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Sentencia AA-1663-22 — Registro 20484

Resumen

Argumentan impetrantes que se les violenta con resolución impugnada el derecho a un nombre propio, al no poder identificar con los apellidos maternos como se había dado con la tarjeta de identidad en su momento al extender las mismas, privando a los ciudadanos a una identificación oficial para que surta efectos ante terceros. Denegatoria de aplicación de resolución emitida por el Registro Nacional de las Personas, en virtud que la misma es para efectos de identificación y no de inscripción. Concluyendo la Sala Constitucional que, toda interpretación de la legislación nacional relativa a la inscripción de nacimientos y al uso de los apellidos debe realizarse conforme a los principios de igualdad, interés superior del niño y protección de la identidad personal y familiar, procurando que prevalezca el ejercicio efectivo del derecho humano al nombre.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..." (9): Ante tal claridad al derecho a la igualdad ante la ley así como a la tutela judicial efectiva sobre los derechos individuales para el libre desarrollo de la personalidad del ser humano en todos los ámbitos de la vida, y siendo que el Estado reconoce la dignidad humana, y la protección integral de la niñez, disponiendo en sus artículos 60 y 119 que todas las personas nacen libres e iguales en derechos y que el Estado tiene la obligación de proteger a la infancia y garantizar su desarrollo integral; asimismo, el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos, mientras que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho del niño a preservar su identidad, incluido su nombre y relaciones familiares; los tratados internacionales ratificados por Honduras, conforme a los artículos 15 y 16 constitucionales, forman parte del derecho interno y obligan al Estado a garantizar el derecho a la identidad sin discriminación alguna. En consecuencia, toda interpretación de la legislación nacional relativa a la inscripción de nacimientos y al uso de los apellidos debe realizarse conforme a los principios de igualdad, interés superior del niño y protección de la identidad personal y familiar, procurando que prevalezca el ejercicio efectivo del derecho humano al nombre. CONSIDERANDO (10): Que, este alto tribunal como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, que deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, esta Sala es del parecer que efectivamente han sido vulneradas las garantías constitucionales señaladas por el recurrente y estima procedente otorgar el presente recurso de amparo, tomando como fundamento lo establecido en el articulo 4 numeral 5 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual indica la finalidad principal es la protección efectiva e inmediata de los derechos y garantías constitucionales de las personas frente a actos que los vulneren y restituir el goce de los derechos fundamentales lesionados."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención sobre los Derechos del Niño, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 8 (Rango Constitucional)
  • Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 29 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." (9): Ante tal claridad al derecho a la igualdad ante la ley así como a la tutela judicial efectiva sobre los derechos individuales para el libre desarrollo de la personalidad del ser humano en todos los ámbitos de la vida, y siendo que el Estado reconoce la dignidad humana, y la protección integral de la niñez, disponiendo en sus artículos 60 y 119 que todas las personas nacen libres e iguales en derechos y que el Estado tiene la obligación de proteger a la infancia y garantizar su desarrollo integral; asimismo, el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos, mientras que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho del niño a preservar su identidad, incluido su nombre y relaciones familiares; los tratados internacionales ratificados por Honduras, conforme a los artículos 15 y 16 constitucionales, forman parte del derecho interno y obligan al Estado a garantizar el derecho a la identidad sin discriminación alguna. En consecuencia, toda interpretación de la legislación nacional relativa a la inscripción de nacimientos y al uso de los apellidos debe realizarse conforme a los principios de igualdad, interés superior del niño y protección de la identidad personal y familiar, procurando que prevalezca el ejercicio efectivo del derecho humano al nombre. CONSIDERANDO (10): Que, este alto tribunal como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, que deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, esta Sala es del parecer que efectivamente han sido vulneradas las garantías constitucionales señaladas por el recurrente y estima procedente otorgar el presente recurso de amparo, tomando como fundamento lo establecido en el articulo 4 numeral 5 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual indica la finalidad principal es la protección efectiva e inmediata de los derechos y garantías constitucionales de las personas frente a actos que los vulneren y restituir el goce de los derechos fundamentales lesionados."

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 18 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Convención sobre los Derechos del Niño, art. 7 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
  • Constitución de la República, art. 8 (Rango Constitucional)
  • Código de la Niñez y de la Adolescencia, art. 29 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: El fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. - SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días del mes de junio del años dos mil veintiséis. VISTAS: Las presentes diligencias para dictar sentencia en el Recurso de Amparo interpuesto por el Abogado BENJAMÍN BENÍTEZ JEREZANO, a favor de los señores ALIA KAFATY GEADAH, SAMIRA KAFATY GEADAH, SAMAHRA SAMANTA KAFATY GEADAH y VÍCTOR JULIO MANUEL KAFATY GEADAH, contra las resoluciones Nos. 25032022-28-VSG-2022, 25032022-26-VSG-2022, 25032022-24-VSG-2022 y 25032022-25-VSG-2022, dictadas por el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), en fechas veintiséis (26), veintisiete (27) y veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022), respectivamente, en las que se resolvió declarando NO PROCEDENTES las solicitudes de aplicación y respeto de la resolución No. 3842-V-2003, emitida por la Dirección General del Registro Nacional de las Personas, de fecha diez (10) de julio de dos mil tres (2003), en las inscripciones de nacimientos Nos. 0801-1986-18882, 0801-1995-07355, 0801-1991-09857 y 0801-1996-08210, que corresponden a los señores: ALIA NIÑO KAFATY, SAMIRA NIÑO KAFATY, SAMAHRA SAMANTA NIÑO KAFATY Y VÍCTOR JULIO MANUEL KAFATY GEADAH, respectivamente. Considerando el recurrente que, con el acto reclamado en amparo, se les han violado a sus representados los derechos consagrados en los artículos 59 y 70 de la Constitución de la República. ANTECEDENTES 1) Que en fecha dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, compareció ante esta Sala, el Abogado Benjamín Benítez Jerezano, interponiendo recurso de amparo a favor de los señores Alia Kafaty Geadah, Samira Kafaty Geadah, Samahra Samanta Kafaty Geadah y Víctor Julio Manuel Kafaty Geadah, contra las resoluciones Nos. 25032022-28-VSG-2022, 25032022-26-VSG-2022, 25032022-24-VSG-2022 y 25032022-25-VSG-2022, dictadas por el Registro Nacional de las Personas (RNP), en fechas veintiséis, veintisiete y veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, respectivamente, en las que se resolvió declarando no procedentes las solicitudes de aplicación y respeto de la resolución No. 3842-V-2003, emitida por la Dirección General del Registro Nacional de las Personas, de fecha diez de julio de dos mil tres, en las inscripciones de nacimientos Nos. 0801-1986-18882, 0801-1995-07355, 0801-1991-09857 y 0801-1996-08210, que corresponden a los señores: Alia Niño Kafaty, Samira Niño Kafaty, Samahra Samanta Niño Kafaty y Víctor Julio Manuel Kafaty Geadah, respectivamente, tal como ha sido relacionado en el preámbulo de esta sentencia. (Folios 1-7 del amparo de mérito) 2) Ésta sala en fecha once de septiembre de dos mil veintitrés, tuvo por recibidos los antecedentes solicitados a la autoridad recurrida, desprendiéndose de los mismos las resoluciones objeto del presente amparo, emitidas por el Registro Nacional de las Personas (RNP), las que se desglosan en el siguiente orden: Resolución No. 25032022-28-VSG-2022, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual se dispuso: “…Que la solicitud presentada por el Abogado BENJAMIN BENITEZ J., en su condición de Apoderado Legal de ALIA KAFATY GEADAH, donde solicita la aplicación y respeto de la Resolución número 3842-V-2003, emitida por la Dirección General del Registro Nacional de las Personas de fecha 10 de julio de 2003, en la inscripción de nacimiento No.0801-1986- 18882 ubicada en el folio No.069 del tomo No.00663-del año 1986, Correspondiente a ALIA NIÑO KAFATY, del Registro Civil Municipal del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, efecto que su representada puede ser identificada como ALIA KAFATY GEADAH por lo que el Comisionado Presidente del Registro Nacional de las Personas, DECLARA SIN LUGAR la solicitud de la aplicación y respeto de la resolución no.3842-v-2003, emitida por la Dirección General del Registro Nacional de las Personas, el 10 de julio del 2003, por no estar ajustada a derecho, en virtud que la misma es para efectos de identificación y no de inscripción. Para su cumplimiento y demás fines, esta Secretaría General extiende la presente Resolución, junto con los documentos originales contenidos en dicho expediente y para los efectos legales correspondientes, se extiende al interesado. -CUMPLASE.-”/// 25032022-26-VSG-2022, de fecha veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual se dispuso: “…PRIMERO: DECLARAR SIN LUGAR, la solicitud presentada por el Abogado BENJAMIN OMAR BENITEZ JEREZANO en su condición de Apoderado Legal de SAMIRA KAFATY GEADAH, quien pide la aplicación y respeto de la resolución número 3842-V-2003, emitida por la Dirección General del Registro Nacional de las Personas, el 10 de julio del 2003, en la inscripción de nacimiento No. 0801- 1995-07355, ubicada en el folio 076, tomo 02271 del año 1995, correspondiente a SAMIRA NIÑO KAFATY, del Registro Civil Municipal de Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, a efecto que su representado pueda ser identificado como SAMIRA KAFATY GEADAH; lo anterior en virtud de la aplicación y respeto de la Resolución No.3842-V-2003, emitida por la Dirección General del Registro Nacional de las Personas, el 10 de julio del 2003, por no estar ajustada a derecho, en virtud que la misma es para efectos de identificación y no de inscripción.- SEGUNDO: Para su cumplimiento y demás fines, que la Secretaría General comunique la presente, al INTERESADO, para los efectos legales correspondientes, junto con los documentos originales contenidos en dicho expediente.-CUMPLASE.”///25032022-25-VSG-2022, de fecha veintisiete de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual se dispuso: “…PRIMERO: El Comisionado Presidente del Registro Nacional de las Personas RESUELVE DECLARAR SIN LUGAR la solicitud presentada por el abogado BENJAMIN BENITEZ J. en su condición de Apoderado Legal de VICTOR JULIO MANUEL NINO KAFATY, donde solicita la aplicación y respeto de la resolución número 3842-V-2003, emitida por la Dirección General del Registro Nacional de las Personas, el 10 de julio del 2003, en la inscripción de nacimiento No.0801- 1996-08210, ubicada en el folio 75,-tomo 2505, del año 1996, correspondiente a VICTOR JULIO MANUEL NINO KAFATY, del Registro Civil Municipal del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, efecto que su representado pueda ser identificado como VICTOR JULIO MANUEL KAFATY GEADAH, por no estar ajustada a derecho. SEGUNDO: Para su cumplimiento y demás fines, esta Secretaría General extiende la presente Resolución, junto con los documentos originales contenidos en dicho expediente, y para los efectos legales correspondientes, se extiende al interesado la Certificación de estilo. - CUMPLASE.”/// 25032022-24-VSG-2022, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, mediante la cual se dispuso: “…Que NO ES PROCEDENTE, la solicitud presentada por el abogado BENJAMIN BENITEZ J, en su condición de Apoderado Legal de la señora: SAMAHRA SAMANTA KAFATY GEADAH, quién pide la aplicación y respeto de la resolución NO.3842-VSG-2003 emitida por la Dirección General del Registro Nacional de las personas el 10 de julio del 2003, en la Inscripción de Nacimiento No. 0801-1991-09857 ubicada en el Folio 020, Tomo 01320- del año 1991 correspondiente a SAMAHRA SAMANTA NIÑO KAFATY del Registro Civil Municipal de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, efecto que su representada puede ser identificada como SAMAHRA SAMANTA KAFATY GEADAH por lo que el Comisionado presidente del Registro Nacional de las personas Declara sin lugar La solicitud de la aplicación y respecto de la Resolución No. 3842-VSG-2003 emitida por la Dirección General del Registro Nacional de las personas el 10 de julio del 2003 por no estar ajustada derecho en virtud Qué es la misma es para defecto de identificación y no de su inscripción. SEGUNDO: Para su cumplimiento y demás fines, que la Secretaria General comunique la presente Resolución junto con los documentos originales contenidos en dicho expediente y para los efectos legales correspondientes se extienda a los interesados la certificación de estilo.-CUMPLASE.” (Folios 7-9(28-VSG) /7-9(26-VSG) /19-20(25-VSG) /21-23(24-VSG) de los antecedentes) 3) Que en fecha catorce de noviembre de dos mil veintitrés, remitidos y estudiados que fueron los antecedentes, se ordenó continuar con el procedimiento de ley correspondiente, concediéndose la vista por el término de cuarenta y ocho horas (48) al recurrente para que formalice su petición por escrito. (Folio 57 del recurso de mérito) 4) En fecha veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, se tuvo por admitido el escrito presentado por la Abogada Rosibel Quiroz Landa, teniéndose por formalizado en tiempo y forma el recurso de mérito, ordenándose dar vista de los antecedentes al fiscal por el término de cuarenta y ocho horas (48) para que emitiera el dictamen correspondiente. (Folio 160 del recurso de mérito) 5) Esta Sala, en fecha veintiséis de enero de dos mil veinticuatro, tuvo por evacuado el dictamen de la Fiscal, Abogada Sussy G. Coello García, desprendiéndose de su apreciación jurídica de los hechos controvertidos lo siguiente: “…Que de la interposición de la presente acción, se desprende que el Amparista acude a esta instancia aduciendo la violación a las garantías constitucionales contenidas en los artículos 59 y 70 de la Constitución de la República, que regula el Derecho a un nombre propio, el cual le fue vulnerado al no poder ser identificado con los apellidos maternos, como anteriormente lo había sido con la tarjeta de identidad que en su momento se les extendió, por lo que el hecho que el mismo RNP le impida la extensión del nuevo documento de identificación es contradictorio con su propio actuar, privándoles a sus representados, tanto en su condición humana, como ciudadanos de esta República, a tener una identificación oficial que los acredite como tal ante terceras personas o autoridades. Continúa exponiendo el amparista, que no es admisible que el Estado de Honduras, a través del RNP haya reconocido una identidad durante un número determinado de años, para luego simplemente impedir gozar de dicha identidad asumida y externada por un individuo, mediante el uso del apellido materno tal como consta actualmente en su identidad, en consecuencia, el actuar del RNP vulnera el estado civil de sus representados y demás derechos invocados en la presente acción. Sobre el particular, resulta oportuno traer a este dictamen algunas disposiciones legales relacionadas con el proceso de reestructuración, fortalecimiento y consecuentemente la transformación de la autoridad recurrida; para ello es imperativo iniciar refiriéndose a la reforma constitucional aprobada por el Congreso Nacional de la República, mediante DECRETO No. 200-2018, de fecha veinticuatro (24) de enero de dos mil diecinueve (2,019) y publicado en el Diario La Gaceta No. 34,856, del 28 de enero del 2019, a efecto de adicionar el CAPÍTULO III-A DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, que contiene los artículos 43-A y 43-B, en los cuales se establece que el Registro Nacional de las Personas será administrado por una Comisión Permanente, que estará integrada por tres (3) miembros propietarios y dos (2) alternos electos, siendo ésta la máxima Autoridad de dicha oficina Registral. Asimismo, el Decreto No. 6-2021, de fecha diez (10) de febrero del dos mil veintiuno (2021), publicado en el Diario La Gaceta No. 35,539, el 9 de marzo del 2021, consideró necesario interpretar las disposiciones referentes a las atribuciones de la Comisión Permanente contenidas en el Artículo 16 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, en el sentido que sus resoluciones son adoptadas en el pleno. Asimismo, el artículo 130 de la Ley del Registro Nacional de las Personas dispone: "En las controversias que se susciten entre el Registro Nacional de las Personas (RNP) y los particulares, se aplicará en lo pertinente, lo dispuesto en la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo... (Sic)” Siguiendo este orden de ideas, esta representación del Ministerio Público estima, que el contenido de la norma transcrita debe interpretarse de manera coherente y de acuerdo a los principios de la norma, para lograr la finalidad, operatividad y efectividad del procedimiento administrativo, el cual tiene la función primordial de exteriorizar la voluntad de la Administración Pública, en tal sentido, se aprecia que las resoluciones venidas en amparo fueron emitidas por el Comisionado Presidente y no por el pleno de la máxima Autoridad del R.N.P., por lo que de conformidad con el artículo 139 de la Ley de Procedimiento Administrativo el amparista tiene expedito el derecho de interponer recurso de apelación ante la Comisión Permanente para su decisión en pleno, a efecto que la máxima autoridad del órgano recurrido de una respuesta concreta a la petición formulada en el reclamo administrativo de mérito, ya que sus resoluciones deben ser adoptadas de forma colegiada, por mayoría simple de sus miembros, sin perjuicio de los recursos en segunda instancia que le garantiza la ley al amparista para poner fin a la vía administrativa e instar las acciones legales en la vía Contencioso Administrativa; consecuencia de lo anterior, resulta evidente la causal de inadmisibilidad contenida en el artículo 46.8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. IV. OPINIÓN Conforme lo antes expuesto, el Ministerio Público se pronuncia porque SE SOBRESEA AMPARO la presente acción de amparo, en virtud de concurrir la causal de inadmisibilidad antes relacionada, en atención a los argumentos que anteceden.” (Folios 163-166 del recurso de mérito). CONSIDERANDO (1): Que es atribución de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Constitucional, conocer de la Garantía de Amparo acorde a lo establecido en el Artículo 313 numeral 5 en relación con el Artículo 303 de la Constitución de la República; así como en los Artículos 3 numeral segundo, 5, 7, 8 y 9 numeral segundo de la Ley de Justicia Constitucional contenida en el Decreto Legislativo No. 244-2003. CONSIDERANDO (2): Que la acción de amparo es una garantía constitucional de carácter excepcional y extraordinario que cualquier persona agraviada o cualquiera en nombre de ésta tienen derecho a interponer, y que tiene por objeto mantener o restituir en el goce y disfrute, los derechos o garantías que la Constitución establece. Asimismo, de conformidad al Artículo 183 constitucional concordado con el Artículo 41 de la Ley de Justicia Constitucional, puede ser invocada para que se declare en casos concretos, que una ley, resolución, acto o hecho de autoridad, no obliga al recurrente ni es aplicable contravenir, disminuir o tergiversar cualesquiera de los derechos reconocidos por la Constitución, interponiéndose de conformidad con la ley. CONSIDERANDO(3): Que la Sala de lo Constitucional conoce la garantía Constitucional de Amparo promovida por el Abogado BENJAMÍN BENÍTEZ JEREZANO a favor de ALÍA KAFATY GEADAH, SAMIRA KAFATY GEADAH, SAMAHRA SAMANTA KAFATY GEADAH Y VÍCTOR JULIO MANUEL KAFATY GEADAH contra las resoluciones 25032022-28-VSG-2022, 25032022-26-VSG-26-2022, 25032022-24-VSG-2022 y VSG-25032022-25 dictadas por el Registro Nacional de las Personas (RNP) en fechas 26, 27 y 28 de septiembre del 2022, que resolvieron declarar NO PROCEDENTE las solicitudes de aplicación y respeto de la RESOLUCIÓN NO.3842-V-2003 emitida por la Dirección General de Registro Nacional de las Personas de fecha 10 de julio del 2003 que resolvió en el sentido “que los ciudadanos VICTOR JULIO MANUEL NIÑO KAFATY, SAMIRA NIÑO KAFATY, OSCAR ENRIQUE NIÑO KAFATY, SAMAHRA SAMANTA NIÑO KAFATY Y ALIA NIÑO KAFATY, conocidos también como VICTOR JULIO MANUEL KAFATY GEADAH, SAMIRA KAFATY GEADAH, OSAR ENRIQUE KAFATY GEADAH, SAMAHRA SAMANTA KAFATY GEADAH Y ALIA KAFATY GEADAH, pueden ser identificados de una u otra forma y de conformidad a las disposiciones legales aplicables al caso concreto”. CONSIDERANDO (4): Que consta en autos las actuaciones en vía administrativa realizadas según obra los antecedentes: a)El abogado BENJAMÍN BENÍTEZ en su condición de apoderado legal de los señores VICTOR JULIO MANUEL NIÑO KAFATY, SAMIRA NIÑO KAFATY, OSCAR ENRIQUE NIÑO KAFATY, SAMAHRA SAMANTA NIÑO KAFATY Y ALIA NIÑO KAFATY comparece ante el Registro Nacional de las personas para ejecutar la Resolución 3842-V-2003 de fecha 10 de julio del 2003, solicitando la aplicación y respeto de la misma, que expresa que dichos ciudadanos también conocidos como VICTOR JULIO MANUEL KAFATY GEADAH, SAMIRA KAFATY GEADAH, OSAR ENRIQUE KAFATY GEADAH, SAMAHRA SAMANTA KAFATY GEADAH Y ALIA KAFATY GEADAH, pueden ser identificados de una u otra forma y de conformidad a las disposiciones legales aplicables al caso concreto. b)Que mediante resoluciones números 25032022-28-VSG-2022 de fecha 26 de septiembre del 2022, 25032022-26-VSG-2022 de fecha 27 de septiembre del 2022, VSG-25032022-25 de fecha 27 de septiembre del2022 y 25032022-24-VSG-2022 de fecha 28 de septiembre del 2022 emitidas por el Registro Nacional de las personas en las que fundamenta en uno de sus considerandos, que la Resolución No.3842-V-2003 emitida por la Dirección General del Registro Nacional de las Personas, el 10 de julio del 2003, en cada uno de los casos presentados, puede ser identificado de una u otra forma y de conformidad a las disposiciones legales aplicables en el caso concreto. En el presente caso el Registro Nacional de las Personas, expresa a través de la resolución suplicada que en ninguna parte de la resolución ordena modificar la inscripción del nacimiento de las personas por la cuales se solicita dicho trámite. c) Que de los hechos planteados por el recurrente en amparo se confirma que interpuso los respectivos recursos de reposición contra dichas resoluciones administrativas, y que a la fecha de la presente interposición de la acción de amparo el ente administrativo no los ha resuelto, entendiendo el recurrente que transcurrido el termino de 10 días se consideran desestimados los recursos, articulo 138 de la Ley de Procedimiento Admisitativo quedando expedida la vía de amparo, considerando el amparista vulneradas las garantías constitucionales contenidas en los artículos 59 y 70 de la Constitución de la República, el derecho a un nombre propio, al no poder identificar con los apellidos maternos como se había dado con la tarjeta de identidad en su momento al extender las mismas, privando a los ciudadanos a una identificación oficial para que surta efectos ante terceros. CONSIDERNADO (5): Así las cosas, al realizar el control constitucional vemos que el Estado de Honduras reconoce y garantiza la protección integral de la niñez, así como el derecho a la identidad personal y familiar, principio que comprende el derecho de todo niño y niña a poseer un nombre y los apellidos que legalmente le correspondan, sin discriminación alguna; asimismo, el Código de Familia establece la igualdad jurídica de los hijos y regula las relaciones familiares bajo el principio del interés superior del menor, permitiendo la determinación y uso de los apellidos paterno y materno conforme a la filiación legalmente reconocida; de igual manera, el Código de la Niñez y la Adolescencia dispone en su artículo 29 que “todo niño tiene derecho a una nacionalidad, a su identidad personal, a poseer un nombre y apellido y a saber quiénes son sus padres, siendo estos derechos imprescriptibles”, por lo que corresponde al Estado y a las autoridades competentes garantizar el respeto y protección del derecho de los niños y niñas a ser inscritos y reconocidos con los apellidos de ambos progenitores, conforme a la ley y al interés superior de la niñez. CONSIDERANDO (6): Por su parte, al realizar el control de convencionalidad vemos que el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce “el derecho humano fundamental al nombre, estableciendo que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos”. Esta disposición constituye una garantía internacional del derecho a la identidad personal y familiar de los niños y niñas, obligando a los Estados Parte, entre ellos Honduras, a adoptar las medidas legislativas y administrativas necesarias para asegurar su efectivo cumplimiento. Por lo que se colige, que dicho instrumento internacional, está en armonía con la Constitución de la República, el Código de Familia, el Código de la Niñez y la Adolescencia y la Ley del Registro Nacional de las Personas reconocen el derecho de todo menor a ser inscrito inmediatamente después de su nacimiento, a portar un nombre y a ostentar los apellidos que correspondan conforme a su filiación. Asimismo, el artículo 18 de la Convención Americana permite que la ley nacional reglamente la forma de asegurar este derecho. CONSIDERANDO (7): Que, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha desarrollado una amplia jurisprudencia sobre el derecho al nombre, la identidad y la igualdad, derivada del artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Sostiene, que el derecho al nombre en términos generales es un elemento esencial de la identidad de la persona y que los Estados deben garantizarlo sin discriminación, señala “que el reconocimiento de la identidad de las personas es uno de los medios a través del cual se facilita el ejercicio de los derechos a la personalidad jurídica, al nombre, a la nacionalidad, a la inscripción en el registro civil, a las relaciones familiares, entre otros derechos reconocidos en instrumentos internacionales como la Declaración Americana de los Derechos y la Convención Americana. Asimismo, estableció que la falta de reconocimiento de la identidad puede implicar que la persona no cuente con constancia legal de su existencia, dificultando el pleno ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En ese mismo sentido, el Comité Jurídico Interamericano expresó que el “derecho a la identidad es consustancial a los atributos y a la dignidad humana” y que, en consecuencia, “es un derecho humano fundamental oponible erga omnes como expresión de un interés colectivo de la comunidad internacional en su conjunto [,] que no admite derogación ni suspensión en los casos previstos por la Convención Americana” . Concluyendo la CIDH que la supresión o alteración de la identidad de una persona, incluyendo nombre y filiación, vulnera derechos fundamentales protegidos por la Convención. CONSIDERANDO (8): Que, mediante la Opinión Consultiva OC-9/87, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, afirmó que el artículo 8 de la Convención consagra los lineamientos del llamado "debido proceso legal", entendido éste como "el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales, a efectos de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Estado que pueda afectarlos. De esta manera, para que en un proceso existan verdaderamente las garantías judiciales también conocidas como garantías procesales, es preciso que se observen todos los requisitos que "sirvan para proteger, asegurar o hacer valer la titularidad o el ejercicio de un derecho", es decir, las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial. De acuerdo con el Tribunal, "los principios y actos del debido proceso legal constituyen un conjunto irreductible y estricto que puede ampliarse a la luz de nuevos avances en el Derecho de los derechos humanos". CONSIDERANDO (9): Ante tal claridad al derecho a la igualdad ante la ley así como a la tutela judicial efectiva sobre los derechos individuales para el libre desarrollo de la personalidad del ser humano en todos los ámbitos de la vida, y siendo que el Estado reconoce la dignidad humana, y la protección integral de la niñez, disponiendo en sus artículos 60 y 119 que todas las personas nacen libres e iguales en derechos y que el Estado tiene la obligación de proteger a la infancia y garantizar su desarrollo integral; asimismo, el artículo 18 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus padres o al de uno de ellos, mientras que la Convención sobre los Derechos del Niño reconoce el derecho del niño a preservar su identidad, incluido su nombre y relaciones familiares; los tratados internacionales ratificados por Honduras, conforme a los artículos 15 y 16 constitucionales, forman parte del derecho interno y obligan al Estado a garantizar el derecho a la identidad sin discriminación alguna. En consecuencia, toda interpretación de la legislación nacional relativa a la inscripción de nacimientos y al uso de los apellidos debe realizarse conforme a los principios de igualdad, interés superior del niño y protección de la identidad personal y familiar, procurando que prevalezca el ejercicio efectivo del derecho humano al nombre. CONSIDERANDO (10): Que, este alto tribunal como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, que deviene en la obligación de ajustar sus decisiones a los principios, valores y contenido esencial de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución de la República y el resto del ordenamiento jurídico. En consecuencia, esta Sala es del parecer que efectivamente han sido vulneradas las garantías constitucionales señaladas por el recurrente y estima procedente otorgar el presente recurso de amparo, tomando como fundamento lo establecido en el articulo 4 numeral 5 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual indica la finalidad principal es la protección efectiva e inmediata de los derechos y garantías constitucionales de las personas frente a actos que los vulneren y restituir el goce de los derechos fundamentales lesionados. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, impartiendo justicia, en nombre del Estado de Honduras, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, por UNANIMIDAD DE VOTOS; haciendo aplicación de los artículo 18 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos; articulo 7 sobre la Convención de los Derechos del Niño; artículos 59, 68, 69, 70, 82, 86, 90, 92, 303, 304, 313 Numeral 5, 316 y 319 atribución 8a. de la Constitución de la República; 1 y 78 atribución 5ta. de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; artículo 29 del Código de la Niñez y Adolescencia; artículos 1, 2, 3, 4 numeral 5, 5, 6, 7, 9, 41, 42, 45, 63 y los demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional; FALLA: OTORGANDO la Garantía Constitucional de AMPARO interpuesta por el Abogado BENJAMÍN BENÍTEZ JEREZANO, a favor de los señores ALIA KAFATY GEADAH, SAMIRA KAFATY GEADAH, SAMAHRA SAMANTA KAFATY GEADAH y VÍCTOR JULIO MANUEL KAFATY GEADAH, contra actuaciones del Registro Nacional de las Personas (RNP) y consecuentemente: 1) Queda sin valor y efecto las resoluciones Nos. 25032022-28-VSG-2022, 25032022-26-VSG-2022, 25032022-24-VSG-2022 y 25032022-25-VSG-2022, dictadas por el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), en fechas veintiséis (26), veintisiete (27) y veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintidós (2022), respectivamente en las que se resolvió DECLARANDO NO PROCEDENTES las solicitudes de aplicación de la resolución No. 3842-V-2003.- 2) Tal y como se pide, declárese la aplicabilidad de la resolución No. 3842-V-2003 emitida por la Dirección General del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), de fecha diez (10) de julio de dos mil tres (2003), a los efectos de a) ALIA NIÑO KAFATY, con DNI No. 0801-1986-18882 sea inscrita y reconocida como ALIA KAFATY GEADAH.- b) SAMIRA NIÑO KAFATY, con DNI No. 0801-1995-07355 sea inscrita y reconocida como SAMIRA KAFATY GEADAH.- c) SAMHARA SAMANTA NIÑO KAFATY, con DNI No. 0801-1991-09857 sea inscrita y reconocida como SAMAHRA SAMANTA KAFATY GEADAH.- d) VICTOR JULIO MANUEL NIÑO KAFATY, con DNI No. 0801-1996-08210 sea inscrito y reconocido como VICTOR JULIO MANUEL KAFATY GEADAH.- Y MANDA: Que con la certificación de este fallo remita los antecedentes al lugar de su procedencia para los efectos legales pertinentes.- NOTIFIQUESE Y CUMPLASE. FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. ISBELA BUSTILLO HERNANDEZ. – ODALIS ALEYDA NAJERA MEDINA. - SONIA MARLINA DUBON VILLEDA. - LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL.” Se extiende a solicitud de la Abogada ROSIBEL PATRICIA QUIROZ LANDA, en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los treinta días del mes de junio del dos mil veintiséis, certificación del fallo de fecha dos de junio del dos mil veintiséis, recaída en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-1663-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL