Sentencia RP-992-21 — Registro 20089
Resumen
Sentencia en revisión condenó a recurrente condenó como autor responsable del delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido con clave R-0007, a quince (15) años de reclusión, más penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil; imponiéndoe multa pecuniaria, declarándole su responsabilidad civil; La Sala de lo Constitucional concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
…"En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a RAUL ANTONIO PALMA UMAÑA, las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de CINCUENTA salarios mínimos que equivalen a QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS (L 515,805.00), por ser autor penalmente responsables de un delito de extorsión en perjuicio del testigo protegido “r-007; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fuera condenado RAUL ANTONIO PALMA, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). En relación a la condena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto impuesta con el Código Penal derogado, con el nuevo Código Penal esta fue modificada a días multa, por lo que al hacer la conversión corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil (1000) días multa, cuyo valor oscila en no menor de veinte lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil lempiras (L.5,000.00) aplicando lo anterior al caso concreto, resulta en una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de reclusión. Y la pena de multa de 500 a 1000 días, en su nivel más alto, de conformidad a los criterios establecidos el artículo 53 y 616 del nuevo Código Penal. Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme lo dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal..."
Legislación citada
- Constitución de la República, art. 95 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 186 (Rango Constitucional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 9 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 11 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 25 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 96.6 (Rango Constitucional)
- Constitución de la República, art. 96.8 (Rango Constitucional)
- Ley sobre Justicia Constitucional, art. 104 (Rango Constitucional)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Secretario de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia CERTIFICA: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONSTITUCIONAL. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de junio de dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Recibido con procedencia del JUZGADO DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LA SECCION JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CON FUNCION EN EL PROGRESO YORO, interpuesto por la Abogada DORIS MARLENY GARCIA UMAÑA a favor del señor RAUL ANTONIO PALMA UMAÑA, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO, en fecha dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, con relación a la causa que se instruyó contra el señor RAUL ANTONIO PALMA UMAÑA por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE R-007. Son partes: 1) la Abogada DORIS MARLENY GARICA UMAÑA, en favor del señor RAUL ANTONIO PALMA UMAÑA, como revisionista; 2) La Abogada DIANA ELIXABETH RODRIGUEZ COREA, Fiscal del Ministerio Público. Hechos probados de la sentencia venida en revisión penal “PRIMERO: En fecha dieciséis (16) de enero del año dos mil dieciséis (2016), en el transcurso del día , se presentó un ciudadano a interponer una denuncia a la Unidad de la Policía Antiextorsión, ubicada en la ciudad de San Pedro Sula,, Departamento de Cortés, donde se le asigno la clave como testigo Protegido R-007, poniendo en conocimiento de esa autoridad que personas le estaban exigiendo el pago de una cantidad de doscientos mil lempiras (Lps.200.000.00) advirtiéndole que de no hacerlo estaría en peligro su vida o de la de sus familiares, por lo cual era objeto de llamadas constantes, haciéndole las mismas advertencias e indicándole que en el parque Las Mercedes de la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, iba ser el lugar donde el testigo protegido tenia que entregar la cantidad de dinero solicitada. SEGUNDO: En fecha diecisiete (17) de enero del año dos mil dieciséis (2016), como a eso de la una y treinta de la tarde, en el parque Las Mercedes de la ciudad de El Progreso, Departamento de Yoro, después de una vigilancia y seguimiento efectuada por la policía antiextorsión, el testigo protegido le hizo entrega al señor Raúl Antonio Palma Umaña de un sobre blanco conteniendo en su interior dos billetes de cine lempiras con las series BX8060579 Y BY5330436 respectivamente, empaquetadas con papel periódico que simulaban la cantidad de 200 mil lempiras, esto en cumplimiento al pago de la cuota de dinero que le estaban exigiendo bajo amenazas, una vez que el señor Raúl Antonio Palma Umaña recibió el dinero se retiró del lugar y abordo un bus con dirección a la ciudad de Tela, Departamento de Atlántida, por lo que los agentes de la Policía, antiextorsión le dieron seguimiento al bus donde se trasportaba el señor Palma Umaña y fue a la altura de la Aldea de Pajuiles, jurisdicción de Tela, Departamento de Atlántida, que fue detenido el señor Palma Umaña después que se bajo del bus en que se transportaba, a quien le decomisaron un sobre blanco que en su interior contenía dos billetes de cien lempiras uno con serie BX8060579 y otro con serie BY5330436 posteriormente el señor Palma Umaña fue traslado a las oficinas Antiextorsión en San Pedro Sula, donde fue identificado plenamente con el nombre de Raúl Antonio Palma Umaña y posteriormente fue puesto a la orden de la autoridad Judicial competente. ANTECEDENTES 1)En fecha dieciocho (18) de enero de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el Juzgado de Letras de la sección judicial de El Progreso, departamento de Yoro, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, abogado RAFAEL ANTONIO BELTRAN RODRIGUEZ, presentando requerimiento fiscal en contra del señor RAUL ANTONIO PALMA UMAÑA, por suponerlos responsables del delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE R-007. (Folios 1-4 del antecedente). 2) Que en fecha dieciocho (18) de octubre de dos mil diecisiete (2017), el Tribunal de sentencia de El Progreso Yoro, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: Que debemos CONDENAR y al efecto CONDENAMOS al señor RAUL ANTONIO PALMA UMAÑA, cuyas generales ya han sido descritas, como autor responsable del Delito de EXTORSIÓN en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE R-007, a la pena principal de QUINCE (15) años de reclusión, la que deberá cumplir en el Centro Penal correspondiente y como consecuencia de la pena de reclusión se le imponen las penas accesorias de INHABILITACION ABSOLUTA e INTERDICCION CIVIL, por el tiempo que dure la condena principal y trabajar durante el tiempo de la condena en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal, de conformidad con lo que regula el sistema penitenciario nacional. SEGUNDO: Se impone al señor RAUL ANTONIO PALMA UMAÑA, como consecuencia de haber sido encontrados culpables del delito de EXTORSIÓN, la multa de 50 salarios mínimos vigentes a la fecha de ejecución de esta sentencia. TERCERO: Procede declarar la Responsabilidad Civil, como consecuencia de la responsabilidad penal al condenado RAUL ANTONIO PALMA UMAÑA, la cual será objeto de tasación en la fase de ejecución de esta sentencia. CUARTO: No procede la condena en costas procesales, personales, ni gastos ocasionados por el juicio ASI LO PRONUNCIAMOS, MANDAMOS Y FIRMAMOS. Que se notifique esta sentencia a las partes procesales. (Folios 91 -97 del recurso de mérito.) 3) En fecha nueve (09) de mayo de dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante FELIPE RENE SPEER LAINEZ, con la comparecencia de la abogada DIANA ELIZABETH RODRIGUES COREA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público y la abogada DORIS MARLENY GARCIA UMAÑA actuando en su condición de Apoderado Legal del señor RAUL ANTONIO PALMA UMAÑA. El Ministerio Público consideró: I.-ANTECEDENTES: El Tribunal de Sentencia de El Progreso departamento de Yoro, en fecha dieciocho (18) de Octubre del año dos mil diecisiete (2017), dictó sentencia condenatoria mediante Juicio Oral Y Publico, contra el señor RAUL ANTONIOS PALMA UMAÑA, por el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO con clave "R-007", condenándolo a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN Y A LAS PENA ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA y MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES A LA FECHA DE EJECUCION DE LA SENTENCIA y se declaró la responsabilidad civil del condenado. II. APRECIACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia de El Progreso departamento de Yoro, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, de conformidad a las disposiciones vigentes contenidas en el nuevo Código Penal, el cual es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como 10 dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2) ..., 4) .., 5) ..., 6) . 7)..., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,... relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal. De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de EXTORSION por el cual se condenó al señor RAUL ANTONIOS PAIMA UMAÑA, según lo regulado en el artículo 222 del Código Penal derogado, que establecía una pena de quince de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan; mientras que el Código Penal Vigente sanciona esa misma figura delictiva en el artículo 373, reformado a través del Decreto 93-2021, con la misma pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MÁS ALTO, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados, si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. Por otra parte, el Código Penal Vigente dispone en el artículo 53.- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000), que resultara del estudio Socio Económico realizado por parte del Consejo Técnico del Centro Penitenciario por medio de la trabajadora social. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 párrafo cuarto del referido Código, en cuanto señala que cuando se trata de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho fuera también imponible con arreglo al presente Código; tal como acontece en el caso de autos, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado conforme la legislación derogada se encuentra dentro del mismo rango de pena abstracta imponible al delito de Extorsión con arreglo al Código Penal vigente, por lo que el Ministerio Público es de la opinión que se mantenga la pena impuesta al hoy condenado. Por lo que esta representación Fiscal, es del criterio que no resulta procedente lo solicitado por el revisionista, en tanto que las disposiciones contenidas en las reformas del Código Penal Vigente, respecto al marco punitivo aplicable al delito de Extorsión, no resulta más beneficiosa para el sentenciado, por lo que no concurre la causal contenida en los artículos 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 18-20 vuelto del recurso de mérito). Fundamentación CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la garantía constitucional de Revisión Penal y el Principio de Retroactividad en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). La Constitución de la República prohíbe en su artículo 186 abrir juicios fenecidos; sin embargo, establece una excepcionalidad a esta regla instituyendo la garantía constitucional de Revisión, a fin de que toda persona que hubiese sido parte en un proceso penal y recibido en su contra una sentencia condenatoria, pueda en supuestos excepcionales peticionar ante la Corte Suprema de Justicia, un nuevo examen de la sentencia aun cuando que se encuentre en calidad de firme. En este sentido, manda que la ley regule los casos y el procedimiento a seguir. El artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimentos de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. Sobre la garantía constitucional del recurso extraordinario de Revisión, la Sala de lo Constitucional a través de su jurisprudencia, ha establecido que “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el valor justicia sobre el valor seguridad jurídica (cosa juzgada)…”; “…procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho…”; “…reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; y, excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada”. El Estado de Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha sostenido que, “…en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo…”. Así como que: “…el principio de la retroactividad de la ley penal más favorable contemplado en el artículo 9 in fine de la Convención, indica que, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el condenado se beneficiará de ello. Dicha norma debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de éstos y teniendo en cuenta el objeto y fin de la Convención Americana, el cual es la eficaz protección de la persona humana, así como mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de protección de derechos humanos. En este sentido, debe interpretarse como ley penal más favorable tanto a aquella que establece una pena menor respecto de los delitos, como a la que comprende a las leyes que despenalizan una conducta anteriormente considerada como delito, crean una nueva causa de justificación, de inculpabilidad, y de impedimento a la operatividad de una penalidad, entre otras. Dichos supuestos no constituyen una enumeración taxativa de los casos que merecen la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal más favorable. Cabe destacar que el principio de retroactividad se aplica respecto de las leyes que se hubieren sancionado antes de la emisión de la sentencia, así como durante la ejecución de esta, ya que la Convención no establece un límite en este sentido” . CONSIDERANDO DOS (2): Resumen de los argumentos esgrimidos por las partes en la audiencia de oposición. La audiencia de oposición y presentación de pruebas a la garantía de revisión penal se celebró en fecha nueve de mayo del año dos mil veinticuatro (2024), ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, con la comparecencia de la Abogada DORIS MARLENY GARCIA UMAÑA a favor de RAUL ANTONIO PAMA UMAÑA, como revisionista; y, la Abogada Diana Elizabeth Rodríguez Corea, en su condición de Fiscal del Ministerio Público. La Abogada DORIS MARLENY GARCIA UMAÑA, funda su petición en al tenor del artículo 373 donde establecía que la pena era reducida de 10 a 15 años y considerando que el Ministerio Púbico en su momento solicitó la pena mínima, entonces viene a ratificar la solicitud y que se pueda rebajada la pena a su representando. Por su Parte, la Agente Fiscal DIANA ELIZABETH RODRIGUEZ COREA estima, que el Tribunal de Sentencia de El Progreso, departamento de Yoro, en fecha dieciocho (18) de octubre del año dos mil diecisiete (2017), dictó sentencia condenatoria mediante Juicio Oral Y Publico, contra el señor RAUL ANTONIO PALMA UMAÑA, por el delito de EXTORSIÓN, en perjuicio del TESTIGO PROTEGIDO con clave "R-007", condenándolo a la pena de QUINCE (15) AÑOS DE RECLUSIÓN Y A LAS PENA ACCESORIAS DE INHABILITACION ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL POR EL TIEMPO QUE DURE LA CONDENA y MULTA DE CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS VIGENTES A LA FECHA DE EJECUCION DE LA SENTENCIA y se declaró la responsabilidad civil del condenado. II. APRECIACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS CONTROVERTIDOS: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva emitida por el Tribunal de Sentencia de El Progreso departamento de Yoro, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la Ley penal a favor del condenado, de conformidad a las disposiciones vigentes contenidas en el nuevo Código Penal, el cual es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más le favorezca a su representado, tal como 10 dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)..., 2) ..., 4) .., 5) ..., 6) . 7)..., 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna,... relacionado con los artículos 615 y 616 del nuevo Código Penal. De lo expuesto por el revisionista, el Ministerio Público procede a revisar ambas leyes penales indicando las sanciones correspondientes al delito de EXTORSION por el cual se condenó al señor RAUL ANTONIOS PAIMA UMAÑA, según lo regulado en el artículo 222 del Código Penal derogado, que establecía una pena de quince de quince (15) a veinte (20) años y multa de cincuenta (50) salarios mínimos, más las accesorias que correspondan; mientras que el Código Penal Vigente sanciona esa misma figura delictiva en el artículo 373, reformado a través del Decreto 93-2021, con la misma pena de prisión de QUINCE (15) A VEINTE (20) AÑOS Y MULTA DE QUINIENTOS (500) A MIL (1000) DÍAS EN SU NIVEL MÁS ALTO, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física o de intimidación realizados, si producto de lo anterior se causare la muerte a una persona, se impondrá la pena de prisión a perpetuidad. Por otra parte, el Código Penal Vigente dispone en el artículo 53.- PENA DE DÍAS MULTA. La pena de días multa obliga a la persona condenada a pagar una cantidad de dinero al Estado de Honduras, a través de la Tesorería General de la República o de la institución que la Ley designe. La pena de multa se impone por el sistema de los días multa, salvo que el presente Código disponga otra cosa. Su extensión es de diez (10) a dos mil (2,000) días y cada día multa tiene un valor no menor de Veinte Lempiras (L.20) ni mayor de Cinco Mil Lempiras (L5,000), que resultara del estudio Socio Económico realizado por parte del Consejo Técnico del Centro Penitenciario por medio de la trabajadora social. Conforme lo antes expuesto, esta representación fiscal estima que las disposiciones contenidas en el actual Código Penal no son más favorables al sentenciado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 616 párrafo cuarto del referido Código, en cuanto señala que cuando se trata de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho fuera también imponible con arreglo al presente Código; tal como acontece en el caso de autos, en virtud que la pena privativa de libertad impuesta al sentenciado conforme la legislación derogada se encuentra dentro del mismo rango de pena abstracta imponible al delito de Extorsión con arreglo al Código Penal vigente, por lo que el Ministerio Público es de la opinión que se mantenga la pena impuesta al hoy condenado. Por lo que esta representación Fiscal, es del criterio que no resulta procedente lo solicitado por el revisionista, en tanto que las disposiciones contenidas en las reformas del Código Penal Vigente, respecto al marco punitivo aplicable al delito de Extorsión, no resulta más beneficiosa para el sentenciado, por lo que no concurre la causal contenida en los artículos 96 constitucional y 96 numeral 8 de la Ley sobre Justicia Constitucional, el cual regula el principio de retroactividad. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. CONSIDERANDO TRES (3): Reglas particulares de ponderación aplicables al caso concreto. En el caso bajo estudio nos encontramos ante un supuesto de una pena no concursada, por lo que se procederá a la comparación de la pena concreta o de las penas conjuntas (si fueren varias penas principales) impuesta conforme VCP144-83, con la pena abstracta (o penas conjuntas) que correspondan según el NCP130-2017, bajo las siguientes reglas: a). Si existe coincidencia en la naturaleza de las penas contempladas como sanción en ambas legislaciones: i. no procederá la aplicación retroactiva cuando la nueva legislación prevea una pena más grave que la anterior legislación; ii. no procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada impuesta conforme el VCP144-83, se encuentre dentro del margen abstracto del NCP130-2017; iii. procederá la aplicación retroactiva cuando la pena individualizada sea más grave en comparación con el margen abstracto previsto en la nueva legislación; b) Si el hecho definido como delito tiene previstas penas conjuntas (varias penas principales, siendo una de ellas la privativa de libertad) donde una de ellas es más beneficiosa y la otra es más gravosa en comparación con el otro cuerpo legal, el órgano jurisdiccional deberá de tomar como pena definitoria de aplicación la de privación de libertad, a menos que el propio acusado señale que a su conveniencia deba de tomarse las otras penas como definitorias. C) Si la sanción impuesta conforme el VCP144-83, es de distinta naturaleza a la prevista en el NCP130-2017, se procederá a hacer una ponderación en atención al caso concreto, incluyendo la situación personal del condenado, para determinar cuál de ellas le es más beneficiosa y con esto si procede o no la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal. En caso de requerirse estudios para determinar cuál de las sanciones es más beneficiosa, éstos deberán de ser ordenados por la Sala previo a la decisión. Finalmente, si aun con los estudios realizados no existe claridad cuál de las penas es más beneficiosa para el acusado, la Sala le consultará a éste para que señale la que más le favorece. CONSIDERANDO CUATRO (4): Fundamentación de la Sala de lo Constitucional para otorgar el recurso extraordinario de Revisión Penal. En la parte resolutiva de la sentencia que hoy se estudia en revisión penal, se impuso a RAUL ANTONIO PALMA UMAÑA, las penas principales de quince (15) años de reclusión y multa de CINCUENTA salarios mínimos que equivalen a QUINIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCO LEMPIRAS (L 515,805.00), por ser autor penalmente responsables de un delito de extorsión en perjuicio del testigo protegido “r-007; más las penas accesorias de inhabilitación absoluta e interdicción civil por el tiempo de la pena privativa de libertad y las consecuencias de trabajo penitenciario y responsabilidad civil derivada del delito. La conducta por la cual fuera condenado RAUL ANTONIO PALMA, está prevista en el Código Penal 130-2017, como delito de extorsión (artículo 373 reformado por decreto legislativo No. 93-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,760, de fecha 1 de noviembre de 2021, entrado en vigencia a partir del día siguiente de su publicación), cuyas penas principales son: prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, lo que nos da un margen abstracto de pena de multa de dos millones quinientos mil lempiras (L 2,500,000.00) a cinco millones de lempiras (L 5,000,000.00). En relación a la condena de multa de cincuenta (50) salarios mínimos en su nivel más alto impuesta con el Código Penal derogado, con el nuevo Código Penal esta fue modificada a días multa, por lo que al hacer la conversión corresponde también la aplicación de la multa de quinientos (500) a mil (1000) días multa, cuyo valor oscila en no menor de veinte lempiras (L.20) ni mayor de cinco mil lempiras (L.5,000.00) aplicando lo anterior al caso concreto, resulta en una pena abstracta de quince (15) a veinte (20) años de reclusión. Y la pena de multa de 500 a 1000 días, en su nivel más alto, de conformidad a los criterios establecidos el artículo 53 y 616 del nuevo Código Penal. Ergo, se verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo margen imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, el importe pecuniario excede por mucho el impuesto en la sentencia de instancia venida en revisión. Por tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal, por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación con la legislación penal anterior, conforme lo dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal. POR TANTO: Esta SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos: 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por la Abogada DORIS MARLENY GARCIA UMAÑA, en favor del señor RAUL ANTONIO PALMA UMAÑA. Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al Juzgado de Ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. Redactó el magistrado WAGNER VALLECILLO PAREDES. Notifíquese Y CUMPLASE. FIRMAS Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA DE LO SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES. FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL.”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los veintitres días del mes de septiembre de dos mil veinticinco, certificación de la sentencia de fecha veinte de junio de dos mil veinticinco, recaída en el Recurso de Revisión Penal bajo el número SCO-0992-2021.
CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX
SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL