INES MOURRA, vente a la UNIVERSIDAD CATOLICA un bien inmueble, justificando la Corte de apelaciones que el fallo que pronunció dicha nulidad en su parte resolutiva dejó expedito a las partes y terceros de buena fe el ejercicio de las acciones legales que franquea la ley, señalando que la UNIVERSIDAD CATOLICA no ejerció acción de saneamiento de evicción a tenor de los artículo 1631, 1632 y demás del Código Civil, avalando de este modo una flagrante violación al derecho de defensa, en tanto que si la UNIVERSIDAD CATOLICA no fue parte de ese juicio porque retiraron la demanda respecto de ella, como podía enterarse del resultado si no fue notificada precisamente por no ser parte, en donde le anulan su escritura a pesar de haber retirado la demanda contra ella, no siendo posible dar lugar a la acción de evicción, pues para que esta tenga lugar, se necesita precisamente ser parte en el proceso y que le notifiquen la demanda, ya que es dentro del plazo para contestar la demanda que el demandado, en este caso la UNIVERSIDAD CATOLICA, podía solicitar que se le notificara la demanda a su vendedor o su heredero en este caso, pues solo así el vendedor está obligado al saneamiento a favor de la UNIVERSIDAD CATOLICA, conforme los artículos 1638 y 1639 del Código Civil, de otro modo el vendedor no está obligado al saneamiento, de tal manera que, la disposición en la sentencia del juez de que quedan expeditas a las partes y terceros de buena fe el ejercicio de las acciones legales que le franquea la ley, no solo es abusiva y contraria a derecho, sino que resulta ilusoria, en tanto que a sabiendas que le tuvo por retirada la demanda y pese a ello le anuló la escritura, con su actuación eliminó deliberadamente toda posibilidad para accionar solicitando la garantía de evicción, consumándose de este modo una flagrante violación al derecho de defensa y al debido proceso, al suprimirle la vía para acceder a la acción de evicción y al anularle un instrumento público que le afecta, sin ser parte..."..."Esta Sala de lo Constitucional está consiente que no se está conociendo en amparo la sentencia que anuló el instrumento público, pero ha considerado pertinente pronunciarse sobre ello, en tanto que la sentencia que se conoce en la acción de amparo, ha basado su fallo en la sentencia que anuló el instrumento público y sus conclusiones sobre el derecho de evicción, aunado a ello, este tribunal constitucional advierte que la Corte de Apelaciones “asume, además, que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque se ilustró y fundamentó en los derechos dominicales de la señora MOURRA ARGUETA, para resolver ordenando y ejecutando el respectivo desalojo el 6 de septiembre de 2019”, sin embargo, al examinar la resolución del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, se aprecia que ha sido dictada en una causa criminal por el delito de USURPACIÓN, en cuyo preámbulo se aprecia el nombre de todos los acusados por dicho delito en donde nuevamente se advierte que no aparece como parte (acusada) la UNIVERSIDAD CATOLICA, observándose que se ordena el desalojo de un inmueble a inmediaciones de la UNIVERSIDAD CATOLICA, no donde se encuentra la UNIVERSIDAD CATOLICA, esta observación es precisamente la que el Juez de Primera instancia apreció para dar con lugar la acción posesoria, sin embargo, la Corte de Apelaciones no lo apreció así, y con su decisión violenta del derecho de defensa y el debido proceso pues el desalojo de la UNIVERSIDAD CATOLICA se produce amparado en una resolución que no comprende a la UNIVERSIDAD CATOLICA, por lo tanto, consideramos que debe otorgarse la acción de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 9 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, pese a que la Corte de Apelaciones recurre al artículo 601.2 del Código Procesal Civil en relación con el 895 del Código Civil, en su análisis se enfoca en el dominio, omitiendo considerar que, “en los juicios posesorios no se tomará en cuenta el dominio que por una o por otra parte se alegue” conforme lo dispone el artículo 902 del Código Civil, sin perjuicio de que se puedan exhibir documentos como prueba de posesión, según dispone ese mismo artículo. La Corte de Apelaciones destaca la sentencia definitiva dictada el 22 de septiembre de 2006, en donde, sin ser parte en ese juicio la UNIVERSIDAD CATOLICA, se anuló, entre otros, el instrumento público número 46 de compraventa suscrito ante los oficios del notario JUAN VICENTE RAUDALES, en donde MARIA INES PAMANES CONOCIDA COMO MARIA INES MOURRA, vente a la UNIVERSIDAD CATOLICA un bien inmueble, justificando la Corte de apelaciones que el fallo que pronunció dicha nulidad en su parte resolutiva dejó expedito a las partes y terceros de buena fe el ejercicio de las acciones legales que franquea la ley, señalando que la UNIVERSIDAD CATOLICA no ejerció acción de saneamiento de evicción a tenor de los artículo 1631, 1632 y demás del Código Civil, avalando de este modo una flagrante violación al derecho de defensa, en tanto que si la UNIVERSIDAD CATOLICA no fue parte de ese juicio porque retiraron la demanda respecto de ella, como podía enterarse del resultado si no fue notificada precisamente por no ser parte, en donde le anulan su escritura a pesar de haber retirado la demanda contra ella, no siendo posible dar lugar a la acción de evicción, pues para que esta tenga lugar, se necesita precisamente ser parte en el proceso y que le notifiquen la demanda, ya que es dentro del plazo para contestar la demanda que el demandado, en este caso la UNIVERSIDAD CATOLICA, podía solicitar que se le notificara la demanda a su vendedor o su heredero en este caso, pues solo así el vendedor está obligado al saneamiento a favor de la UNIVERSIDAD CATOLICA, conforme los artículos 1638 y 1639 del Código Civil, de otro modo el vendedor no está obligado al saneamiento, de tal manera que, la disposición en la sentencia del juez de que quedan expeditas a las partes y terceros de buena fe el ejercicio de las acciones legales que le franquea la ley, no solo es abusiva y contraria a derecho, sino que resulta ilusoria, en tanto que a sabiendas que le tuvo por retirada la demanda y pese a ello le anuló la escritura, con su actuación eliminó deliberadamente toda posibilidad para accionar solicitando la garantía de evicción, consumándose de este modo una flagrante violación al derecho de defensa y al debido proceso, al suprimirle la vía para acceder a la acción de evicción y al anularle un instrumento público que le afecta, sin ser parte..."..."Esta Sala de lo Constitucional está consiente que no se está conociendo en amparo la sentencia que anuló el instrumento público, pero ha considerado pertinente pronunciarse sobre ello, en tanto que la sentencia que se conoce en la acción de amparo, ha basado su fallo en la sentencia que anuló el instrumento público y sus conclusiones sobre el derecho de evicción, aunado a ello, este tribunal constitucional advierte que la Corte de Apelaciones “asume, además, que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque se ilustró y fundamentó en los derechos dominicales de la señora MOURRA ARGUETA, para resolver ordenando y ejecutando el respectivo desalojo el 6 de septiembre de 2019”, sin embargo, al examinar la resolución del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, se aprecia que ha sido dictada en una causa criminal por el delito de USURPACIÓN, en cuyo preámbulo se aprecia el nombre de todos los acusados por dicho delito en donde nuevamente se advierte que no aparece como parte (acusada) la UNIVERSIDAD CATOLICA, observándose que se ordena el desalojo de un inmueble a inmediaciones de la UNIVERSIDAD CATOLICA, no donde se encuentra la UNIVERSIDAD CATOLICA, esta observación es precisamente la que el Juez de Primera instancia apreció para dar con lugar la acción posesoria, sin embargo, la Corte de Apelaciones no lo apreció así, y con su decisión violenta del derecho de defensa y el debido proceso pues el desalojo de la UNIVERSIDAD CATOLICA se produce amparado en una resolución que no comprende a la UNIVERSIDAD CATOLICA, por lo tanto, consideramos que debe otorgarse la acción de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 9 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, pese a que la Corte de Apelaciones recurre al artículo 601.2 del Código Procesal Civil en relación con el 895 del Código Civil, en su análisis se enfoca en el dominio, omitiendo considerar que, “en los juicios posesorios no se tomará en cuenta el dominio que por una o por otra parte se alegue” conforme lo dispone el artículo 902 del Código Civil, sin perjuicio de que se puedan exhibir documentos como prueba de posesión, según dispone ese mismo artículo. La Corte de Apelaciones destaca la sentencia definitiva dictada el 22 de septiembre de 2006, en donde, sin ser parte en ese juicio la UNIVERSIDAD CATOLICA, se anuló, entre otros, el instrumento público número 46 de compraventa suscrito ante los oficios del notario JUAN VICENTE RAUDALES, en donde MARIA INES PAMANES CONOCIDA COMO MARIA INES MOURRA, vente a la UNIVERSIDAD CATOLICA un bien inmueble, justificando la Corte de apelaciones que el fallo que pronunció dicha nulidad en su parte resolutiva dejó expedito a las partes y terceros de buena fe el ejercicio de las acciones legales que franquea la ley, señalando que la UNIVERSIDAD CATOLICA no ejerció acción de saneamiento de evicción a tenor de los artículo 1631, 1632 y demás del Código Civil, avalando de este modo una flagrante violación al derecho de defensa, en tanto que si la UNIVERSIDAD CATOLICA no fue parte de ese juicio porque retiraron la demanda respecto de ella, como podía enterarse del resultado si no fue notificada precisamente por no ser parte, en donde le anulan su escritura a pesar de haber retirado la demanda contra ella, no siendo posible dar lugar a la acción de evicción, pues para que esta tenga lugar, se necesita precisamente ser parte en el proceso y que le notifiquen la demanda, ya que es dentro del plazo para contestar la demanda que el demandado, en este caso la UNIVERSIDAD CATOLICA, podía solicitar que se le notificara la demanda a su vendedor o su heredero en este caso, pues solo así el vendedor está obligado al saneamiento a favor de la UNIVERSIDAD CATOLICA, conforme los artículos 1638 y 1639 del Código Civil, de otro modo el vendedor no está obligado al saneamiento, de tal manera que, la disposición en la sentencia del juez de que quedan expeditas a las partes y terceros de buena fe el ejercicio de las acciones legales que le franquea la ley, no solo es abusiva y contraria a derecho, sino que resulta ilusoria, en tanto que a sabiendas que le tuvo por retirada la demanda y pese a ello le anuló la escritura, con su actuación eliminó deliberadamente toda posibilidad para accionar solicitando la garantía de evicción, consumándose de este modo una flagrante violación al derecho de defensa y al debido proceso, al suprimirle la vía para acceder a la acción de evicción y al anularle un instrumento público que le afecta, sin ser parte..."..."Esta Sala de lo Constitucional está consiente que no se está conociendo en amparo la sentencia que anuló el instrumento público, pero ha considerado pertinente pronunciarse sobre ello, en tanto que la sentencia que se conoce en la acción de amparo, ha basado su fallo en la sentencia que anuló el instrumento público y sus conclusiones sobre el derecho de evicción, aunado a ello, este tribunal constitucional advierte que la Corte de Apelaciones “asume, además, que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque se ilustró y fundamentó en los derechos dominicales de la señora MOURRA ARGUETA, para resolver ordenando y ejecutando el respectivo desalojo el 6 de septiembre de 2019”, sin embargo, al examinar la resolución del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, se aprecia que ha sido dictada en una causa criminal por el delito de USURPACIÓN, en cuyo preámbulo se aprecia el nombre de todos los acusados por dicho delito en donde nuevamente se advierte que no aparece como parte (acusada) la UNIVERSIDAD CATOLICA, observándose que se ordena el desalojo de un inmueble a inmediaciones de la UNIVERSIDAD CATOLICA, no donde se encuentra la UNIVERSIDAD CATOLICA, esta observación es precisamente la que el Juez de Primera instancia apreció para dar con lugar la acción posesoria, sin embargo, la Corte de Apelaciones no lo apreció así, y con su decisión violenta del derecho de defensa y el debido proceso pues el desalojo de la UNIVERSIDAD CATOLICA se produce amparado en una resolución que no comprende a la UNIVERSIDAD CATOLICA, por lo tanto, consideramos que debe otorgarse la acción de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, pese a que la Corte de Apelaciones recurre al artículo 601.2 del Código Procesal Civil en relación con el 895 del Código Civil, en su análisis se enfoca en el dominio, omitiendo considerar que, “en los juicios posesorios no se tomará en cuenta el dominio que por una o por otra parte se alegue” conforme lo dispone el artículo 902 del Código Civil, sin perjuicio de que se puedan exhibir documentos como prueba de posesión, según dispone ese mismo artículo. La Corte de Apelaciones destaca la sentencia definitiva dictada el 22 de septiembre de 2006, en donde, sin ser parte en ese juicio la UNIVERSIDAD CATOLICA, se anuló, entre otros, el instrumento público número 46 de compraventa suscrito ante los oficios del notario JUAN VICENTE RAUDALES, en donde MARIA INES PAMANES CONOCIDA COMO MARIA INES MOURRA, vente a la UNIVERSIDAD CATOLICA un bien inmueble, justificando la Corte de apelaciones que el fallo que pronunció dicha nulidad en su parte resolutiva dejó expedito a las partes y terceros de buena fe el ejercicio de las acciones legales que franquea la ley, señalando que la UNIVERSIDAD CATOLICA no ejerció acción de saneamiento de evicción a tenor de los artículo 1631, 1632 y demás del Código Civil, avalando de este modo una flagrante violación al derecho de defensa, en tanto que si la UNIVERSIDAD CATOLICA no fue parte de ese juicio porque retiraron la demanda respecto de ella, como podía enterarse del resultado si no fue notificada precisamente por no ser parte, en donde le anulan su escritura a pesar de haber retirado la demanda contra ella, no siendo posible dar lugar a la acción de evicción, pues para que esta tenga lugar, se necesita precisamente ser parte en el proceso y que le notifiquen la demanda, ya que es dentro del plazo para contestar la demanda que el demandado, en este caso la UNIVERSIDAD CATOLICA, podía solicitar que se le notificara la demanda a su vendedor o su heredero en este caso, pues solo así el vendedor está obligado al saneamiento a favor de la UNIVERSIDAD CATOLICA, conforme los artículos 1638 y 1639 del Código Civil, de otro modo el vendedor no está obligado al saneamiento, de tal manera que, la disposición en la sentencia del juez de que quedan expeditas a las partes y terceros de buena fe el ejercicio de las acciones legales que le franquea la ley, no solo es abusiva y contraria a derecho, sino que resulta ilusoria, en tanto que a sabiendas que le tuvo por retirada la demanda y pese a ello le anuló la escritura, con su actuación eliminó deliberadamente toda posibilidad para accionar solicitando la garantía de evicción, consumándose de este modo una flagrante violación al derecho de defensa y al debido proceso, al suprimirle la vía para acceder a la acción de evicción y al anularle un instrumento público que le afecta, sin ser parte..."..."Esta Sala de lo Constitucional está consiente que no se está conociendo en amparo la sentencia que anuló el instrumento público, pero ha considerado pertinente pronunciarse sobre ello, en tanto que la sentencia que se conoce en la acción de amparo, ha basado su fallo en la sentencia que anuló el instrumento público y sus conclusiones sobre el derecho de evicción, aunado a ello, este tribunal constitucional advierte que la Corte de Apelaciones “asume, además, que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque se ilustró y fundamentó en los derechos dominicales de la señora MOURRA ARGUETA, para resolver ordenando y ejecutando el respectivo desalojo el 6 de septiembre de 2019”, sin embargo, al examinar la resolución del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, se aprecia que ha sido dictada en una causa criminal por el delito de USURPACIÓN, en cuyo preámbulo se aprecia el nombre de todos los acusados por dicho delito en donde nuevamente se advierte que no aparece como parte (acusada) la UNIVERSIDAD CATOLICA, observándose que se ordena el desalojo de un inmueble a inmediaciones de la UNIVERSIDAD CATOLICA, no donde se encuentra la UNIVERSIDAD CATOLICA, esta observación es precisamente la que el Juez de Primera instancia apreció para dar con lugar la acción posesoria, sin embargo, la Corte de Apelaciones no lo apreció así, y con su decisión violenta del derecho de defensa y el debido proceso pues el desalojo de la UNIVERSIDAD CATOLICA se produce amparado en una resolución que no comprende a la UNIVERSIDAD CATOLICA, por lo tanto, consideramos que debe otorgarse la acción de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Jerarquía: Reiterativa
…"Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, pese a que la Corte de Apelaciones recurre al artículo 601.2 del Código Procesal Civil en relación con el 895 del Código Civil, en su análisis se enfoca en el dominio, omitiendo considerar que, “en los juicios posesorios no se tomará en cuenta el dominio que por una o por otra parte se alegue” conforme lo dispone el artículo 902 del Código Civil, sin perjuicio de que se puedan exhibir documentos como prueba de posesión, según dispone ese mismo artículo. La Corte de Apelaciones destaca la sentencia definitiva dictada el 22 de septiembre de 2006, en donde, sin ser parte en ese juicio la UNIVERSIDAD CATOLICA, se anuló, entre otros, el instrumento público número 46 de compraventa suscrito ante los oficios del notario JUAN VICENTE RAUDALES, en donde MARIA INES PAMANES CONOCIDA COMO MARIA INES MOURRA, vente a la UNIVERSIDAD CATOLICA un bien inmueble, justificando la Corte de apelaciones que el fallo que pronunció dicha nulidad en su parte resolutiva dejó expedito a las partes y terceros de buena fe el ejercicio de las acciones legales que franquea la ley, señalando que la UNIVERSIDAD CATOLICA no ejerció acción de saneamiento de evicción a tenor de los artículo 1631, 1632 y demás del Código Civil, avalando de este modo una flagrante violación al derecho de defensa, en tanto que si la UNIVERSIDAD CATOLICA no fue parte de ese juicio porque retiraron la demanda respecto de ella, como podía enterarse del resultado si no fue notificada precisamente por no ser parte, en donde le anulan su escritura a pesar de haber retirado la demanda contra ella, no siendo posible dar lugar a la acción de evicción, pues para que esta tenga lugar, se necesita precisamente ser parte en el proceso y que le notifiquen la demanda, ya que es dentro del plazo para contestar la demanda que el demandado, en este caso la UNIVERSIDAD CATOLICA, podía solicitar que se le notificara la demanda a su vendedor o su heredero en este caso, pues solo así el vendedor está obligado al saneamiento a favor de la UNIVERSIDAD CATOLICA, conforme los artículos 1638 y 1639 del Código Civil, de otro modo el vendedor no está obligado al saneamiento, de tal manera que, la disposición en la sentencia del juez de que quedan expeditas a las partes y terceros de buena fe el ejercicio de las acciones legales que le franquea la ley, no solo es abusiva y contraria a derecho, sino que resulta ilusoria, en tanto que a sabiendas que le tuvo por retirada la demanda y pese a ello le anuló la escritura, con su actuación eliminó deliberadamente toda posibilidad para accionar solicitando la garantía de evicción, consumándose de este modo una flagrante violación al derecho de defensa y al debido proceso, al suprimirle la vía para acceder a la acción de evicción y al anularle un instrumento público que le afecta, sin ser parte..."..."Esta Sala de lo Constitucional está consiente que no se está conociendo en amparo la sentencia que anuló el instrumento público, pero ha considerado pertinente pronunciarse sobre ello, en tanto que la sentencia que se conoce en la acción de amparo, ha basado su fallo en la sentencia que anuló el instrumento público y sus conclusiones sobre el derecho de evicción, aunado a ello, este tribunal constitucional advierte que la Corte de Apelaciones “asume, además, que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque se ilustró y fundamentó en los derechos dominicales de la señora MOURRA ARGUETA, para resolver ordenando y ejecutando el respectivo desalojo el 6 de septiembre de 2019”, sin embargo, al examinar la resolución del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, se aprecia que ha sido dictada en una causa criminal por el delito de USURPACIÓN, en cuyo preámbulo se aprecia el nombre de todos los acusados por dicho delito en donde nuevamente se advierte que no aparece como parte (acusada) la UNIVERSIDAD CATOLICA, observándose que se ordena el desalojo de un inmueble a inmediaciones de la UNIVERSIDAD CATOLICA, no donde se encuentra la UNIVERSIDAD CATOLICA, esta observación es precisamente la que el Juez de Primera instancia apreció para dar con lugar la acción posesoria, sin embargo, la Corte de Apelaciones no lo apreció así, y con su decisión violenta del derecho de defensa y el debido proceso pues el desalojo de la UNIVERSIDAD CATOLICA se produce amparado en una resolución que no comprende a la UNIVERSIDAD CATOLICA, por lo tanto, consideramos que debe otorgarse la acción de amparo..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 59 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 82 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 90 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 10 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 41 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 54 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 63 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. - Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinte de febrero del año dos mil veintiséis.VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado Ricardo Alfonso Restrepo Naranjo, a favor de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veinte de junio de dos mil veintitrés, que declaró con lugar el recurso de apelación impetrado contra la resolución de fecha uno de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, con relación a la demanda de tutela de tenencia y posesión promovida por la Universidad Católica de Honduras “Nuestras Señora Reina de La Paz”, contra la señora Norma Katherine Mourra Argueta. Estimando el recurrente que con el acto reclamado se han violado en perjuicio de su representada, los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.ANTECEDENTES1) En fecha trece de febrero de dos mil veinte, compareció ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, la Abogada Aracely Zuniga Andino, actuando en su condición de Apoderada Legal de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH), interponiendo: “…DEMANDA DE TUTELA DE LA TENENCIA Y POSESIÓN DE UN LOTE DE TERRENO POR LA VÍA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO DISPOSITIVO…”, contra la señora Norma Katherine Mourra Argueta. (Folios 1-4 del expediente del A-quo) 2) El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, en fecha uno de marzo de dos mil veintidós, dictó resolución mediante la cual dispuso: “…PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR la DEMANDA DE TUTELA DE LA TENENCIA Y POSESIÓN DE UN LOTE DE TERRENO POR LA VÍA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO DISPOSITIVO.-Promovida por la Abogada y Notario ARACELY ZUNIGA ANDINO, actuando en su condición de Apoderada Legal de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”, contra la señora NORMA KATHERINE MOURRA ARGUETA, todos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia.-SEGUNDO: Se condena a la señora NORMA KATHERINE MOURRA ARGUETA que restituya la posesión del bien inmueble que ha estado en posesión de la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”. TERCERO: Se condena en COSTAS a la parte demandada. -CUARTO: Contra esta sentencia procede el recurso de apelación, el cual deberá interponerse ante este Juzgado dentro del plazo de diez (10) días hábiles, contados desde el día siguiente a la notificación de esta sentencia, la cual quedará firme habiendo transcurrido el plazo legalmente fijado sin que ninguna de las partes haya presentado el recurso. Y MANDA: …” (Folios 219-223 del expediente del A-quo)3) Conociendo del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Marlon Wolney Bennett Diaz, actuando en su condición de Representante Procesal de la joven Norma Katherine Mourra Argueta, la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veinte de junio de dos mil veintitrés, por unanimidad de votos dictó sentencia mediante la cual falló: “…PRIMERO: DECLARAMOS CON LUGAR la apelación interpuesta por el abogado MARLON WOLNEY BENNETT DIAZ, en su condición de representante procesal de la señorita NORMA KATHERINE MOURRA ARGUETA, contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque, departamento de Comayagua de fecha uno de marzo de dos mil veintidós, mediante la cual resuelve: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR la DEMANDA DE TUTELA DE LA TENENCIA Y POSESIÓN DE UN LOTE DE TERRENO POR LA VÍA DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO DISPOSITIVO, promovida por la Abogada ARACELY ZUNIGA ANDINO, actuando en su condición de apoderada legal de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRAS SEÑORA REINA DE LA PAZ”, contra la señora NORMA KATHERINE MOURRA ARGUETA, todos de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia. SEGUNDO: se condena a la señora NORMA KATHERINE MURRA ARGUETA, que restituya la posesión del bien inmueble que ha estado en posesión de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRAS SEÑORA REINA DE LA PAZ”. TERCERO: Se condena en COSTAS a la parte demandada. SEGUNDO: REVOCAMOS LA SENTENCIA DEFINITIVA recurrida descrita y relacionada en el acápite primero de esta parte resolutiva. TERCERO: DECLARAMOS SIN LUGAR LA DEMANDA DE TUTELA DE LA TENENCIA Y POSESIÓN DE UN LOTE DE TERRENO POR VÍA DE PROCESO ABREVIADO DISPOSITIVO, accionada por la abogada ARACELY ZUNIGA ANDINO, en su condición de apoderada legal de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS “NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ”, contra la señorita NORMA KATHERINE MOURRA ARGUETA. CUARTO: ABSOLVEMOS DE TODA RESPONSABILIDAD CIVIL a la demandada recurrente NORMA KATHERINE MOURRA ARGUETA. QUINTO: CON ESPECIAL CONDENA EN COSTAS. -Y MANDA: …” (Folios 12-15 expediente del Ad-quem)4) En fecha cinco de septiembre de dos mil veintitrés, Compareció ante esta Sala, el Abogado Ricardo Alfonso Restrepo Naranjo, interponiendo recurso de amparo a favor de la Universidad Católica de Honduras “Nuestras Señora Reina de La Paz”, contra la sentencia referida en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, es violatoria de los derechos consagrados en los artículos 82 y 90 párrafo primero de la Constitución de la República.5) En fecha veintiuno de enero de dos mil veinticinco, esta Sala tuvo por presentado el escrito de formalización presentado por el Abogado Ricardo Alfonso Restrepo Naranjo, téngase por formalizado en tiempo y forma en el recurso de mérito, ordenándose dar la vista de los antecedentes al Fiscal por el término de cuarenta y ocho horas para que emita el dictamen correspondiente. (Folio 42 del recurso de mérito) 6) En fecha treinta y uno de marzo de dos mil veinticinco, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Ministerio Público, Abogada Sagrario Rosibel Gutiérrez, desprendiéndose del análisis jurídico lo siguiente: “…De lo expuesto por el Amparista, esta Representación Fiscal observa que su reproche constitucional recae en que el Tribunal de Alzada, en la tutela posesoria reclamada, fundamentó su resolución en el derecho dominical de la parte demandada para revocar la sentencia recurrida, aun cuando en los juicios posesorios lo que se discute es la posesión, sin tomar en cuenta el derecho de propiedad alegada. Que a efecto de escudriñar su pretensión, es necesario remitirnos al legajo probatorio evacuado durante el juicio a fin de establecer la pretensión posesoria reclamada, respecto a la cual los antecedentes informan que la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS "NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ", es únicamente legitima propietaria del inmueble inscrito bajo el número 47 tomo 305 del Registro de la Propiedad de Siguatepeque, según Instrumento Público No. 177 del 11 de mayo del año 2000, contentivo del contrato de compra-venta suscrita con el señor SALVADOR MOURRA MOURRA, sobre un lote de terreno que formó parte de uno de mayor cabida, equivalente a CINCO MANZANAS, en cual se construyó el Campus Universitario de la UNIVERSIDAD CATÓLICA "JESUS SACRAMENTADO" (Folios 11 al 20 de la primera pieza). Sin embargo, la parte actora, en el hecho segundo de su planteamiento de demanda, reclama la posesión derivada mediante contrato de compra venta verificado a la señora MARIA INES PAMANES, conocida también como MARIA INES MOURRA, a favor de la citada UNIVERSIDAD CATÓLICA, relativo a una fracción de terreno consistente en VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PUNTO VEINTIUN METROS CUADRADOS (25,940.21 Mts2), equivalente a TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO VARAS, CUADRADAS (37,205.00 Vrs2), según Instrumento Público No. 46 de fecha 24 de febrero de 2004, inscrito con el número 68 de tomo 432 del Instituto de la Propiedad de Siguatepeque (Folio 24-29); en relación a lo cual se advierte que la reclamante carece de sustento probatorio ya que dicha escritura fue declarada nula, mediante sentencia definitiva de fecha 22 de septiembre del 2006, en cuya parte resolutiva FALLA: Declarar CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA DE NULIDAD ABSOLUTA DE TRES INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE COMPRA VENTA DE LOS CONTRATOS QUE LOS CONTINEN Y LA EXTINCIÓN TOTAL POR CANCELACION DE SUS RESPECTIVAS INSCRIPCIONES..., sin perjuicio de dejar a las partes y terceros de buena fe el ejercicio de las acciones legales que le franquea la ley (Folios 105-111), sin que conste en autos que dicha oportunidad procesal haya sido utilizada por la UNIVERSIDAD CATÓLICA. Siguiendo este orden de ideas, una vez adquirida la firmeza de dicho fallo, quedó persistente la titularidad dominical que ostenta la señora NORMA KATHERINA MOURRA ARGUETA, derivada de la declaratoria de herencia testamentaria que le dejara su difunto padre SALVADOR MOURRA, correspondiente al 55% de la masa hereditaria; cuya cesación de comunidad fue declarada con lugar mediante sentencia definitiva dictada el nueve (9) de enero del año 2009, en consecuencia, se procedió a la división material de los inmuebles por parte del perito nominado que emitió su respectivo dictamen pericial, en el cual se realizó la distribución de los lotes de terreno a favor de los cuatro (4) herederos según porcentaje, y cuyo mandamiento de judicial de inscripción por parte del Juzgado de Letras Seccional de Siguatepeque departamento de Comayagua, al Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil de Siguatepeque, fue librado el 13 de abril del 2016 (Folio 112 al 119); entre los cuales se singularizó a favor de señora NORMA KATHERINA MOURRA ARGUETA, el LOTE A-I, con un área 20.12 Mnz, inscrito bajo Matricula 1714655, que colindando con la Universidad Católica. claramente ilustrados en plano visible a folio 121 del primera pieza. Merced la mandamiento emitido por el juzgado de primera instancia, sobre el inmueble conocido como JERICÓ, en el barrio San Francisco de la ciudad de Siguatepeque; que, vale resaltar, la Municipalidad de Siguatepeque extendió Certificación de Dominio pleno a favor de la demandada, en de fecha 12 de octubre de 2020 (Folios 125 al 148), mismos que fueron puestos a disposición de la parte demandada, en cumplimiento del auto motivado emitido por el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, departamento de Comayagua, en fecha veinticinco (25) de junio del año 2018, en el cual se ordena el desalojo del 55% de dicho predios (F.54 y 55). Que del estudio del acto reclamado y de los antecedentes que motivaron su emisión, puede apreciarse que el Ad-quem relaciona que valoró los medios de prueba que fue omitida por el A-quo, concluyendo que es procedente otorgar el reconocimiento posesorio y dominical a favor de la señora NORMA KATHERINE MOURRA ARGUETA. Razonamiento que comparte la suscrita, en tanto la Alzada, en apego a las facultades legales otorgadas por la Ley y en protección a los derechos constitucionales que les asiste a las partes, ha garantizado el derecho constitucional de propiedad que ostenta la señora NORMA KATHERINA MOURRA ARGUETA, según la documentación revisada para tal efecto, y que asegura a que toda persona el derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes. En virtud de lo anterior, y de acuerdo con las motivaciones que preceden, se estima que el fallo impugnado ha sido dictado en observancia de los derechos y garantías establecidos en la Ley, toda vez que la esencia de la protección posesoria y de su carácter provisional ampara al poseedor contra toda actuación arbitraria e ilícita de un tercero, contrario a lo acontecido en el caso de autos, en tanto que la orden de desalojo fue en cumplimiento de una orden judicial; de aquí que se estime que la sentencia impugnada reúne los requisitos legales correspondientes, y consecuencia de ello, no concurre el quebranto de los derechos constitucionales alegadas por el Lamparista. IV. OPINIÓN: Hecho el estudio minucioso de las piezas que conforman el caso que es objeto de la presente Acción de Amparo, el Ministerio Público opina que SE DENIEGUE la misma en virtud de no vislumbrase violación a los preceptos señalados por el Amparista…” (Folios 45-55 del recurso de mérito)CONSIDERANDO (1): Conforme lo disponen los artículos el artículo 313 numeral 5, 316 de la Constitución de la República, en relación con los artículos 3, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley Sobre Justicia Constitucional, es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo.CONSIDERANDO (2): La acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tiene derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al artículo 183 constitucional concordado con el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en caso concreto que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución.CONSIDERANDO (3) La resolución de la Corte de Apelaciones de fecha veinte de junio de dos mil veintitrés, se fundamente principalmente en lo siguiente: 1) Considera el tribunal de apelaciones que la Universidad Católica carece de soporte y sustentación jurídica y es a todas luces inexistente pues ese contrato de venta verificado por la señora MARÍA INES PAMANES conocida por la señora MARIA INES MOURRA a favor de la parte actora (UNIVERSIDAD CATOLICA) relativa a una fracción de terreno de VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA PUNTO VEINTIUN METROS CUADRADOS (25,940.21 M2), equivalente a TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO VARAS CUADRADAS (37,205.00 V2), inscrita con el número 68 tomo 432 del Instituto de la Propiedad de Siguatepeque, autorizada por el notario JUAN VICENTE RAUDALES en instrumento público 46 de fecha 24 de febrero de 2004, fue declarado absolutamente nulo, pasado en autoridad de cosa juzgada, mediante sentencia definitiva dictada por el a-quo el 22 de septiembre de 2006, no obstante, en el fallo firme y definitivo y con acertado criterio el a-quo en su parte resolutiva dejó expedito a las partes y terceros de buena fe el ejercicio de las acciones legales que le franqueaba la ley. Al respecto, resulta más que evidente que la UNIVERSIDAD CATOLICA se aquietó y no ejerció acción alguna en base a la institución jurídica del saneamiento por evicción a tenor de los artículos 1631, 1632 y demás del Código Civil, Nulidad absoluta que, según la corte de apelaciones, retrotrae fáctica y jurídicamente de pleno derecho la titularidad dominical y posesión real en favor de la recurrente en apelación NORMA KATHERINE MOURRA ARGUETA. 2)La Corte de Apelaciones analizó la documentación allegada al proceso, concluyendo que la posesión de hecho y de derecho a favor de la señora NORMA KATHERINE MOURRA ARGUETA es en base a esos documentos públicos que contienen decisiones judiciales firmes y de carácter también administrativo, se afirma que la señora MOURRA ARGUETA, además de ser legítima propietaria también posee el inmueble cuya restitución y tenencia pretende la UNIVERSIDAD CATOLICA y la Corte de apelaciones, asume además que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque se ilustró y fundamentó en los derechos dominicales de la señorita MOURRA ARGUETA para resolver ordenando y ejecutando el respectivo desalojo el 6 de septiembre de 2019, dejando por orden de autoridad a la demandada recurrente en legal posesión del terreno cuya tenencia reclama en forma indebida la UNIVERSIDAD CATOLICA. 3) La Corte de Apelaciones afirma que los documentos públicos de carácter judicial y administrativos que obran en los autos revelan el dominio y pleno carácter posesorio del lote de terreno objeto del interdicto a favor de la recurrente en apelación y reitera que ese derecho real legítimamente le corresponde a la señorita MOURRA ARGUETA.CONSIDERANDO (4) El recurrente al formalizar la acción constitucional de amparo, manifestó básicamente lo siguiente: DERECHOS CONSTITUCIONALES QUE SE CONSIDERAN VIOLADOS: Las Garantías Constitucionales que en el presente caso se estiman violadas, son los Articulo 82, 90 párrafo primero de la Constitución de la República, que establecen: "Articulo 82. El derecho de defensa es inviolable. Los habitantes de la República tienen libre acceso a los tribunales para ejercitar sus acciones en la forma que señalan las leyes." "Articulo 90: Nadie puede ser juzgado sino por un Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece." En el presente caso es indudable que la sentencia recurrida no ha sido dictada con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece, habida cuenta que, como ya lo he expresado, en un juicio posesorio lo que se discute es la posesión de un bien y no su propiedad tal como lo manda el artículo 902 párrafo primero del Código Civil, el que reza así; "En los juicios posesorios, no se tomará en cuenta el dominio que por una o por otra parte se alegue." Al revocarse la sentencia con las interpretaciones que hace el Ad-quem de lo que es un derecho posesorio vulnera el derecho de la UNIVERSIDAD CATOLICA DE HONDURAS "NUESTRA SEÑORA REINA DE LA PAZ" y permite con ello que se le despoje de un derecho en franca infracción del artículo 90 constitucional que establece que "Nadie puede ser juzgado sino por Juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece". Si la señora NORMA KATHERINA MOURRA ARGUETA tuviera la certeza de su derecho de propiedad no habría recurrido a medios nada ortodoxos para hacerlo valer, sino que habría tenido que recurrir a la justicia ordinaria para obtener una resolución judicial y luego proceder a ejecutarla conforme lo dispuesto en el Código Procesal Civil.CONSIDERANDO (5): El Debido Proceso adjetivo o formal se entiende como un conjunto de condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. Así, si bien es cierto que los fallos han de respetar los principios del debido proceso formal y sustancial, también existiría una forma por la cual este fallo llegue a concretarse, y tutelar efectivamente la pretensión o derecho amparado. Este es el momento en el cual hace su aparición la tutela jurisdiccional efectiva, dado que un fallo justo y acorde con el procedimiento debido, no puede quedarse como certeza jurídica ideal, sino que ha de satisfacer materialmente el derecho reconocido. El Estado tiene la obligación de reconocer un conjunto de garantías institucionales que permitan el ejercicio del debido proceso en toda persona. Todos los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales para obtener protección de sus intereses o derechos, a través de un proceso que respete tanto los derechos del demandante como los del demandado y que además el resultado de éste se encuentre asegurado, garantizando la tutela judicial contenida en el derecho interno y en los tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado para proteger los derechos y libertades del ciudadano contra actos u omisiones de las autoridades públicas, ejecutivas, judiciales o legislativas.CONSIDERANDO (6): Esta sala de lo Constitucional al examinar los autos, ha constado que, pese a que la Corte de Apelaciones recurre al artículo 601.2 del Código Procesal Civil en relación con el 895 del Código Civil, en su análisis se enfoca en el dominio, omitiendo considerar que, “en los juicios posesorios no se tomará en cuenta el dominio que por una o por otra parte se alegue” conforme lo dispone el artículo 902 del Código Civil, sin perjuicio de que se puedan exhibir documentos como prueba de posesión, según dispone ese mismo artículo. La Corte de Apelaciones destaca la sentencia definitiva dictada el 22 de septiembre de 2006, en donde, sin ser parte en ese juicio la UNIVERSIDAD CATOLICA, se anuló, entre otros, el instrumento público número 46 de compraventa suscrito ante los oficios del notario JUAN VICENTE RAUDALES, en donde MARIA INES PAMANES CONOCIDA COMO MARIA INES MOURRA, vente a la UNIVERSIDAD CATOLICA un bien inmueble, justificando la Corte de apelaciones que el fallo que pronunció dicha nulidad en su parte resolutiva dejó expedito a las partes y terceros de buena fe el ejercicio de las acciones legales que franquea la ley, señalando que la UNIVERSIDAD CATOLICA no ejerció acción de saneamiento de evicción a tenor de los artículo 1631, 1632 y demás del Código Civil, avalando de este modo una flagrante violación al derecho de defensa, en tanto que si la UNIVERSIDAD CATOLICA no fue parte de ese juicio porque retiraron la demanda respecto de ella, como podía enterarse del resultado si no fue notificada precisamente por no ser parte, en donde le anulan su escritura a pesar de haber retirado la demanda contra ella, no siendo posible dar lugar a la acción de evicción, pues para que esta tenga lugar, se necesita precisamente ser parte en el proceso y que le notifiquen la demanda, ya que es dentro del plazo para contestar la demanda que el demandado, en este caso la UNIVERSIDAD CATOLICA, podía solicitar que se le notificara la demanda a su vendedor o su heredero en este caso, pues solo así el vendedor está obligado al saneamiento a favor de la UNIVERSIDAD CATOLICA, conforme los artículos 1638 y 1639 del Código Civil, de otro modo el vendedor no está obligado al saneamiento, de tal manera que, la disposición en la sentencia del juez de que quedan expeditas a las partes y terceros de buena fe el ejercicio de las acciones legales que le franquea la ley, no solo es abusiva y contraria a derecho, sino que resulta ilusoria, en tanto que a sabiendas que le tuvo por retirada la demanda y pese a ello le anuló la escritura, con su actuación eliminó deliberadamente toda posibilidad para accionar solicitando la garantía de evicción, consumándose de este modo una flagrante violación al derecho de defensa y al debido proceso, al suprimirle la vía para acceder a la acción de evicción y al anularle un instrumento público que le afecta, sin ser parte. CONSIDERANDO (7): Esta Sala de lo Constitucional está consiente que no se está conociendo en amparo la sentencia que anuló el instrumento público, pero ha considerado pertinente pronunciarse sobre ello, en tanto que la sentencia que se conoce en la acción de amparo, ha basado su fallo en la sentencia que anuló el instrumento público y sus conclusiones sobre el derecho de evicción, aunado a ello, este tribunal constitucional advierte que la Corte de Apelaciones “asume, además, que el Tribunal de Sentencia de Siguatepeque se ilustró y fundamentó en los derechos dominicales de la señora MOURRA ARGUETA, para resolver ordenando y ejecutando el respectivo desalojo el 6 de septiembre de 2019”, sin embargo, al examinar la resolución del Tribunal de Sentencia de Siguatepeque, se aprecia que ha sido dictada en una causa criminal por el delito de USURPACIÓN, en cuyo preámbulo se aprecia el nombre de todos los acusados por dicho delito en donde nuevamente se advierte que no aparece como parte (acusada) la UNIVERSIDAD CATOLICA, observándose que se ordena el desalojo de un inmueble a inmediaciones de la UNIVERSIDAD CATOLICA, no donde se encuentra la UNIVERSIDAD CATOLICA, esta observación es precisamente la que el Juez de Primera instancia apreció para dar con lugar la acción posesoria, sin embargo, la Corte de Apelaciones no lo apreció así, y con su decisión violenta del derecho de defensa y el debido proceso pues el desalojo de la UNIVERSIDAD CATOLICA se produce amparado en una resolución que no comprende a la UNIVERSIDAD CATOLICA, por lo tanto, consideramos que debe otorgarse la acción de amparo. CONSIDERANDO (8): El Derecho de defensa concebido en nuestra Constitución, importa el conjunto de oportunidades de que disponen las partes en general para hacer valer sus derechos ante el órgano jurisdiccional mediante los medios previstos en la Ley Procesal, e incluso en la Constitución misma, los que están dispuestos a favor de las partes en igualdad de condiciones, sin embargo, cuando el órgano jurisdiccional restringe esos medios, se consuma la violación al derecho de defensa.-POR TANTO: La Sala Constitucional, en nombre de la Corte Suprema de Justicia, e impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos, en aplicación de los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; 8, y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 18 de La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 15, 59, 82 ,90 párrafo primero, 183, 303, 313 No.5, 316 y 321 de la Constitución de la República; 1, 11, 78 No. 5, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 1, 3 numeral 2, 5, 7, 8, 9 No. 2, 41, 54, 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: PRIMERO: OTORGANDO la Acción de Amparo interpuesta por Abogado Ricardo Alfonso Restrepo Naranjo, a favor de la Universidad Católica de Honduras (UNICAH), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, en fecha veinte de junio de dos mil veintitrés, que declaró con lugar el recurso de apelación impetrado contra la resolución de fecha uno de marzo de dos mil veintidós, dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Siguatepeque, departamento de Comayagua, con relación a la demanda de tutela de tenencia y posesión promovida por la Universidad Católica de Honduras “Nuestras Señora Reina de La Paz”, contra la señora Norma Katherine Mourra Argueta. SEGUNDO: La resolución objeto de la acción de amparo, no obliga al peticionario ni le es aplicable por contravenir el derecho al debido proceso y derecho de defensa. TERCERO: La Corte de Apelaciones Civil de la Sección Judicial de Comayagua, departamento de Comayagua, debe dejar sin valor ni efecto la resolución del recurso de apelación pronunciada en fecha veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023), pronunciando la que en derecho corresponde. CUARTO: Que se continué el proceso acorde a lo establecido en el cuerpo de esta sentencia a fin de garantizar a las partes el debido proceso y una tutela judicial efectiva. Y MANDA: Con la certificación de este fallo remita los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales pertinentes. -NOTIFIQUESE. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. NELSON DANILO MAIRENA FRANCO. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitrés días del mes de abril de dos mil veintiséis, certificación del Fallo de fecha veinte de febrero de dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Amparo Civil Registrado en este Tribunal con el número SCO-1177-2023.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL