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Sentencia RP-964-22 — Registro 20574

Resumen

Se interpuso Recurso de Revisión Penal, contra la sentencia condenatoria dictada por con relación a la causa que se instruyó por el delito de extorsión en perjuicio de testigo protegido "CBA0011-16¨ (Exp. No.0101-2022-00010).

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “CONSIDERANDO DOCE (12): Esta Sala Constitucional estima que en el presente caso, una vez iniciado el trámite de Revisión penal, al momento de decidir la aplicación de las normas penales deberá tomarse en cuenta únicamente la norma bajo cuya vigencia resultó condenado el imputado y la que se encuentra vigente actualmente que resulta ser la misma que regía cuando se presentó la acción de revisión penal, en ese orden de ideas, esta Sala verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, reformado, el importe pecuniario excede por mucho el señalado en la sentencia de instancia venida en revisión, por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal, no siendo posible dar cabida al caso previsto en el artículo 906 preámbulo y numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Secretario de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, CERTIFICA el Fallo que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE LO CONSTITUCIONAL Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, veinticinco de agosto del año dos mil veinticinco. VISTO: Para dictar Sentencia en el Recurso de Revisión Penal, Interpuesto por el Abogado RAMON MATAMOROS, a favor de WILMER FRANCISCO CACERES AGUILAR, contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor WILMER FRANCISCO CACERES AGUILAR por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "CBA0011-16¨ (Exp. No.0101-2022-00010). ANTECEDENTES 1) En fecha diez (10) de febrero del de dos mil dieciséis (2016), compareció ante el JUZGADO DE LETRASSECCIONAL DE LA CEIBA, ATLANTIDA, el Agente de Tribunales del Ministerio Público, la abogada LIANA LOURDES SOTO presentando requerimiento fiscal en contra de WILMER FRANCISCO CACERES AGUILAR por suponerlo responsables del Delito de EXTORSION, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CON CLAVE “"CBA0011-16” (Folios 1-3 del antecedente). 2) En fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CEIBA, ATLANTIDA, dictó sentencia mediante la cual FALLA: PRIMERO: Que debemos CONDENAR Y CONDENAMOS al imputado WILMER FRANCISCO CÁCERES AGUILAR, cuyas menciones generales de identidad ya han sido anteriormente detalladas, como autor responsable penalmente de un delito de EXTORSION EN SU GRADO DE PARTICIPACION DE COMPLICE SIMPLE, en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO CBA0011-16, a cumplir la pena de DIEZ (10) AÑOS DE RECLUSIÓN, debiéndose computársele la misma desde el día en que el acusado fue aprehendido por esta causa. Pena que deberá cumplir en la PENITENCIARÍA NACIONAL GRANJA PENAL, ubicada en el municipio de El Porvenir, departamento de Atlántida, sin perjuicio de lo que determine el Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario, en base al artículo 10 de la Ley Del Trabajo Para Personas Privadas De Libertad Y Permanencia Para Reos De Alta Peligrosidad y Agresividad, y a pagar una MULTA DE TREINTA Y TRES, PUNTO TREINTA Y TRES (33.33) SALARIOS MINIMOS, los que deberá cancelar en la Tesorería General de la República o en la Institución del sistema financiero nacional que la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas haya autorizado para tal fin. CUARTO: Que debemos condenar y condenamos al imputado WILMER FRANCISCO CÁCERES AGUILAR, como consecuencia de la pena principal de reclusión, a las accesorias de INHABILITACIÓN ABSOLUTA E INTERDICCIÓN CIVIL, y a trabajar por el tiempo que dure la condena, en obras públicas o en labores dentro del establecimiento penal. QUINTO: No procede condenar en costas procésales al señor WILMER FRANCISCO CÁCERES AGUILAR, personales ni gastos ocasionados por el juicio. SEXTO: Se declara la Responsabilidad Civil del condenado WILMER FRANCISCO CÁCERES AGUILAR. SEPTIMO: Esta sentencia definitiva es susceptible del Recurso de Casación, el que deberá impetrarse dentro de los veinte días hábiles siguientes a su notificación. MANDA Que se notifique esta sentencia a las partes procesales y al encausado; una vez firme se remitan las presentes diligencias al Juzgado de Ejecución competente para su cumplimiento, además de librar copia certificada de la misma a la Unidad de Antecedentes Penales del Poder Judicial para los efectos pertinentes y la PENITENCIARÍA NACIONAL GRANJA PENAL, ubicada en el municipio de El Porvenir, departamento de Atlántida, lugar en donde el encausado deberá cumplir la pena de reclusión, sin perjuicio de lo que determine el Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario, en base al artículo 10 de la Ley Del Trabajo Para Personas Privadas De Libertad Y Permanencia Para Reos De Alta Peligrosidad y Agresividad,. Es ponente de la presente Sentencia Definitiva el Juez Oscar Alejandro Reyes gallo Así por nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos. (Folios 191-202 del recurso de mérito) 3) En fecha diecisiete de junio de dos mil veintidós, el abogado RAMON MATAMOROS, en la condición con que actúa, presentó ante esta Sala Constitucional, recurso de revisión penal, a favor del señor WILMER FRANCISCO CACERES AGUILAR, contra la sentencia de fecha dieciséis de noviembre de año dos mil diecisiete, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Ceiba, en base al Principio de Retroactividad de la Ley. 4) En fecha dieciocho (18) de septiembre del dos mil veinticuatro (2024), se celebró la Audiencia de Oposición y Presentación de Pruebas ante el Pleno de la Sala de lo Constitucional, presidido por el Magistrado Integrante AIDA PATRICIA MARTINEZ, con la comparecencia del abogado MARIO REINIERY AMADOR ESPINAL actuando en su condición de Apoderado Legal del señor WILMER FRANCISCO CÁCERES AGUILAR y la abogada CLAUDIA SUYAPA MEJIA MEJIA, en su condición de Fiscal del Ministerio Público; El abogado MARIO REINIERY AMADOR ESPINAL actuando en su condición de Apoderado Legal del señor WILMER FRANCISCO CÁCERES AGUILAR manifestó que ratifica el contenido de la Solicitud de Revisión de la Sentencia; argumenta que su representado fue condenado por el delito de extorsión conforme lo dispuesto en el artículo 222 del Código Penal derogado; posterior a la referida condena entró en vigencia el nuevo código penal y en este, en su artículo 373 se dispuso penas inferiores a las aplicadas a su representado y conforme el artículo 96 constitucional, solicita se aplique retroactivamente lo dispuesto en el original artículo 373 del código penal, decreto 130-2017, consecuentemente se revise la sentencia condenatoria firme, anulándola parcialmente en el sentido de condenar a su representado a las penas de diez años de prisión y multa de tres mil trescientos treinta y tres lempiras; El Ministerio Público consideró: Esta representación del Ministerio Público, después de hacer un estudio del presente caso, aprecia que el Revisionista en su escrito de interposición del recurso, solicita que se revea la Sentencia Definitiva de fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), dictada por el Tribunal de Sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, fundamentando su petición en la aplicación del principio de retroactividad de la ley penal a favor del condenado, estableciendo que de conformidad a las nuevas disposiciones contenidas en el Nuevo Código Penal Vigente, la pena por la cual fue condenado su representado es sancionado con una pena más benigna, por lo que a su criterio es procedente aplicar la Ley que más les favorezca, tal como lo dispone el artículo 96 numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, que dispone: "Las sentencias firmes podrán ser revisadas cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, en cualquiera de los casos siguientes: 1)... 2).... 3). 4)..,5) ... 6) .. 7) ... 8) Proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna...", relacionado con los artículos 615 y 616 del Nuevo Código penal, que señalan: Artículo 615: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas. Si de acuerdo con el presente Código los actos que se están juzgando o sobre los cuales no hubiere recaído sentencia, no constituyen delito o falta, el órgano jurisdiccional competente dictará sobreseimiento definitivo o la pena impuesta no se ejecutará. Artículo 616: "CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY PENAL MAS FAVORABLE. Para determinar la ley penal más favorable, se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación, fragmentando las dos normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique... Sin embargo, al examinar lo peticionado por el revisionista, el Ministerio Público advierte, que si bien es cierto, se dictó sentencia en fecha dieciséis (16) de noviembre de dos mil diecisiete (2017) por el Tribunal de sentencia de La Ceiba, Departamento de Atlántida, esta fue objeto de un Recurso de Casación, dictando la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, una nueva sentencia en fecha veintiséis de mayo del año dos mil veintiuno (2021), y siendo que la defensa del señor WIIMER FRANCISCO CACERES AGUILAR, ya había peticionado en aquella instancia la aplicación retroactiva del Código Penal vigente, siendo la opinión de la Sala de lo Penal, luego del análisis del caso concreto de la siguiente manera: "Que conforme los hechos probados, La conducta reprochada al acusado esta prevista en el Código Penal 130-17, como delito de Extorsión según el artículo 373, cuya pena de reclusión es de 10 a 15 años de prisión y multa de 500 a 1000 días. A partir de lo anterior, es posible determinar que la pena impuesta al acusado WIIMER FRANCISCO CACERES AGUILAR conforme al Código Penal 144-83 al ser de 15 años de reclusión y la multa de cincuenta salarios mínimos (432, 324.50) a razón del valor del salario mínimo 2016 Lps. 8, 646.49, se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del código Penal 130-2017, que prevé una pena por la misma conducta delictiva de 10 a 15 años de prisión y multa de 500 a 1000 días (Lps. 10,000 a Ips. 5,000,000.00) por tanto no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar beneficio respecto al quantum de la pena, en comparación con la legislación penal anterior, conforme al artículo 616 del nuevo Código Penal", en tal razón, esta representación fiscal comparte el criterio esgrimido por la Sala de lo Penal. Aunado a lo anterior, la norma contenida en el decreto 130-2017, fue objeto de reforma mediante decreto 93-2021 a través de la cual la pena a imponer fue incrementada de 15 a 20 años de prisión, en ese sentido tampoco aplicaría la retroactividad solicitada en virtud que la pena a imponer resulta ser igual a la pena impuesta. OPINIÓN: Visto el razonamiento anterior, el Ministerio Público se pronuncia porque NO SE OTORGUE la presente acción de revisión, en los términos supra señalados. (Folios 40-42 vuelto del recurso de mérito) CONSIDERANDO UNO (1): Sobre la Garantía Constitucional de Revisión. El artículo 186 de la Constitución de la República prohíbe abrir juicios fenecidos, sin embargo, adopta la garantía constitucional de revisión a fin de que toda persona agraviada que hubiese sido parte en un proceso penal, pueda peticionar ante la Corte Suprema de Justicia un nuevo examen de la sentencia condenatoria que se encuentre firme. En este sentido manda que la ley reglamente los casos y el procedimiento a seguir. Por su parte el artículo 95 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, agrega que las sentencias condenatorias penales puedan ser revisadas en toda época a favor de los condenados, a pedimento de éstos, de cualquier persona, del Ministerio Público o de oficio. CONSIDERANDO DOS (2) Algunos precedentes de interés señalan que: a) “el fundamento del recurso de revisión penal se encuentra en la necesidad de hacer prevalecer el Valor Justicia sobre el valor Seguridad Jurídica (cosa juzgada)”; b) “Procede en aquellos casos en que una persona ha sido condenada injustamente, situación cuyo mantenimiento resulta inadmisible en un Estado de Derecho”; c) “La revisión penal, … reviste los caracteres de extraordinario y excepcional. Extraordinario, porque responde a una finalidad muy especial y concreta, de carácter absolutamente singular: rescindir o anular sentencias firmes, por ser consideradas injustas, y porque únicamente puede admitirse en aquellos supuestos especialmente previstos por el legislador, es decir, los motivos tasados del artículo 96 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, y Excepcional, porque constituye una auténtica excepción al principio general de la inmutabilidad de las sentencias firmes, y por ende, una excepción al principio de seguridad jurídica basado en la firmeza de la cosa juzgada.” CONSIDERANDO TRES (3). De conformidad con el artículo 96 preámbulo y numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional, las sentencias firmes podrán ser revisadas en cualquier tiempo por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia a favor del condenado, entre otros casos, cuando: “proceda la aplicación retroactiva de una ley penal por ser más benigna”, y el artículo 99 de la misma ley, dispone que, la Sala de lo Constitucional, según proceda, declarará sin lugar la revisión o anulará la sentencia impugnada.CONSIDERANDO CUATRO (4): Sobre la obligación del Estado de proveer un recurso sencillo y efectivo dispuesto para garantizar derechos fundamentales dispuestos en la Constitución. La garantía de revisión en materia penal constituye el cumplimiento por parte del Estado hondureño de la obligación de proteger y garantizar derechos fundamentales, contraída en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 25 de la misma convención y el 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. CONSIDERANDO CINCO (5): El Código Penal publicado mediante Decreto Legislativo No. 130-2017, en el Diario Oficial “La Gaceta” el 10 de mayo de 2019, en su Artículo 615 dispone: Retroactividad de la ley penal más favorable. “Los delitos y faltas cometidos hasta el día de entrada en vigencia del presente Código se juzgan conforme a las normas penales que se derogan, excepto si las disposiciones del presente Código resultan más favorables tomadas en su conjunto, en cuyo caso se aplican estas”, asimismo, el Artículo 1 párrafo cuarto del mismo cuerpo legal establece: PRINCIPIO DE LEGALIDAD. “La ley penal se aplica de forma retroactiva en las disposiciones más favorables al imputado o reo, así como al penado…”. CONSIDERANDO SEIS (6): El Artículo 96 de la Constitución política de Honduras establece que "La Ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal, cuando la nueva ley favorezca al delincuente o procesado", recogiendo así los requisitos básicos: a) Que una persona haya realizado un hecho definido como delito y sancionado de manera previa por una ley penal vigente; b) Que posterior a la fecha de la ejecución del delito, el legislador realice una modificación legislativa que prevea que ese mismo hecho tenga una consecuencia legal distinta a aquella prevista en la ley penal anterior; y c) Que el cambio legal le signifique a la persona procesada o condenada, considerando sus circunstancias personales, una consecuencia legal menos gravosa en comparación a aquella que preveía la ley penal anterior, en consecuencia, cumpliéndose los requisitos antes señalados, podrá aplicarse retroactivamente la nueva ley a un hecho ocurrido previo a su existencia, ello por ser más favorable a la persona juzgada o condenada, pero bajo la prevención de darse las siguientes condiciones: a) Las leyes en conflicto temporal, es decir la ley que regulaba el hecho al momento de su acometimiento y la ley emitida posteriormente deben ser de carácter penal sustantivo; no es posible la aplicación retroactiva de leyes de naturaleza no penal. b) Que el juzgador al momento de hacer el estudio de la ley penal más favorable, lo realice de manera integral, sin que le sea permitido discriminar, de cada una de las leyes en conflicto temporal, los aspectos más beneficiosos, pues ello implicaría una aplicación parcial de dos normas penales y con ello el juzgador estaría creando una nueva norma penal. c) La retroactividad podrá ser aplicada al momento de emitirse la sentencia definitiva, en el proceso de impugnación de ésta, o inclusive cuando la sentencia haya adquirido el carácter de firme, pero antes del cumplimiento total de la pena. CONSIDERANDO SIETE (7): CRITERIOS PARA DETERMINAR LA LEY MAS FAVORABLE. El artículo 616 del Código Penal prevé que: “Para determinar cuál sea la Ley más favorable se comparará la pena que hubiera podido corresponder al concreto hecho sometido a enjuiciamiento, con la aplicación de las normas completas de la legislación derogada y de la que entra en vigor. En este sentido no es admisible como más beneficiosa la aplicación fragmentando las dos (2) normas, tomando en cuenta una de ellas que considere que le favorece y rechazando lo que perjudique. Para realizar la valoración se tienen en cuenta las disposiciones correspondientes consideradas taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial. La comparación ha de hacerse en concreto tomando en consideración todas las circunstancias concurrentes y en particular, los distintos beneficios penitenciarios que existen en una y otra legislación. Si se tratara de penas privativas de libertad no se considera que el presente Código sea más favorable cuando la pena anterior impuesta al hecho, con todas sus circunstancias, fuera también imponible con arreglo al presente Código Penal. Se exceptúan los supuestos en los que el presente Código contuviera para el mismo hecho la previsión de una pena alternativa no privativa de libertad, pues en tal caso se tiene que proceder a la revisión de la pena. Si la imposición de la pena dependiera de un dato que no obra en las actuaciones, se solicita el correspondiente dictamen para que el Órgano Jurisdiccional competente pueda determinar la cuantía de la nueva pena que habrá de sustituir a la anterior. Si el dictamen no llegara a ser conclusivo y se tratara de una pena de multa proporcional, para calcular la que correspondiera en el presente Código se ésta a lo dispuesto en el Artículo 54 de éste. En caso de concurso ideal de delitos, procede realizar una comparación global de las penas resultantes aplicando las distintas legislaciones, no cabe, por lo tanto, calificar unos delitos de acuerdo a la legislación que se deroga y otros con arreglo al presente Código. Únicamente en el caso de que se hubiere despenalizado una de las conductas constitutivas del concurso, se hace la comparación teniendo en cuenta la pena que correspondiera a la conducta que continúa siendo delictiva en una y otra legislación. Si se tratare de un concurso medial y en tanto que esa forma concursal ha sido suprimida en el presente Código, la comparación se efectúa entre la pena global impuesta en la sentencia sometida a revisión y la que resultaría de aplicar el concurso real de acuerdo con la nueva Ley. La misma regla se observa en caso de delito continuado. En el supuesto de concurso real en el que entre en acción la limitación de cumplimiento a treinta (30) años la comparación se tiene que hacer de forma global y atendiendo exclusivamente a si la suma de las condenas impuestas en sentencia superan o no el dicho límite; únicamente si alguna de las conductas que constituyeren el concurso hubiere quedado despenalizada y con las que restaren no se alcanzara la aludida limitación, se procede a la comparación individual de las penas que hubieren correspondido en una y otra legislación. En el caso de que lo procedente sea aplicar la regla más beneficiosa de limitación de cumplimiento, incorporada al presente Código, que consiste en el triple del tiempo de la pena más grave por la que se hubiere condenado al sujeto sin que se llegaren a alcanzar los treinta (30) años, habrán de compararse las penas que hubieren podido corresponder a los distintos delitos para determinar qué es lo más beneficioso para el condenado. En todos los supuestos en los que a criterio del Órgano Jurisdiccional competente proceda la revisión de la condena es inexcusable oír al condenado; por ello, no lo es en el supuesto en el que se considere que la legislación anterior es más beneficiosa, en cuyo caso se puede dictar directamente Auto declarando la improcedencia de la revisión. Sin embargo y aún en esta última ocasión, el Órgano Jurisdiccional competente puede si lo considera, dar audiencia al condenado”.CONSIDERANDO OCHO (8): Honduras es suscriptor de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, la que una vez en vigor forma parte del derecho interno; al suscribir tan importante instrumento de protección de derechos humanos, el Estado se compromete a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella. La precitada Convención establece en el Artículo 9 el Principio de Legalidad y de Retroactividad que dispone: “Nadie puede ser condenado por acciones u omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivos según el derecho aplicable. Tampoco se puede imponer pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello.” Es así que la Corte Interamericana ha sostenido que “en un Estado de Derecho, los principios de legalidad e irretroactividad presiden la actuación de todos los órganos del Estado, en sus respetivas competencias, particularmente cuando viene al caso el ejercicio de su poder punitivo”.CONSIDERANDO NUEVE (9): El Principio de Legalidad exige que toda medida limitativa de derechos fundamentales se encuentre prevista en la ley. Tradicionalmente se le denomina con el aforismo mullen crimen, nulla poena sine lege scripta, stricta, praevia y certa; en el ámbito internacional se encuentra consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Artículo 11.2) y en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Art. 9). De igual modo en la Constitución Política de Honduras en el artículo 84 dice que: "Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la Ley". Norma constitucional desarrollada en el Código Penal en el artículo 1: al establecer que “Nadie puede ser castigado por acción u omisión que en el momento de su perpetración o comisión no está prevista como delito o falta.” En consecuencia, para la vigencia de este principio en materia penal, se establece que la ley debe ser scripta, stricta, certa, praevia y válida, de lo contrario se transgrediría el Principio de Legalidad. Particularmente la exigencia de lex praevia, determina que un hecho puede castigarse como delito solo si, de modo ineludible, previamente ha sido declarado como tal por una ley. CONSIDERANDO DIEZ (10): Sobre la aplicación de la ley penal intermedia. Se le denomina así ya que son promulgadas después de la comisión del delito, pero que son desplazadas por una nueva ley antes de proferir la sentencia. En el caso de marras se trata de una reforma que prácticamente reconfigura la norma penal. Por tanto, estaríamos ante una nueva norma ya que su contenido antes en vigor ha cambiado y por tanto han alterado su fisonomía normativa, así como su contenido básico. Para el jurista René Suazo Lagos reciben el nombre de leyes intermedias “[las] leyes emitidas y derogadas entre la fecha de comisión [del delito] y [el dictado] de la sentencia”. Sobre este mismo tema otros tratadistas señalan: “Se acostumbra a aludir con el nombre de ley penal intermedia a la situación que se produce cuando, con posterioridad a la comisión de un delito, se promulga una ley más benigna que la que estaba vigente al momento del hecho, pero ésta ya no existe al tiempo de la sentencia en que dicho delito es juzgado, puesto que ha sido reemplazada por una tercera ley. A la segunda ley se la suele llamar ley intermedia, ya que rige entre la que estaba en vigor al tiempo del delito y la vigente al momento del fallo”. CONSIDERANDO ONCE (11) En el caso sub examine, el peticionario abogado RAMON MATAMOROS, compareció ante este Tribunal, el diecisiete de junio de dos mil veintidós, presentando acción de Revisión de una sentencia condenatoria penal, solicitando la aplicación de la ley más benigna, por considerar que la pena privativa de libertad es más benigna conforme el nuevo código, en su artículo 373, en consideración a que su representado el señor WILMER FRANCISCO CACERES AGUILAR, fue condenado por el delito de EXTORSIÓN estando vigente el Decreto 144-83, decreto este último que fue derogado con la entrada en vigencia del Decreto Legislativo No. 130-2017, mismo que considera más benigno para su representado. Sin embargo, este Tribunal Constitucional advierte que la sentencia que viene pretendiendo sea revisada fue previamente objeto de recurso extraordinario de casación penal, mismo que declaró no ha lugar el recurso de casación de la defensa y ha lugar el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público, casando parcialmente la sentencia de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, y condenó como autor al procesado, a la pena de QUINCE AÑOS DE RECLUSIÓN Y MULTA DE CINCUENTA SALARIOS MÍNIMOS, modificando el grado de participación y la pena. En la sentencia de fecha veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, pronunciada por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, se determinó que aunque la defensa del acusado y el Ministerio Público no expusieron su criterio en cuanto a la aplicación retroactiva del nuevo código penal conforme lo señala el artículo 624 de dicho código, la sala de lo penal se vio obligada a realizar el análisis de oficio, determinando que la pena impuesta al acusado conforme al código penal derogado al ser de quince años de reclusión y multa de cincuenta salarios mínimos (L 432,324.50) a razón del valor del salario mínimo del 2016 (L 8,646.49), se encuentra comprendida dentro de la pena abstracta que le hubiese podido corresponder en el caso de ser juzgado conforme las normas del nuevo código que preveía una pena para la misma conducta delictiva (hoy no vigente) de diez a quince años de prisión y multa de 500 a 1000 días (L 10,000.00 a L 5,000,000.00), concluyendo que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio respecto al quantum de la pena en comparación la legislación anterior, conforme lo dispone el artículo 616 del nuevo código penal. En el caso de autos, si bien se interpone la acción contra la sentencia de fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por un tribunal de sentencia, lo cierto es que la condena que quedó firme y que determinó la conducta y penas fue la pronunciada por la Sala de lo Penal en fecha veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, sentencia que hizo la revisión de oficio de la retroactividad penal, sentencia que no fe cuestionada directamente por el censor, sin embargo, al momento del actual análisis, no puede obviarse que el artículo 373 original actualmente no está vigente en tanto que en fecha dos de noviembre de dos mil veintiuno entró en vigencia la nueva norma penal (decreto 93-2021) que establece para el delito de extorsión pena de prisión de quince (15) a veinte (20) años y multa de quinientos (500) a mil (1000) días en su nivel más alto, de lo cual se deduce que aunque se mantenga la pena mínima de prisión en quince años, la pena de multa debe ser impuesta en su nivel más alto, esto es de quinientos días a razón de cinco mil lempiras diarios, lo que equivale a DOS MILLONES QUINIENTOS MIL LEMPIRAS (L 2,500,000.00) porque debe ser en su nivel más alto atendiendo al tipo penal y al artículo 53 del Código penal actual, lo que resulta más perjudicial para el condenado, en comparación a la multa de cincuenta salarios mínimos a que fue condenado. En el caso sujeto a estudio, nos encontramos ante la pretensión de que se aplique una ley más benigna que no se encuentra vigente al momento de dictar sentencia, incluso no se encontraba vigente al momento de la presentación del recurso de revisión, ello es así porque el señor WILMER FRANCISCO CACERES AGUILAR, fue condenado por el delito de Extorsión, estando vigente el Decreto 144-83, posterior a su condena fue promulgado el Decreto 130-2017 que contiene el nuevo Código Penal y estableciendo una pena más favorable en relación al tipo penal de Extorsión, peticionando su Abogado Defensor la revisión de esa sentencia penal estando en vigencia nuevamente una pena de prisión igual a la que originalmente fue condenado. En ese orden de ideas, el Ministerio Público ha reprochado la aplicación del decreto 130-2017, dado que la norma vigente actualmente es la del decreto 93-2021, advirtiendo que la norma sustantiva vigente no le es favorable en virtud de que, si bien es cierto contempla originalmente una pena de prisión igual a la que fue sentenciado, la pena de multa vigente actualmente es considerablemente mayor, poniendo de manifiesto una discusión doctrinal en relación a si la ley intermedia más favorable debe tenerse en cuenta o no, pues corresponde a una concepción jurídica inexistente en el momento del hecho y que ya no se profesa, “sin embargo, la doctrina española, de modo prácticamente unánime entiende que dichas leyes surten efectos retroactivos en cuanto benefician al reo”, en ese sentido, el Tribunal Supremo Español considera que, si la ley penal intermedia es más favorable que la ley vigente en el momento de comisión del delito y que la vigente en el momento de enjuiciamiento, debe ser aplicada al reo, «no solamente por razones humanitarias derivadas del principio proclamado en el art. 2.2 del Código Penal [español], sino que se perjudicaría al reo por razones ajenas a él, como la tardanza en juzgarle, resultando de ese modo en peor situación» (STS, 2.ª, 953/2013, de 16-XII). Otras resoluciones que aplican la ley penal intermedia más favorable son las SSTS, 2.ª, 140/2002, de 8-II; 692/2008, de 4-XI; 1026/2009, de 16-X; y 1078/2012, de 16-VI. Sin embargo, en el caso subjúdice no podría adoptarse ese criterio doctrinal, no solo porque ya no estaba vigente la norma más benigna cuando se solicitó la revisión, sino también porque cuando fue presentada la acción de revisión, ya no se encontraba en vigencia la norma más benigna. CONSIDERANDO DOCE (12): Esta Sala Constitucional estima que en el presente caso, una vez iniciado el trámite de Revisión penal, al momento de decidir la aplicación de las normas penales deberá tomarse en cuenta únicamente la norma bajo cuya vigencia resultó condenado el imputado y la que se encuentra vigente actualmente que resulta ser la misma que regía cuando se presentó la acción de revisión penal, en ese orden de ideas, esta Sala verifica que la pena privativa de la libertad impuesta en instancia se encuentra dentro del mismo marco imponible de la pena privativa de libertad impuesta en la sentencia; y respecto a la pena de multa, con el Código Penal 130-2017, reformado, el importe pecuniario excede por mucho el señalado en la sentencia de instancia venida en revisión, por lo tanto, se concluye que no corresponde la aplicación retroactiva de la nueva legislación penal por no representar un beneficio en comparación con la legislación penal anterior, conforme dispone el artículo 616 del Nuevo Código Penal, no siendo posible dar cabida al caso previsto en el artículo 906 preámbulo y numeral 8 de la Ley Sobre Justicia Constitucional. POR TANTO: Esta Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, como intérprete último y definitivo de la Constitución de la República, oída en audiencia la oposición del agente de Tribunales del Ministerio Público, por unanimidad de votos, en nombre del Estado de Honduras y con fundamento en los artículos 1, 95, 96, 186, 303, 304, 313 No. 5, 316 No. 1 de la Constitución de la República; 1.1, 11.2, 9 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 96 números 8), 99 párrafo primero y 104 de la Ley Sobre Justicia Constitucional; 222 del Código Penal derogado, 53, 373, 615, 616 del nuevo Código Penal; 1 y 78 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; FALLA: ÚNICO: Declarando SIN LUGAR la Garantía Constitucional de Revisión Penal interpuesta por el Abogado RAMON MATAMOROS, en favor del señor el señor WILMER FRANCISCO CACERES AGUILAR contra la sentencia condenatoria dictada por el TRIBUNAL DE SENTENCIA DE LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, en fecha dieciséis de noviembre de dos mil diecisiete, con relación a la causa que se instruyó contra el Señor WILMER FRANCISCO CACERES AGUILAR por el delito de EXTORSION en perjuicio de TESTIGO PROTEGIDO "CBA0011-16”-0042". Y MANDA: A efecto de que se acate lo mandado, que la Secretaría del Despacho, después de notificar en legal y debida forma la presente sentencia a las partes personadas, deberá devolver los antecedentes del caso al juzgado de ejecución de origen, con certificación de esta sentencia, para su inmediato cumplimiento. -NOTIFÍQUESE.FIRMA Y SELLO. LUIS FERNANDO PADILLA CASTELLANOS. PRESIDENTE DE LA SALA CONSTITUCIONAL. FRANCISCA VILLELA ZAVALA. ISBELA BUSTILLO HERNÁNDEZ. SONIA MARLINA DUBÓN VILLEDA. WAGNER VALLECILLO PAREDES FIRMA Y SELLO. CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX. SECRETARIO DE LA SALA CONSTITUCIONAL”Se extiende en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los dos días de junio del dos mil veintiséis, certificación del Fallo de fecha veinticinco de agosto del dos mil veinticinco recaído en el Recurso de Revisión Penal registrado en este Tribunal con el número SCO-0964-2022.

CARLOS ALBERTO ALMENDAREZ CALIX

SECRETARIO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL