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Sentencia AA-1286-25 — Registro 20481

Resumen

Hecho realizado por el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), con relación a que el ente denunciado no está brindando el beneficio de la jubilación voluntaria vitalicia en base al Decreto 1026-1980, emitido en fecha quince (15) de julio del año mil novecientos ochenta, pese reunir los requisitos de esta normativa, sino que aplica lo dispuesto en el Decreto Legislativo No. 247-2011, contentiva de la Ley del INPREMA vigente.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."ue en este ámbito, es necesario recalcar que los actos que se aleguen como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del actuante o de su representado, toda vez que aun cuando el recurrente ha invocado la vulneración de derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que impugna, no obstante, esta Sala después de la revisión realizada, no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. en virtud de todo lo anterior, esta Sala concluye que al no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales que han sido señalados, resulta procedente rechazar de plano la demanda de amparo interpuesta por ser la misma inadmisible. CONSIDERANDO: Que, al no advertirse agravio, no existe la posibilidad material de que este Supremo Tribunal mantenga o restituya al agraviado en el goce o disfrute de los derechos que se alegan como violados por la autoridad denunciada, en consecuencia, la presente acción de amparo debe ser rechazada, por no reunir los presupuestos establecidos por los artículos 183 de la Constitución de la República, 41 y 44 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. "

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..."ue en este ámbito, es necesario recalcar que los actos que se aleguen como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del actuante o de su representado, toda vez que aun cuando el recurrente ha invocado la vulneración de derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que impugna, no obstante, esta Sala después de la revisión realizada, no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. en virtud de todo lo anterior, esta Sala concluye que al no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales que han sido señalados, resulta procedente rechazar de plano la demanda de amparo interpuesta por ser la misma inadmisible. CONSIDERANDO: Que, al no advertirse agravio, no existe la posibilidad material de que este Supremo Tribunal mantenga o restituya al agraviado en el goce o disfrute de los derechos que se alegan como violados por la autoridad denunciada, en consecuencia, la presente acción de amparo debe ser rechazada, por no reunir los presupuestos establecidos por los artículos 183 de la Constitución de la República, 41 y 44 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. "

Sentencia

CERTIIFCACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA: Las Resoluciones que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. -SALA CONSTITUCIONAL. -Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, quince de enero del año dos mil veintiséis. VISTAS las diligencias del recurso de amparo interpuesto por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, a favor de HECTOR EDUARDO PALACIOS ORDENES en contra del hecho realizado por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil veinticinco, con relación a que el ente denunciado no está brindando el beneficio de la jubilación voluntaria vitalicia en base al Decreto 1026-1980, emitido en fecha quince (15) de julio del año mil novecientos ochenta, pese reunir los requisitos de esta normativa, sino que aplica lo dispuesto en el Decreto Legislativo No. 247-2011, contentiva de la Ley del INPREMA vigente. CONSIDERANDO: Que esta Sala luego de revisado el escrito de interposición dispuso mediante auto de fecha veintidós (22) de octubre del año dos mil veinticinco, que previo a pronunciarse sobre la admisión del recurso de amparo la autoridad rindiera un informe circunstanciado en cuanto a las acciones o recursos disponibles al recurrente para obtener la subsanación del acto denunciado, y de haber hecho uso de estos, la fecha en que se notificó de lo resuelto. CONSIDERANDO: Que del Informe circunstanciado rendido por la autoridad reclamada, se desprende que el acto reclamado en amparo consiste en la respuesta brindada por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), a través de la plataforma SIEHLO en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil veinticinco, misma que según indica el ente denunciado es un mecanismo orientado a brindar información y no un acto administrativo per se, refiriendo además que no se ha promovido reclamo administrativo alguno a favor del docente HECTOR EDUARDO PALACIOS ORDENES, ante dicho Instituto de previsión en el que se haya emitido resolución contra la cual se pueda promover recurso de amparo. CONSIDERANDO: que conforme lo establece la doctrina Constitucional, la legitimación procesal en lo relativo a la garantía de amparo, la cual está determinada por la titularidad que pudiese tener el recurrente de los derechos subjetivos que protegen tanto nuestra Constitución como los tratados internacionales, y específicamente en la aptitud para ser parte en un proceso concreto, lo que es determinado por la posición en que se encuentra las partes respecto a una pretensión procesal en un procedimiento determinado. CONSIDERANDO: Que aun cuando se desprende de la propia exposición del recurrente el motivo que lo llevó a interponer la presente acción constitucional, esta Sala no ha podido concretizar la existencia real de la afectación que señala, al no ser posible determinar de los alegatos el perjuicio que le ocasionan el hecho contra el cual recurre, toda vez que esta Sala, después del análisis del Informe brindado por la autoridad recurrida, no logró advertir las violaciones constitucionales que han sido señalados, en virtud de que dicho hecho denunciado no afecta los derechos que el actuante denuncia como quebrantados, resultando procedente inadmitir la Garantía Constitucional de Amparo de que se ha hecho mérito. CONSIDERANDO: Que los medios de impugnación son medios de control que la ley le concede a quien se estime agraviado para objetar una resolución judicial injusta. CONSIDERANDO: Que los recursos tienen un procedimiento y formalidades legalmente establecidos en la ley, entre Las exigencias reguladas que se hacen es la concerniente a que los recurrentes deben expresar agravios, lo cual equivale a indicar el perjuicio sufrido con el acto reclamado, indicando el vicio o error del que adolece, para determinar si corresponde corregir o enmendar el hecho o acto denunciado que se pide sea reexaminado, sin embargo, ésta Sala en el caso sub judice no aprecia el perjuicio por el que se ataca el acto censurado, contraviniendo así normas procesales de cumplimiento obligatorio, por cuanto el acto emitido por el ente denunciado no vulnera los derechos contenidos en la norma fundamental. CONSIDERANDO: Que en este ámbito, es necesario recalcar que los actos que se aleguen como violatorios y que son objeto de la garantía de amparo, deben ser susceptibles de originar perjuicio al que se considera como agraviado y de allí, resulta imperativo que el acto que genera la acción constitucional sea real. CONSIDERANDO: Que conforme lo establecen, tanto el artículo 183 de la Constitución de la República, como el artículo 41 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, toda persona agraviada o cualquier otra en nombre de ésta, tiene derecho a interponer el recurso de amparo, para que se le mantenga o restituya en el goce o disfrute de los derechos o garantías que la constitución establece. Sin embargo, en lo atinente a la acción de mérito, al haberse acreditado la falta de legitimación del recurrente, por no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales del actuante o de su representado, toda vez que aun cuando el recurrente ha invocado la vulneración de derechos específicos por la autoridad recurrida a través del acto que impugna, no obstante, esta Sala después de la revisión realizada, no observa quebrantamiento a la norma primaria por los motivos ya expuestos. en virtud de todo lo anterior, esta Sala concluye que al no existir una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales que han sido señalados, resulta procedente rechazar de plano la demanda de amparo interpuesta por ser la misma inadmisible. CONSIDERANDO: Que, al no advertirse agravio, no existe la posibilidad material de que este Supremo Tribunal mantenga o restituya al agraviado en el goce o disfrute de los derechos que se alegan como violados por la autoridad denunciada, en consecuencia, la presente acción de amparo debe ser rechazada, por no reunir los presupuestos establecidos por los artículos 183 de la Constitución de la República, 41 y 44 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: La Sala de lo Constitucional en nombre de la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 atribución 5a. de la Constitución de la República; 10. y 78 atribución 5a. de la Ley de Organización Y Atribuciones de los Tribunales; 11 del Código de ética del Profesional Hondureño del Derecho; 1, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 119 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional: RESUELVE: INADMITIR el recurso de amparo interpuesto por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, a favor de HECTOR EDUARDO PALACIOS ORDENES en contra del hecho realizado por el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), en fecha diecisiete (17) de septiembre del año dos mil veinticinco, al apreciar esta Sala que no existe una afectación real y notoria (Agravio Constitucional) a los derechos Constitucionales de su representado; Y MANDA: Que una vez notificada y firme la presente resolución se archiven las presentes diligencias. NOTIFIQUESE. “FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL” “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, nueve de marzo del año dos mil veintiséis. VISTO el recurso de reposición interpuesto en contra de la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, de fecha quince (15) de enero del año dos mil veintiséis, que inadmite el recurso de amparo de mérito interpuesto por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, a favor de HECTOR EDUARDO PALACIOS ORDENES, en contra de las actuaciones del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), por no brindar el beneficio de jubilación voluntaria vitalicia en razón a lo dispuesto en el Decreto 1026-1980, emitido en fecha quince (15) de julio del año mil novecientos ochenta, sino por lo determinado en el Decreto Legislativo No.247-2011, contentiva de la Ley del INPREMA vigente. CONSIDERANDO: Que el recurrente interpone recurso de reposición en oposición de lo resuelto por este alto Tribunal en fecha quince (15) de enero del año dos mil veintiséis, por estimar que se debe continuarse con el trámite de la presente garantía y se otorgue la misma a favor de su representado. CONSIDERANDO: Que, revisados los argumentos presentados en el recurso de reposición, se procedió al análisis tanto de la resolución impugnada dictada por esta Sala de lo Constitucional, como en el Informe brindado por el ente denunciado, no logra percibir menoscabo o error que justifique la revocación de la resolución impugnada, motivo por el cual resulta procedente declarar sin lugar el recurso de reposición referido. CONSIDERANDO: Que la finalidad del recurso de reposición es que el afectado con un determinado pronunciamiento pida a la misma autoridad que lo emitió, proceda a su examen con el objeto de enmendarlo o revocarlo en caso de apreciar yerros en la misma. CONSIDERANDO: Que el Tribunal ante quien se pida la reposición deberá, sin más trámite, denegar o enmendar la providencia o sentencia, según lo creyere de derecho, de manera que al no haber motivos ni de fondo ni de forma que justifiquen la revocación que se solicita, resulta procedente denegar dicho recurso. POR TANTO: La SALA DE LO CONSTITUCIONAL en nombre de la Corte Suprema De Justicia, por unanimidad de votos y en aplicación de los artículos 80, 182, 313 atribución 5ª. Y 316 de la Constitución de la República; 8 y 25 de la Convención Interamericana Sobre Derechos Humanos; 41, 44, 45, 46, 49, 119, 120 y demás aplicables de la Ley Sobre Justicia Constitucional, RESUELVE: Declarar SIN LUGAR el RECURSO DE REPOSICIÓN interpuesto por el Abogado SERGIO DANIEL ELVIR AMAYA, a favor de HECTOR EDUARDO PALACIOS ORDENES, en contra de la resolución dictada por esta Sala de lo Constitucional, de fecha quince (15) de enero del año dos mil veintiséis, por no desprenderse razones de fondo o forma para proceder a su enmienda. Y MANDA: Que una vez notificado el presente auto, se dé cumplimiento a lo ordenado en la resolución recurrida por el impetrante. - NOTIFIQUESE. “FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veinticuatro días de abril del dos mil veintiséis, certificación de la Resolución de fecha quince de enero del dos mil veintiséis y la Resolución de fecha nueve de marzo del dos mil veintiséis, recaídas en el Recurso de Amparo Administrativo registrado en este Tribunal con el número SCO-1286-2025.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL