Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia AC-0430-23 — Registro 20447

Resumen

Corte de Apelaciones declaró de oficio nulidad de la sentencia definitiva que desestimó el motivo de oposición a la ejecución de título extrajudicial por no concurrir la pluspetición, alegado por el ejecutado; Ordenó seguir adelante con actuaciones de apremio sobre bienes del deudor hasta obtener la cantidad reclamada; condenando en costas por haberse desestimado totalmente la oposición; en relación a la demanda de ejecución forzosa de título extrajudicial, que tiene como sustento la Resolución número 273/2016-SG-T.S.C.(Tribunal Superior de Cuentas) que determina la responsabilidad civil al ejecutado; acción promovida por la Procuraduría General de la República contra éste. Dicha Corte consideró que el título extrajudicial se deriva de una obligación solidaria del ejecutado (ex tesorero de una Alcaldía Municipal) con el ex alcalde y el reparo de éste se encuentra todavía en trámite de recursos administrativos; por lo que en aras de tutelar las garantías constitucionales procede de oficio la nulidad de la sentencia impugnada.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

…"De la foliada de la Resolución Número 273/2016-SG-TSC de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, de la cual deriva la demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, se deduce de la parte dispositiva, que el Pliego de Responsabilidad Civil formulada por la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.488,960.79), corresponde exclusivamente al ciudadano MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, pues la responsabilidad solidaria a que aduce el Ad-quem establecida en el considerando tres de la referida Resolución, determina que se analizará su caso en particular,..."..."Entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso, al tenor de lo establecido por el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial o administrativa resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva invocados como vulnerados por el garantista, ello es así porque la Resolución Número 273/2016-SG-TSC de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, de la cual deriva la demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS en contra del ciudadano MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, establece en el apartado de su resolutivo lo atinente a la responsabilidad solidaria a la que hace mención el Tribunal Ad-quem, por ende y como bien lo indica la Fiscal del Despacho en el Dictamen emitido sobre el caso en estudio, la presente Demanda de Ejecución no está supeditada o condicionada a los resultados de los recursos administrativos instados por el señor Rodolfo Santos Mendoza, en virtud que el Tribunal Superior de Cuentas, emitirá resolución en relación a él, en el expediente respectivo, ello en consonancia con el principio que concurre en los efectos de la solidaridad pasiva a saber: unidad de objeto y pluralidad de vínculos como líneas ut supra se refirió; constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"De la foliada de la Resolución Número 273/2016-SG-TSC de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, de la cual deriva la demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, se deduce de la parte dispositiva, que el Pliego de Responsabilidad Civil formulada por la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.488,960.79), corresponde exclusivamente al ciudadano MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, pues la responsabilidad solidaria a que aduce el Ad-quem establecida en el considerando tres de la referida Resolución, determina que se analizará su caso en particular,..."..."Entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso, al tenor de lo establecido por el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial o administrativa resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva invocados como vulnerados por el garantista, ello es así porque la Resolución Número 273/2016-SG-TSC de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, de la cual deriva la demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS en contra del ciudadano MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, establece en el apartado de su resolutivo lo atinente a la responsabilidad solidaria a la que hace mención el Tribunal Ad-quem, por ende y como bien lo indica la Fiscal del Despacho en el Dictamen emitido sobre el caso en estudio, la presente Demanda de Ejecución no está supeditada o condicionada a los resultados de los recursos administrativos instados por el señor Rodolfo Santos Mendoza, en virtud que el Tribunal Superior de Cuentas, emitirá resolución en relación a él, en el expediente respectivo, ello en consonancia con el principio que concurre en los efectos de la solidaridad pasiva a saber: unidad de objeto y pluralidad de vínculos como líneas ut supra se refirió; constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"De la foliada de la Resolución Número 273/2016-SG-TSC de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, de la cual deriva la demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, se deduce de la parte dispositiva, que el Pliego de Responsabilidad Civil formulada por la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.488,960.79), corresponde exclusivamente al ciudadano MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, pues la responsabilidad solidaria a que aduce el Ad-quem establecida en el considerando tres de la referida Resolución, determina que se analizará su caso en particular,..."..."Entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso, al tenor de lo establecido por el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial o administrativa resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva invocados como vulnerados por el garantista, ello es así porque la Resolución Número 273/2016-SG-TSC de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, de la cual deriva la demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS en contra del ciudadano MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, establece en el apartado de su resolutivo lo atinente a la responsabilidad solidaria a la que hace mención el Tribunal Ad-quem, por ende y como bien lo indica la Fiscal del Despacho en el Dictamen emitido sobre el caso en estudio, la presente Demanda de Ejecución no está supeditada o condicionada a los resultados de los recursos administrativos instados por el señor Rodolfo Santos Mendoza, en virtud que el Tribunal Superior de Cuentas, emitirá resolución en relación a él, en el expediente respectivo, ello en consonancia con el principio que concurre en los efectos de la solidaridad pasiva a saber: unidad de objeto y pluralidad de vínculos como líneas ut supra se refirió; constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"De la foliada de la Resolución Número 273/2016-SG-TSC de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, de la cual deriva la demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, se deduce de la parte dispositiva, que el Pliego de Responsabilidad Civil formulada por la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.488,960.79), corresponde exclusivamente al ciudadano MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, pues la responsabilidad solidaria a que aduce el Ad-quem establecida en el considerando tres de la referida Resolución, determina que se analizará su caso en particular,..."..."Entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso, al tenor de lo establecido por el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial o administrativa resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva invocados como vulnerados por el garantista, ello es así porque la Resolución Número 273/2016-SG-TSC de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, de la cual deriva la demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS en contra del ciudadano MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, establece en el apartado de su resolutivo lo atinente a la responsabilidad solidaria a la que hace mención el Tribunal Ad-quem, por ende y como bien lo indica la Fiscal del Despacho en el Dictamen emitido sobre el caso en estudio, la presente Demanda de Ejecución no está supeditada o condicionada a los resultados de los recursos administrativos instados por el señor Rodolfo Santos Mendoza, en virtud que el Tribunal Superior de Cuentas, emitirá resolución en relación a él, en el expediente respectivo, ello en consonancia con el principio que concurre en los efectos de la solidaridad pasiva a saber: unidad de objeto y pluralidad de vínculos como líneas ut supra se refirió; constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"De la foliada de la Resolución Número 273/2016-SG-TSC de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, de la cual deriva la demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, se deduce de la parte dispositiva, que el Pliego de Responsabilidad Civil formulada por la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.488,960.79), corresponde exclusivamente al ciudadano MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, pues la responsabilidad solidaria a que aduce el Ad-quem establecida en el considerando tres de la referida Resolución, determina que se analizará su caso en particular,..."..."Entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso, al tenor de lo establecido por el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial o administrativa resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva invocados como vulnerados por el garantista, ello es así porque la Resolución Número 273/2016-SG-TSC de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, de la cual deriva la demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS en contra del ciudadano MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, establece en el apartado de su resolutivo lo atinente a la responsabilidad solidaria a la que hace mención el Tribunal Ad-quem, por ende y como bien lo indica la Fiscal del Despacho en el Dictamen emitido sobre el caso en estudio, la presente Demanda de Ejecución no está supeditada o condicionada a los resultados de los recursos administrativos instados por el señor Rodolfo Santos Mendoza, en virtud que el Tribunal Superior de Cuentas, emitirá resolución en relación a él, en el expediente respectivo, ello en consonancia con el principio que concurre en los efectos de la solidaridad pasiva a saber: unidad de objeto y pluralidad de vínculos como líneas ut supra se refirió; constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"De la foliada de la Resolución Número 273/2016-SG-TSC de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, de la cual deriva la demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, se deduce de la parte dispositiva, que el Pliego de Responsabilidad Civil formulada por la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.488,960.79), corresponde exclusivamente al ciudadano MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, pues la responsabilidad solidaria a que aduce el Ad-quem establecida en el considerando tres de la referida Resolución, determina que se analizará su caso en particular,..."..."Entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso, al tenor de lo establecido por el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial o administrativa resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc..."..."esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva invocados como vulnerados por el garantista, ello es así porque la Resolución Número 273/2016-SG-TSC de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, de la cual deriva la demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS en contra del ciudadano MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, establece en el apartado de su resolutivo lo atinente a la responsabilidad solidaria a la que hace mención el Tribunal Ad-quem, por ende y como bien lo indica la Fiscal del Despacho en el Dictamen emitido sobre el caso en estudio, la presente Demanda de Ejecución no está supeditada o condicionada a los resultados de los recursos administrativos instados por el señor Rodolfo Santos Mendoza, en virtud que el Tribunal Superior de Cuentas, emitirá resolución en relación a él, en el expediente respectivo, ello en consonancia con el principio que concurre en los efectos de la solidaridad pasiva a saber: unidad de objeto y pluralidad de vínculos como líneas ut supra se refirió; constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado..."

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

…"del estudio del acto reclamado, se desprende que el Ad-quem, decide confirmar la resolución impugnada, en vista que en el subjudice está acreditado y reconocida la relación de trabajo entre los demandantes y el Estado de Honduras, indicando que el conocimiento de la misma no corresponde a ese Tribunal de Alzada conforme al artículo 2 numeral 2 del Código de Trabajo, referente a que se exceptúan del régimen laboral, los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, los cuales se regirán por las leyes del Servicio Civil, razón por la que el conocimiento de dicha causa le corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso causa Administrativo..."..."la violación al derecho de defensa se concretiza cuando se priva sustancialmente a alguna de las partes a efectuar alegaciones o probar sus argumentos, o se limita o impide el ejercicio del derecho a los recursos, que garantizan la legalidad de las actuaciones y que provocan una lesión directa a una parte, lo que no ha sucedido en el presente caso..."..."la garantía genérica del debido proceso consagrada en el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad, a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas; dentro de tal garantía, deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, y el de impugnar las resoluciones judiciales, los cuales se estima no han sido lesionados..."..."esta Sala de lo Constitucional, una vez analizados los alegatos presentados por la reclamante en el presente recurso de amparo, se logra determinar que estos van dirigidos a que se determine la procedencia o no de un incidente de declinatoria por falta de competencia objetiva del Tribunal ante quien se presentó la demanda, asunto sobre el cual observa éste Alto Tribunal ya existe un pronunciamiento, mismo en que se aprecia se ha aplicado correctamente el ordenamiento jurídico vigente, garantizando de esta forma la autoridad recurrida, los derechos constitucionales que hoy se invocan como violados, observándose en la emisión de la resolución impugnada, todas las formalidades derechos y garantías que la ley establece y dentro del marco legal aplicable..."..."las cuestiones de mera legalidad son aquellas que en principio corresponden ser juzgadas con exclusividad por el juez ordinario, por ese motivo se alejan de la jurisdicción constitucional y si bien están vinculadas con la normativa constitucional intrínsecamente, deben juzgarse y decidirse por el juez natural, y siendo que en el caso de autos, ya existe pronunciamiento de parte del órgano jurisdiccional competente sobre los extremos que ahora se exponen en la presente acción de amparo, la cual ha sido debidamente motivada, explicando el órgano jurisdiccional recurrido en forma razonada, las causas que orientaron su decisión, respetándose en todo momento el derecho de defensa, el debido proceso y las garantías judiciales que asisten a las partes en litigio..."..."es procedente en esta etapa del procedimiento sobreseer el recurso de mérito, al apreciar esta Sala que la recurrente alega violaciones de mera legalidad; estimando esta Sala, además, que continuar con el conocimiento del presente asunto conllevaría únicamente a una dilación innecesaria en la substanciación del trámite del juicio principal..."

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. TE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dieciocho de marzo del año dos mil veintiséis. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado MANUEL ANTONIO DÍAZ GÁLEAS, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), que declaró de oficio la nulidad de la sentencia dictada por el JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ, en fecha tres (3) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), en ocasión del Recurso de Apelación promovido por la Parte Ejecutada, con relación a la Demanda de Ejecución de Título Ejecutivo Extrajudicial, promovida por el Abogado WILLIANS EMERSON AYALA ORELLANA, en su condición de Procurador Judicial de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, contra el señor MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA. Estima el recurrente en Amparo que el acto reclamado contraviene las garantías de tutela judicial efectiva, debido proceso y derecho de defensa, contenidas en los artículos 1, 80 y 90 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 1 y 200 numerales 1) y 2), incisos c) y d) del Código Procesal Civil. A N T E C E D E N T E S 1) En fecha once de diciembre del año dos mil diecinueve, Compareció ante el Juzgado Segundo de Letras del Departamento de Intibucá, el Abogado WILLIANS EMERSON AYALA ORELLANA, actuando en su condición de Procurador Judicial de la Procuraduría General de la República, interponiendo “DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EJECUTIVO EXTRAJUDICIAL…”, contra el señor MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, para que sea obligado a pagar la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (L. 488,960.79), en virtud del pliego de responsabilidad número 002-029-2014-DAM-CFTM-AM-A, confirmado por el Tribunal Superior de Cuentas, más los intereses calculados a la tasa máxima activa promedio del Sistema Financiero Nacional vigente, hasta el momento del pago que efectué la responsabilidad civilmente y desde que la Resolución número 273/2016-SG-TSC, adquirido el carácter de firme en fecha veintiséis de febrero del dos mil diecinueve, más las costas procesales del juicio. (Folios del 1-6 de la pieza de antecedentes del A-quo) 2) Que en fecha diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno, compareció ante el Juzgado Segundo de Letras de la Esperanza, Departamento de Intibucá, el señor Manuel Antonio Escobar Pineda, presentando Oposición a la Demanda de Ejecución de Título Ejecutivo Extrajudicial, ut supra relacionada, confiriendo Poder en el Abogado Darwin Lindolfo García. (Folios del 21-27 de la pieza de antecedentes del A-quo) 3) El Juzgado de Letras Segundo de Intibucá, Departamento de Intibucá, en fecha tres (3) de noviembre del año dos mil veintiuno (2021), dando respuesta a la Oposición presentada, dictó sentencia mediante la cual en su parte dispositiva Resolvió: “…PRIMERO: DESESTIMANDO LA OPOSICIÓN a la EJECUCIÓN DE TITULO EXTRAJUDICIAL, POR NO CONCURRIR LA PLUSPETICION, el cual fue el motivo de Oposición alegado por la parte ejecutada (opositor). presentada por el Abogado DARWIN LINDOLFO DÍAZ como Apoderado Judicial del señor MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA; en la demanda de EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL, promovida por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA a través de su apoderado legal, el Abogado WILLIANS EMERSON AYALA ORELLANA. SEGUNDO: ORDENANDOSE seguir adelante las actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad reclamada, de acuerdo con las normas que rigen la ejecución de sentencias. TERCERO: Se condena en costas virtud de haberse desestimado totalmente la Oposición. Articulo 796 numeral 2 del Código Procesal Civil. CUARTO: Que se siga con el procedimiento; Se previene a las partes que contra la presente resolución cabe el recurso de Apelación, que no suspenderá las actuaciones cuando (Sic) fuerte desestimatoria a la Oposición. (Artículo 797 CPC). NOTIFIQUESE…” (Folios del 86-89fv de la pieza de antecedentes del A-quo) 4) Conociendo del Recurso de Apelación interpuesto por el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCÍA, actuando en su condición de Apoderado Legal del ciudadano MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, contra la sentencia previamente relacionada, la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, en fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), dictó sentencia por unanimidad de votos, mediante la cual falló: “DECLARANDO DE OFICIO LA NULIDAD DE LA SENTENCIA DEFINITIVA RECURRIDA DICTADA POR EL JUZGADO DE LETRAS SEGUNDO DE INTIBUCÁ, el tres de noviembre de dos mil veintiuno, y mediante la cual dispone: DESESTIMAR LA OPOSICION A LA EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL, POR NO CONCURRIR UNA PLUSPETICION como motivo de oposición alegado por la parte ejecutada (opositor), presentada por el Abogado DARWIN LINDOLFO GARCIA, como Apoderado Judicial del señor MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, en la demanda de EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL, promovida por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, a través de su Apoderado Legal, el Abogado WILLIANS EMERSON AYALA ORELLANA. ORDENANDO seguir adelante las actuaciones de apremio sobre los bienes del deudor hasta obtener la cantidad reclamada, de acuerdo con las normas que rigen la ejecución de sentencias. Así mismo condena en costas. A EFECTO DE QUE EL A-QUO PROCEDA CON ARREGLO A DERECHO. Y MANDA: Que una vez debidamente notificado el presente fallo y firme que sea, se devuelvan los antecedentes al Juzgado de su procedencia con certificación de estilo para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado Propietario RIVERA FLORES.- NOTIFIQUESE.” (Folios del 11-13fv de la pieza de antecedentes del Ad-quem) 5) En fecha treinta y uno de marzo del año dos mil veintitrés, Compareció ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el Abogado MANUEL ANTONIO DÍAZ GALEAS, en su condición de Procurador General de la República, interponiendo Acción de Amparo a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia relacionada en el numeral que antecede, por considerar que la decisión adoptada por el Ad-quem, contraviene las garantías de tutela judicial efectiva, debido proceso y derecho de defensa, contenidas en los artículos 1, 80 y 90 de la Constitución de la República, en relación a los artículos 1 y 200 numerales 1) y 2), incisos c) y d) del Código Procesal Civil. (Folios del 1-11fv de los autos) 6) En fecha veinticuatro de octubre del año dos mil veintitrés, la Sala admitió el Recurso de Amparo relacionado sin suspensión del acto reclamado, en virtud que el caso no se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 59 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, teniendo por formalizado en tiempo y forme el mismo en fecha veintinueve de mayo del año dos mil veinticuatro, ordenando dar la vista de los antecedentes al Fiscal del Despacho por el término de cuarenta y ocho horas, a efecto de emitir el dictamen correspondiente. (Folio 32fv y 54 de los autos) 7) En fecha doce de agosto del año dos mil veinticuatro, se tuvo por evacuada la vista concedida a la Fiscal del Despacho y por emitido en tiempo y forma su dictamen, a través de la Agente del Ministerio Público, Abogada DIANA ELIZABETH RODRÍGUEZ COREA, quien fue de la Opinión porque SE OTORGUE la presente Acción de Amparo, por existir vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente. (Folios del 57-63 de los autos) CONSIDERANDO (1): Sobre la garantía constitucional de Amparo. La Acción de Amparo es una garantía constitucional, consecuentemente cualquier persona agraviada o cualquiera otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponerla, para que se le mantenga o restituya en el goce y disfrute, de los derechos o garantías que la Constitución, los tratados, convenciones y otros instrumentos internacionales establecen; y para que se declare en casos concretos que un reglamento, hecho, acto o resolución de autoridad, no obliga al recurrente ni le es aplicable por contravenir, disminuir o tergiversar cualquiera de los derechos reconocidos por la Constitución. Es decir, constituye una garantía de restitución de una vulneración actual o inminente, como producto de una omisión, acto o actuación antijurídica, en tanto contraría a un postulado en cuyo seno se encuentre reconocido un derecho fundamental. Tenemos también que la garantía de amparo no sólo tiene rango constitucional, sino que su reconocimiento emana también de Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos, así tenemos que: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o la ley.” CONSIDERANDO (2): Resumen sobre los alegatos del garantista denunciando la violación a derechos constitucionales contenidos en los artículos 1, 80 y 90 de la Constitución de la República. el recurrente al interponer la presente garantía constitucional de Amparo determina que el perjuicio constitucional sufrido ocurre en virtud que la sentencia de fecha treinta de septiembre del año dos mil veintidós, no consideró la especialidad de la materia que rige los actos de los servidores y funcionarios públicos, en cuanto al cuidado y tutela que deben tener estos de los bienes y fondos del erario público, como lo establece la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y su Reglamento, ya que de manera errónea esta Corte de Apelaciones realizó un análisis incongruente y con falta de aplicación de la normativa legal correspondiente, además del hecho de no dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el Cogido Procesal Civil al momento de emitir sentencias, en donde se establece que las mismas deben ser emitidas cumpliendo parámetros como claridad, precisión, exhaustividad, motivación y congruencia, los cuales a la lectura de la sentencia referida no se cumplieron; con lo que se omitió dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 95 reformado mediante Decreto 145-2019 publicado en La Gaceta número 35,192 de fecha 5 de marzo del 2020 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuenta, así como lo establecido en los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil, relacionados estos últimos con el artículo 90 constitucional que regula el debido proceso y la tutela judicial efectiva, a pesar de haber acreditado plenamente la firmeza del acto por el cual se plantea la demanda de ejecución forzosa de título extrajudicial, que tiene como sustento la Resolución número 273/2016-SG-T.S.C. y que dicha resolución en su parte resolutiva determina la responsabilidad al señor Manuel Antonio Escobar Pineda por el cargo que desempeñó y en cuanto a las demás personas involucradas en dicha investigación el mismo Tribunal Superior de Cuentas emitirá las respectivas resoluciones para cada uno tomando en cuenta la determinación de responsabilidad que corresponda a cada caso en concreto; dice la recurrente que en el caso específico de la presente causa, con la decisión tomada por la Corte de Apelaciones respecto a determinar que el título ejecutivo que sirve de sustento a la presente acción de ejecución forzosa de título extrajudicial, la misma no opera en virtud que en el pliego de responsabilidad referente al señor Rodolfo Santos Mendoza en su condición de Alcalde actualmente se encuentra haciendo uso de los recursos administrativos que la ley franquea, provoca un grave perjuicio, ya que con la decisión tomada por la Corte de Apelaciones, se esta limitando el acceso a justicia a su representado, además de ver resarcido el principio de completa satisfacción que opera en este tipo de acciones judiciales, pues al anular la acción de ejecución de título extrajudicial tergiversa el sentido mismo del procedimiento iniciado y de las leyes aplicables al caso concreto. Reafirmando su tesis de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva y debido proceso el recurrente dice que el Ad-quem en su examen del Recurso de Apelación, hace una interpretación errónea de la ley aplicable al caso concreto, pues este tipo de acciones, las generadas por el Tribunal Superior de Cuentas, nacen del derecho administrativo por la relación existente entre los empleados, servidores y funcionarios públicos y el Estado, por lo que al momento de generarse una determinación de responsabilidad civil, lo que corresponde aplicar es la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, como la norma rectora para este tipo de acciones jurídicas, pues como se puede observar en el mismo título ejecutivo que sirve de sustento a la acción de ejecución el ejecutado señor Escobar fungió como Tesorero Municipal, por lo que tenía la obligación de dar cumplimiento a lo que establece la Ley de Municipalidades en cuanto a sus derechos, responsabilidades, obligaciones, prohibiciones e inhabilidades por el cargo que ostentaba. En la resolución del Ad-quem no operaron los principios fundamentales del artículo 90 constitucional, ya que se realizó una aplicación indebida de la norma tomando como base el Código Civil, olvidando que en este tipo de situaciones jurídicas la norma rectora es la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas, conforme lo determina el artículo 4, el cual cita en forma textual la recurrente. Con respecto al cálculo de intereses realizados por esa representación procesal, la recurrente sostiene que se hace del conocimiento de esta Honorable Sala que la misma es conforme a la tasa activa señalada por el Banco Central de Honduras, tal como puede constatarse en la pagina web de dicha institución,(https://www.bch.hn/estadisticas-y-publicaciones-economicas/sector-monetario/tasas-de-interes), por lo que no es necesario que esa representación procesal haga uso de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, ya que los intereses señalados son de conocimiento público, como se menciona en la página web, misma que puede ser revisada por cualquier persona. CONSIDERANDO (3): Motivación de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Comayagua, en fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veintidós (2022), objeto de la presente acción constitucional de Amparo. El Tribunal recurrido en el ordinal tercero de su fundamentación y motivación jurídica esgrime el criterio que le llevo a declarar de oficio la nulidad de la sentencia dictada por el A-quo, señalando lo siguiente: “TERCERO: Que el juicio ejecutivo es la serie de procedimientos establecidos para que los acreedores puedan cobrar de sus deudores morosos, sin la dilación de un juicio ordinario, aquellos créditos de cuya legitimidad no debe dudarse racionalmente, atendida la naturaleza del documento en que estén consignados. En este juicio, a diferencia de lo ordinario, no se trata de declarar derechos dudosos o controvertidos, sino de llevar a efecto lo que consta de un título que por si mismo hace prueba plena, ya que la Ley da tanta fuerza como a una decisión judicial. No obstante lo anterior, el ejecutado planteó un motivo de oposición consignado en el artículo 792 numeral 6 del Código Procesal Civil sobre pluspetición, es decir, que a su criterio se le está cobrando y requiriendo de pago por una excesiva cantidad, habida cuenta, que la cuantía no puede ser exigible en la cantidad reclamada, pues aduce, que esa responsabilidad pecuniaria es compartida y solidaria con el señor RODOLFO SANTOS MENDOZA, quien fungió como Alcalde del citado municipio, pliego de responsabilidad civil número PRC-001-043-2015-DAM-CFTM-AM-A, (FOLIO 36-45), y que conforme constancia extendida por el Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas, quien da fe que dicho contra el ciudadano RODOLFO SANTOS MENDOZA, solidario con el señor MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, se encuentra cursando el tramite correspondiente (folio 47), así mismo, el artículo 80 de la Ley del Tribunal Superior de Cuentas, establece que el superior jerárquico será solidariamente responsable con el servidor público reparado cuando hubiese autorizado indebidamente bienes, servicios y recursos enfatizando… y que cuando varias personas resultaren responsables de uso indebido también serán solidariamente responsables. Al respecto, esta Corte está consiente que en el juicio ejecutivo solo son admisibles los motivos de oposición comprendido numerus clausus en el artículo 792 del Código Procesal Civil, sin embargo, es deber de los Tribunales garantizar el debido proceso, vale decir, juzgar con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece (articulo 90 Constitucional y 3 del Código Procesal Civil), bajo esa óptica estima que el título ejecutivo relacionado deriva de una obligación solidaria, que ha sido expresamente declarada por el Tribunal Superior de Cuentas quien hace constar que la obligación que se reclama al ejecutado MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, corresponde también al señor RODOLFO SANTOS MENDOZA, exfuncionario cuyo reparo connatural a la cantidad pecuniaria que se reclama al ejecutado, se encuentra todavía en trámite. En tal virtud y en aras de tutelar las garantías constitucionales de defensa y debido proceso, habida cuenta, que uno de los solidarios en la obligación recepcionada en el título ejecutivo relacionado se encuentra todavía cursando los recursos administrativos que le franquea la ley, esta Corte considera, declarar de oficio la nulidad de la sentencia o resolución impugnada, dictada por el A-quo a que se ha hecho referencia…” -El subrayado es añadido- CONSIDERANDO (4): Resolución Número 273/2016-SG-TSC, emitida por el Tribunal Superior de Cuentas, en relación al Pliego de Responsabilidad Civil formulado al ciudadano Manuel Antonio Escobar Pineda, que sirve de Título Ejecutivo Extrajudicial para la interposición de la demanda en el caso sub judice. En fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciséis (2016) el Tribunal Superior de Cuentas dictó Resolución en el Pliego de Responsabilidad Civil No.002-029-2014-DAM-CFTM-AM-A, formulado al ciudadano MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA y que sirve de Título Ejecutivo Extrajudicial al ESTADO DE HONDURAS, a través de la Procuraduría General de la República, para interponer la Demanda ante el Juzgado Segundo de Letras del Departamento de Intibucá, con el propósito que el señor Escobar Pineda pague al Estado de Honduras la cantidad reclamada, más los intereses calculados a la tasa máxima activa promedio del sistema financiero nacional y las costas procesales del juicio; la referida resolución que sirve de Título Ejecutivo, en su parte resolutiva determina: “PRIMERO: CONFIRMAR al ciudadano MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, en el Pliego de Responsabilidad Civil No.002-029-2014-DAM-CFTM-AM-A, la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.488,960.79), valor que es el perjuicio económico ocasionado al Estado de Honduras. En lo relativo a la responsabilidad establecida con el solidario, enunciado en el preámbulo de la presente resolución, se analizará su caso en particular, por lo que este Tribunal se pronunciará en su respectivo expediente.- SEGUNDO: A la cantidad confirmada se le sumarán intereses calculados a la tasa máxima activa promedio que aplique el Sistema Financiero Nacional, hasta el momento del pago efectuado por el sujeto con responsabilidad civil y desde la fecha en que la resolución se torne ejecutoriada, de conformidad al articulo 95 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas. TERCERO: Si en el término de diez (10) días hábiles no interpone ante este Tribunal Superior de Cuentas, el Recurso de Reposición, que pone fin a la vía administrativa, contra la presente resolución, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 90 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Cuentas y artículo 117 de su Reglamento General; ni agotado el mismo, acude ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, tal como lo establece el artículo 119 del mismo ordenamiento jurídico, se procederá a librar certificación de la presente resolución a la Procuraduría General de la República, a efecto de incoar las acciones legales correspondientes, al adquirir la resolución carácter de firme y por tanto título ejecutivo.- CUARTO: Proceder a extender la certificación de la resolución de mérito al interesado.- NOTIFÍQUESE…” -El subrayado es añadido- CONSIDERANDO (5): Resumen del Dictamen emitido por el Ministerio Público, en relación al recurso de amparo promovido, a través del cual la Fiscal del Despacho concluye porque se otorgue la presente acción constitucional. El Ministerio Público a través de su Agente Fiscal Abogada Diana Elizabeth Rodriguez Corea, emitió Dictamen en fecha veintinueve de julio del año dos mil veinticuatro, desprendiéndose de la APRECIACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS lo siguiente: “…Del análisis de los antecedentes y de la resolución recurrida esta representación fiscal aprecia que el título del cual se vale el ejecutante para interponer la acción de ejecución de título extrajudicial es la Resolución N° 273/2016 SG-TSC, emitida por el Tribunal Superior de Cuenta, mediante el cual se confirmó el Pliego de Responsabilidad Civil No.002-029-2014-DAM-CFTM-AM-A, contra el señor MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, por la cantidad de L. 488,960.79, valor que es el perjuicio ocasionado al Estado de Honduras, debido a las irregularidades en su gestión cuando se desempeñó como Tesorero de la Municipalidad de San Antonio, departamento de Intibucá, durante el periodo comprendido entre el uno (1) al treinta y uno (31) de diciembre del año 2013; quedando firme dicha resolución pues de los autos se aprecia que a folio 10 de la primera pieza se encuentra un informe emitido en fecha 26 de febrero del año 2019; por parte del Secretario General del Tribunal Superior de Cuentas que informa que contra dicha resolución no se interpuso recurso alguno, en consecuencia, se dio por caducado el término dejado de utilizar por el demandado dando por agotada vía administrativa, sin perjuicio del derecho de impugnar dicha resolución ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, bajo la advertencia que, en caso de no hacer uso de ese derecho, se remitirán las diligencias a la Procuraduría General de la República, para que inicie la acción civil correspondiente como se hizo. De lo cual se entiende que el derecho que el título representa se ejercerá tal como está escrito en el documento, ya que la autonomía radica que el derecho deberá ejercerse libremente, sin que deba sujetarse a condición alguna que tienda a modificarlo o limitarlo; por lo que es procedente, seguir adelante con las actuaciones de apremio para ejercer el derecho literal y autónomo que en él se consigna contra el ejecutado MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, quien no hizo uso de los recursos que le concede la ley contra dicha resolución, la cual adquirió firmeza y se convirtió en el título ejecutivo cuya ejecución se pretende. Siguiendo este orden de ideas, el Ministerio Público aprecia que la resolución emitida por el Tribunal de Alzada causa vulneración a los derechos constitucionales alegados por el recurrente al no darle el valor jurídico al título ejecutivo el cual es firme y ejecutable respecto al señor MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, consecuencia que la responsabilidad civil es individual, como responsable principal, siendo que el mismo título extrajudicial reza: (Sic) "En lo relativo a la responsabilidad establecida con el solidario enunciado en el preámbulo de la presente resolución, se analizará su caso particular, por lo que este Tribunal se pronunciará en su expediente respectivo"; de aquí que se estime que la presente demanda de ejecución no está supeditada o condicionada a los resultados de los recursos administrativos instados por el señor RODOLFO SANTOS MENDOZA, en cuyo caso el Tribunal Superior de Cuentas emitirá su resolución en relación a su responsabilidad solidaria, si le correspondiere en base a las obligaciones derivadas de cada cargo (alcalde), pues resultan ser dos cargos distintos de donde se derivan obligaciones distintas. Del estudio de la foliada se estima que el recurrente se ha visto restringido en su derecho de comparecer ante los Tribunales de la República, para ejercitar la acción legal que adquirió el carácter de firme y por tanto título ejecutivo. IV.- OPINIÓN: Conforme lo anterior, el Ministerio Público, en vista de lo expuesto, opina que SE OTORGUE la presente acción de Amparo, por existir vulneración a las garantías constitucionales invocadas por el recurrente.” (Folios del 57-61 de los autos) CONSIDERANDO (6): Examen practicado por la Sala de lo Constitucional, a efecto de determinar la existencia de las violaciones señaladas por el recurrente en Amparo. Para iniciar este Alto Tribunal de Justicia Constitucional estima importante definir lo referente al Título Ejecutivo, así tenemos entonces que para Giuseppe Chiovenda el título ejecutivo es el presupuesto o condición general de cualquiera ejecución y, por tanto, de la ejecución forzosa; Nulla executio sine título. Consta necesariamente (ad solemnitatem) en un documento escrito, del que resulte una voluntad concreta de ley que garantice un bien. Normalmente es una resolución jurisdiccional dirigida precisamente a declarar esa voluntad, como se ha visto hasta aquí. De manera excepcional es un acto administrativo o un contrato, pero tan claro y simple que se puede deducir de él la voluntad concreta de la ley, aunque no esté declarada, como la orden administrativa de pagar un impuesto (lista o matriz), o un acto contractual otorgado ante notario, o la letra de cambio. En todo título ejecutivo es necesario, pues, tener presente y diferenciado un doble significado y elemento, sustancial y formal. a) El título en sentido sustancial es el acto jurídico del que resulta la voluntad concreta de ley; y b) El título en sentido formal es el documento que contiene el acto. El autor señala que el título ejecutivo representa y tiene implícita la acción ejecutiva que está íntimamente ligada al título ejecutivo y al documento que la consagra, la posesión del documento es condición necesaria tanto para pedir actos ejecutivos como para llevarlos a cabo; y, por otra parte, la posesión del título ejecutivo es condición suficiente para que el acreedor obtenga el acto ejecutivo, sin que él deba probar también el derecho a la prestación. CONSIDERANDO (7): Que en relación a la solidaridad u obligaciones solidarias se refiere y que es tema fundamental en atención a la decisión adoptada por el Ad-quem, las modalidades de las obligaciones derivadas de la multiplicidad de sujetos, y que presentan interés para el crédito, están esencialmente representadas por la solidaridad e indivisibilidad. Pero existen, además, las obligaciones alternativas y las facultativas, debidas a la pluralidad de objetos. Para Julien Bonnecase la solidaridad, tema fundamental en el caso sub júdice consiste esencialmente, en que una obligación se deba totalmente a cualquiera de varios acreedores o por cualquiera de varios deudores. En el primer caso se dice que hay solidaridad activa; en el segundo, solidaridad pasiva. En relación a la solidaridad pasiva el referido autor sostiene que los efectos de la solidaridad pasiva están dominados por un principio, que se enuncia de la forma siguiente: unidad de objeto y pluralidad de vínculos. La unidad de objeto significa que una misma cosa es debida en su totalidad por cualquiera de los deudores. En otros términos, a cualquiera de ellos puede exigírsele el pago de la cosa debida. Pluralidad de vínculos: si el objeto de la obligación es una sola cosa, puede deberse en virtud de vínculos que presenten entre si diferencias. Los codeudores solidarios pueden estar obligados, unos, pura y simplote, y los otros bajo ciertas modalidades: término o condición. En relación a los efectos de la solidaridad entre acreedores y deudores, el autor señala que el efecto principal de la solidaridad pasiva es la obligación por el total. La obligación principal que se deriva de la solidaridad pasiva consiste en el derecho que tiene el acreedor para demandar el monto total de la obligación, a cualquiera de los deudores o a todos, hasta obtener el pago total. De la foliada de la Resolución Número 273/2016-SG-TSC de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, de la cual deriva la demanda de Ejecución de Título Extrajudicial, se deduce de la parte dispositiva, que el Pliego de Responsabilidad Civil formulada por la cantidad de CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS (L.488,960.79), corresponde exclusivamente al ciudadano MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, pues la responsabilidad solidaria a que aduce el Ad-quem establecida en el considerando tres de la referida Resolución, determina que se analizará su caso en particular, pronunciándose el Tribunal en su respectivo expediente, tal y como se lee en forma explícita en el ordinal primero, del resolutivo. CONSIDERANDO (8): Entiende la Sala que la garantía genérica del debido proceso, al tenor de lo establecido por el Artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República, se concreta en una serie de derechos establecidos a favor de las partes, de tal manera que éstas puedan intervenir en un mismo plano de igualdad a fin de promover la actividad jurisdiccional que conduce a una decisión judicial o administrativa resolutoria sobre las pretensiones oportunamente deducidas. De este modo que dentro de tal garantía deben incluirse entre otros, el derecho de acceso a los tribunales, a la justicia gratuita, al juez predeterminado por la ley, a la defensa, a la imparcialidad del juez, a la igualdad de armas procesales, a utilizar los medios de prueba pertinentes, a un proceso público y sin dilaciones indebidas, el derecho a obtener una respuesta motivada de sus pretensiones, el derecho a impugnar las resoluciones judiciales, etc. CONSIDERANDO (9): Que es jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conforme lo dispuesto en el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho de acceso a la justicia, en ese orden de ideas ha establecido la Corte que el derecho al debido proceso “se encuentra íntimamente ligado al propio derecho de acceso a la justicia”. La Corte ha afirmado que para no obstaculizar el proceso, los jueces “tienen el deber de dirigir y encausar el procedimiento judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad”. Por otra parte, la Corte estableció que se viola el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 8.1 si se interponen trabas en el acceso a la justicia. En este sentido, en el caso Cantos Vs. Argentina la Corte afirmó: Que los Estados no deben interponer trabas a las personas que acuden a los jueces o tribunales en busca de que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o medida del orden interno que imponga costos o dificulte de cualquier otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté justificada por las razonables necesidades de la propia administración de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención. Si bien el derecho de acceso a la justicia no es absoluto, y consecuentemente, puede estar sujeto a algunas limitaciones discrecionales por parte del Estado, la Corte Interamericana afirma que las limitaciones deben guardar correspondencia con el medio empleado y el fin perseguido y, en definitiva, no pueden suponer la negación misma de dicho derecho. CONSIDERANDO (10): Que para que exista una verdadera tutela judicial efectiva, garantía de un debido proceso, entre otros, debe existir un juicio previo, respeto a las formalidades procesa1es, trámite ante Juez o Tribunal previamente establecido y legalmente constituido, leyes aplicables al caso que estén previamente en vigencia; en otras palabras, el texto constitucional exige para un debido proceso, juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece. CONSIDERANDO (11): Que señalado lo anterior esta Sala efectivamente constata que en el caso subexamine se comprueba, que la resolución impugnada en esta vía constitucional vulnera el debido proceso y la tutela judicial efectiva invocados como vulnerados por el garantista, ello es así porque la Resolución Número 273/2016-SG-TSC de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, de la cual deriva la demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS en contra del ciudadano MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, establece en el apartado de su resolutivo lo atinente a la responsabilidad solidaria a la que hace mención el Tribunal Ad-quem, por ende y como bien lo indica la Fiscal del Despacho en el Dictamen emitido sobre el caso en estudio, la presente Demanda de Ejecución no está supeditada o condicionada a los resultados de los recursos administrativos instados por el señor Rodolfo Santos Mendoza, en virtud que el Tribunal Superior de Cuentas, emitirá resolución en relación a él, en el expediente respectivo, ello en consonancia con el principio que concurre en los efectos de la solidaridad pasiva a saber: unidad de objeto y pluralidad de vínculos como líneas ut supra se refirió; constituyendo esto motivo más que suficiente para concluir que el recurso de amparo interpuesto debe ser otorgado. POR TANTO: Esta Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por Unanimidad de votos de la Sala de lo Constitucional, como interprete último y definitivo de la Constitución, oído el Dictamen del Fiscal del Ministerio Público y en aplicación de los artículos 1, 80, 90, 303, 304, 313 Atribución 5ta, 316 atribución 1, 321 de la Constitución de la República; 4, 5 y 95 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; 3, 742, 743, 751 y 782 del Código Procesal Civil; 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; y 41 Nº1, 42, 44, 45, 47, 52, y 63 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. FALLA: 1) OTORGANDO la Acción de AMPARO interpuesta por el Abogado MANUEL ANTONIO DÍAZ GALEAS, quien delegó Poder en la Abogada SARA MARÍA BUSTILLO ROMERO, a favor del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la CORTE DE APELACIONES DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE COMAYAGUA, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, en fecha treinta (30) de septiembre del año dos mil veintidós (2022); 2) Que el Tribunal recurrido proceda a dictar nuevamente la supra indicada resolución, observando los derechos y garantías constitucionales relacionadas en este libelo, así como la normativa legal citada, a efecto de restituir al recurrente en Amparo, los derechos que le han sido vulnerados con la resolución dictada por el Tribunal Ad-quem, en atención a la procedencia de la Demanda de Ejecución de Título Extrajudicial promovida por el ESTADO DE HONDURAS, en contra del ciudadano MANUEL ANTONIO ESCOBAR PINEDA, la que se deriva de la Resolución Número 273/2016-SG-TSC de fecha cinco (05) de julio del año dos mil dieciséis (2016), dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS, estableciendo en el resolutivo de dicho acto, el propósito y términos a cumplir, a efecto de dotar de efectividad la tutela judicial otorgada. Y MANDA: Que con certificación de esta sentencia se devuelvan los antecedentes al lugar de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO: CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX, SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cinco días del mes de mayo de dos mil veintiséis, certificación de la sentencia de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Amparo Civil bajo el número SCO-430-2023.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL